La Iglesia y las ONG
El Estado asigna 50 veces más fondos al subsidio arbitrario de
ignotas ONG que al sostenimiento constitucional del culto católico
Cada dos por tres salta algún pícaro, generalmente malintencionado,
a reclamar con grandes visajes y aspavientos por lo que el Estado gasta
en sostener el culto católico, y un rebaño de indignados papanatas le
hace coro. ¿Qué pasaría si se enteraran de que, según el presupuesto
nacional para el presente ejercicio, el Estado nacional contribuye con
170 millones de pesos al mantenimiento de la Iglesia Católica, al tiempo
que destina una cifra casi 50 veces mayor, 7.531 millones, para
financiar a una miríada de ignotas Organizaciones No Gubernamentales
(ONG)? Tal vez esos incautos empezarían a ponerse serios si se enteraran
además de que los aportes del Estado a la Iglesia están ordenados por
la Constitución Nacional y regulados por la ley 22.950, mientras que las
contribuciones estatales a las ONG son absolutamente voluntarias,
discrecionales, sin norma que las regule ni autoridad que las
jerarquice. Y esos mentecatos que se dejan embaucar por charlatanes de
feria empezarían a alarmarse al saber que, mientras los fondos asignados
a la Iglesia Católica tienen destinos específicos (pago de sueldos,
mantenimiento de edificios, etc.), se ignora en muchos casos la razón
del subsidio estatal a tal o cual ONG, la utilidad social de su
actividad e incluso su misma identidad. “La Argentina lidera el ranking
en materia de asociacionismo civil; es mayor a los de todas las
democracias europeas juntas.
¿Quiénes conforman estas organizaciones?
¿Cómo se financian y de qué manera las controlamos? Cada organismo
público tiene criterios distintos de asignación a los programas y de
control”, planteó a comienzos de año en el recinto la diputada
(Evolución Radical) Carla Carrizo. El jefe de gabinete le respondió con
un escrito en el que admitió que había mucha dispersión en esos
programas. “Los requisitos que deben cumplir las ONG para acceder a
recursos públicos (así como la modalidad de rendición de gastos) varían
en función del organismo financiador, del tipo de proyecto del que se
trate y las actividades a desarrollar por estas asociaciones”, dijo
Marcos Peña. Según una nota de Laura Serra publicada en mayo en La Nación,
los mayores donantes de subsidios a las ONG son el Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, Secretaría
Nacional de Adolescencia y Familia, Jefatura de Gabinete, Ministerio del
Interior, Ministerio de Cultura y ANSES. Entre los grandes receptores
figuran el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que no se sabe bien para qué sirve,
la Fundación CONIN del doctor Abel Albino, que realiza y promueve
accciones públicas para combatir la desnutrición infantil, la Fundación
Exportar, asociaciones de bomberos, clubes de barrios, e innumerables
entidades de distinta naturaleza que no aparecen en los informes. En
muchos casos, los ministerios tercerizan en ellas actividades que
deberían realizar con su propio personal y recursos. Entre las ONGs
receptoras de subsidios debe haber seguramente algunas de las que
operaron en contra de los intereses y las convicciones nacionales
durante el reciente debate sobre la legalización del aborto con subsidio
estatal (cosa que no pareció preocuparle a la puntillosa diputada
Carrizo). Para retomar el punto de vista confesional con el que comenzó
esta nota debe decirse que los judíos, que según cifras del Conicet del
2008 representan con suerte el 1% de la población, no tienen motivos de
queja: la citada nota de La Nación consigna que en 2017
recibieron del Ministerio de Seguridad, a través de sus entidades
comunitarias AMIA y DAIA, un total de 6.280.000 pesos. Según esa misma
proporción, la Iglesia Católica, que representa al 76,5% de los
argentinos, debió haberse hecho acreedora ese año a 480 millones de
pesos, el triple de los 160 que le asignó la ley.
–Santiago González
