El Yacyretá de Cristina, el principal objetivo de la visita de Xi Jiping
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Los acuerdos firmados ayer en la Casa Rosada, como parte de la visita
del presidente de China Xi Jiping involucran U$S 20.000 millones
incluyendo U$S 11.000 millones dólares destinados a reforzar las
reservas del Banco Central. Pero sin duda que la gema de los convenios
es lo dispuesto por el decreto 1091/2014 publicado ayer en el Boletín
Oficial. El mismo establece: “Apruébase el Modelo de Acuerdo de Crédito a
suscribirse entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por el
Estado Nacional, y las entidades bancarias China Development Bank
Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of
China Limited, que consta de cuarenta (40) cláusulas, diez (10) anexos,
dos (2) Cartas de Comisiones y una (1) Carta Complementaria por un monto
de dólares estadounidenses cuatro mil setecientos catorce millones
trescientos cincuenta mil (U$S 4.714.350.000)”.
El crédito está destinado a la construcción de las represas
Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic en Santa Cruz, cuya
adjudicación ganó en agosto del 2013 un consorcio integrado por las
firmas Electroingeniería S.A., China Gezhouba Group Company Limited, e
Hidrocuyo S.A., que ofertaron 22.925.870.000 pesos, equivalente a
4.714.347.111 dólares al tipo de cambio vigente en ese entonces. Entre
los demás oferentes se presentó Constructora Austral de Lázaro Báez, hoy
investigado por lavado de dinero Kirchner. Justamente, una
interpretación es que el escándalo de corrupción que salpicó a Báez
habría sido montado expresamente para que fuera excluido de la
megalicitación y así favorecer a Electroingeniería, cuyo dueño, Gerardo
Ferreyra, tiene históricos lazos con Carlos Zannini, conocido por sus
vínculos juveniles con el comunismo chino.
Seguramente que el análisis de los nuevos acuerdos con China dará
para distintos análisis, pero sobresale la cuestión de las dos represas
en Santa Cruz por la carga de cuestionamientos que arrastran las mismas.
Ya en el 2010, cuando el proyecto de licitación estaba en sus
inicios, el ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo advirtió que la
obra hidroeléctrica promovida por el Gobierno nacional en esa provincia
patagónica sería una “Yacyretá bis”, al insistir con que fue
presupuestada por “el doble” de su valor de mercado. El caso es que el
año pasado empezaron las denuncias judiciales.
El jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, y su
par de bancada Manuel Garrido denunciaron a los ministros Julio de Vido y
Hernán Lorenzino por presuntas irregularidades en el proceso
licitatorio para adjudicar a la empresa Electroingeniería las obras de
las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic en Santa
Cruz.
La denuncia contra los titulares de las carteras de Planificación
Federal y de Economía también incluyó al Secretario de Obras Públicas,
José López; al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y al
subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6, a cargo del Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral.
“Espero que la justicia esclarezca un conjunto de circunstancias
sospechosas de una licitación que parece armada para los amigos del
poder. La negativa a brindarnos información no nos deja otro camino que
recurrir a la justicia para tratar de que se eche luz sobre una
licitación que parece marcada por enormes irregularidades”, manifestó
Gil Lavedra.
Los diputados denunciaron anomalías en todo el proceso y, en
particular, del dictamen que preadjudicó la licitación a
Electroingeniería, el cual dice que se basó en una ‘carta de descuento’
que rebajó en un 17 por ciento el costo del ofrecimiento de
Electroingeniería y una condición violatoria del pliego donde la empresa
solicita que parte del pago sea en dólares y en un banco extranjero.
“Es un caso más de decisiones en materia de obra pública que caen en
una lista reducida de empresas que aparecen siempre, en este caso
Electroingeniería, y es una muestra de lo que viene ocurriendo en los
diez años de kirchnerismo en los que ha aparecido un grupo de
empresarios amigos del poder que resultan beneficiarios de subsidios,
contrataciones de obra pública, en un marco de corrupción”, agregó
Garrido.
El legislador dijo que por eso, junto a Gil Lavedra, “pedimos que se
investigue y se esclarezca este nuevo ejemplo de desviación de las
reglas administrativas para favorecer a los amigos” del Gobierno.
Antes de la denuncia por presuntas irregularidades del proceso
licitatorio y por la connivencia de los funcionarios públicos con
empresarios, Gil Lavedra había presentado un pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre la licitación de las represas que nunca fue contestado.
Menos de un año después de esta denuncia, el juez federal Rodolfo
Canicoba Corral desestimó la denuncia de Garrido y Ricardo Gil Lavedra
para que se investigaran supuestos delitos en la licitación para la
construcción de las dos represas. En un fallo difundido por el Centro de
Información Judicial (CIJ), el magistrado aclaró que lo hizo así a raíz
de la falta de impulso a la investigación por parte del fiscal Miguel
Ángel Osorio. Canicoba Corral advirtió también un “vacío legal” para
situaciones de denuncias que no cuentan con el impulso del fiscal de
instrucción y que, por jurisprudencia de la Corte Suprema, ello no pueda
ser revisado por un fiscal superior
Más denuncias
El 20 de noviembre del 2012, este medio publicó el artículo “La represa Presidente Kirchner, el Yacyretá de Cristina“.
Reproducimos el texto completo del mismo y de su segunda parte,
detallando una nueva denuncia contra la licitación de las represas en
cuestión: “Una denuncia por sobreprecios en la mayor obra pública de la
era K puede agravar la situación del frente más débil del gobierno, la
corrupción, hoy centrada en el caso Ciccone. La presentación fue
realizada por el abogado Alfredo Daniel Casal, con el patrocinio letrado
del ex juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, ante la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, que dirige Guillermo Noailles, y se
refiere a la licitación pública nacional e internacional de las
represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernik, que se
construirán en Santa Cruz.
Los denunciantes piden que se investigue a Cristina Fernández de
Kirchner, Julio de Vido; los secretarios de Obras Públicas, Energía y
Política Económica y Planificación del Desarrollo, José López, Daniel
Omar Cameron y Axel Kicillof, Juan Carlos Pezoa, Secretario de Hacienda,
el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, los titulares de las
Unidades de Auditoría Interna y demás funcionarios que intervinieron en
la licitación de referencia y en la afectación de fondos y avales
referidos a la misma.Solicitan los denunciantes la nulidad judicial de
todos los actos administrativos que posibilitaron la afectación de
fondos del Estado Nacional y avales, la confección de los pliegos de
bases y condiciones y el llamado a licitación de las obras en cuestión.
También piden una medida cautelar que suspenda la licitación de las dos
represas.
Las represas Kirchner y Cepernic son las mismas centrales
hidroeléctricas antes denominadas Condor Cliff y La Barrancosa, que
fueran licitadas y adjudicadas por la provincia de Santa Cruz. Esta
licitación fue dejada sin efecto y luego el gobierno nacional tomó a su
cargo un nuevo llamado a licitación nacional e internacional para la
construcción del complejo hidroeléctrico.
El proyecto fue incluido en la Ley de Presupuesto del 2012 en los
artículos 46 y 52, que contempla las autorizaciones para la toma de
endeudamiento directo y la emisión de avales para realizar las obras.
El proyecto fue por tanto priorizado dentro del Programa Nacional de
Obras Hidroeléctricas de la Secretaría de Energía, por su potencial
energético; su potencia instalada será de 1740 MW y la inversión
ascenderá a 21.600 millones de pesos. Cabe destacar que se utilizará el
mismo proyecto de ingeniería de la anterior licitación de Condor
Cliff/La Barrancosa.
En la página Web de la Secretaría de Energía puede leerse en el
Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias,
Capítulo II, la existencia de un precio tope en los siguientes
términos: “Para la presente obra a licitar, se ha previsto un
presupuesto oficial, calculado al mes de abril de 2012, de pesos veinte
mil seiscientos millones ($ 21.600.000.000). Este presupuesto se
establece como precio tope para las cotizaciones de los oferentes.
Ninguna oferta en el sobre número 2 podrá superar el monto del precio
tope. Toda otra cotización por un monto superior será devuelta sin
análisis. Se deja expresa constancia de que dicho monto incluye la
elaboración del proyecto ejecutivo, la provisión de la totalidad de los
materiales, equipamiento, maquinarias, mano de obra, la construcción y
todos los costos de cualquier índole para la ejecución completa de los
aprovechamientos según las especificaciones, a excepción de los costos
de financiamiento, gravámenes y la operación y mantenimiento”. Del
convenio celebrado al efecto de la licitación participan, entre otros,
el Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios; el Ministerio
de Economía; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Obras Públicas,
ENARSA y CAMMESA.
Los sobreprecios
El monto de la preadjudicación de Condor Ciff/La Barrancosa al
consorcio integrado por IMPSA, Corporación América y Camargo Correa en
agosto del 2010, surge de la publicación efectuada en la página web de
IMPSA, www.impsa.com.ar.
La misma indica que el monto de inversión ofertado por el consorcio en
cuestión fue de $ 16.289 millones, con una cotización a $ 3,96 por
dólar. Es decir que hace 2 años el costo de la obra ascendía a U$S 4.113
millones con una oferta de instalar 1.817 MW de potencia, con una
generación anual de 5500 GW/h año. Es decir, 77 MW más y una generación
de energía mayor en 500 GW/h año que la licitación convocada para
construir la represa Kirchner/Cepernic. La actual convocatoria a
licitación para el mismo proyecto Condor Cliff (hoy Kirchner) y La
Barrancosa (hoy Cepernic) indica un precio tope de 21.600 millones de
pesos que, a una cotización de un dólar a $ 4,70, resulta un precio en
dólares de 4.595 millones. Se observa entonces una diferencia superior
en costos para el mismo proyecto de U$S 482 millones. Es decir, un
sobreprecio superior al 10% del monto total.
Es significativo que semejante sobreprecio coincida con informes
técnicos que descalifican la prioridad de la obra. La Secretaría de
Energía conjuntamente con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
EBISA, en noviembre del 2006 realizó un informe denominado “Evaluación
Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos”, que es un catálogo de
aprovechamientos hidroeléctricos, donde se analizan 30 proyectos
hidroeléctricos ubicados en distintos lugares del país. En el apartado
Tabla N° 4, Calificación Económica, se describen los 30 proyectos y se
ubica en el orden de prioridades a Condor Cliff (hoy Kirchner) en el
lugar 23 y a La Barrancosa (hoy Cepernic) en el lugar 25. Es decir que
ninguno de los proyectos era elegible. La razón fundamental de esto es
que el rendimiento de estas obras sería excesivamente bajo, ya que ni
económica ni técnicamente es aconsejable construir una represa (en el
caso de Condor Ciff/Kirchner) con una capacidad de 1400 MW para producir
energía eléctrica por 3200 GW/h año, o lo que es lo mismo para que
funcione solamente el 26% del total de las horas del año. Un cálculo
similar se le aplica a La Barrancosa/Cepernic. Los proyectos en cuestión
son entonces inviables técnica y económicamente y generarán energía con
los precios más elevados que cualquier otro proyecto en condiciones de
ser construido en el país. Por otra parte, el 5 de marzo del 2010, el
Instituto Argentino de la Energía General Mosconi emitió un comunicado
denominado “El Instituto de Argentino de Energía General Mosconi y la
licitación de las centrales hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa
en el Río Santa Cruz”. El documento lo firmaron el presidente y el
secretario del Instituto, ingenieros Jorge Lapeña y Jorge Paván. Ellos
citan la Evaluación Expeditiva de Proyectos Hidroeléctricos, documento
elaborado en el 2008 con la intervención de la Secretaría de Energía y
EBISA y que se refiere a la apertura de sobres económicos de ofertas del
2008 para las obras referidas, sobres que tuvieron que ser retirados
“como consecuencia de cambios e incertidumbres respecto del proyecto y
del entorno económico”. Expresa seguidamente el informe que en febrero
del 2009 se reitera la licitación para sostener seguidamente que “los
costos de obra que han trascendido en las últimas semanas prácticamente
duplican los anteriores y crecen en forma desproporcionada”. Ilustran
además que “no se conoce la potencia óptima a instalar, ni los riesgos
geológicos, hidrológicos, ambientales y económicos, que no están aún
suficientemente calibrados”. Y concluye el comunicado: “Con estos
niveles de incertidumbre no es posible conocer el monto total de las
obras y el precio de la energía a suministrar”. Similares observaciones
descalificando el proyecto realizó Alieto Guadagni en el artículo
publicado en La Nación con el título “Gasto público sin sensatez”.
“Ayer analizamos la primera parte de la denuncia sobre irregularidades en la mayor obra pública de la era K (http://site.informadorpublico.com/2012/11/20/la-represa-presidente-kirchner-el-yacyreta-de-cristina-primera-parte/).
La presentación fue realizada por el abogado Alfredo Daniel Casal,
con el patrocinio letrado del ex juez en lo penal económico Guillermo
Tiscornia, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que
dirige Guillermo Noailles, y se refiere a la licitación pública nacional
e internacional de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador
Jorge Cepernik, que se construirán en Santa Cruz.
Los denunciantes piden que se investigue a Cristina Fernández de
Kirchner, Julio de Vido; los secretarios de Obras Públicas, Energía y
Política Económica y Planificación del Desarrollo, José López, Daniel
Omar Cameron y Axel Kicillof, Juan Carlos Pezoa, Secretario de Hacienda,
el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, los titulares de las
Unidades de Auditoría Interna y demás funcionarios que intervinieron en
la licitación de referencia y en la afectación de fondos y avales
referidos a la misma.
Solicitan los denunciantes la nulidad judicial de todos los actos
administrativos que posibilitaron la afectación de fondos del Estado
Nacional y avales, la confección de los pliegos de bases y condiciones y
el llamado a licitación de las obras en cuestión. También piden una
medida cautelar que suspenda la licitación de las dos represas.
Las represas Kirchner y Cepernic son las mismas centrales
hidroeléctricas antes denominadas Condor Cliff y La Barrancosa, que
fueran licitadas y adjudicadas por la provincia de Santa Cruz. Esta
licitación fue dejada sin efecto y luego el gobierno nacional tomó a su
cargo un nuevo llamado a licitación nacional e internacional para la
construcción del complejo hidroeléctrico. El caso es que la actual
convocatoria a licitación para el mismo proyecto Condor Cliff (hoy
Kirchner) y La Barrancosa (hoy Cepernic) indica un precio tope de 21.600
millones de pesos que, a una cotización de un dólar a $ 4,70, resulta
un precio en dólares de 4.595 millones. Con relación a la anterior
convocatoria a licitación realizada en agosto del 2010, se observa
entonces una diferencia superior en costos para el mismo proyecto de U$S
482 millones. Es decir, un sobreprecio superior al 10% del monto total.
Pero distintas resoluciones de la Secretaría de Energía determinan el
traspaso de los elevados costos del proyecto a los contribuyentes por
medio del contrato con CAMMESA. En efecto, la resolución 932/2011 de la
Secretaría de Energía en su artículo 1° incorpora los aprovechamientos
hidroeléctricos Kirchner-Cepernic al Programa Nacional de Obras
Hidroeléctricas creado por la resolución 762/2009 de la Secretaría de
Energía. Éste es un paso fundamental, porque significa que, al estar
incorporados al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, los
proyectos Kirchner-Cepernic podrán venderle energía a la Compañía
Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (CAMMESA) que preside el
Ministro de Planificación Julio de Vido de acuerdo con el Decreto
172/2007. Uno de los principales objetos de los contratos de
abastecimiento para obras hidroeléctricas (Artículo 3 de la Resolución
762/2009) es el repago de las inversiones realizadas y del
financiamiento utilizado. El plazo de estos contratos de abastecimiento
es de 15 años, que pueden ser extendidos. La realidad es que el precio
final de la energía a producir por las centrales Kirchner y Cepernic no
lo conocemos. Lo que sí ya sabemos es que el precio de la energía que
CAMMESA le compre al adjudicatario del Proyecto Kirchner-Cepernic deberá
contener el costo de la obra, U$S 4.595 millones (21.600 millones de
pesos dividido 4,70) más el costo del financiamiento más la operación y
mantenimiento de la central hidroeléctrica. Todo ello será pagado por el
contribuyente, ya sea por medio de tarifas eléctricas más caras, o
mediante subsidios o condonaciones de deudas que el Tesoro Nacional le
efectúa a CAMMESA anualmente. En síntesis, que de un modo u otro seremos
los usuarios los que terminaremos pagando el faraónico emprendimiento,
incluido su fabuloso sobreprecio.
Reposo, ausente
La denuncia de Casal, patrocinada por Tiscornia, plantea numerosos
vicios del proyecto Kirchner/Cepernic. Por ejemplo, que el gobierno no
cumplió con el procedimiento establecido por la ley 23.354, el Decreto
720/95 y la Resolución 175/2004 de la ex Secretaría de Política
Económica. Estas normas establecen que previamente a todo proyecto de
inversión debe darse intervención a la Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía. Esta
intervención fue obviada, porque hubiera conducido inevitablemente a la
descalificación del proyecto, ya que éste nunca debería haberse
seleccionado como obra hidroeléctrica a licitar, porque no resulta
prioritaria ni elegible en comparación con otros proyectos similares
disponibles y pendientes de construcción en el país.
Un capítulo aparte son las responsabilidades que en el caso le caben a
la Sindicatura General de la Nación. La misma es responsable del
sistema de control interno normativo, financiero, económico y de
gestión, tanto de la administración central como de los organismos
descentralizados. En el caso del proyecto Kirchner/Cepernic, ni el
síndico general Daniel Reposo ni los auditores de cada jurisdicción
cumplieron con la normativa. En consecuencia de ello, Reposo “no se
enteró” de las irregularidades manifiestas con que se afecten fondos
para operaciones de crédito público y avales en el Presupuesto 2012,
aplicables al proyecto Kirchner-Cepernic. Tampoco tomó conocimiento el
Síndico de la adecuación efectuada al Pliego de Bases y Condiciones para
la convocatoria a licitación del Proyecto Kirchner-Cepernic.
En síntesis, que la ejecución del proyecto sigue su curso favorecido
por la inexistencia de los controles legales, cuyo incumplimiento es
manifiesto, asi como por la no intervención de los organismos encargados
de aprobar técnicamente la obra. Todo esto pese a que la Secretaría de
Energía, conjuntamente con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
EBISA, en noviembre del 2006 realizó un informe denominado “Evaluación
Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos”, que es un catálogo de
aprovechamientos hidroeléctricos, donde se analizan 30 proyectos
hidroeléctricos ubicados en distintos lugares del país. En el apartado
“Tabla N° 4, Calificación Económica”, se describen los 30 proyectos y se
ubica en el orden de prioridades a Condor Cliff (hoy Kirchner) en el
lugar 23 y a La Barrancosa (hoy Cepernic) en el lugar 25. Es decir que
ninguno de los proyectos era elegible”.
