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CAPÍTULO 10
GÉNESIS DE LA
FALACIA DE LOS
30.000
DESAPARECIDOS
PRIMERA PARTE
Esta cifra fue instalada en la psiquis colectiva nacional e
internacional por las estructuras de propaganda y acción sicológica de las
organizaciones armadas revolucionarias durante los últimos años de la
década del
70 en el exterior, fue
esparcida en nuestro país por militantes, familiares y amigos que
revindicaban la misma ideología. Admitimos como efecto extraordinario de
esa campaña sistemática de propaganda el hecho que hoy, 32 años después del
informe fi nal de la CONADEP, y de otros medios de instituciones
internacionales que manejaron guarismos similares, se continúa manteniendo
–no obstante no existir ninguna prueba en ese sentido– esa cifra
desmesuradamente falaz (30.000) en cualquier referencia oficial y en
particular a través de los medios de comunicación social, a pesar de no
existir ninguna prueba que la
avale. Algunos ante la
evidencia comenzaron a referenciarse expresando que es “simbólica” sin
admitir la falacia de mentir a sabiendas al pueblo argentino durante 38
años a pesar que las mismas cifras ofi ciales de la CONADEP la impugnan.
Tal parece que el mito
instalado mediante una mentira repetida hasta el cansancio, goza de mayor
credibilidad que la totalidad de la documentación disponible que desmiente
de manera categórica e irrefutable a esa cifra inventada por necesidades
político-financieras, como se verá más adelante. Lo del simbolismo es otra
excusa para engañar a los incautos e ingenuos.
Los secretarios de
Derechos Humanos de la Nación.
Su parcialidad
evidente
Desde 1984 dentro de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se mantiene una estructura
llamada CONADEP que nunca divulgó en forma oficial cuántos son los
desaparecidos actualizados–restando los aparecidos vivos o muertos– y
tampoco quienes cobraron las compensaciones dadas por el Estado (Ley 24.411
dictada por Menem) que otorgaba a los causahabientes de los desaparecidos y
muertos a manos de la fuerzas legales, sin importar circunstancias, 225.000
pesos (que desde su otorgamiento y por seis años fueron equivalentes a
dólares). Con una excepción –Inés Pérez Suárez– todos los funcionarios a
cargo de esa secretaría (o subsecretaría, según el momento) fueron
militantes del terrorismo subversivo de los 70, lo que nos exime de
comentarios acerca de su neutralidad en el tema, ya que sus cifras están
influidas por su militancia ideológica, por la política de derechos humanos
parcializada
y por la lealtad a sus
ex compañeros y familiares de las víctimas.
Eduardo Luis Duhalde, un ideólogo militante de la extrema izquierda hoy fallecido,
fue durante nueve años secretario de Derechos Humanos de la Nación.1.Marcó La llegada a la Secretaría de DDHH de un ideólogo del
marxismo leninismo. Su
designación en ese cargo constituyó una grosera y brutal traición a los que
expusieron sus vidas en la lucha contra el terrorismo (medio principal de
la Guerra Revolucionaria) en sus etapas iniciales y durante su desarrollo
armado.
Al asumir la
Presidencia de la República Néstor Kirchner, quien como gobernador de la
provincia de Santa Cruz (en dos períodos) nunca había 1 Abogado. En 1968,
su estudio de la calle Rodríguez Peña al 200 era “un polo nacionalista
revolucionario” (libro Galimberti
de Larraquy y
Caballero). A principios de los 70, Santucho lo contrató para defender al
ERP porque se iba a iniciar una guerra donde había que preparar los
defensores (libro Todo o nada de María Seoane). En 1972 recibió en Chile a los terroristas
escapados de Rawson.
Como director de la
revista Militancia para
la Liberación, junto con Ortega Peña
–asesinado por la “Triple A”– instigaba y hacía apología de las acciones
terroristas, incluyendo dichos como: ”sólo la guerra del pueblo salvará al
pueblo”, “eliminar de esta tierra la raza de los explotadores”, etc. En
1976 se exilió en España y fue uno de los principales dirigentes que
organizó las denuncias internacionales contra el país estructurando,
coordinando y formando parte de una gran cantidad de organismos de denuncia
de DDHH en Europa. Volvió al país en 1983 para seguir activando
ideológicamente, presentó el libro El Estado Terrorista argentino y comenzó a organizar junto con el CELS de Verbitsky toda la
estructura jurídico-política para eliminar las leyes de “Punto final” y
“Obediencia debida” a fin de poder juzgar y condenar a todos los niveles de
cuadros de las FFAA, de Seguridad y policiales.
En 1986, participó en
Managua junto con Gorriarán Merlo del lanzamiento del Movimiento Todos por
la Patria (MTP) que será quien ataque posteriormente al RI3 Mec. de La
Tablada durante el gobierno constitucional del Dr Alfonsín (libro Memorias de Gorriarán Merlo). Fue profesor de la UBA y hasta 2003
juez de Cámara de los Tribunales Orales, cargo al que renunció para
participar de la campaña de Kirchner. Desde 2003 con el gobierno de los N.
Kirchner hasta su muerte el 3 de abril de 2012, fue secretario de DDHH de
la Nación desde donde actuó como parte querellante en múltiples juicios
contra integrantes de las fuerzas legales que desde febrero de 1975
actuaban por orden de un gobierno constitucional. recibido a las
organizaciones de DDHH ni efectuado declaraciones en apoyo a las mismas,
debido al escaso nivel de aprobación para su nuevo cargo cambió en 180
grados su política para ese sector y sobreactuó durante su mandato,
llegando a designar públicamente a Hebe de Bonafini, una agresiva y
conflictiva mujer líder de una fracción de las madres de Plaza de Mayo, como
su “madre putativa”.
Al mismo tiempo nombró
en el 2003 al más conspicuo ideólogo marxista leninista que desde los años
60 fuera impulsor de la guerra revolucionaria en la Argentina y que durante
su exilio en Europa fuera el mayor organizador de grupos para desarrollar
la campaña contra el gobierno militar mintiendo ex profeso sobre las
razones del conflicto armado y sobre el número de desaparecidos, al abogado
Eduardo Luis Duhalde.
Desde el 2003, este
nuevo responsable de la política de Estado sobre los DDHH, sólo se ocupó de
los beneficios para los familiares de los muertos y desaparecidos
militantes de las organizaciones armadas clandestinas de las décadas del 60
y 70 y jamás de los familiares de las víctimas que esos militantes
ocasionaron. Tampoco se ocupó de las víctimas ni de sus familiares de la
inseguridad reinante en el país, principal preocupación del pueblo
argentino durante los 3 últimos gobiernos ejercidos por el mencionado
Kirchner y su mujer Cristina Elisabeth Fernández. Sí se ocupó de la estrategia
judicial para juzgar –como venganza– al sector militar que los había
derrotado.
El mito de los 500
bebés nacidos en cautiverio
La mendacidad de este
secretario de los DDHH de la Nación está plasmada desde 1983 en el libro
que escribió con el título El estado terrorista argentino en el cual llega a decir que los muertos, desaparecidos y
detenidos (cuando lo
escribió aún quedaban algunos pocos detenidos y procesados legalmente que
fueron liberados al llegar Alfonsín) podían ser alrededor de cincuenta mil
…¡¡50.000!!.
En la página 193 de su
libro Duhalde parte de una cifra que sabe a ciencia cierta que es falsa
–los 30.000 desaparecidos– dado que él mismo participó de su difusión en
Europa para lograr apoyo financiero y político, con la idea de imputar un
genocidio a las FFAA para lo cual los militantes debían ocultar su
militancia. En el mencionado libro expresa arbitrariamente que dentro de
ese número la relación entre varones y mujeres era de 2 a 1, con lo cual la
cantidad de las desaparecidas llegaría a 10.000 (cifra que superaba
largamente el total de desaparecidos). Tal presunción de absoluta falsedad
si se compara con las cifras de la CONADEP que fija una proporción de 3 a
1, o sea 25%, una mujer por cada tres varones muertos o desaparecidos lo
que puede apreciarse en nuestra página web redondeando como cifra real unas 1.900 mujeres.
Por último, alega sobre
este tema que por las edades de las desaparecidas y las estadísticas
disponibles de Argentina en esa materia (¿?) debería considerarse en
situación de embarazo al 5% de esa población. Así, en base a datos falsos o
suposiciones carentes de todo sustento racional ni científico, llega por
arte de birlibirloque a la revelación final: que 500 mujeres debieran estar
embarazadas al momento de su detención y dieron a luz en los centros donde
estaban detenidas. Según la mentira de este funcionario impresentable las
10.000 mujeres estaban detenidas y 500 estaban embarazadas. ¿Alguien puede
creer esta patraña cuando el total de mujeres militantes no llegaban a
2.000? La falta de seriedad de este señor es propia de una persona insana. Es
decir que a partir de esa metodología sobre datos falsos desde el inicio,
como funcionario de máximo nivel sobre el tema de DDHH, ha inducido la
versión de un falso número de niños nacidos en cautiverio incitando con
ello al posterior clamor y denuncia de las “abuelas de Plaza de Mayo” por
500 niños nacidos en esas condiciones, asumido por la “abuela estrella”
Sra. de Carlotto. ¿O debemos creer que son una coincidencia las
afirmaciones de esa señora que siempre habló de 500 bebés nacidos en
cautiverio y que aún hoy afirma que faltan localizar 400? Preguntamos: ¿Por
qué siguió insistiendo en este número sin ningún fundamento válido? El libro editado en 1999 por la misma organización “Abuelas
de Plaza de Mayo” con el título Niños desaparecidos. Jóvenes localizados.
En la
Argentina desde 1976 a 1999, Bs. As. edición 1999, sólo registra 129 niños nacidos de
madres en cautiverio con 55 de ellos localizados y restituidos, además de 9
fallecidos por distintas causas. ¿De dónde extrajo la señora de Carlotto el
Nº de 500 niños nacidos en cautiverio opuesto a lo que en 1999 decía en su
libro? En el Capítulo 11
y página web pertinente detallamos todo lo relativo a las mujeres embarazadas que
dieron a luz en cautiverio según las denuncias, así como la situación de
otros niños menores llevados con sus padres.
Una pregunta que
nos hacemos los argentinos (“con el diario del lunes”) ¿Por qué el comandante general
del Ejército propuso al gobierno constitucional (Dr. Luder a cargo del
Poder Ejecutivo) cuatro cursos de acción para eliminar la subversión y el
presidente al elegir el más descentralizado que era eliminar la subversión
en dos años, en lugar del más lento pero controlado desde el Comando
General del Ejército, no le detalló que la estrategia consistía en que
hubiera detenidos-desaparecidos y que posteriormente, según su
responsabilidad, unos iban a ser fusilados clandestinamente y otros
liberados?
Creo que la respuesta a
esta inquietud ciudadana es simple: ¿Era necesario explicarlo si desde casi
un año antes en Tucumán se utilizaba ese método?
Breve historia
introductoria a la respuesta
En principio tenemos
que situarnos en lo que ocurría en el mundo con la llamada “Guerra Fría” y
en particular con las actividades de Fidel Castro en Cuba y su decisión de
exportar su revolución comunista a todos los países de Latinoamérica, con
excepción de México.
En segundo lugar
debemos ubicarnos en lo que venía desarrollándose en nuestro país sin
respetar gobiernos de jure o de facto. Durante del gobierno del Dr Arturo
Illia entre 1963 y 1964 la Gendarmería Nacional tuvo que operar contra un
contingente de guerrilleros argentinos y cubanos en la zona de Orán (Salta)
a órdenes del “comandante segundo Jorge Masetti” quien fuera enviado por el
Che Guevara para preparar la logística en esa zona y en Tucumán, donde
pensaba establecerse para hacer de Sudamérica uno o varios “Vietnam”. En esas acciones muere el sargento de
Gendarmería Nacional Juan A. Romero a manos de un capitán del ejército
cubano, antes que fueran todos muertos o detenidos en 1964.
Complementariamente a
esa futura venida del “Che” al país se preparaba acá una estructura de
apoyo denominada “Ejército de
Liberación Nacional”. La
muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967, abortó el proyecto previsto y
las distintas organizaciones que lo iban a conformar volvieron a sus
actividades en sus lugares de origen donde ya estaban actuando y reclutando
individuos para incrementar su potencialidad política y militar, pero sin
identificarse como tales ante la población. Como explicamos en el capítulo
3, el entonces gobierno de facto presidido por el general Lanusse había
creado en 1971 la Cámara Federal en lo Penal –CAFEPE– que en dos años logró
detener y procesar con todas las garantías constitucionales a más de 2.000
terroristas subversivos dictando alrededor de 600 sentencias condenatorias,
amén de las absoluciones pertinentes.
En mayo de 1973 al
asumir, el presidente Cámpora otorgó una amplia amnistía y liberó sin
condiciones a todos los detenidos, que de inmediato se reincorporaron a la
lucha armada. Se disolvió la Cámara y se dejó sin efecto la legislación
antiterrorista. Uno de los jueces fue asesinado, otros dos sufrieron
atentados, el secretario de la Cámara fue secuestrado y, finalmente, todos
optaron por el exilio. Entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de
1976, oportunidad del golpe de Estado, no hubo un sólo detenido por actividades
sediciosas a pesar del incremento de acciones terroristas, debido al temor
que los miembros de la Justicia temían a represalias similares por parte de
las organizaciones armadas ilegales revolucionarias.
Determinación de
las Juntas de Comandantes de las Fuerzas Armadas
En el libro de Ceferino
Reato
Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, Ed. Sudamericana, año 2012, en el capítulo 2, dedicado al
método utilizado para ganar la guerra contra el terrorismo subversivo, el
ex Comandante General del Ejército hasta mediados de 1978, y Presidente del
gobierno militar de facto entrevistado en su prisión explicó las razones. A
continuación transcribimos algunos párrafos que nos ilustran acerca del
cómo y del porqué:
• Entramos a la guerra,
sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo para ganar la
guerra. La solución se fue dando de una manera espontánea, con los casos de
desaparecidos que se fueron dando… (En las distintas zonas en que se dividió el país a cargo de
generales de división, brigadieres o almirantes).
• …era una
figura que venía de los gobiernos anteriores, del gobierno peronista, por
ejemplo, en especial luego de los decretos firmados durante el interinato
del senador Italo Luder, a principios de octubre de 1975.
• … No había
otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar
la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se
diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no
podían ser llevadas ante la justicia (porque teníamos la experiencia de la CAFEPE) ni tampoco fusiladas (porque ni los países de derecho de occidente ni el Papa lo
hubieran permitido). El
dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución
fue sutil –la desaparición de personas– que creaba una situación ambigua en
la gente no estaban, no se sabía que había pasado con ellos….” “…cada
desaparición (real) puede ser entendida ciertamente como el
enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.
• …No hubo una
reunión de Junta para decidir esto; (el destino de los prisioneros irrecuperables). Cada Fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban
produciendo los hechos. La guerra contra la subversión
no fue
competencia de la Junta Militar sino de cada Fuerza a través de su
comandante en jefe.
Del mismo libro es
interesante reproducir la explicación del general Santiago Riveros, según
el autor, sobre el método utilizado contra los prisioneros. Irrecuperables
fue: …los terroristas
detenidos que fueran miembros activos de la organizaciones ERP y Montoneros
debían ser aniquilados, o sea eliminados, procedimiento aplicables por no
caberles la aplicación de las Leyes de Guerra dado que no eran soldados
regulares (no vestían uniformes
ni llevaban las armas a la vista) sino partisanos o combatientes irregulares que, como tales,
estaban excluidos de ese tratamiento. (Recordemos que durante la 2da Guerra Mundial era bastante
común que los partisanos fueran fusilados de inmediato al ser descubiertos
por las tropas regulares).
La guerra
revolucionaria es un conflicto armado interno clasificado también como
“guerra asimétrica” (por las diferentes capacidades entre los oponentes al
inicio de las operaciones Este tipo
de guerra, utilizada por Mao Tse Tung en su camino al poder, fue desatada
por la URSS en el marco de la “guerra fría” con el objeto de que sus
aliados ideológicos y políticos, tomaran el poder en la mayoría de los
países de Sudamérica con el apoyo de una plataforma establecida en Cuba en
donde se adoctrinaba e instruía militarmente a grupos de jóvenes ideologizados, marxistas
leninistas y trotskistas provenientes de distintos países del
subcontinente. La estrategia consistía en iniciar las acciones
revolucionarias mediante “grupos político militares” que cuando crecieran organizaran sus propios
ejércitos para enfrentar a las FFAA (similar a lo ocurrido en Cuba). En
este marco, la estrategia militar de los gobiernos atacados tenía, racionalmente,
que basarse en el incremento de los elementos de búsqueda de información
(inteligencia) para individualizar y localizar a los insurrectos cuyos
“cantos de sirenas” en la población inmersa en países
con problemas
políticos, sociales y económicos podía incrementar sus filas. Es decir que
el objetivo principal de esos gobiernos atacados era destruirlos antes que
lograran un desarrollo cuantitativo y cualitativo importante que permitiera
que sus “ejércitos” tuvieran la capacidad de enfrentar las tropas regulares
legales.
En razón del sistema de
redes de células secretas que utilizaban, era muy importante lograr infi
ltrar esas organizaciones con personal propio o por medio de los
insurgentes “doblados” (término utilizado para señalar al militante
detenido que, por presión, dinero o para salvar su vida traicionaba a su
compañeros colaborando para aniquilar su propia organización). Respecto al
logro del éxito de esta tarea, hace poco tiempo se ha publicado un libro
documental de título: Los Traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria de Carlos Manuel Acuña, ed. Liber Liberat, Bs. As., 2012 donde se detalla quiénes
y por qué miembros de las organizaciones armadas ilegales traicionaron a
sus amigos y compañeros de ruta sabiendo que éstos iban a morir y que
estaban ayudando a destruir desde adentro, sus estructuras organizativas.
Lo interesante del
contenido del libro es que ayuda a comprender la personalidad carente de
valores de algunos de esos traidores –colaboradores de las fuerzas legales–
los que una vez en libertad y fuera del país, al ser contactados por el
actual gobierno argentino (Secretaría de Derechos Humanos) para regresar al
país a efectos de declarar contra los miembros de esas fuerzas, lo
negociaban por distintos beneficios (cargos y/o cantidades importantes de
dinero). Lo hicieron como “testigos necesarios” en los juicios por “delitos
de lesa humanidad” fabulando historias visiblemente similares entre si –con
los abogados querellantes– contra los acusados a pesar que muchos de ellos
les habían salvado la vida por su cooperación, con lo que traicionaron así,
por segunda vez.
Dice Acuña en su
introducción, página 16: …En cifras –y así lo leerán– podemos decir que más del 20 por ciento de los detenidos por
las fuerzas legales después del 24 de marzo de 1976, fueron arrestados por ellas
como consecuencia de las traiciones de los militantes a sus organizaciones armadas…
Al respecto se confirma ésto en parte con una expresión pública de Hebe de
Bonafini, una conocida activista radicalizada y presidenta de una de las
fracciones de “Madres de Plaza de Mayo”, que dice: …Los que están vivos es
porque colaboraron…”. Esa
liberación de miembros de una organización criminal fue otro costo moral
que tuvieron que pagar los jefes de fuerzas legales responsables, cumpliendo
su palabra con determinados conspicuos detenidos al negociar su
colaboración para apresurar la victoria militar. (Orden de los máximos niveles
de responsabilidad de cada una de las FFAA tal cual lo 0expresara Jorge
Rafael Videla al periodista Ceferino Reato en sus entrevistas).
Consideramos moral y
jurídicamente inaceptable el método del “desaparecido ” empleado desde el
inicio de los gobiernos constitucionales de J. D. Perón y María Estela
Martínez y continuado posteriormente por el gobierno militar de facto a
partir del 24 de marzo de 1976 como la mejor metodología para lograr el
objetivo impuesto. Sin embargo, lo que debe entenderse es que el poder
político, que en gran medida había reforzado a las organizaciones
terroristas al disponer la liberación sin compromiso de sus miembros presos
de abandonar la lucha armada (Ley de amnistía de 1973 aprobada por todos
los legisladores de ambas cámaras con excepción de dos de ellos),
comprendió tarde su error al reconocer luego que el monstruo que habían
contribuido a montar jugaba sus propios intereses con absoluto desprecio de
la paz de la república, sus instituciones constitucionales y la vida de los
argentinos.
La dirigencia política,
superada por el crecimiento de la subversión, se paralizó y no supo qué
hacer en esa crítica situación dividiéndose entre el apoyo a un gobierno
muy inefi ciente o la crítica al mismo para que las FFAA encararan la
solución sin importarle los medios previsibles a utilizar, ya que
seguramente sabían que con flores y lindas palabras no se iba a solucionar.
Los presidentes Juan D.
Perón y María Estela Martínez adoptaron caminos equivocados… pero actuaron
contra la criminalidad escudada en acciones políticas e ideológicas. Lo
notable del primero fue que habiendo alentado al desarrollo de la “Guerra
Revolucionaria” por parte de su “juventud maravillosa” desde el exilio y
como estrategia para retomar el poder, como Presidente, una vez en él, no
tuvo miramientos en dictar la Directiva Reservada a su Partido (2 de
octubre de 1973) en la que disponía la purga “a como dé lugar” de los
elementos que pretendían imponérsele. Como se ve, todo depende de qué lado
del mostrador se encuentre.
Otro caso
particularmente notable fue el del doctor Ítalo Argentino Luder quien, en
ejercicio de la presidencia por enfermedad de María Estela Martínez,
seleccionó el método antisubversivo más expeditivo y contundente entre los
presentados por el comandante del Ejército a fines de 1975, consistente en
aniquilar a los revolucionarios en dos años, pese a las objeciones y
reservas de su ministro de Justicia Años después, retirado del poder,
expresó ante la justicia que nunca creyó que se iban a utilizar métodos
ilegales y que el aniquilamiento era a la subversión y no a los militantes
subversivos. (Desgraciadamente nunca supo explicar cómo se hacía ese
“aniquilamiento a la subversión” sin aniquilar a los subversivos).
Esa decisión
presidencial de eliminar en un plazo perentorio la subversión terrorista
implicaba para cumplirla la utilización de métodos no convencionales (fuera
de las convenciones) como los que se estaban aplicando en Tucumán, casi un
año antes, que no podía desconocer el Dr Luder.
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