Mentiras de Cambiemos que les harán perder el gobierno

por Eduardo Difonso • 22/03/2018

 

HOY TARIFAZO Y EFECTO EN LA INFLACIÓN

El problema más visible del crecimiento del índice inflacionario es el reajuste o readaptación tarifaria de los servicios públicos básicos como la energía, el gas, el agua potable y sus originarios petróleo y combustibles líquidos que aportan casi 6 puntos a la inflación anual atento a los aumentos semestrales de los servicios como bimensuales de los combustibles.

El gobierno partió de una premisa falsa: la necesidad de un reajuste y actualización tarifaria.

Dicho reajuste ya ha alcanzado a la fecha, en dos años, los 1297% en gas natural, 1.490% en electricidad; 664% en agua potable.

Hablaron del atraso de las tarifas sin explicitar ni calcular su costo efectivo en base a un análisis de la estructura de costos en sus componentes y lo que involucran las tareas de explotación o generación de dichos recursos naturales.

Y lo que es peor, no respetaron ni revisaron los costos testigos que tenían como ejemplo en la empresa estatal YPF que les marcaban una tendencia concreta tanto en petróleo, gas y energía.
Los aumentos se impulsaron desde el Ministerio de Energía quien tampoco pudo responder en la Cámara de Diputados sobre los costos de producción y/o generación de energía, petróleo y gas natural.
Ni siquiera fueron expuestos en las audiencias públicas obligatorias para justificar los aumentos impulsados ya que las concesionarias no expusieron sus costos, como lo obliga la ley, y tampoco plantearon quejas ni reclamaron aumentos en dichas audiencias a las que asistieron sus representantes oficiales.
¿Por qué nadie expone la determinación de los costos de generación, producción, transporte y distribución de gas y energías las correspondientes audiencias públicas?
¿Por qué el gobierno no exige este requisito legal para definir ajustes tarifarios si se trata de empresas que prestan servicios públicos por concesión del Estado?
No se pueden discutir valores de tarifas ni precios sin conocer los costos de generación y/o producción para determinar una renta razonable. Recién entonces se puede determinar el valor del Transporte y el de la Distribución domiciliaria ya que la infraestructura es del Estado, NO DEL GOBIERNO DE TURNO, que no son la misma cosa.
Explicitar dichos costos es una obligación legal del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Energía y Minería, que permite definir el costo argentino de esos servicios, ya que se tratan de recursos naturales no renovables pertenecientes al pueblo de la Nación Argentina.
Permite además controlar la calidad de las prestaciones de esos servicios y su expansión para incorporar más industrias, comercios y residencias a una mejora en la calidad de vida de los argentinos.
¿Por qué se les perdonó una deuda de más de U$S 3.500 millones de dólares a las concesionarias del servicio energético y más de U$S 5.000 millones a las del servicio de gas si ellas no reclamaron aumentos de precios y sus balances publicados oficialmente acusan ganancias millonarias en esos años. Con el agravante de que no realizaron inversiones necesarias para expansión de los servicios e incrementar la producción y generación de dichos recursos a pesar que se los exigen los contratos de Concesión.
A pesar del aumento en los valores y pagos de la producción, generación y explotación a las concesionarias, ¿por qué caen la producción petrolera y gasífera? Pagamos el costo de producción de gas en boca de pozo más caro del mundo comparado con los países limítrofes que no cuentan con esos recursos y tienen que importarlos.
¿Por qué aseguran que se eliminaron los subsidios si se les sigue pagando a las concesionarias un excedente en el precio del petróleo y del gas comparados con el valor de esos recursos en países productores. Peor aún, ¿no exigiendo la presentación de la estructura de costos para producirlo o generarlos en Argentina?
Ejemplo y verificación de lo dicho vemos que de los subsidios correspondientes al año 2017 las gasíferas están reclamando el pago de lo que le adeuda el gobierno, U$S 1.500 millones de dólares (30.000 millones de pesos) en concepto de incentivo para extraer más gas, de Vaca muerta o de nuevos yacimientos, pagando cada millón de BTU (equivalente a 27,3m3 de gas) U$S 7.50 dólares. De este monto, más del 50% le corresponde a YPF (U$S 780millones de DOLARES). Esto demuestra el porqué la empresa estatal tiene problemas económicos-financieros que se los genera el mismo patrón, el Ministerio de Energía y el Presidente Macri.
¿Con qué parámetros miden los valores de las tarifas en Argentina sin cumplir con lo que establecen las leyes, las audiencias públicas obligatorias y los contratos de concesión vigentes?
¿Por qué la producción de petróleo y gas viene cayendo desde el 2016 a la fecha? Donde, según la página oficial del ministerio, consigna una caída del 6% y del 1% en la producción de petróleo y gas respectivamente para los meses de enero y febrero de este año.
Esto demuestra que por más aumentos tarifarios que aplique el gobierno nunca servirán para lograr inversiones que permitan llegar al autoabastecimiento en combustibles, petróleo y Gas anunciado y prometido por este gobierno PRO-radical.
¿Por qué las importaciones de gas y petróleo se han incrementado a partir del 2016 y casualmente las proveen subsidiarias o empresas controladas por Shell? ¿Será porque ha caído la producción de esos recursos a pesar del tarifazo, y porque el ministro Aranguren así lo decide?
¿Por qué Shell incrementó su porción de participación en el mercado en un 13% en detrimento de YPF?
¿Por qué el gobierno PRO-radical decide las ventas accionarias que les pertenecen al Estado, de empresas controladoras de distintas concesiones e infraestructura para la prestación de los servicios básicos sin autorización del Congreso y en algunos casos autorizadas directamente por el Presidente Macri por decretos inconstitucionales.?
Al respecto el radicalismo hizo un planteo a su socio en Cambiemos por la autorización de venta de la mayor transportadora de energía, Transener, y el presidente le contesto con el Decreto N° 882/2017, avalando la Disposición Administrativa 527E-2017, del 28 de diciembre del 2017 del Ministro Aranguren que lo estableció.
Esta semana tomamos conocimiento de la renuncia al cargo de Director de una empresa estatal ENARSA, del Ing. La Peña por no compartir esta decisión y avance del gobierno en esa dirección.

¿FILOSOFÍA LIBERAL?

Me podrán responder a este cuestionario que el pensamiento político de este gobierno y su criterio de administración es el aplicado con una visión liberal de la economía y es lo que los argentinos quieren por eso votaron a Cambiemos.
Lo que no pueden negar que se trata de una política pública nefasta para los usuarios argentinos en general (empresas; industrias, economías regionales, residenciales). Pero dirigida a beneficiar a los sectores más concentrados de la economía nacional como las multinacionales concesionarias de los recursos naturales no renovables de los argentinos.
Tampoco pueden negar que transfieren recursos de los que menos tienen, trabajadores, asalariados, jubilados y pensionados, a los grupos económicos minoritarios que gozan de las prebendas que les otorga el gobierno.
Tampoco responde a un pensamiento liberal de la economía ya que mantienen un monopolio natural en la prestación de dichos servicios, avalados por un gobierno que garantiza rentabilidad y ninguna competencia sobre consumidores y usuarios rehenes que no tienen otra opción de conseguir la misma prestación por parte de otro proveedor.
Tampoco este gobierno garantiza una prestación eficiente y de calidad de dichos servicios públicos y mucho menos las inversiones necesarias para incorporar a más argentinos al uso y disfrute de más servicios.
También hemos visto que este gobierno incumple las leyes en cuanto a las exigencias que deberían practicar los Entes Reguladores en defensa de los Consumidores. Tampoco realiza el seguimiento y cumplimiento de los Contratos de Concesión que regulan las obligaciones de las partes en cuanto a su cumplimiento y no respeta la normativa que regula las Audiencias Públicas como tampoco cumplió con lo ordenado por sentencia de la Corte Suprema sobre la determinación de tarifas justas y equitativas ya que sin exposición de las estructuras de costo de las concesionarias es imposible definir tarifas justas y equitativas que beneficien razonablemente tanto a los proveedores como a los consumidores.
Este gobierno tampoco considera como bienes ESTRATÉGICOS a la energía, el petróleo, el gas, el agua potable si no que los analiza cómo bienes comercializable a precios de mercado cuando no son bienes comparables con otras geográficas de producción.
Por todo lo antes dicho queda demostrado que lo actuado por este gobierno PRO-radical y lo declarado por sus funcionarios conforman un nuevo relato que se diferencia de lo prometido en la campaña electoral por el presidente Macri en cuanto a su incumplimiento y es hasta incoherente con las bases filosóficas de un gobierno liberal las que son desconocidas y no respetadas en la aplicación práctica que ejecuta esta gestión macrista.
Ingeniero Agrimensor Eduardo Difonso
Especialista en Políticas Públicas
Universidad Nacional de Cuyo