ARGENTINA, Y SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS QUE ES "MODELO EN EL MUNDO"
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Diez años más tarde
de aquél ingreso triunfal a un país devastado, el gobierno kirchnerista, nacido
de las entrañas mismas del monstruo de la devastación, ya no puede ocultar
ciertas facetas de sus modos, esos modos que nos avergüenzan como argentinos.
El pasado 20 de
junio, aniversario del fallecimiento del General, Doctor y billete Manuel
Belgrano, la presidenta Cristina Fernández viuda de Néstor, que era Kirchner,
tomó el micrófono y habló de espaldas al Río Paraná, en la ciudad de Rosario y
dijo: “…Porque creemos en los derechos humanos, pero los derechos humanos en
serio, de todos los países y de todos los pueblos. Por eso también, en materia
de respeto a los derechos humanos somos un ejemplo en el mundo…”
Una cohorte de
aduladores crédulos, aplaudían bajo las faldas de sus mentiras. Belgrano
lloraba desde su tumba, una tumba que a diferencia de otras, es toda dignidad.
Días antes… el 5 de
junio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Dr. Ricardo
Lorenzetti declaró lo que repite una y otra vez desde hace años: “Los juicios
contra los represores son una política de estado”.
Lo afirmó al
inaugurar el “Salón de los Derechos Humanos”, en la sala del famoso Juicio a
las Juntas Militares, un juicio que se realizó en el año1985.
Y para que no queden
dudas de que el Ejecutivo y el Judicial son poderes que en Argentina actúan de
común acuerdo en los juicios contra todos aquellos que en Argentina combatieron
al terrorismo en los años 70, antes de retirarse, el doctor Lorenzetti dijo lo
siguiente: “los juicios de lesa humanidad no son una moda, no cambian con los
gobiernos ni con los tiempos".
Por lo tanto, los
poderes del Estado argentino son responsables de todo lo que ocurre en los
juicios proclamados de “lesa humanidad” y son responsables también del estado
de abandono al que se los somete.
Pocos saben que el
Estado argentino ha ideado un plan perfecto de persecución y extermino hacia
civiles, militares, y miembros de las fuerzas de seguridad que supuestamente
participaron en la lucha contra el terrorismo internacional en Argentina.
Pocos conocen la
realidad de éstos juicios. Menos aún son los que saben de las condiciones
infrahumanas en que el Estado Nacional mantiene a los presos políticos de
Argentina
En la megacausa de
Salta, el fiscal Ricardo Toranzos, al demostrarse el falso testimonio de la
señora Cristina Cobos, en su alegato sostuvo “que lo de Cobos fue una pequeña
mentira”; sin embargo, esa “pequeña mentira” se usó para condenar a los
acusados.
En el Caso Apagón de
Ledesma, el abogado querellante Pablo Pelazzo pasó a desempeñarse como fiscal
dentro de la misma causa. Tal cosa está estrictamente prohibida por el Código
Procesal Penal de la Nación.
Lo mismo ocurrió en
Santiago del Estero con el Dr. Gustavo Gimena, que fue fiscal de cámara, Fiscal
de juicio, Fiscal de 1era. instancia. (ver foto)
Y lo mismo pasó en Tucumán con la Dra. María
Alicia Nolli. (ver video)
En el juicio de
Tucumán, resultan imperdibles los testimonios del testigo Santos Juárez, y del
funcionario del gobierno nacional Alfredo Forti, quien antes de retirarse como
testigo, amenazó a los acusados y a sus familiares y los amigos de los
familiares. (ver video)
La Doctora Mirna
Goransky era la fiscal designada para la Megacausa Esma, el último de los
varios juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada. La doctora Goranky
protestó en una audiencia preliminar por las formas que el tribunal proponía
para el juicio. Goransky dijo que “en éstas condiciones, el juicio nacería
nulo….” (ver video)
El Capitán Báez,
miembro de la Promoción 103 del Ejército Argentino, está detenido por una causa
de lesa humanidad de la provincia de Mendoza. Allí fue internado en terapia
intensiva en el Hospital Central de Mendoza, donde se lo mantuvo encadenado a
su cama. Depende del juzgado federal de San Rafael, Mendoza, a cargo del juez
subrogante (ver foto)
En Mendoza, “la
política de derechos humanos kirchnerista que es modelo en el mundo”, también
ha conseguido que “piquín Fernández”, un policía retirado, haya tenido que estar
en su celda con una sonda a cuestas, y que el Teniente Coronel Stulderger haya
tenido que soportar sin la debida atención médica, los dolores de sus miembros
ulcerados (ver fotos).
El mismo plan se
cumple a la perfección en todo el país con calcadas situaciones, como la de
Ocha, un oficial del Ejército Argentino detenido en Mendoza, quien con doble by
pass y un ACV le niegan sistemáticamente la prisión domiciliaria.
Pero Mendoza no es la
excepción, sino que es una muestra cabal de lo que sucede en todo el país. Un
perfecto y macabro plan de persecución y exterminio de presos políticos
ancianos se lleva a cabo ante el silencio cómplice de casi todos.
En San Luis, el
Comisario Luis Becerra fue obligado a presenciar la audiencia de juicio,
estando con una enfermedad terminal y sin conciencia. (ver foto)
Un grupo de viejos Oficiales superiores de la
Armada Argentina fueron llevados a declarar en un juicio, a pesar de que una
junta de peritos emitiera un informe contundente y unánime que los oficiales no
tenían capacidad para comprender. (ver video)
El ex Comisario Luis Patti, como tantos otros, fue
obligado a presencia el juicio en una camilla donde se reponía de un ACV y una
operación de columna. (ver foto)
El Teniente Coronel
Luis Corres tuvo que soportar una delegación del tribunal de Bahía Blanca que
pretendía realizar una video conferencia con el tribunal, minutos antes que
Corres muriera de un cáncer terminal. En su funeral, funcionarios del
cementerio de La Chacarita demoraron varias horas la entrega del cuerpo a sus
familiares y amigos que esperaban para el entierro.
“El Comité toma nota
de las alegaciones del autor de que su habitación-celda en el CPF de Ezeiza es
inadecuada para una persona con discapacidad. Los ajustes realizados por las
autoridades penitenciarias no resultan suficientes, toda vez que las
dimensiones del baño no están adaptadas al uso de una silla de ruedas; la silla
de plástico semi-adaptada en el baño no guarda las medidas de seguridad
indispensables; y no puede desplazarse por sus propios medios para acceder al
sanitario y a la ducha, dependiendo de la asistencia del enfermero u otra
persona. Si bien es cierto se instaló un timbre de llamado, en la práctica
muchas veces la respuesta no es oportuna. Su piel se ha escarado en reiteradas
ocasiones por no contar con un colchón anti-escara y sus movimientos se
encuentran sumamente limitados. En la práctica sólo puede realizar sus
necesidades básicas mediante el uso de instrumentos que le colocan en su cama y
la falta de asistencia de terceras personas no le permite realizar un cuidado
cotidiano de su higiene. La falta de infraestructura adecuada para personas con
su discapacidad, y las precarias condiciones de detención constituyen un
atropello a su dignidad y un trato inhumano.”
Así lo dice para el
caso Luis Patti la resolución de la ONU.
Casi 250 presos
políticos de Argentina han muerto en prisión. El caso de abandono de persona
más resonante fue el del ex Presidente de facto, Teniente General Jorge Rafael
Videla, a quien se lo obligó a un traslado tortuoso en un vehículo del Servicio
Penitenciario para asistir a declarar con una quebradura en la cadera nunca
atendida por profesionales de medicina.
En el video que
sigue, al General se lo ve perdido, y con mucha dificultad para caminar.
Pocos días después
moría de una hemorragia interna en el baño de su celda.
Cada vez más a
menudo, familiares de presos políticos de Argentina publican cartas
desgarradoras en los pocos medios que se animan a tocar el tema.
El gobierno y el
poder judicial son cómplices de esta violación sistemática de los derechos
humanos en la República Argentina. Los medios nacionales también, por callar
los horrores.
Días atrás, la
Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica emitió un comunicado contundente.
Reproduzco un párrafo: “Ante la difusión de imágenes de requisas vejatorias y
maltratos a internos en el Centro Penitenciario de San Luis, la Pastoral
Carcelaria Argentina denunció “abusos de autoridad y flagrantes violaciones de
los derechos humanos y de la dignidad de las personas” en las cárceles
argentinas, reclamó al Servicio Penitenciario “dar los pasos adecuados, para
que el personal sea formado, capacitado y evaluado, sabiendo que debe respetar
la dignidad del hermano preso” y pidió al Estado, a los gobernantes y a la
ciudadanía pensar “en otras formas de relaciones humanas posibles. No es la
represión, el descarte, el aislamiento lo que nos hará mejores personas, será
evitar todo lo que nos lleva a situaciones límites, para no ser cómplice de
actitudes que nos degradan y destruyen”
Llama la atención que
la misma Pastoral guarde silencio por los cientos de ancianos presos políticos
que sufren peores vejaciones en las Cárceles Federales.
¿Esta es la política
de estado de Argentina en derechos humanos ejemplar para el mundo?, ¿de éste
modelo de derechos humanos se enorgullece la presidenta Cristina Fernández y el
presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Diez años más tarde
de aquél ingreso triunfal a un país devastado, el gobierno kirchnerista, nacido
de las entrañas mismas del monstruo de la devastación, ya no puede ocultar
ciertas facetas de sus modos, esos modos que nos avergüenzan como argentinos.
Horacio
R. Palma