Pacto de impunidad entre el cristinismo y la corporación judicial
Salvará a Oyarbide y aplica correctivo a Bonadío.
Hace un mes, cuando asumieron las nuevas autoridades del Consejo de
la Magistratura, se produjo una alianza inesperada entre los
representantes del cristinismo y la corporación judicial, cuando los
representantes de ésta nominaron a Alejandro Sánchez Freites como
presidente y como vicepresidente a Ricardo Recondo, el enemigo número
uno del gobierno en el poder judicial. Sobre todo por sus fallos a favor
del grupo Clarín, en los que actuó de acuerdo a derecho, una gran
valentía y hasta tuvo que soportar un proceso penal. Pero después que la
Corte Suprema fallara a favor del gobierno y por la constitucionalidad
de la ley de medios tras de la derrota oficialista el 27 de octubre,
hubo un aviso al Ejecutivo de que en la aplicación de la ley de medios
se custodiaría su constitucionalidad. En síntesis, este “romance” entre
la Corte y la presidente derivó en que el gobierno se tragara el sapo de
la división en seis unidades del grupo aprobada por la AFSCA.
Cómo funciona el pacto
Por eso, cuando se hizo la elección en el Consejo de la Magistratura
de los cinco consejeros oficialistas, contando a los dos de La Cámpora,
Julián Álvarez y Eduardo “Wado” de Pedro, éstos votaron a los camaristas
reservándose las dos comisiones más importantes, como las de selección y
la de acusación. Esta última quedó presidida por la senadora
santiagueña por Santiago del Estero Ada Iturrez, que ayer le pidió a
Norberto Oyarbide un descargo voluntario por su confeso mal desempeño en
el caso del allanamiento a Propyme y le aplicó un correctivo a Claudio
Bonadío por una veija cauda de los ‘90 y por citar a indagatoria a
Abal Medina y Alfredo Scoccimarro. Este caso fue la herramienta para
asustarlo a Bonadío y en ambos casos la corporación judicial o se
ausentó o votó con los cristinistas con la férrea oposición de los
radicales, salvo el senador (UCR) Mario Cimadevilla, que se sumó al
castigo al juez, aunque su destitución debe ser descartada de plano,
porque no existen los nueve votos para hacerlo. Antes de eso, la Sala I
de la Cámara Federal anuló la causa que Bonadío llevaba por supuestas
irregularidades en la publicidad del Fútbol para Todos contra Abal
Medina y Scoccimarro por una clara malversación de caudales públicos.
En unos días más se conocerá la decisión final de la Cámara de
Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan
Carlos Germiniani, que por dos votos a uno desvinculará al
vicepresidente Amado Boudou de la causa Ciccone, lo que provocaría un
escándalo político y mediático. En tanto, la otra causa que pone
nerviosa a Cristina es la que tiene imputado a Lázaro Báez y que tramita
el juez federal Sebastián Casanello, que no avanza ni un centímetro en
momentos en los que a Báez le cerraron las cuentas en el HSBC y está por
vender su empresa austral a los chinos. El mismo Casanello dejó por
ahora fuera del juicio oral a Mauricio Macri en la causa de las escuchas
ilegales. Macri luce como el candidato opositor más afín al gobierno
para el 2015. Seguramente la Sala I de la Cámara Federal, integrada por
Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farra, zafará
definitivamente al jefe de gobierno más adelante. Así las cosas, estamos
frente a la consagración de la impunidad de los delitos de corrupción
contra la administración.
