LAS 13º DERROTAS DE MALVINAS
PARTE 1: LAS RESERVAS MARÍTIMAS PROTEGIDAS. EL BLUE BELT DEL REINO UNIDO
EL ESCUDO DE PROTECCIÓN BIOLÓGICO DE LAS CAPTURAS BRITÁNICAS
La primera derrota,
mal que nos pese, ya todos la conocemos, fue el 14 de junio de 1982
cuando Benjamín Menéndez firmó la rendición de los argentinos en
Malvinas. La siguiente decena de derrotas de Argentina son menos
conocidas por el común de los ciudadanos y, les ha permitido al Reino
Unido ocupar 1.639.900 km2 del mar argentino, mucho más que el archipiélago de Malvinas que solo alcanza a los 11.410 km2,
y también, extraer nuestros recursos pesqueros a través de buques
extranjeros por valor de 21 mil millones de dólares a la primera venta,
un valor que a la comercialización final de entre 63 y 148 mil millones
de dólares desde 1976 a la fecha, por lo cual los habitantes de
malvinas, tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo.
La décima tercera derrota de la posguerra se produce con la reciente sanción de las leyes de las “Áreas Marinas Protegidas” Namuncurá-Banco
Burdwood (Ley 26.875, 26/8/2013); Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes
(12/12/2018), que someten estos espacios marítimos, sus plataformas y
lechos al régimen establecido por la Ley 27.037. Esta iniciativa del
P.E.N. fue promovida por entidades ambientalistas, que, sin embargo,
nunca cuestionaron la depredación que realiza el Reino Unido en el área
de exclusión británica de Malvinas, en la Z.E.E. Argentina y adyacente a
esta, por buques pesqueros licenciados por el gobierno ilegal en
Malvinas por un volumen de unos 42 millones de toneladas de pescados y
moluscos desde 1976 a la fecha, sin computar, los descartes en alta mar y
el trabajo esclavo de sus tripulantes, generando, un gravísimo
desequilibrio en el ecosistema del mar argentino. Las mismas, bajo un
aparente sustento ambientalista le quitaron el pasado 12 de
diciembre a la Secretaría de Pesca, Energía y Minería la condición de
Autoridad de Aplicación en más de 125.975 km2 vinculados al área de
Malvinas, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y
reservándole al Reino Unido los recursos de estas «áreas
marinas protegidas» con el que se abastecen los buques licenciados por
Malvinas. Llamativo, es el desinterés de aplicar la misma vara, por
parte de estas ONGs Ambientalistas en el área de ocupación de facto de
las 200 millas marinas -unos 438.000 km- alrededor de Malvinas y otras
tantas millas alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur y en los
1.900 Km2 ocupados en forma prepotente por el R.U. el 22 de
agosto de 1994, al noroeste de Malvinas -el denominado GAP- fuera de la
denominada área de exclusión inglesa, una importante área de captura del
calamar y, tampoco, en el millón de km2 declarados “reserva
ecológica” en forma unilateral por Gran Bretaña. No es necesario que
nosotros supongamos los motivos, un tanto obvios, pero son los propios
ingleses quienes los develan: el 6 de agosto de 2013 el gobierno ilegal
en Malvinas dio la bienvenida al anuncio del establecimiento del área
marítima protegida, aunque, claro está, rechazó que la Argentina pudiera
tener injerencia en un muy pequeño espacio oriental donde el área
Namuncurá-Banco Burdwood alcanza la zona de exclusión bajo su control y,
donde la Argentina no podría ejercer control alguno, aunque, es bueno
recordarlo, que, con un promedio de dos buques extranjeros apresados por
año por la Prefectura en todo el Atlántico Sur es poco probable que
haya algún control argentino en estas áreas seleccionadas.
Y la citada reserva no está totalmente dentro del área de exclusión
británica por voluntad de Argentina, sino porque Gran Bretaña se ajustó
en un todo a la CONVEMAR y separó en una línea imaginaria equidistante
las 200 millas marinas, en atención que se considera a nuestras Islas un
país ribereño que linda con el nuestro continente por imperio de la
referida Convención del Mar, en la que se resguardan los ambientalistas
para propiciar éstas y futuras reservas marinas que pretenden alcanzar
el 10% del total del Atlántico Sur, lo que ya de por sí, carece de todo
rigor científico, porque esa proporcionalidad o la que pudiese fijarse
no representa la diversidad biológica, sus procesos reproductivos, etc.
ni la interrelación en el ecosistema ni la cadena trófica del Atlántico
Sur.
Para diseñar y tomar esta compleja decisión, quienes promovieron esta
iniciativa no mantuvieron reuniones de trabajo con los Sindicatos
pesqueros ni las Cámaras Empresarias y solo consultaron a cuatro
empresas, una noruega, una empresa española y dos empresas asociadas
argentino-japonesas, una de las cuales compró en 2015 una empresa
japonesa suspendida por operar ilegalmente en Malvinas a través de la
firma chilena Emdepes. Por otra parte, los cuatro informes técnicos de
merluza negra del INIDEP resultan insuficientes e inespecíficos para
establecer el área, de mismo modo, el único papel no oficial referido a
la merluza de cola, al igual que la bibliografía inespecífica citada.
¿Tuvieron en cuenta los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable las vedas sobre este territorio del INIDEP?
¿Denunció esta repartición la captura en áreas de veda de juveniles de
merluza negra? Todo indica muy poco rigor científico y la falta de
acciones podrían tipificarse de incumplimiento de los deberes de
funcionario público por falta de protección de la sustentabilidad de los
recursos.
Aun así, señores ambientalistas y del Poder Ejecutivo Nacional (en su
momento C.F. de Kirchner y ahora Macri) ¿por qué no empezamos por la
Zona de Exclusión de Malvinas? ¿Quién fija la estrategia nacional, para
que luego los tecnócratas la instrumenten o estamos en manos de estos
últimos?
Es más, por si no lo saben, señores políticos, burócratas y
ambientalistas actuantes, la Argentina por imperio de la Ley 24.922, sus
Artículos 1°; 5° c); 7° a), c), e), g); 9° b), c); 11º; 12º; 17º; 18º,
19º, 21º c), g), h), i), l), n), ñ), o) entre otros incisos; 38º c), d) y
e) tiene facultades suficientes para efectuar prohibiciones de
exploraciones, extracciones, explotaciones; rendimientos máximos
sostenibles; reservas; vedas; paradas de buques y otras medidas
relativas a la sustentabilidad biológica y ambiental en toda la Z.E.E.
Argentina e, incluso, sobre los recursos migratorios y asociados en el
área adyacente a esta, por imperio del artículo 4º. En todo caso,
tendrán que plantearle al Subsecretario de Pesca, al Concejo Federal de
Pesca -que entre otros funcionarios está integrado por un miembro
titular y otro suplente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable e, igual número de integrantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto- o bien podría intervenir con igual objeto el propio
secretario y ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Les
bastaría con dictar una simple Resolución de alcance a todo el Atlántico
Sur Argentino para resaltar la vigencia de la ley 24.922 sin necesitar
el dictado de ley alguna y ello, lógicamente, alcanzaría también a los
importantísimos espacios marinos argentinos ocupados arbitrariamente por
el Reino Unido. Toda la explotación del mar argentino debe ser sustentable y no una porción de nuestro territorio marítimo
y, más aún, cuando esos espacios son especialmente de interés inglés.
El Estado, en cabeza de sus distintas Autoridades de Aplicación en los
campos de la Pesca, la Energía, la Minería, la actividad agropecuaria,
la industria farmacéutica, química, gastronómica, etc. deben asegurar
que todas las prácticas se realicen por sí o a través de las empresas
habilitadas, concesionadas, etc. en forma sustentable ambientalmente y
también social, laboral y económicamente. Y la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable -que no ha podido resolver ni el saneamiento del
Riachuelo- debería auditar que eso ocurra y no lo contrario -poniendo el
caballo atrás del carro- de modo que los dos actores principales: el
Estado y los ciudadanos, preserven el ambiente y los recursos para la
alimentación, generación de energía, etc. para todos los argentinos de
hoy y las generaciones futuras. Por ejemplo, poner su energía en evitar
los descartes en alta mar nos aseguraría dos millones de raciones
diarias para nuestros niños pobres y un espacio marítimo sin
contaminaciones y, por citar, solo algunas cuestiones: controlar la
ejecución cierta de las vedas o reservas que establece el Consejo
Federal Pesquero o los gobiernos del litoral marítimo o, verificar el
desembarco de las especies incidentales en la captura del langostino,
sería una obra significativamente de mayor importancia
cuali-cuantitativa, que declarar estas reservas, que no solo perjudican a
las pocas empresas habilitadas que pescan en esa zona -ejerciendo
soberanía- sino que benefician a los buques con licencia británica.
Estas cuestiones no parecen haber sido tenidas en cuenta por Patricia
Gandini y, su premiación de la WWF, se ha debido a su promoción de las
nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el mar argentino, pese, a que
la propia Presidente Yolanda Kakabadse, de la citada organización
Internacional de origen inglés -fundada en 1961 por el británico Gerald
Watterson y Sir Peter Scott- da una explicación contraria a la creación
de estas reservas cuando nos dice que «el problema no es la
disponibilidad del recurso, sino que estamos consumiendo en forma
abusiva e irresponsable» (El Heraldo, 19/4/2014) y ello debiera alcanzar
en especial a la explotación pesquera a través de licencias -un método
absolutamente perimido como la explotación de ganado en pie- que realiza
el Reino Unido en Malvinas y, sobre la que no se ha expedido esta
organización internacional, tal vez por su propio origen. Sería
interesante también conocer que hizo la citada psicóloga Yolanda
Kakabadse en su paso como Ministra de Ambiente del Ecuador entre el año
1998 y 2000, bajo el gobierno del luego derrocado Jamil Mahuad, político
que abandonó el poder y que prácticamente llevó a la quiebra a Ecuador,
desapareció la moneda y la dolarizó y, fue condenado con ocho años de
prisión; pero, lo más interesante qué hizo esta Ministra de Ambiente
entre 1995 y 2011, donde Petroecuador registró al menos 1.983 derrames
de petróleo en la región amazónica, lo cual equivale a un derrame de
petróleo cada tres días a lo largo de 17 años (Gudynas Eduardo,
Ambiente, Desarrollo y Naturaleza. “Acción y Reacción. Mi amigo el
Ministro de Ambiente, 13/05/2009).
Bien, no nos caben más dudas, cuando vemos que el Reino Unido no ha
declarado una sola Área Marina Protegida el Atlántico Norte ni el Mar
del Norte y, por el contrario, como lo indicó la Embajada Británica en
Santiago (GOV.UK, 5/9/2017) en el IV Congreso Internacional de Áreas
Marinas Protegidas (AMP), Gran Bretaña lanzó el «Programa Blue Belt» para «proteger unos 4 millones de km2 alrededor de los Territorios Británicos de Ultramar», por considerarse «custodios de la quinta mayor área marina del mundo»,
cuestión que el propio Ministro de Relaciones Exteriores británico, Sir
Alan Duncan -sí, el mismo que firmara el Pacto con Foradori- durante la
conferencia “Our Oceans” en 2016 ya había anunciado -que por cierto,
organizaciones inglesas, como la WWF internacional apoyan- la
designación de AMP alrededor de Santa Helena (444.916km²); Pitcairn
(840.000 km²); Isla Ascensión (445.390km²) y Tristán da Cunha
(750.510km²). Mencionó también este funcionario que el R.U. declaró
anteriormente AMP en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT:
640.000 km2); Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur (SGSSI, 1 millón de km2
en 2013) y lideró el AMP aprobado en la plataforma sur de las islas
Orcadas del Sur, a través de la Convención sobre la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (94.000 km2 en 2009) y que,
por cierto, los gobiernos de Argentina se han prestado rápidamente a
satisfacer ¿sin necesidad de intervención británica? declarando ya tres
AMP, de modo que, junto a otras medidas que se citan en este trabajo, se le preste un escudo biológico -un cinturón azul dicen los ingleses-
para asegurar la llegada de recursos como el calamar, merluza común y
negra, hoki, polaca, nototenia, bacalao austral y otros que son
sustanciales para la economía de la Malvinas usurpada.
En la urgencia por crear estas áreas no descartamos la necesidad del
Reino Unido post Brexit y el alineamiento de Donald Trump con su siempre
eterna socia en la Unión Europea y, el reinicio de las reuniones de la
Comisión Conjunta de Pesca en el Atlántico Sur.
La segunda derrota argentina incluyó tres hechos trascendentes: a) la sesión de los recursos pesqueros por parte del negociador argentino.
El diplomático jubilado Lucio García del Solar el 16/17 de agosto de
1989 se reunió a solas en Nueva York con Crispin Tickell de Gran
Bretaña. El Embajador inglés le dijo al argentino: «le pedimos que la
Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de
exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada
en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo
que García del Solar respondió: «…El levantamiento de la zona de
protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ (pesca); la zona de protección militar es anacrónica»[1].
Ello, luego sería instrumentado por los funcionarios Caputo, Cavallo,
Solá, Ruiz Cerutti, Dadone, Basabe y Otegui, entre otros. Ninguno de
ellos experto en pesca. Tanto lo sé, como que Cavallo me bajó del avión
bajo el pretexto que en mi condición de Secretario excedía el nivel
previsto de los negociadores (¿?); b) La desmalvinización,
que se inició durante el proceso militar y continuó con todos los
gobiernos democráticos hasta De la Rúa inclusive, aunque luego de este,
hubo muchos otros personajes que al calor de la política de entrega y humillación nacional favorecieron los intereses ingleses y, c) los llamados Acuerdos de Madrid, cuya entrega militar y económica bien describe Julio C. González en su libro «Los tratados de Paz por la Guerra de Malvinas» (1998) y en las implicancias pesqueras y territoriales este autor en «Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio» (2009) o el propio Felipe Solá en su Biografía «Peronismo, Pampa y Peligro»
(pág. 109:115, 2018). En estos acuerdos la propuesta del “paraguas”
iniciada por Caputo y refrendada por Cavallo, no hizo otra cosa, que
propiciar la formula inglesa, que la Argentina ya había rechazado en
febrero de 1981: «congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas». La
congelación de la soberanía benefició claramente a Gran Bretaña, quien
estaba y, está, en posesión de Malvinas y el mar circundante. En un
partido de futbol, el que lo congela -el que retiene la pelota- es el
que está ganando, no, el que lo va perdiendo.
La tercera derrota argentina. En
1833, las Islas y tres millas marinas a su alrededor estaban en poder
del Reino Unido, ello, duró mucho tiempo. En 1982, como producto de la
confrontación bélica fueron 150 millas. El 29 de octubre de 1986,
efectivizada el 2 de febrero de 1987 a consecuencia del Acuerdo Marco
Pesquero con la U.R.S.S. y Bulgaria, firmados por el Canciller Caputo el
28/29 de julio de 1986 con la ingenua pretensión que los buques de esos
países pescaran en Malvinas, Gran Bretaña declaró la Zona de
Provisional de Conservación y Administración de las Pesquerías, conocida
en la Argentina como la “Zona de Exclusión Pesquera”, donde los buques
argentinos nunca más pudieron pescar, dando lugar a que el Reino Unido
se considerara un país ribereño, en acuerdo a las prescripciones de la
Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR).
Significó una importantísima derrota en lo territorial y pesquero.
La cuarta derrota argentina fue la sanción el 10
de septiembre de 1991 de la Ley 23.968 sobre “los espacios marítimos”
que determinó las líneas de base y abrió el camino a que el Reino Unido
delimitara ilegalmente su propia Z.E.E. alrededor de Malvinas, amparada
en las regulaciones de la citada CONVEMAR y, a la ratificación por parte
de Argentina de esta por Ley 24.543 del 13 de septiembre de 1995. Ambas
leyes fueron promovidas por Cavallo. Esta Convención dio motivo a
numerosas discusiones políticas y jurídicas, referidas en especial, a su
alcance y a la limitación de nuestro mar territorial, que por Ley
17.094 era de 200 millas marinas y por la CONVEMAR se limitó a sólo 12
millas marinas, una zona contigua de 12 millas y la Z.E.E. hasta las 200
millas, además, de la limitación a la plataforma continental a 350
millas, cuando es sabido, que en el área de Malvinas nuestra plataforma
supera largamente esas millas. Lo que pudo tratarse de una respuesta
reivindicatoria de los países sudamericanos del Atlántico: Argentina
(1966), Uruguay y Brasil; del Pacífico: Chile (1952), Perú (1970) y
Ecuador; y de Centro América, Santo Domingo (1972); terminó, a nuestro
juicio, como una claudicación inaceptable; porque nos redujo la
soberanía plena del mar territorial argentino, contrario a la República
de Perú que sostuvo su posición y no le ha impedido hasta nuestros días
ejercer su soberanía marítima y, nos quitó, gran parte de nuestra
Plataforma Continental afectando nuestros intereses soberanos en
Malvinas y la Antártida y, a su vez, no dio solución alguna a la
intolerable pesca depredadora de nuestros recursos migratorios y
asociados, donde la CONVEMAR dejó afuera de los clasificados como
“altamente migratorios” al calamar, la merluza y otras especies
argentinas, sin que los sucesivos gobiernos argentinos, pese a los años
transcurridos, promovieran enmienda alguna, como prevé la CONVEMAR. Y
ello, a nuestro juicio, encuentra un único fundamento: el calamar Illex argentinus
(su solo nombre científico prueba que es argentino) que migra
anualmente a Malvinas y es el sostén principal de los ocupantes de las
Islas, pero, también, la interrelación con terceros países.
Cavallo, a poco de llegar al gobierno, tuvo una notoria vocación por
promover una pronta relación con Inglaterra, muy deteriorada desde 1982;
pero, a nuestro juicio, este arreglo se planteó con un criterio
meramente economicista, dejando de lado cuestiones soberanas y, con la
opinión de los principales asesores globalizados, que ya tenían posición
tomada, y que, en nuestra opinión, habían perdido interés en las
posiciones nacionales que consideraban de cabotaje. Es decir, la
necesidad de un arreglo urgente hacía prever un arreglo “a cualquier precio”. Y así fue.
En la PARTE 2 hablaremos de las derrotas argentinas 5º a 12º de la posguerra de Malvinas
Es notable el esfuerzo que por complacer las necesidades de los ingleses
hacen todos los cancilleres argentinos a costa de nuestro territorio y
de los recursos pesqueros y energéticos nacionales. Las llaman «negociaciones distensivas con Gran Bretaña», en verdad se tratan de: «les damos todo lo que pidan, y algo más».
Tal vez todavía, no hemos visto lo peor y, aunque resulte difícil
imaginarlo, ante tanta política de desacierto y entrega, es posible
esperar nuevos pasos hacia la consolidación inglesa en Malvinas.
Esperemos que la cláusula transitoria de nuestra Constitución Nacional
no sea sólo un canto ilusorio, de igual modo que la frase «o juremos con
gloria morir» de nuestro Himno Nacional.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario
de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Titular Universidad UNNE y
FASTA, Asesor del Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor,
Escritor, autor de 24 libros (entre ellos Malvinas. Biografía de
Entrega, 2009) y cientos de artículos de la especialidad.
15 de diciembre de 2018
[1] Clarín (Oscar Raúl Cardozo), 2da. Sección, pág. 10, 29.3.92.
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