El
tembladeral que suscitaron los tres decretos que firmó el Gobierno que
se suspenden por seis meses la baja en la alícuota de retenciones para
aceites y harinas, la eliminación de los reintegros a las exportaciones y hace desaparecer el Fondo sojero, generó un tembladeral en el sector agro industrial.
El
temblor comenzó cuando el Ministerio de Hacienda informó el martes 14
que se habían firmado los instrumentos mediante los cuales se generará
un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta
de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019.
Por su parte, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, esa misma mañana le dijo a la agencia Noticias Argentinas que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo había llamado a las 7 de la mañana para comunicarle la noticia y que no lo tomara desprevenido.
"De
todos modos se trató de una medida inconsulta. Dejó de lado a los
actores. El Gobierno había confirmado que no tocaría las retenciones y
la eliminación de los reintegros a las exportaciones nos afecta
profundamente a las economías regionales, es el 66%, una cifra muy alta", sostuvo el dirigente a esta columna.
El Observatorio Vitivinícola Argentino
que sostienen las principales corporaciones del sector que agrupan
cooperativas y productores vitícolas había hecho un estudio que arrojó
que justamente los reintegros en el vino eran menores a los impuestos
que abonan.
Como ejemplo, en el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado
(de 6% sobre el valor FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos
contenidos en el valor promedio FOB es de 8%, es decir un 2% mayor al
reintegro que se recibía y ahora percibirán 66% menos.
Por el lado de las retenciones a los subproductos de la soja, la harina y el aceite
y eliminar a partir de marzo el diferencial arancelario de tres puntos
porcentuales entre el poroto y los derivados motivó una declaración de
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
"Esta
medida fiscal causa gran preocupación por los gravísimos efectos que su
implementación provocará en la cadena de comercialización de la
oleaginosa al no contemplarse aspectos básicos del proceso de ventas al
exterior de granos y productos agroindustriales, como los aceites y
harinas proteicas, que representan, aproximadamente, un tercio del total
de las exportaciones argentinas", señalaron desde la BCR en un
comunicado titulado "Dos veces contra la misma piedra".
La única promesa que cumplió la administración Macri fue la de no suspender la baja a las alícuotas a la soja
que se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para
el poroto al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre
de 2019.
En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.
"Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019", justificó el Ministerio de Hacienda en un mensaje oficial.
La necesidad de cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal hicieron que el Gobierno avanzara sobre el sector privado.
Pero
ocurre que el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales en
favor de la exportación de productos derivados, se explica en buena
medida por el escalonamiento arancelario que aplican los países
importadores de soja y derivados, en favor de su industria nacional.
Por ejemplo, China aplica un arancel de importación de un 5,5% más alto para el ingreso de subproductos que de poroto.
La Bolsa de Comercio de Rosario espera que se trate de una medida transitoria, de carácter fiscal.
"Una vez cumplido el plazo establecido para su aplicación, consideramos conveniente retomar el esquema diferencial para evitar mayores consecuencias en la agroindustria", dijo, lo que apoyan los aceiteros.
Con relación a los reintegros de la exportación, la reducción del 66% del monto total es de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.
Los
reintegros a la exportación justifican su existencia en la vigencia de
impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y
que no tienen una devolución al exportarse, expresó el ámbito oficial.
La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, "generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos", es la posición del Gobierno.
Sin embargo, las economías regionales necesitan de ese reintegro
porque si bien el proceso exportador en la Argentina es un boom, los
que estuvieron sin vender afuera deben armar nuevos mercados y eso
requiere tiempo y de un apoyo estatal.
Según
indicaron, el ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y Provincias)
de esta medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones, en
2019.
Más
discutible es la eliminación del Fondo a través del cual se transfería a
Provincias y Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de
exportación a la soja.
El
FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias sólo recibían la
cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Ahora ya no es así.
La
cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura
vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para
transportar el grano y las obras para atender las inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales del país.
Y ahora ¿quién presionará a los gobiernos provinciales y municipios para que restauren, que bien pueden aducir que no poseen recursos?
