La muerte de Nisman puede frustrar el plan de impunidad del cristinismo
Por Carlos Tórtora
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PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULOEl año pasado, el gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan para “democratizar la justicia”, cuyo eje central fue la ley para la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura como una forma de atarlos al caudal de votos del kirchnerismo y de ese modo -y a través de alianzas- retener el control del organismo, aun más allá del 2015, para así asegurarse la impunidad.
Un Consejo con una mayoría o una
primera minoría K, apoyada por importantes bloques de senadores y
diputados nacionales, le garantizaría a CFK y su sequito seguir
condicionando a los jueces aun después de dejar la presidencia. De este
modo se podrían frenar o prescribir las causas por corrupción más
peligrosas para el cristinismo. Este Plan A quedó trunco porque, primero
un fallo de la juez federal María Servini de Cubría y luego otro
semejante de la Corte Suprema, declararon inconstitucional la elección
de consejeros.
Entonces,
a comienzos de este año y con menos ruido publicitario, el gobierno
puso en marcha el Plan B. En este caso se apuntó directamente a la
reforma del Código Procesal Penal, con los siguientes objetivos:
transferir importantes competencias de la justicia criminal -ordinaria y
federal- a la Procuración General hoy en manos de una kirchnerista de
paladar negro, Alejandra Gils Carbó. En este nuevo esquema, la
Procuración tendrá facultades discrecionales para asignar y reasignar
tanto los causas como los fiscales según las conveniencias políticas de
cada caso, quedando los jueces seriamente disminuidos en su capacidad de
intervenir en los expedientes.
En
las últimas semanas, el Ministerio de Justicia estuvo trabajando
aceleradamente en la preparación de varios proyectos de ley
complementarios para que la reforma procesal penal entrara en vigencia
cuanto antes. Luego, el cristinismo apostaría a sostener este esquema,
que le garantizaría la impunidad negociando sobre la base de la
importante cuota de poder que todavía le quedaría en la próxima
elección.
El gran imponderable
Sin
embargo, los imponderables tarde o temprano llegan y apareció el caso
Nisman, que tiene la capacidad de dificultar al máximo el plan de
impunidad puesto en marcha por el gobierno. Para empezar, se trata de
una muerte -aparentemente un homicidio- ligado a la investigación de uno
de los mayores atentados terroristas del fundamentalismo islámico. Y se
da la circunstancia especial de que la acusación del fiscal a la
presidente y parte de su entorno por encubrimiento de los responsables
del atentado se da en un contexto especial inédito: por primera vez
desde el 11 S del 2001, el terrorismo vuelve a ocupar el lugar central
en la agenda política internacional pero con una particularidad: la
Yihad empieza a salir a la calle en la mayor parte de Europa planteando
la guerra en el patio interno de las democracias europeas. Este capítulo
de la confrontación con el Islam que acaba de empezar es suficiente
como para que los factores de poder internacionales se movilicen detrás
de la investigación de la muerte de Nisman, como ya lo prueban las
primeras declaraciones de miembros del Senado y el Departamento de
Estado, mientras distintas embajadas le están haciendo saber al gobierno
que un caso como éste obligará a la justicia argentina a rendir examen
ante la comunidad internacional. La realidad es que, por acción o por
omisión, el gobierno se encuentra procesalmente muy mal parado, sea
porque la custodia policial de Nisman desapareció misteriosamente el día
de su muerte, como por la comprobación -gracias a las escuchas que él
ordenara- de que allegados directos a la presidente como Luis D’Elía son
agentes al servicio de un Estado terrorista y que una banda dedicada a
generar violencia política -Quebracho- es un brazo armado del gobierno y
de la embajada de Irán. Esto sin hablar de que la Secretaría de
Inteligencia fue el ámbito donde se negociaron los pactos de impunidad
con los iraníes y que hay fundadas sospechas de que esta diplomacia
paralela se conecta con los acuerdos entre el régimen de Teherán y el
régimen bolivariano de Venezuela, en los cuales la Casa Rosada tendría
más que ver de lo que parece.
En
síntesis, que la enorme presión que se está generando -sobre todo en el
exterior- para que el caso Nisman no sea cajoneado, hará que le sea muy
difícil al cristinismo neutralizarlo mediante el juego de los fiscales
que plantea la última reforma procesal. Esto sin mencionar que, dada la
entidad de crimen de lesa humanidad del atentado a la AMIA, para CFK
existe el riesgo de que termine interviniendo la Corte Penal
Internacional que se rige por el estatuto de Roma.
En
otras palabras, si hay una causa que puede terminar en el procesamiento
de CFK y parte de su equipo es ésta. La actitud cambiante de la
presidente, que pasó de negar la hipótesis del asesinato a apoyarla,
evidencia el temor de que el tema escale y le produzca un daño
incomparablemente mayor que cualquier otra denuncia. Para un analista
político, es obvio que la investigación de Nisman descubrió apenas la
punta del iceberg de una trama mucho más profunda cuyos entretelones se
irán ampliando en los próximos meses. No es difícil imaginar que, tal
como se van acumulando responsabilidades penales en la actuación de
distintas agencias del gobierno, la SI, la Policía Federal, la Jefatura
de Gabinete, etc., es probable que a partir del 10 de diciembre la
presidente quede expuesta a un rápido procesamiento. La jurisprudencia
del caso de Carlos Menem en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia
es para tener en cuenta. En este caso, la justicia responsabilizó al
presidente y al gabinete nacional por delitos que se cometieron en la
aplicación de decretos presidenciales. Aunque se trata de una escala
institucional distinta, también vale recordar que un Jefe de Gobierno de
la Ciudad, Aníbal Ibarra, fue destituido por la negligencia y
corrupción de funcionarios municipales de tercer y cuarto nivel. Otro
ejemplo más: luego de la represión policial que causó una serie de
muertes el 20 de diciembre del 2001, horas antes de que Fernando de la
Rúa se subiera al helicóptero, éste fue imputado como responsable del
descontrol policial y un funcionario suyo, el entonces Secretario de
Seguridad Enrique Mathov, sufrió prisión preventiva por este tema.
Todos
estos casos son por cierto de menor envergadura que el atentado a la
AMIA y los intereses que se mueven detrás de este último son mucho más
relevantes.
En
síntesis, el cristinismo pensó en construir un escudo judicial apto tal
vez para licuar las denuncias de corrupción y hasta el caso Báez, donde
intervienen también factores externos. Pero la combinación entre la
causa AMIA y la muerte de Nisman le plantean un desafío de otro calibre.
Cuesta pensar que cualquier presidente que suceda a Cristina, empezando
por el mismo Scioli, empiece su gestión dedicándose a entorpecer la
investigación de este caso. Lo más probable es que el futuro presidente
apoye seriamente la profundización de la investigación y que tome
distancia de cualquier ex funcionario K que termine imputado.
Hay
que considerar entonces la posibilidad de que el plan de impunidad del
kirchnerismo, gracias a lo ocurrido hace una semana en una torre de
Puerto Madero, esté lisa y llanamente en crisis.
