Cazando en el zoológico
En
la larga cadena de atrocidades que ha cometido la Justicia federal
desde el inicio de la era kirchnerista hasta la fecha, sin miedo al
error, es posible decir que el tribunal del juicio por crímenes de lesa
humanidad que se sustancia por estos días en la ciudad de Santiago del
Estero ha franqueado olímpicamente la valla que separa la injusticia
ordinaria de la caricaturesca. ¿De cuál otra manera sino de este modo se
puede calificar el hecho insólito de que dos jueces de ese tribunal no
se hayan excusado ni aceptado las recusaciones de la defensa por su
militancia en el ERP? Banda terrorista cuyo principal y confeso objetivo
fue aniquilar las FF.AA. y de Seguridad e instaurar un gobierno
totalitario marxista. Fue el gobierno justicialista de Juan Perón e
Isabel Perón el primero que, a la guerra sucia iniciada por los
subversivos, respondió con igual metodología, continuada después por el
gobierno militar.
Este último adolecía de la legitimidad que dan las
urnas; mas, dicha circunstancia no convierte en buenos los crímenes
perpetrados por las bandas terroristas. Por esa época, Roberto Santucho,
jefe del ERP (por ende, de los ayer subversivos y hoy jueces del
tribunal santiagueño) aseguraba que la revolución socialista demandaría
la vida de un millón de argentinos; entre los cuales, obviamente, debían
contarse a quienes por entonces resistían a la locura genocida del ERP y
que, por haber resistido, hoy son juzgados por quienes querían
eliminarlos. Es el caso de los jueces del Tribunal Oral Federal Alicia
Noli y José María Pérez Villalobos, de quienes no se tiene noticia
alguna de que hayan manifestado su arrepentimiento por la aventura
criminal del ERP. De allí que no sea desatinado deducir que tanto la
negación a la excusación, como el rechazo a la recusación, obedecen al
viejo y vigente objetivo setentista de aniquilar a las FF.AA.
Cabe
agregar que a los acusados por crímenes de lesa humanidad se les niegan
garantías constitucionales básicas tales, como: vigencia del principio
de legalidad, derechos adquiridos por las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida y el derecho a un juicio justo, entre otras cosas por
el mamarracho jurídico de considerar que, en función de reconstruir la
verdad histórica, las declaraciones de los “testigos necesarios” y/o
“testigos víctimas” presentados por las querellas deben ser
considerados, a priori, veraces. Lo que implica, necesariamente,
prejuzgamiento.
Descriptos lo hechos, la primera pregunta que
asalta al espíritu es: La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
ese ejército de funcionarios públicos costeado por los contribuyentes
¿qué hace ante semejante patraña? Pues nada a favor y mucho en contra.
Ello así porque además de incumplir descaradamente con su específica
misión de denunciar la violación de los derechos humanos de los acusados
y, en consecuencia, solicitar la recusación de los jueces del ERP, la
Secretaría, al presentarse como querellante, deja de amparar, de hecho,
los derechos humanos de los querellados.
Al gobierno del
presidente Macri y la gobernadora Vidal, que miles de ciudadanos, con
sus familias, sean sometidos a este calvario parece importarles
absolutamente nada. Para Durán Barba, como para los enemigos de Platón,
lo esencial de la política pasa por el rating y no por algo tan poco
marqueetinero como ocuparse del clamor por justicia de “genocidas” que
se pudren en las cárceles (tampoco es prudente darle motivos a Carlotto
para que se ofenda). Por otro lado, a la prensa (los editoriales de La
Nación y alguna otra excepción, aparte) cazar en el zoológico, le
fascina. La iglesia de Francisco, fiel a su estilo, contribuye con su
humilde, solidario y estruendoso silencio. Mas, si algo repugna al
espíritu es la actitud de la clase política. Los políticos, según sople
el viento. En 1973, el 25 de mayo, liberaron a los terroristas. Meses
después, les enviaron la Triple A. Como no fue suficiente, en 1975
ordenaron a las FF.AA. aniquilar a personajes como Alicia Noli y José
María Pérez Villalobos. Ahora, sin que se les mueva un músculo facial,
promueven que los sobrevivientes de los subversivos enjuicien a los
soldados.
En todas las provincias y municipios importantes del
país existe un ministerio, secretaría o dirección de derechos humanos.
Sin embargo, al día de hoy, ni un solo político, de ningún partido, en
su calidad de presidente, gobernador, legislador nacional o concejal del
último pueblo perdido en los cerros ha dicho esta boca es mía en el
escandaloso caso de los jueces erpianos de Santiago del Estero. Dicho
con todo respeto, no provocan siquiera alguna repugnancia.
