¿Quién gobierna realmente en España? Del Opus a los socialdemócratas, manda la alta burocracia?
Los
técnicos comerciales y los economistas y abogados del Estado
constituyen desde hace décadas la intocable oligarquía de la
Administración española
El otrora ministro de Industria Miguel Sebastián explicaba hace unos días el trasfondo de la nominación de cargos como el de José Manuel Soria para el Banco Mundial:
“La cuestión no es que el ministro de turno no pueda decidir sobre esos
destinos. La cuestión es que sólo puede decidir si el ministro es
técnico comercial”.
Agrandando el dilema, añadía que “buena parte
de ellos han ocupado puestos muy relevantes en los gobiernos de la
democracia. Además de los casos más conocidos del último Gobierno del
PP, Soria y De Guindos, han sido miembros del cuerpo de técnicos
comerciales los vicepresidentes Fuentes Quintana, García Díez y Solbes,
los cinco últimos gobernadores del Banco de España (excepto Mariano Rubio), 11 ministros y 22 secretarios de Estado”.
La impotencia e inquietud que transmitían las palabras del exministro socialista recuerdan a aquel artículo aparecido en el diario Pueblo el 5 de febrero de 1964: “Lo que sorprende a los españoles –desconfiados como pueblo viejo y escaldado– es la aparición súbita e intensa del Opus Dei, a través de sus miembros, en organismos culturales, en empresas industriales, en entidades bancarias y en altos puestos de la Administración”.
El cuerpo de economistas, junto al de técnicos comerciales creado en los años 30, se ocupó de diseñar y dirigir el plan de estabilización de 1959, así como de conectar el país a instituciones internacionales durante los años 50. En el 75º aniversario del Cuerpo de Técnicos Comerciales (creado en 1930 y fusionado con los Economistas del Estado en 1984), éste se jactaba de su poder: “En la actualidad, el Cuerpo está formado por un total de 560 miembros, de los que 90 disfrutan de su jubilación y 470 trabajan. De estos últimos, 303 están activos en la Administración General del Estado, 36 están en régimen de servicios especiales y 131 trabajan en el sector privado en excedencia. El Cuerpo mantiene una importante presencia internacional, con 120 compañeros ocupados fuera de España, de los cuales 95 ocupan destinos en Oficinas Económicas y Comerciales y 19 en organismos multilaterales internacionales”.
En su obra Camino,el fundador del Opus, Escrivá de Balaguer, rezaba: “Los poderosos suelen ser volubles, y tú has de ser constante. Sé agradecido, si te ayudan. Y continúa, imperturbable, si te desprecian”. Los gerifaltes del franquismo sucumbieron a sus apostolados. En los primeros años de posguerra, el almirante Carrero Blanco y el general Ibáñez Martín frecuentaban las charlas de Escrivá en El Pardo, escuchando con admiración las palabras del discreto profeta. Para Ibáñez Martín, ministro de Educación, era todo un ejercicio de expiación, después de la purga de profesores de todo el sistema educativo.
Los cargos imputados a los represaliados –desde “observar conducta de verdadero ateo, hacer alarde de irreligiosidad, jactarse de no ser creyente, hacer pública ostentación de ser laico, incumplimiento de los deberes religiosos”, hasta “relacionarse con obreros”–, machacaban la conciencia del general. Los 20.000 profesores depurados merecían su suerte, pensaba al escuchar la llamada a la “cruzada de virilidad y pureza”, pues Escrivá los señalaba: “Esa es vuestra obra”.
Carrero Blanco recordaba esas palabras cuando José Luis Arrese perdió su oportunidad ante Franco de sellar las Leyes Fundamentales del Movimiento. Fue el turno de Carrero, que puso sobre la mesa la propuesta de reforma económica de su valido y compañero de Obra, Laureano López Rodó, al que ascendieron a secretario general técnico de Presidencia. Dicen que Escrivá gritó: “¡Nos han hecho ministros!”.
Era el momento que esperaban para ascender, después de que Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo mediaran en los préstamos con EE.UU. en 1953 (60% para construcción de bases, 30% para transportes, comunicaciones e industrias defensivas) y en el concordato con el Vaticano a través del ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo.
A pesar de contar con la complacencia de militares americanos y obispos, Escrivá se podía reír del poder de estos, pues, a partir de 1956, disponían de un puñado de ministros: Comercio (Alberto Ullastres), Hacienda (Mariano Navarro Rubio), Presidencia (Carrero Blanco como subsecretario del Gobierno de Presidencia) y López Rodó (Secretaría General Técnica, con rango de ministro). Pero, conscientes de la “volubilidad” de los poderosos, pretendían hacer del Estado su Obra. Para ello abanderaron el plan de estabilización de 1956, la negociación de la entrada de España en el FMI, el Banco Mundial y el GATT.
Para llevar a cabo todo el proceso, ese mismo año López Rodó firmó la creación del Cuerpo de Economistas del Estado, al servicio de Presidencia, bajo mando del patriarca Carrero Blanco y su lugarteniente López Rodó. Esa primera promoción dió nombres como el de Alberto Monreal Luque, posterior ministro de Hacienda entre 1969 y 1973, coronado como presidente de Tabacalera durante el franquismo y los gobiernos de UCD (1974-1982).
No obstante, la Obra estaba dispuesta a abrirse a otros afines. Rodó confesaba en sus Memorias que él había nombrado a 17 ministros, pero sólo dos eran del Opus. Eran los llamados “Gropus” por el general Manuel Monzón Altolaguirre. La esencia, según el patriarca López Rodó, era: “La mayoría me dieron pruebas de lealtad y supieron corresponder a la confianza que había depositado en ellos”. Se plegaron, como plastilina, a los cimientos del ministerio de Economía, al Banco de España y a las corporaciones industriales del Estado. Esa obra llega hasta hoy, cuando De Guindos, afín a la Obra, ex asesor y directivo de Lehman Brothers y economista del Estado, era nombrado en 2012 ministro de Economía. La Obra, discreta, alarga sus tentáculos hasta tapar el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 que sitúa el carácter aconfesional del Estado.
El PSOE se tapó los ojos ante aquella maquinaria conducida por grupos de burócratas y fieles. En 1977 había participado en la Ley de Amnistía que permitió recolocar sin revisión alguna a los 32.000 funcionarios del aparato franquista (cuerpos del Estado, prensa oficial, sindicato vertical, Movimiento Nacional y funcionarios de aparatos de represión como la Dirección General de Seguridad). También adoptó a los socialdemócratas de UCD, como el subgobernador del Banco de España con UCD, Mariano Rubio, a Francisco Fernández Ordóñez o a los Bustelo (uno de los hermanos, ministro de UCD –Carlos–; el otro, diputado socialista –Francisco-).
Sin embargo, en medio apareció otro grupo que quiso imitar el modus operandi del Gropus. Era un grupo temido en los círculos financieros, que los llamaba la “banda de los cuatro”, en la que participaban el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; el presidente del Hispano Americano –tercer banco del país–, Claudio Boada, y el ministro y posteriormente presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer.
Aquel grupo inició la reconversión industrial, llevó a cabo la privatización de empresas públicas, culminó el mayor proceso de concentración bancaria de la historia y nos metió en Europa en 1988. Según los estudios de Mendieta (1999), el 80% de las direcciones generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado por altos cuerpos del Estado, mientras que el 20% eran ocupados por cuadros del partido.
En el poder económico eran también fundamentales. En las empresas del Ibex35, en 1992, eran un total de 82 los consejeros pertenecientes a altos cuerpos del Estado, de los cuales 26 eran abogados del Estado y 17, técnicos comerciales y economistas del Estado. De éstos, cuatro eran técnicos comerciales economistas del Estado nombrados por Solchaga en sus puestos: Francisco J. Landa Aznárez (de director general de Comercio Exterior a Repsol), José Juan Ruiz Gómez (de secretario general de Economía Internacional y Competencia pasó a Tabacalera), Luis Sempere Couderc (de director general de su gabinete pasó a Tabacalera), Luis Alcaide de la Rosa (de director general de Transacciones Exteriores a Telefónica y Tabacalera, posteriormente juzgado en 1997 por cobrar una comisión de casi 300.000 euros por vender una empresa pública textil, Intelhorce, a una empresa italiana), Elena Salgado (directora general de Costes y consejera de Telefónica); y finalmente Guillermo de la Dehesa Romero, el gran arquitecto de las privatizaciones como secretario de Estado de Economía, asesor en la privatización de Rumasa, y posterior vicepresidente del Banco Santander.
A ellos habrá que sumar a Luis Ángel Rojo, técnico comercial, gobernador del Banco de España desde la intervención de Banesto con el PSOE (1992) hasta el segundo Gobierno de Aznar (2000), y desde 2005 consejero en el banco adjudicatario de Banesto, el Banco Santander. El grupo sufrió un revés tras el caso Ibercorp, que llevó al banquillo a Boyer y a Mariano Rubio, pero se recuperó, dejando a Solchaga como el gran asesor de empresas del Ibex35 a través de su consultora Solchaga y Recio (montada al 50% con el exdirector del BBV) y consejero de Zeltia.
Con la llegada de Aznar, inspector de Hacienda, su poder se acrecienta tras la aprobación de la Ley 6/1997 por la cual los órganos directivos de la Administración (subsecretarios, directores generales, secretarios generales técnicos y subdirectores generales) tienen que formar parte del grupo A, posibilitando así una mayor relevancia de los altos cuerpos del Estado. Para favorecer la “pureza” de la Administración, durante este Gobierno se cesará entre 1996 y 1997 a un total de 3.000 personas de puestos directivos de la Administración central. Pero en lo esencial, no cortará con la lógica instaurada desde tiempos de UCD: la secretaría de Estado de Economía será para un economista del Estado. Lo fue con Suárez (José Ramón Álvarez-Rendueles Medina), con González (Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Guillermo de la Dehesa, Pedro Perez Fernandez), con Aznar (Conthe, De Guindos), con Zapatero (Fernando Jiménez Latorre, elevando a Salgado como ministra de Economía) y con Rajoy (Iñigo Fernández de Mesa como secretario de Estado y Luis de Guindos como ministro).
Algunos de estos técnicos comerciales y economistas del Estado tienen, además, el privilegio de acceder a grupos cerrados, rodeados de un aura conspiranoica. Es el caso de Guillermo de la Dehesa, economista del Estado y primer español en acceder al Club Bilderberg, seguido desde 2006 de su compañero en el Santander y economista del Estado Matías Rodríguez Inciarte, otrora ministro de Presidencia con UCD. Años más tarde se unirán Pedro Solbes (2009, 2010). En 2013 fue invitado el opusino De Guindos, entre una enorme expectación tras el rescate a la banca. Desde su entorno se denunciaría una maniobra de Juan Luis Cebrián, asiduo al grupo, de boicotear ante dicho Club su candidatura al Eurogrupo.
El líder socialista, Pedro Sánchez, fue invitado a la edición de 2015 pero finalmente no acudió “por problemas de agenda”, según sus propias declaraciones. La reunión de 2016, que se celebró unas semanas antes de las elecciones de junio, no contó con ningún miembro del Gobierno español. El Club invitó a Albert Rivera, que tampoco acudió. En su lugar asistió Luis Garicano, que acompañó al delegado y hacedor de la lista española del club, Juan Luis Cebrián, y a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín. Según su propia página, en esas reuniones de 140 personas de primer rango “no se proponen resoluciones, no hay votos, y no hay planificación de políticas públicas”.
Siguiendo los postulados que rigen en el club, “la máxima discreción”, De Guindos defendió ante la Comisión de Economía que Soria acabó en el Banco Mundial por una “designación discrecional”, siguiendo así el postulado de Balaguer, que aconseja: “¡Qué fecundo es el silencio! –Todas las energías que pierdes, con tus faltas de discreción, son energías que restas a la eficacia de tu trabajo. — Sé discreto”.
Por fortuna para muchos, finalizada aquella comisión, en la que no se averiguó nada, se mantienen los principios que sostienen a los altos cuerpos del Estado que, diligentemente y en silencio, viven de los privilegios de continuar con uno y otro gobierno. Como lo hace el Club Bilderberg desde su fundación en 1954, en aquel periodo del ascenso del Opus Dei y de la llegada de España a los organismos multilaterales como el Banco Mundial. Estos organismos encandilaron a los funcionarios con la frase de Gracián, obligándoles a repetirse: “Soy política también, y aun la gala de la mayor razón de Estado, que ésta y yo hicimos inmortal al rey”.
FuenteCtxt.es
