sábado, 4 de abril de 2020

CAPITULO 16-EL PROFUGO

CAPITULO 16
EL PROFUGO


López Rega partió en fuga hacia la nada, con la cobertura armada de seis de sus cus- todios y aferrándose al tubo negro que contenía el diploma que lo acreditaba como embajador extraordinario y plenipotenciario. Decidió hacer escala en el Brasil y encontrarse con Claudio Ferreira. La profunda amistad que lo unía con su hermano umbanda desde hacía casi veinticinco años, una amistad sellada a fuego a través de confesiones íntimas, búsquedas energéticas y retiros espirituales, a ojos de los otros parecía uno más de los aspectos misteriosos y exóticos (quizá también siniestros) de la personalidad del ex ministro. López y Ferreira estuvieron dos días juntos, encerrados en el departamento 604 de avenida Atlántica 1186 de Río de Janeiro. Revivieron sus conversaciones nocturnas con los rosacruces de Uruguayana en los años cincuenta, recordaron la noche en que Ferreira, sin desprenderse de su pipa, le enseñó a bailar samba a Isabel en Puerta de Hierro bajo la mirada risueña de Perón, al que Ferreira se daba el lujo de tratar de "che" mientras el General, que le retribuía la confianza, lo llamaba "indio". Los dos, Ferreira y López, vislumbraron que el sueño del retiro definitivo en la fina arena de Sombrío, donde pensaban montar un complejo turístico, se desvanecía. 


No hacía falta ponerlo en palabras: perderían para siempre la paz de esas playas. Los buenos tiempos habían terminado. Pero López Rega, tratando de que la hermandad que los unía no terminara, le pidió que lo acompañara a Europa con su pareja y su pequeño hijo, del cual él era el padrino. El dinero acumulado, dijo, les alcanzaría para vivir cómodos por bastante tiempo. Ferreira rehusó la oferta: no encontraba razones para escapar. Tenía intenciones de recuperar su nacionalidad brasileña, para impedir que la justicia argentina pudiera extraditarlo. En cuanto a sus bienes, Armonía, la hacienda de una veintena de hectáreas que había comprado en Mato Grosso, estaba a nombre de su pareja. En todo caso, le costaría recuperar los 56.000 dólares depositados en el Banco de la Nación Argentina, dinero que en verdad ya daba por perdido. 
Cada argumento con el que explicaba su negativa era parte de la despedida, y cada vez que decía que no, Eloá Copetti Vianna, su mujer, se enorgullecía más de él: Ferreira no era un criminal, no tenía por qué escapar de su casa y someter a su familia a los peligros de una fuga dorada. En cambio, a López, Eloá lo miraba con tristeza: después de tantos años de sacrificio, después de tanto empeñarse en las prácticas mágicas para hacer retornar al General y salvar la Argentina, ahora tenía que largar todo e irse. Solo. Eloá lo miraba y pensaba: "Todos los muertos no le sirvieron de nada. Toda la atrocidad fue inútil, no había ninguna justificación. Muertos por nada". 
Procedente del Brasil, en vuelo de Varig, López Rega descendió en Madrid el 22 de julio de 1975. Los pasajeros miraban asombrados el tamaño de las armas con que bajaron sus seis custodios, que para su traslado contaban con el beneplácito de las autoridades aero-náuticas locales. Ese mismo día, el ex ministro se instaló en Puerta de Hierro, y se ocupó de hacer tapiar con chapas de acero la entrada de la residencia, las pintó de verde y colocó una triple tira de alambre de púas; todo con el propósito de impedir que alguien lo espiara. 
Estaba seguro de que más temprano que tarde el país volvería a convocarlo. Isabel no podría gobernar sin él. Los militares y sindicalistas se habían equivocado: la Argentina lo necesitaba. 
Recién instalados en el lugar, sus seis guardaespaldas caminaban como hienas apre- sadas por el parque donde el General había imaginado su retorno triunfal a la Argentina; López Rega se sentía a buen resguardo, no sólo por la protección que le brindaban sus hom- bres, sino por la que le brindaba el Estado español, que apenas un año antes lo había distinguido con el "Collar de la Orden de Isabel la Católica". 
En abril de 1979, cuando López Rega cargaba con una prisión preventiva por ser coautor penalmente responsable prima facie de los delitos de peculado, el juez Martín Anzoátegui trabó embargo a sus dos inmuebles en el Brasil: un terreno de 188,50 metros de frente por 193 metros de fondo en Casqueiro da Praia Grande, municipio de Sao Francisco Do Sul, estado de Santa Catarina, y el terreno de Aguas Claras, municipio de Sombrío, Santa Catarina. Sin embargo, esta última propiedad fue reintegrada a su legítimo propietario, un agricultor: López Rega y Ferreira habían comprado la playa a vendedores que libraron títulos falsos. En octubre de 1975, Ferreira recuperó su nacionalidad brasileña. En agosto de1976 el gobierno argentino lo acusó de manejo ilegal de fondos de la agencia oficial de noticias Télam, de la cual había sido director en Río de Janeiro, por 150.000 dólares. Ferreira fue detenido por Interpol y liberado a los seis días. La justicia brasileña denegó su extradición, pero a partir de entonces sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y perdió sus propiedades, incluida la hacienda. En 1984, a los 52 años, murió pobre, en Cruz Alta, Brasil, y dejó cuatro hijos de dos matrimonios. En la actualidad, su segunda esposa, Eloá Copetti Vianna, vive con dos de sus hijos (Claudinho, ahijado de López Rega, y Daniela) en una casa alquilada del estado de Mato Grosso, y trabaja de costurera. 
Los custodios que lo acompañaron a Europa fueron Miguel Ángel Rovira, Rodolfo Eduardo Almirón, Oscar Miguel Aguirre, Pablo César Meza, Héctor Montes y Jorge Daniel Ortiz. A pocos días de la llegada a Madrid, la prensa dio cuenta de los antecedentes policiales de Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Edwin Farquharson, que habían sido convocados por López Rega al inicio de su gestión en el ministerio. A estos tres últimos los acusaban de haber organizado un grupo delictivo que trabajaba en connivencia con la banda de "El Loco" Miguel Prieto, especializada en robos, extorsiones y secuestros. Según indicaba el prontuario, Farquharson fue detenido en el momento de extorsionar a un comerciante, y se le inició un proceso judicial. A partir de entonces, y en el curso de dos meses, aparecieron asesinados seis integrantes de la banda de Prieto; todos ellos debían declarar en el juicio. El mismo Prieto moriría en 1965, a consecuencia de un extraño suicidio: prendiéndose fuego en la cárcel de Villa Devoto. Farquharson sería absuelto en 1966. Un año antes, Juan Ramón Morales, su yerno Rodolfo Almirón y el suboficial Edwin Duncan Farquharson habían sido detenidos por violación de deberes de funcionario público. Véase La Opinión del 31 de julio de 1975, diario Excelsior, México, del 13 de julio de 1975, y Cambio 16, del 4 de abril de 1983. 
Durante esos meses de ansiedad e incertidumbre, el ángel protector de López Rega fue Antonio Cortina, hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Franco, Pedro Cortina Mauri, que luego sería asesinado por la ETA. Además de abogado, Antonio Cortina era un hombre bien considerado dentro del Seced (Servicio Central de Documentación), el organismo de inteligencia que concentraba el espionaje interno del Estado a estudiantes, obreros y políticos. La amistad de Antonio Cortina con López Rega, nacida en los tiempos en los que el mayordomo estaba convirtiéndose en secretario privado de Perón, se había fortalecido con el paso de los años: en 1973, López Rega lo había invitado por un mes a la Argentina y le ofreció la cartera de Turismo. El español fue felicitado por el informe que reportó a sus superiores. Por eso, hacia 1975, cuando el ex ministro necesitó de su ayuda, Antonio Cortina no esquivó el compromiso. Tenía todo a su disposición. El Seced, donde también trabajaba su hermano, el coronel José Luis Cortina, funcionaba además como centro de formación de cuadros políticos del franquismo; de allí, entre otros, había surgido Manuel Fraga Iribarne, que en 1975 ya era ministro de la Gobernación de Franco. 
Los hermanos Cortina eran sus asesores. Y no sólo eso, Antonio Cortina había escrito el borrador del discurso de coronación del rey Juan Carlos I de Borbón, cuando murió Franco, lo que ponía en evidencia la cercanía de los hermanos con la Corona. Además, en la esfera privada, Antonio Cortina era propietario de una empresa de "protección" a empresas y personalidades denominada Asesoramiento, Seguridad y Protección SA (Aseprosa). De modo que, respaldado por el Estado español a través de los Cortina, López Rega podía sentirse más protegido que en su propia casa. 
Quien estaba en problemas era Isabel. Se sentía más sola que nunca y cada decisión que tomaba la acercaba a la cárcel. El 27 de agosto de 1975 designó a Jorge Rafael Videla como comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto, en reemplazo del general Numa Laplane. Isabel ya había decidido designar al general Alberto Cáceres, pero a último momento, por un consejo que le hizo llegar el mismo López Rega, y por influjo de la opinión de Massera, se inclinó por Videla, que hasta ese momento estaba en situación de disponibilidad y a punto de ser pasado a retiro. 
El Seced fue creado por el almirante Luis Carrero Blanco en 1972, poco antes de que el generalísimo Franco, ya octogenario, le delegara el gobierno. El 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco fue muerto luego de salir de misa, en un atentado que reivindicó la ETA. La onda expansiva de la bomba lanzó a su Dodge Dart hasta la azotea de un edificio de seis pisos de los jesuitas, y luego lo estrelló en su patio interior. A partir de entonces, cuando sus oficiales hacían referencia a Carrero Blanco, lo mencionaban como "el presidente de los cielos". 
Por otra parte, ya había estallado el escándalo de la Cruzada de la Solidaridad Justicia- lista. La fundación había sido creada por López Rega a fines de1973 con el propósito aparente de ayudar a los sectores sociales desprotegidos. El patrimonio inicial había sido constituido por Isabel Perón en primera instancia, pero luego se acrecentó con donaciones de los empresarios, que competían entre sí con sus aportes para obtener la gracia del nuevo gobierno peronista. Por su parte, para abultar las arcas de la fundación civil, el Ministerio de Bienestar Social le transfirió las ganancias de los juegos de Lotería y habilitó para esos fines la cuenta 090 de la entidad. Sin embargo, el traspaso no fue tan lineal como se suponía: en el curso de1975 la Lotería había recaudado 234 millones y Bienestar Social sólo entregó 19 millones a la Cruzada. A su vez, los cheques de la cuenta 090 de la Fundación se libraban para distintas compras sin ningún tipo de control. Pero la que hizo encender la mecha de la investigación fue la propia Isabel, que cometió el error, o tuvo la picardía, de utilizar los fondos públicos de esa cuenta para saldar una deuda personal. La presidenta debía pagarles a las hermanas de Evita, Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez y Erminia Duarte de Bertolini, el dinero que había determinado la Justicia al reconocerlas como sus herederas, en desmedro del mismo Perón. 
Tras la partida de López Rega, la línea golpista del Ejército, liderada por Videla y Viola, rechazó la designación del coronel en actividad Vicente Damasco como ministro de Interior. Damasco promovía una respuesta legalista a la crisis de poder en el gobierno. La línea golpista se insubordinó y desconoció la autoridad del comandante general del Ejército Numa Laplane. Dado que su conducción se había desgastado, Isabel decidió reemplazarlo por Alberto Cáceres, comandante del I Cuerpo. Esa misma noche, el 26 de agosto de 1975, reunidos en la Sala de Acuerdos de la residencia de Olivos, el almirante Massera, en nombre de los sublevados, hizo saber al gabinete de ministros que si asumía Cáceres "iba a haber guerra". Cáceres respondió: "la habrá". Entonces Massera propuso que votaran los generales para decidir quién debía ser el nuevo comandante. Cáceres respondió: "que voten todos". Luego, vestido de uniforme, se dispuso a esperar la designación oficial de la presidencia, en la planta baja de la residencia. En ese momento, subió al dormitorio de la presidenta Aníbal De Marco (ex titular de Lotería Nacional y perteneciente al círculo político de López Rega). Pocos minutos más tarde, la presidenta informó que el comandante designado sería el teniente Jorge Rafael Videla. Lo comunicó Vicente Damasco, apenas bajó las escaleras del primer piso, blanco como un papel. Sobre la intervención de Aníbal De Marco, las dos versiones del ámbito militar recogidas por el autor se contraponen: una indica que De Marco, valiéndose del consejo de López Rega y Massera, habría influido para que la presidenta desistiera de nombrar a Cáceres y designara a Videla. La otra versión indica que Cáceres dejó su nombramiento en suspenso porque "había un general destinado en el exterior con mayor antigüedad que la suya", y De Marco, para dar un corte a la situación, hizo que Isabel designara a Videla, que expresaba la línea opuesta a la de Cáceres. Lo cierto es que esa noche se fortaleció la línea golpista en las Fuerzas Armadas. Fue el preludio de la conspiración que quebró el orden constitucional en1976. Para esa época, el golpe estaba visto por los Estados Unidos como una solución favorable a sus intereses. Un cable de la embajada, fechado el 10 de septiembre de 1975, indica: "El desenlace de la reciente crisis militar señala claramente que el poder real no reside más en la presidenta. Hay un vacío de poder y no es ella (Isabel) quien lo llena. Puede sucederla un nuevo gobierno encabezado por (el senador, ítalo) Luder o alguien como él, pero la señora de Perón no es más el centro de la ecuación. Otros deben tratar de llenar el vacío y cambiar el rumbo de la economía, asumir el poder con un terrorismo violento y muchísimos otros problemas. Una solución civil/constitucional no debe ser descartada. El país está pronto a colapsar como para ser salvado por un gobierno débil o un parche, aunque éste sea constitucional. Es inevitable que las Fuerzas Armadas tomen el poder, ya sea directa o indirectamente porque son el único sector fuerte (el otro sería el laboral, pero está fragmentado y con pobre dirección). Los militares que probablemente tomarían el poder son conservadores moderados y razonablemente inclinados a Estados Unidos". Véase cable desclasificado Refs: a) BA-5781 y b) BA-5960. 
El General, antes de morir, le había detallado cómo debía devolver ese dinero. El 50 por ciento de lo que se le reintegró, en virtud de la ley 20.530, en concepto de indemnización por el despojo de sus bienes muebles; más el 25 por ciento de lo que él percibiera como resarcimiento dela incautación de los bienes muebles del matrimonio Perón-Duarte y los muebles, que le fueron concedidos a través de donaciones; más la mitad del valor de un inmueble situado en la provincia de Córdoba y, por último, la mitad del valor de la finca ubicada en San Vicente, provincia de Buenos Aires. El problema fue que, pese a la decisión de Perón de dejar todo ordenado antes de partir, y no obstante la confianza que depositaba en Isabel (precisamente porque ella era "más desconfiada que siete tuertos"), omitió explicarle lo fundamental: que no debía usar un cheque de la Fundación de la Cruzada de la Solidaridad, que era una entidad de bien público, para cumplir con una obligación personal. 
Su salud también se había complicado. El descontrol político de los últimos meses le había destemplado el sistema nervioso. Isabel designaba ministros en forma vertiginosa, asesorada por el líder sindical Lorenzo Miguel, quien intentaba cubrir con sus hombres el vacío de poder que había dejado el lopezrreguismo. La ortodoxia sindical había colocado a dos de los suyos en el gabinete: Antonio Cafiero en el Ministerio de Economía y Carlos Ruckauf en el de Trabajo. 
Isabel vivía cada día sumida en una profunda depresión. No podía completar una reunión sin antes retirarse a tomar un té en busca de un bálsamo. A veces se encerraba uno o dos días en una suite del hotel Claridge para escapar del torbellino que implicaba la gestión de gobierno, y buscaba protección en la misa de los domingos que oficiaba el padre Ponzio en la residencia presidencial, o en la compañía de las esposas de los comandantes militares Videla, Massera y Fautario, a quienes les regalaba joyas como atención. Pero también su pasado le tiraba del brazo, y quería escapar: en una oportunidad, cuando pasó por el Colegio Granaderos de San Martín, de la calle Olleros, la directora y el plantel de las maestras salieron a recibirla emocionadas por ser "la primera alumna del colegio que llegaba a presidenta" y la invitaron a visitar su aula y su pupitre, que habían preparado para ese evento, pero Isabel dijo que no, y se marchó. Ya había roto con ese pasado El 23 de julio de 1975, Isabel Perón firmó el cheque N° 511.964 por 31.516.551 de pesos de la cuenta de la Cruzada de la Solidaridad para ser depositado a la orden del Juzgado en lo Civil N° 11, Secretaría N° 22. Días más tarde intentó subsanar el error, y le pidió al Banco Nación que no acreditara el cheque, pero la acción judicial ya no tendría retorno. De allí a investigar las irregularidades de la Cruzada de la Solidaridad había sólo un paso. Luego la Justicia investigaría otros cheques que fueron librados a través de la cuenta 44.219/66 del Banco de la Nación Argentina, que pertenecía a la fundación, para gastos que no expresaban cabalmente los fines de su constitución: un pago de once millones de pesos a IBM World Trade Corporation por tarjetas para quiniela, por una compra efectuada en forma directa; gastos de propaganda por la fórmula Perón-Perón para la campaña electoral; medio millón de pesos para las obras de la cripta mortuoria de la residencia presidencial; gastos publicitarios para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Perón; pagos por subsidios a la CGT; adquisiciones varias para la residencia de Olivos: compra de equipos transmisores de seguridad, adquisición de un colgante de cristal checoslovaco para un escritorio del primer piso y herrajes bañados en oro de 24 kilates, entre otros bienes. 
El 13 de septiembre la presidenta pidió una tregua: dejó al senador Ítalo Luder en la Presidencia y se retiró a descansar a las sierras de Córdoba, acompañada de las esposas de los tres comandantes. Los gestos de aproximación de los militares al poder eran cada vez más manifiestos. En su ausencia, el gabinete extendería la autorización a las Fuerzas Armadas para "aniquilar la subversión", en todo el territorio del país, que, a pesar del estruendo que provocaban las fracasadas operaciones organizadas desde la conducción montonera, no tenía la estructura militar ni el poder de fuego suficientes para poner en riesgo la institucionalidad. 
Hacia mediados de octubre de 1975, Isabel ya estaba decidida a renunciar. El ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, había viajado a Ascochinga y la había persuadido de que era la mejor manera de descomprimir la tensión de su gobierno, pero a su regreso a Buenos Aires los sindicalistas Casildo Herreras y Lorenzo Miguel y el médico Pedro Eladio Vázquez la presionaron para que reasumiera la Presidencia. Sin su presencia, ellos se quedaban afuera del esquema de gobierno. El 16 de octubre, Isabel reanudó sus funciones y lideró los actos del Día de la Lealtad con un aguerrido discurso desde el balcón de la Casa Rosada, en el que prometió combatir a "la guerrilla y la inmoralidad". 
Por la firma de los decretos 2072/1/2 por parte de su gabinete, en enero de 2007, el juez federal de Mendoza Héctor Acosta ordenaría a Interpol un pedido de captura y detención contra María Estela Martínez de Perón por la desaparición de Héctor Faggeti Gallego, en febrero de 1976. El juez intenta establecer qué responsabilidad tuvo su gobierno en los secuestros y desapariciones forzadas, contabilizados en casi un millar de casos. (Véase nota 10 de este capítulo.) La imputación surge por la firma de los decretos 2261/2270/2271 y 2272 por parte del Poder Ejecutivo, promulgados durante su gobierno, que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de la subversión". En la misma causa también están imputados ex funcionarios de gobierno de Isabel Perón, los justicialistas Ítalo Luder, que no puede declarar por padecer una enfermedad mental degenerativa; el ex ministro de Economía Antonio Cafiero, que obtuvo una eximición de prisión bajo fianza, y el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, que está amparado por fueros legislativos. En el juicio a las juntas militares de 1985, la Cámara Federal había resuelto que los decretos del gobierno constitucional no autorizaban a las Fuerzas Armadas a realizar acciones de represión ilegal contra la guerrilla. Por otra parte, el ex ministro Ruckauf está denunciado en la causa número 17.735/02 "NN s/asociación ilícita" como presunto responsable dela detención ilegal, la privación ilegítima de la libertad y la desaparición de quince trabajadores de la fábrica Mercedes Benz. Las desapariciones fueron asociadas a conflictos laborales y gremiales que se iniciaron en la empresa en 1975. Uno de los elementos que comprometen a Ruckauf y al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) José Rodríguez sería una carta del 19 de mayo de 1976, firmada por Hans Martin Schleyer, entonces titular de la casa matriz de Mercedes Benz en Stuttgart, Alemania. En el texto explicaría la determinación de despedir a 115 trabajadores en octubre de 1975: "Los despidos mencionados eran pedido urgente del entonces ministro de Trabajo y de la dirección de Smata que ha pedido más despidos todavía. La actuación de la dirección dela empresa Mercedes Benz Argentina aclara que quería apoyar el esfuerzo del ministro de Trabajo y Smata de eliminar elementos 
subversivos en las fábricas". Sin embargo, hasta febrero de 2007, el fiscal Federico Delgado, si bien dio por probado la vinculación de las desapariciones con las actividades gremiales de los obreros, no había podido encontrar la carta archivada en Alemania, pese a los pedidos que formuló. Véase Crónica del 17 de julio de 1976. Por su parte, el diario Pueblo de Madrid alertó de esta operación antes de que el médico viajara a Buenos Aires. Para desapariciones en Mercedes Benz véase Gaby Webel, La conexión alemana, Buenos Aires, Edhasa, 2005 
Abajo, la multitud gremial agitó las banderas: "Si la tocan a Isabel habrá guerra sin cuartel". En esa época, López Rega ya había puesto en marcha su propio Operativo Retorno. Como en los tiempos del General, la prensa especulaba con que el ex ministro haría una escala táctica en el Uruguay o el Brasil, donde se reuniría con la presidenta, como parte de su regreso al gobierno. Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pedro Arrighi, aprovechando el viaje oficial por las exequias del Generalísimo Franco y la coronación del rey Juan Carlos I, lo visitó en Puerta de Hierro junto a "La Cuca" Nélida De Marco, esposa del nuevo ministro de Bienestar Social, Aníbal De Marco, e íntima amiga de Isabel Perón. 
Aunque la versión parecía carecer de razonabilidad, lo cierto es que López Rega instru- mentó los pasos previos a su desembarco cuando sacó del refugio madrileño a Vanni y a Villone y los reenvió a Buenos Aires para formalizar los preparativos de un pacto político con Massera. Fue en noviembre de 1975. Pero apenas se reunieron con el almirante, Vanni y Villone tomaron conciencia de que se habían metido en la boca del lobo, y que desde ese lugar no había posibilidades de acordar nada. Advertida esta situación, volvieron a decir "rajemos" y abordaron un avión que los alejaría por muchos años de la Argentina, para escapar de la acción de la Justicia que pronto arremetería sobre ellos. 
Una madrugada, a poco de reasumir, la presidenta debió internarse por una dolencia renal en el sanatorio La Compañía de María. El bloque de diputados isabelinos intentaba diferenciarla de las acusaciones de corrupción que lanzaba la comisión parlamentaria cons- tituida para investigar el destino de los fondos. Isabel pudo respirar tranquila por un tiempo: en noviembre de 1975, la Justicia aceptó que su rápido intento de reparar el "error" cometido al utilizar una cuenta pública para librar el cheque a favor de las herederas de Evita permitía establecer que su acción había estado exenta de dolo y culpabilidad. 
La verticalidad del Movimiento, sin embargo, se despedazaba día tras día. La mayoría de los dirigentes del oficialismo y la oposición estaban más atentos a las opiniones y los movimientos de las Fuerzas Armadas que a la búsqueda de un pacto político que garantizara e lorden constitucional. La internación de Isabel obligó a Florez Tascón a viajar de urgencia a Buenos Aires con el objetivo de recabar datos reales sobre su salud. Y si bien en esa oportunidad al honorable médico español le fue conferida la Orden del Libertador General San Martín por parte del gobierno argentino (decreto 3316), su buen nombre se vio manchado cuando se denunció que el verdadero motivo de su travesía había sido retirar cuatro maletas repletas de dinero para llevarlas a Madrid. Cada gasto de su viaje sería escrutado hasta el mínimo detalle por la Justicia (incluso los nueve dólares de la tasa aeroportuaria), porque había sido solventado con fondos reservados del Estado argentino. 
Hacia fines de 1975, la caída política de López Rega se había vuelto irreversible y su situación legal entró en franco deterioro. No hizo caso al pedido de informes del diputado radical Ricardo Natale, que solicitó aclaraciones al Poder Ejecutivo por el alcance y la duración de su misión diplomática y también por las "cuentas impagas" que fue dejando a su paso por el Brasil y España. Lo tomó como una boutade, una muestra de valentía a destiempo, ahora que estaba lejos del país; una provocación que, sin embargo, le hizo perder su rango de embajador plenipotenciario por decisión de la propia Isabel. 
Por su parte, el nacionalista Jorge Cesarski intentó ponerle un escollo judicial cuando denunció a su custodia ante la justicia española por "portación de armas" y a López por "usurpación" de la residencia de Puerta de Hierro. Pero el ex ministro empezó a desespe- rarse cuando el juez Alfredo Nocetti Fassolino le pidió que se presentara a declarar en Buenos Aires por la causa de irregularidades de la Cruzada de la Solidaridad. Las investigaciones probaban que no existían muchos de los proveedores anotados para las compras. En ese marco, se comenzó a indagar sobre la naturaleza del incendio de septiem- bre de 1975 del edificio de Salguero 3457, la vieja sede de Suministros Gráficos, en el que se habían carbonizado las mercaderías del depósito y las facturas de compra. ¿La causa del siniestro? Se había caído un calentador. Atenta a este contratiempo judicial, Norma López Rega viajó de urgencia a Madrid y consiguió que Florez Tascón le escribiera un certificado (que luego ella presentaría ante la Justicia) ratificando que su padre padecía una "diabetes mellitus tipo maturity onset con hiperglucemia y dislipemia tipo IV e hipertrigliceridemia hígado graso diabético con aumento de LDH5",e informando que en estos últimos días se había descompensado y requería una atención higiénica, dietética y medicamentosa que le impedía cualquier tipo de desplazamiento o viaje. 
López Rega sufrió una sorpresa desagradable cuando fue a despedir a suhija al aeropuerto, a su regreso a Buenos Aires. De entre la multitud de pasajeros emergió la figura de Guillermo Patricio Kelly, que empezó a gritarle: -¡Delincuente, dejá de esconderte, andá y da la cara a la justicia argentina! Antes de ser arrastrado por sus custodios fuera del aeropuerto, el ex ministro respondió: 
-Viniste a matarme. Todos los militares me quieren matar. Voy a volver y no voy a tener piedad. Y vos vas a ser el primero. No se va a salvar nadie. La sinarquía me las va a pagar. 
Kelly había viajado para activar un escándalo por la presencia de López Rega en España, pero pocos días después, inesperadamente, terminó anunciando su muerte. En su condición de sinuoso intrigante de la vida política que reportaba informaciones tanto a los medios como a los servicios secretos, Kelly dio crédito a un extraño dato que le proveyó "un altísimo personaje del gobierno español", que no sería otro que Antonio Cortina, quien le aseguró que López Rega había muerto de un síncope cardíaco en las oficinas de la Dirección General de la Policía, que funcionaba en la Puerta del Sol. 
La información que transmitió Kelly se publicó y fue tomada con sorpresa y cierta incre- dulidad por los diarios de la Argentina y de España. Cuando López Rega leyó la noticia de su muerte ya estaba recluido en el edificio La Torre de Madrid, de la calle Princesa 3. Puerta de Hierro había dejado de ser un refugio seguro. Ya estaba procesado por malversación de caudales públicos por la causa de la fundación cuando decidió no presentarse a la Justicia, pese al pedido que le había realizado en público la propia Isabel. 
Hacia fines de 1975, el ex ministro se había convertido en prófugo. Sumado a eso, ya había estallado la causa de la Triple A, por la denuncia que iniciara el abogado Radrizzani Goñi, quien luego de presentarla en Tribunales se refugió en un campo por temor a un atentado. Las actuaciones estaban atascadas en el despacho del juez. El general Videla, como jefe del Ejército, había prohibido al general Anaya y al teniente Segura informar sobre la carpeta de la Triple A que involucraba a los militares, mientras que el juez recogía testimonios de testigos de los crímenes del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña. Hasta que surgió una voz que aseguró que los atentados habían sido concebidos y realizados desde el Ministerio de Bienestar Social. Era la de Salvador Horacio Paino, un ex teniente del Ejército, con antecedentes penales, que había sido convocado, según dijo, para sumarse al aparato de represión ilegal que se estaba gestando desde el ministerio público. Paino dio detalles sobre modalidades de compras de armamento por contrabando, aportó los nombres de los jefes y delos miembros de cada una de las brigadas operativas, y también dijo haber recibido órdenes de López Rega para ejecutar a distintos blancos, entre ellos Ortega Peña, el abogado Tomás Hernández y el coronel Vicente Damasco. Pero, aseguró Paino, como se había negado a participar de esas ejecuciones, lo hicieron renunciar al ministerio bajo amenazas de muerte y de allí lo llevaron directo a la policía, denunciado por haber fraguado una orden de compra para agenciarse de dineros públicos. 
Aunque Paino afirmó no haber matado a nadie, parecía haber visto a la Triple A bien de cerca, y colocaba en el esquema operativo de la organización, bajo la jefatura de López Rega, a Julio Yessi, Felipe Romeo, Juan Ramón Morales, Carlos Villone, Rodolfo Roballos y, como enlace, a Jorge Conti, quien lo había convocado a sumarse al ministerio. Además de la declaración a la Justicia, Paino expuso ante la comisión legislativa que investigaba la Cruzada de la Solidaridad. Pero los funcionarios del ministerio que habían resultado acusa-dos se preocuparon por refutar cada parte de su testimonio. 
Pero si Paino sólo circunscribía el accionar de la Triple A a las acciones emanadas desde el Ministerio de Bienestar Social, un aerograma de la embajada norteamericana de diciem-bre de 1975, enviado a Washington bajo el título de "Terrorismo de derecha desde López Rega", daba cuenta de una perspectiva más amplia en la conformación de la banda criminal. El ex ministro de Bienestar Social José López Rega estuvo muy sospechado de controlar y proteger el ala derecha del terrorismo, como la Triple A, antes de su salida. El declive de la campaña de terror que siguió a su expulsión dio crédito a esos cargos. No obstante, con mirar a su entorno directo ni López Rega emerge de la escena política argentina creando este terrorismo ni su partida termina con él. Está otra vez extendiéndose y la AAA regresando a sus tareas, aunque no con el mismo nivel de actividad de la primera época. Como previamente reportamos, los actos terroristas de la AAA fueron y todavía son reali-zados por algunas entidades policiales, grupos de tareas, personal de seguridad retirado y personal militar, algunos free lance y otros alentados y dirigidos oficialmente. Es más, no sé si ha habido alguna vez una organización como la AAA, con una estructura jerárquica, una duracadena de comando, etcétera. Ésta todavía es una cuestión abierta. Siendo como es, sin embargo, los resultados no son menos mortales. 
El jefe de prensa Jorge Conti admitió que había dado empleo a Paino, y adujo que su función era controlar la entrada y salida de su secretaría, autorizar gastos de caja chica y realizarle algunos trámites personales. Pero que al cabo de unos meses, según dijo, fue observando en Paino actitudes propias de un sujeto enfermizo. Conti negó cualquier relación con la Triple A. En la misma línea declararon otros funcionarios imputados por Paino: Rodolfo Viglino, Rubén Benelbas, Carlos Jorge Duarte, Rodolfo Roballos, entre otros. En 1971, el Servicio Psiquiátrico Central de la cárcel de Villa Devoto, donde estaba detenido, informó que Paino padecía trastornos mentales. Sin embargo, dos años más tarde, otro informe de los médicos forenses de la unidad carcelaria lo encuadraba dentro de la normalidad. Véase "Causa López Rega José y otros sobre asociación ilícita, etc.", cuerpos I y II, Juzgado Federal N° 5. 
La madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel subió al helicóptero presidencial en la terraza de la Casa de Gobierno. Una brisa fresca llegaba desde el río. Abajo, sobre la Plaza de Mayo, un centenar de mujeres lideradas por Norma Kennedy gritaban "Isabelita es nues-tra compañera", en señal de apoyo. Lorenzo Miguel fue abordado por la prensa mientras el helicóptero levantaba vuelo: -¿Hay golpe?, le preguntaron. –Tengan confianza. No pasa nada, respondió el metalúrgico. Unos minutos después, la nave descendió en forma imprevista en el aeroparque metropolitano. 
-Se plantó una turbina, explicaron los pilotos, y pidieron unos minutos para reparar la falla. 
Era necesario, entretanto, desalojar el helicóptero por temor a un incendio. Isabel fue conducida a una pequeña oficina de la estación aérea. Allí neutralizaron a sus custodios. Un general le informó a la presidenta que las Fuerzas Armadas habían decidido tomar el control político del país, y que desde ese momento ella quedaba arrestada. Isabel preguntó si la iban a fusilar. Si lo hacían, antes quería rezar. El general le dijo que no. "¿Qué harán conmi-go?", preguntó. "La llevaremos al Sur." 
Entonces Isabel pidió que la comunicaran con Rosario Álvarez Espinosa, su mucama, y le encomendó que le llevara ropa de invierno y a los dos caniches. Un avión Fokker la trasladó a la residencia presidencial de El Messidor. Quedó incomunicada, sin teléfono, sin revistas. Pasaba las horas rezando rosarios a todos los santos. Jamás había imaginado que su incursión por la política iba a terminar así. 
A los pocos días de establecerse su lugar de reclusión, la Justicia empezó a visitarla: se había reabierto la causa por el cheque librado a las hermanas de Evita, en la que ya había sido juzgada y sobreseída. En este punto, Isabel volvió a insistir en que había librado un cheque de la fundación para pagar los derechos sucesorios de Eva por consejo de López Rega y con el consentimiento explícito del ministro de Justicia, Antonio Benítez. Cuando el juez Tulio García Moritán insistió en indagar acerca de su propia responsabilidad en esos actos, Isabel interrumpió la audiencia, subió corriendo a su habitación y se tiró a llorar en la cama. -El juez me ha echado una mirada tan fuerte que me quiso matar, sollozó. 
Indignada, Rosario Álvarez Espinosa, la mucama, bajó de la habitación, se enfrentó al juez y pidió que dejaran a la señora en paz, porque los denunciaría en Buenos Aires por cualquier cosa que le pudiera pasar si seguían interrogándola. Al rato, más serena, Isabel bajó y, con el resto de los cheques de la fundación a la vista, deslindó responsabilidades. 
Según informó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en la audiencia del juicio a las juntas militares, se recabó información sobre 50 casos de desapa- riciones en 1974, 359 en el año 1975 y 549 casos en el primer trimestre de 1976. Es decir, un total de 958 desapariciones denunciadas entre 1974 y antes del golpe de Estado, durante el gobierno de Perón-Perón. Por otra parte, a requerimiento de la Cámara Federal, distintos juzgados del país informaron sobre expedientes relacionados con la desaparición de 262 personas, iniciados con anterioridad a 1976. Véase pág. 68 del texto completo de La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Federal en la causa 13.Tomo I. Imprenta del Congreso de la Nación, 1987. 
Dijo que era López Rega, como vicepresidente de la fundación, el funcionario ministerial Carlos Villone, o el gerente Santiago Cousido, quienes se los traían, y entonces ella, dado la confianza que les tenía, y en la certeza de que las decisiones habían sido aprobadas por el Consejo de Administración de la fundación, los firmaba. Ella no concurría a las reuniones de la fundación, estaba ajena a todo ese papeleo y no sabía lo que allí trataban: confiaba en su equipo de colaboradores. Creía no haber incurrido en delito alguno cuando autorizaba los gastos de la residencia (colocando herrajes bañados en oro o la araña de su escritorio con los fondos de la fundación), porque esas mejoras se incorporaban al patrimonio nacional. El cheque librado a la orden de la CGT había salido con la intención de "paliar las necesidades de la central obrera". En cuanto a la compra directa a IBM de las tarjetas de la quiniela (que en realidad debía realizar el Ministerio de Bienestar Social, previa licitación pública) la ex presidenta dijo que había atendido un consejo de López Rega, quien le indicó que pagara en forma rápida y directa para agilizar los trámites. Y sobre los nueve millones de dólares que había mandado a comprar con las donaciones de los empresarios cuando se estaba forman- do la fundación y luego los depositó en su cuenta personal en el Banco Santander, dijo que de ese tema no entendía nada. 
Isabel no podía distinguir entre sus propios bienes y los del Estado. Todas sus declara- ciones se basaban en el desconocimiento del dolo, y el resto no lo sabía o no lo recordaba, pero la rúbrica era la suya. 
Eso sí. Cuando el 1 de mayo de 1976 la visitó el fiscal general Conrado Sadi Massüe por la investigación sobre los fondos reservados de la Presidencia que se le había iniciado, pasó exactamente lo mismo: ella nunca había examinado las leyes que rigen el manejo de los fondos, fue su descargo. Pensaba que podía disponer de ellos, y que no debía revelar en qué los usaba, precisamente porque eran "reservados", y eso bastaba para explicar las joyas que había comprado en Ricciardi para las esposas de los comandantes militares que luego la derrocarían, o el departamento que adquirió para su secretaria Dolores Ayerbe, que lo necesitaba. 
Mientras la Justicia investigaba los desaguisados económicos de Isabel y López Rega y el detalle de cada uno de los cheques, la dictadura militar se ocupó de instaurar la represión más sangrienta que conoció la historia argentina. Asimismo, siguiendo los lineamientos de una política económica liberal, el Proceso de Reconstrucción Nacional empezó a recibir cré- ditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que engrosaron explosivamente la deuda externa. Este endeudamiento, justificado como necesario preámbulo de un período de "mo- dernización y desarrollo" del aparato productivo, paradójicamente provocó su desmante- lamiento y el incremento de la especulación financiera. La deuda externa sería utilizada como un instrumento de dependencia con el que debieron cargar las democracias latino- americanas de la década de los ochenta. 
Con el pleno funcionamiento de la represión ilegal a cargo del Estado, la Triple A se fue diluyendo como organización criminal. Ya no tenía razón de ser. Las Fuerzas Armadas pro- fesionalizaron el terror. Le brindaron racionalidad y eficiencia militar y lo estructuraron en zonas, sub zonas y áreas, dándole un mando, una cohesión interna, con tareas de secues-tro, desaparición y reclusión en campos de concentración, que competían a las tres fuerzas: el Ejército, la Marina y la Armada. 
Todos los elementos parapoliciales y paramilitares que habían actuado en el período 1973- 1976 de manera inorgánica, esas fuerzas irregulares amparadas por el Estado, que se movían en diferentes estratos y a veces chocaban entre sí en la caza de "un zurdo" o de un botín, tuvieron un control mucho más definido, y tras una "amnistía interna" fueron puestos en caja, bajo el mando de una conducción. La mayor parte de la custodia de López Rega volvió a reportarse a la fuerza policial. 
La Triple A ya no era esa maquinaria desquiciada que para sembrar el terror lanzaba cadáveres carbonizados en los descampados. Ahora se había disciplinado y pasado a formar parte de una represión ilegal e igualmente salvaje, pero mucho más prolija, masiva y sanguinaria. De algún modo, la profecía de Mario Roberto Santucho se había cumplido: López Rega había comenzado con el "trabajo sucio" y los militares lo habían dejado hacer la tarea. No podían prescindir, "hoy", de ese servicio. Luego, se adhirieron a su cruzada cri-minal contra la izquierda y "los infiltrados", sacaron los Falcon a la calle, atizaron el fuego, y empezaron a despachar los cuerpos, a poner bombas, a promover el caos, y cuando el ministro ya no les sirvió lo mandaron al exilio con un diploma, dejaron que Isabel cayera víctima de su inestabilidad emocional y su propia inoperancia y, ante la deserción de la clase política y la sociedad civil, tomaron el control del Estado con el pretexto de restaurar la paz y el orden. Los militares tuvieron la vocación de coronar la tarea. 
Durante los primeros meses de 1976, López Rega se mudó varias veces de domicilio. De la torre de Princesa 3 saltó a un lujoso complejo edilicio de Orense 26.Seguía custodiado por Almirón, y secundado por Vanni y Villone, que con sus bromas intentaban quitarle grave-dad a una situación que se revelaba cada vez más compleja. López casi no usaba la piscina del edificio. Prefería gastar el tiempo en el club Puerta de Hierro, donde tomaba cognac Carlos III, hablaba de filosofía, citaba leyendas hindúes y le gustaba presentarse como un escritor latinoamericano. Cuando se emborrachaba, lo bebido le afectaba un poco el hígado; además, le molestaba el peluquín que usaba para transformar su fisonomía. Para un detallado informe sobre el accionar de la represión ilegal durante la dictadura militar, véase Memoria debida, de José Luis D'Andrea Mohr, Ediciones Colihue, 1999 
Se sentía perseguido y prefería cambiar con frecuencia de domicilio. Del departamento de la calle Orense se mudó a veinte kilómetros al norte de Madrid, a una casa de dos plantas ubicada sobre lo alto de una loma, en una calle sin salida, en Paracuellos de Jarama. Por precaución, hizo blindar la puerta. Esa fue su última vivienda en España. Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, su situación judicial se complicó aún más. Debido a su condición de procesado y prófugo, a través de Interpol la justicia argentina comenzó a reclamar con más énfasis su detención. 
Las cosas también habían empeorado para Vanni y Villone: ya en las primeras fojas del expediente sobre fondos reservados de la Presidencia aparecían librando cheques desde una "cueva financiera" de la City porteña al Morgan Guaranty Trust Companyde Nueva York. Durante marzo de 1975, habían transferido un total de 50.000 dólares con destino a sus cuentas personales y también a la de Alberto Álvarez, amigo de Vanni. El Gordo, además, con la debida autorización de Isabel, había recibido 11.000 dólares de los fondos reserva-dos y se los envió al ex ministro apenas éste marchó del país como embajador plenipoten-ciario, con el argumento de que debía utilizarlo para gastos de propaganda y promoción nacional en Europa. 
Por su parte, López Rega tampoco salía limpio de esa causa: había retirado 150.000 dólares en octubre de 1974. En su declaración judicial, Isabel no recordaba en absoluto haber autorizado cifras tan altas. Mejor dicho, no estaba segura. Para López Rega cada día implicaba un problema nuevo. Hacia abril de 1976, el juez federal Jorge Cermesoni reiteró a Interpol su pedido de detención y extradición. El organismo policial a su vez trasladó la petición al Ministerio de la Gobernación. Por su parte, apenas le fueron aceptadas sus credenciales, el nuevo embajador argentino en España, general Leandro N. Anaya, transmitió al gobierno español su particular interés por la detención del ex ministro. Era una cuestión personal, dijo, en la que estaba en juego su honor como militar. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el ministro Fraga Iribarne determinó que López Rega debía desaparecer del país y no regresar mientras siguiera vigente la orden de detención. 
Cuando Antonio Cortina le comunicó que el Estado español ya no podía protegerlo, López Rega sintió que el mundo se le venía encima. Entonces, en nombre de la hermandad masónica universal, pidió la protección de Licio Gelli para que intercediera ante el Ministerio de la Gobernación e hiciera pesar su pasado de camisa negra italiano que combatió al lado de Franco en la Guerra Civil Española. Gelli solicitó una reunión urgente con Fraga Iribarne, pero tanto López como el jefe de la P2 tuvieron que contentarse con la presencia de Antonio Cortina. Su opinión seguía siendo la misma: López Rega debía irse. Aun así, traía dos buenas noticias. La primera, que Fraga Iribarne le había concedido ocho días de plazo para que organizara su huida. -Al noveno día te detiene la policía. Ya no podemos cubrirte más, le explicó Cortina. 
La segunda era que los servicios secretos españoles le facilitarían un pasaporte para irse legalmente de España. 
Desde ese momento, Vanni se reveló imprescindible. Había que organizar la fuga y decidir hacia dónde dirigirse. Para esto, el Gordo contó con la ayuda económica y afectiva de su íntima amiga, María de los Ángeles Meyer, a la que llamaba "La Marquesa". Era su apoyo permanente en la península. Gozaba de su estima y confianza. La Marquesa se derretía por su exotismo porteño. A ella, que junto con su marido tenía una empresa de importación y exportación de carne, Vanni le había enseñado a comer choripán en locales ruines; además, solían caminar juntos por la avenida José Antonio. En esos paseos, el Gordo lucía una capa suelta al viento, para imitar las tradiciones de la nobleza española. María de los Ángeles, esposa del empresario Rudi Meyer y cuñada de Luis Meyer, propieta-rio de la empresa Univac que prestaba servicios electrónicos al sistema bancario, era dueña de un apartamento en Ginebra. 
Aunque López Rega no era una persona que agradara a La Marquesa Meyer, (lo consideraba un pobre hombre que bebía más dela cuenta), el afecto que tenía por Vanni pudo más que su desprecio, y puso la vivienda a disposición del prófugo. También había otra cuestión a resolver, más delicada y de carácter más íntimo, porque implicaba una respuesta inmediata a las necesidades personales del ex ministro, cada día más desesperado. López, decía Vanni, estaba insoportable porque necesitaba una mujer. 
-El petiso hace veinte años que no coge. Tiene una "chele" que no se banca. Hay que conseguirle una "nami" para que se calme, concluyó el Gordo. 
En la actualidad, los hermanos Antonio y José Luis Cortina están retirados. Viven en San Lorenzo del Escorial, España. A José Luis Cortina, que siguió trabajando en el Cesid (nuevas siglas de los servicios de inteligencia españoles), alguna vez se lo mencionó por su presunta participación en el fracasado golpe de Estado del coronel Antonio Tejero en febrero de 1981, por haber movilizado la división acorazada Brunete, que debía ocupar el centro de la capital. Sin embargo, jamás se sentó en el banquillo de los acusados, quizá por su cercanía al rey Juan Carlos I. Continuó siendo el número 2 del Servicio de Inteligencia Militar, hasta su jubilación. Su hermano Antonio Cortina fue parte de la "trama civil" del fallido golpe, que habría elaborado la lista de los hombres del gobierno de "salvación nacional" que asumiría el poder. La conexión con López Rega y Perón no fue la única relación de la familia Cortina con la Argentina. Otro hermano de la familia, Alfonso Cortina, es titular de la petroquímica española Repsol, que compró la petrolera estatal YPF. Desde 1997 preside la firma Repsol- YPF, la empresa más poderosa de la Argentina. Para ampliar la relación entre los servicios secretos y los hermanos Cortina, véase El regreso a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981) en www.resdal.org.ar/Archivo/bar-cap4-2.htm. 
Para una visión sobre el funcionamiento de los servicios secretos españoles, véase Manuel Cerdán y Antonio Rubio, Lobo, un topo en las entrañas de ETA, Buenos Aires, Plaza & Janés, 2003. 
Algunos años atrás, precisamente el 28 de agosto de 1973, cuando López Rega visitó Entre Ríos, una joven que estaba al frente de una de las delegaciones escolares que le daba la bienvenida a la provincia le envió una carta a través de uno de sus custodios, en la que le expresaba su admiración. El ministro le había respondido de su puño y letra. Desde entonces, María Elena Cisneros jamás había dejado de escribirle. En 1975, cuando el ex ministro estaba refugiado en Puerta de Hierro y ella visitó Madrid en su rol de maestra que acompa- ñaba una gira estudiantil del colegio Don Bosco, se tomó el atrevimiento de pasar a saludar-lo por la residencia. López Rega la recibió afectuosamente. Además del intercambio epistolar, tenían cosas en común: ella era concertista y él, un aficionado al belcanto. Pasa-ron la tarde hablando de música. Parecía que la combinación de sonidos era lo único que apaciguaba la furia de López Rega. Incluso en sus peores días en la residencia de Olivos, se cruzaba hasta una casa que había comprado en la calle Túpac Amaru, casi en la esquina, para tocar el órgano electrónico. 
El recuerdo de esa chica, que no tenía más de veinticinco años, inspiró a Vanni: le dijo a López Rega que era la única persona que podía salvarlo en su período de fuga, y prometió traerla. El ex ministro le encomendó que gestionara un pasaje aéreo a nombre de ella a través de la agencia de turismo Ati, empresa familiar de Juan Carlos Galardi y Hortensia Godoy, que eran las únicas relaciones que le quedaban de su corto pasaje por la logia Anael. 
Acompañado por su guardaespaldas Rodolfo Almirón, el ex ministro viajó a Suiza el 17 de abril de 1976, cuando se iniciaban las fiestas de Pascua. Vanni lo despidió con un abrazo. Pocos años después, anímicamente desahuciado, sin dinero, cargando con un triple by-pass aorto coronario y fumando como un sapo, su obsesión sería volver a encontrarlo. 
Seis meses más tarde de su partida a Suiza, el 8 de octubre de 1976, una delegación judicial argentina irrumpió en Navalmalzano 6, la residencia de Puerta de Hierro, en busca de elementos de interés que aportaran a la causa de fondos reservados. Para ingresar, el secretario del Juzgado Federal N° 2, Carlos Alberto Suárez Buyo, tuvo que romper la cerradura de la puerta trasera. Luego de una detallada inspección se llevó un certificado de depósito de medio millón de dólares del Banco Santander perteneciente a Juan Perón y a su esposa; numerosos memorandos en los que Carlos Villone acreditaba percibir dinero de donaciones en dólares para la Cruzada de Solidaridad y rubricaba órdenes de pago en favor de Sastrerías González, joyería Ricciardi y Casa Harrods, entre otras casas de compras, con dineros provenientes de fondos reservados. Por su parte, López Rega había dejado en el armario de su habitación del primer piso una infinidad de carpetas de las empresas Itagle y Termun, dos cajas fuertes sin un centavo, una pistola automática Colt calibre 45, número 7 OSC 20944, con dos cargadores de siete balas cada uno, y una carta de cuatro páginas para Isabel Perón, que en el sobre llevaba la leyenda "estrictamente reservado" y estaba firmada por "Daniel". 
El ex ministro esperaba que la destinataria la retirara en mano el 20 de junio de1976.Para esa fecha, lejos de poder ir a España, la ex presidenta se pasaba las horas matutinas de su cautiverio encendiendo velas, rezando oraciones en su habitación, y por las tardes se ponía un traje militar, recogía el pelo bajo la boina verde oliva, y salía a pasear por Villa La Angostura junto a su mucama. Se entretenían tirando flores al lago como un acto de fe y en nombre del pueblo argentino. Cuando regresaba a su reclusión, la viuda de Perón empezaba a golpearse la cabeza contra la pared. 
A juzgar por alguna de las cartas que escribía al jefe de la P2, López Rega también parecía estar desesperado: que no se diga a nadie dónde me encuentro porque "ellos" enviarán un comando para matarme... [...] ¡Lichio! Estoy enfermo, cansado y lleno de asco. Todos pagarán su tremendo error. Aunque en el segundo semestre de 1975 Gelli habría buscado una fórmula para reincorporarlo al gobierno, un año después López Rega había dejado de ser el hombre útil para sus negocios con la Argentina. Sus nuevos favoritos pasaron a ser el almirante Massera y, en menor medida, el general Suárez Mason, que más tarde recalaría en la petrolera YPF. 
Durante su reclusión en la residencia de El Messidor, Isabel había encontrado un rescoldo de afecto frente a tantas adversidades en la compañía de un joven gendarme, que la custodiaba en los paseos. Sin embargo, una vez que trascendió que ambos, con la complicidad de la mucama, habían escapado de la zona autorizada y se internaron por el bosque, el Ejército sancionó al gendarme y lo envió a otro destino. Isabel se sintió más abandonada. (Entrevista ex secretario judicial Alfredo Bisordi.) 
En sus cartas a Gelli, López Rega confiesa su malestar por la situación que atravesaba. Hacia octubre de 1975, cuando todavía estaba en Puerta de Hierro, escribió: "Aquí en España, en la televisión oficial, estuvieron durante más de media hora en un programa especial los señores Jorge Antonio y Jorge Cesarski, donde hablaron contra la Señora, contra mí y contra la Masonería (expresando Cesarski con toda claridad: 'López Rega es un masón cuyo centro está en Arezzo'). Esto es debido a que está pago por la embajada argentina (Campano, Hermosilla, Jorge Antonio y gente de la CIA norteamericana mediante un sinvergüenza llamado Patricio Kelly)". En ese tiempo, López Rega también intentó proteger a Isabel. En carta al hermano diplomático Guillermo de la Plaza, escribió: "Les ruego que con paciencia y serenidad sigan firmes junto a nuestra Presidenta, en la seguridad de que ella es el único camino incruento para evitar que el comunismo pueda quebrar las barreras de la Patria. Mi calvario está aceptado desde siempre y me alegra padecerlo, si ello permite la purificación de los cuadros dirigentes. Hasta pronto". Véase revista Humor, mayo-julio de 1986. En la misma revista, Gelli confiesa haber puesto algunas condiciones a Isabel, antes del golpe de Estado: el alejamiento del secretario legal Julio González, la inclusión de tres militares en la reestructuración del gobierno, una mayor colaboración con los Estados Unidos, el nombramiento de un coordinador presidente/ gobierno y la renuncia de Isabel en el breve plazo. Pero aparentemente sus instrucciones no fueron atendidas. Luego, Gelli congratuló a Massera por el golpe y le expresó sus deseos de que el nuevo gobierno "sepa sofocar la insurrección delos movimientos de inspiración marxista". Gelli continuó como consejero económico en la embajada argentina en Roma, con pasaporte diplomático incluido. Y hasta organizó una gira de Alfredo Martínez de Hoz en ese país y también hospedó al almirante Massera, que, acusado de torturador por los refugiados argentinos, debió marcharse. Gelli se mantuvo activo durante la dictadura militar argentina: a través de Ángelo Rizzoli, la P2 compró el 50% de las acciones de un grupo que controlaba Editorial Abril. Suárez Mason, por su parte, le propuso ingresar en las obras de la represa de Yacyretá donde "hay mucho dinero ya, y tú puedes conseguir más y arreglar con empresas de Italia o de amigos". Por entonces, laP2 había armado una red económica en Uruguay y la Argentina a través del Banco Ambrosiano SA, relacionado con el Vaticano, y consolidado diversas inversiones inmobiliarias a través de otro masón, el banquero Umberto Ortolani. Poco tiempo después, todo ese universo se desmoronaría. Véase capítulo18. 
La vida de prófugo del ex ministro pareció tomar un cauce afectivo cuando cumplió sesenta años. El 17 de octubre de 1976, López Rega los festejó junto a su custodia Almirón y a la concertista María Elena Cisneros, que acababa de llegar a Ginebra. La joven entrerriana permanecería a su lado por casi diez años. Almirón, en cambio, pronto lo abandonaría y pasaría a formar parte de la empresa de seguridad de Antonio Cortina, Aseprosa. Hasta entonces, Almirón no había tenido mayores complicaciones con la Justicia. La Policía Federal, por su parte, sólo le reclamaba dos equipos transmisores Motorola que habían quedado bajo su custodia, y ahora no podían encontrar. Consideraron que había tenido una actitud "negligente" en ese aspecto. Además, en tono de reproche, le recordaron que, en su momento, "no había adoptado el temperamento debido ante la colisión de un móvil a su cargo". Con el paso de los meses, Almirón se estableció bien en España. A través de su esposa en segundas nupcias, que trabajaba de azafata, había tramitado la nacionalidad, e incluso después pasaría a ser jefe de la custodia de Manuel Fraga Iribarne, cuando éste era el líder de la Alianza Popular y estaba en medio de la campaña electoral por las elecciones municipales. Sin embargo, cuando la prensa española publicó alguna información sobre su pasado violento y su relación con López Rega, toda su prolija reinserción social se echó a perder. 
Por otraparte, en abril de 1983, Cambio 16 refrescó el pasado de Almirón trayendo a la luz el crimen del teniente de la fuerza aérea norteamericana Earl Thomas Davis. El militar de 21 años, que estaba al servicio de la embajada de su país en Buenos Aires, había visitado la boîte Reviens de Olivos en compañía del productor televisivo Eduardo Celasco, la modelo Jorgelina Aranda, y otras dos amigas. Ocupaban la mesa 23. En una mesa cercana estaban Almirón, Jorge Labia (informante de la policía) y algunas mujeres. Según consta en el informe policial, Labia empezó a burlarse de Celasco porque usaba frac, y en la refriega a golpes de puño, el policía le habría pegado un tiro a Davis. Aunque la Justicia probó que el disparo salió del arma de Almirón, y así lo indicaría el testigo Celasco, sería Labia el que asumiría la autoría del crimen. Almirón sería arrestado por treinta y un días "por no poner fin a un incidente que luego generó en un hecho de sangre", según consta en su legajo. Labia cargó con una prisión por doce meses. El hecho fue encubierto por el entonces inspector Morales, de la División de Robos y Hurtos. Poco después Almirón se casaría con una de sus hijas. Según una investigación propia que realizó el gobierno norteamericano sobre el crimen, Almirón tenía planeado secuestrar al conocido contrabandista Vicente"Cacho" Otero, quien años más tarde moriría torturado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), 
por prestar sus servicios a Montoneros. En 1970, el subinspector Almirón fue expulsado de la policía, con el argumento de ser "inepto para el servicio" por sus "fallas en el factor moral- ético", "fallas en el factor profesional", "no inspirar confianza", etc. Tres años después, López Rega lo llevaría a su custodia de la mano del comisario Morales, y el entonces presidente Lastiri firmaría su reincorporación. Luego, en enero de 1975, Isabel Perón lo ascendería al grado de comisario. Entre otras muertes de Almirón al servicio del Ministerio de Bienestar Social, se le adjudica la del padre Mugica, por su parecido al identikit del asesino que describieron los testigos del crimen. Por su parte, frente a los antecedentes de su jefe de custodia, Fraga Iribarne afirmó que no respondería acusaciones de "la prensa amarilla". Para Almirón, véase Cambio 16, números 593 y 594, y su prontuario personal archivado en el cuerpo XXXI de la causa de la Triple A. 
Desde el primer día que estuvo junto al ex ministro, su oficio de enfermera, su talento de concertista y su amor de mujer la impulsaron a masajearle los pies castigados por la diabe- tes, a regalarle sus melodías en el piano, a cubrirlo de afecto y de besos a cada momento. María Elena adoraba su luz interior y buscaba la verdad en sus enseñanzas espirituales: era la mujer que López necesitaba. No sería la única ayuda que recibiría. El prófugo también contó con la colaboración de Luis Prieto Portar, que había ocupado la Subsecretaría de Viviendas, secundando a Juan Carlos Basile, ambos bajo la órbita del Ministerio de Bienestar Social. 
Hacia 1976, Prieto Portar mantenía un buen vínculo con la CIA, el Senado y el gobierno norteamericanos, y se mantuvo cerca de López Rega en su refugio de Ginebra. Incluso, junto con su esposa Conchita, lo acompañaban a visar el pasaporte a la frontera cada tres meses, para que pudiera continuar viviendo en Suiza como turista. 
Pero en un determinado momento, Prieto Portar decidió llevarse al ex ministro y su pareja a los Estados Unidos: se presentó en la embajada norteamericana en Berna, pidió dos visas y los llevó a Miami. Allí López Rega volvió a escribir. Necesitaba un acto de reafirmación personal. La Policía Federal ya lo había echado de sus filas y también había sancionado a quienes lo ascendieron a comisario general. Quería revisar qué había sucedido en el vértigo de los últimos años, saber quién era. Imitando la modalidad aforística del escritor Khalil Gibran, empezó a componer El sabio y el hindú, un relato donde se identifica con Athor, el profeta que salva el mundo. En la obra, deja constancia de que seguía manteniendo una elevada opinión acerca sí mismo: Qué goce para los ojos, qué merecido premio para quien defendió con valentía sus ideales filosóficos, concibió y ejecutó con todo éxito el retorno del General Perón, supo sobrellevar valientemente su misión como hombre de gobierno, acom- pañó a cuatro presidentes de la Nación en difíciles momentos, contra el constante ataque de las fuerzas reaccionarias...Trabajador incansable, exiliado, perseguido, difamado, continúa su silenciosa y productiva labor con dignidad e hidalguía indiscutibles. 
Prieto Portar había nacido en Cuba en 1940 y se había marchado a los Estados Unidos escapando de la revolución de Fidel Castro. Como ingeniero, había participado en la cons- trucción de las Torres Gemelas y el metro de Miami, y daba clases en la Universidad de Princeton. También había demostrado un fuerte espíritu anticastrista (que le permitía ser bien considerado en los Estados Unidos) cuando se sumó a la invasión de Bahía de los Cochinos, organizada por la CIA. Se llevaría un horrible recuerdo de aquella fracasada gesta: un disparo le rompió la mandíbula y se la debieron reconstruir de regreso en los Estados Unidos. 
El sabio y el hindú fue publicado por la Editorial Karuma Press. La empresa tenía fijado su domicilio en North Athlantic, de Daytone Beach, estado de Florida, en un local semi abandonado, al que, muy de vez en cuando, iba un señor de calvicie moderada y acento extranjero para retirar correspondencia. Era Juan Carlos Basile, el ex secretario de Vivienda del Ministerio de Bienestar Social. Basile había preferido retornar a su vida en los Estados Unidos para evitar que la estruendosa debacle del lopezrreguismo, que había llevado a la cárcel o al exilio a sus protagonistas más visibles, terminara por arrastrarlo a él. 
Junto con Prieto, fue uno de los amigos protectores del ex ministro en los Estados Unidos. A través de El sabio y el hindú, López Rega, que había dejado la estela de un fantasma criminal en su paso por la vida pública, intentó dar una muestra de su existencia a las per- sonas que lo habían querido en el curso de su vida. El primero fue Claudio Ferreira. También se acordó de Carlos Silber. Y no pudo dejar de enviárselo a Chiquitina. 
El sabio y el hindú también llegó a su esposa, de la que jamás se separó legalmente. Junto con la obra, le adjuntaba una carta escrita a máquina, en la que relataba un presente personal repleto de dificultades y pintaba un panorama negro hacia el futuro. Firmó el remitente de la carta con el nombre de José Perinetti. 
Chiquitina también tenía dificultades. En marzo de 1977, cuando Néstor, el portero del edificio de Libertador 3540, le alcanzó el sobre, estaban a punto de cortarle el servicio de luz. Pero, mucho peor que eso, a su hermana Chocha, un grupo de tareas de los militares le había secuestrado al hijo, que permanecería para siempre desaparecido; y su hija Norma había sido procesada (y luego sería condenada) a la pena de tres años de prisión como "coautora responsable del delito de malversación de caudales equiparados a los públicos cometidos en forma reiterada", por el hecho de integrar la comisión directiva de la Cruzada de la Solidaridad que había inspirado su padre. 
Pocos meses después del golpe militar, Norma López Rega fue alojada en un buque-cárcel, luego en Villa Devoto y posteriormente en la cárcel Del Buen Pastor, donde un grupo de militantes montoneras, cuya detención había sido legalizada, intentó hacer justicia por sus propios muertos, y comenzó a golpearla en el baño, aunque la rápida intervención de otra presidiaria, Norma Kennedy, la salvó de males mayores: -No se metan con ella. La piba no tuvo nada que ver, dijo. 
Luego de ese incidente, Norma López Rega fue trasladada a la cárcel de Ezeiza. Se sentía una rehén de los militares, encarcelada a cambio del silencio de su padre sobre la represión ilegal corporizada en la Triple A. 
En esa época, para los hermanosde Paso de los Libres, el nombre de López Rega era un universo desconcertante. No podían creer que el hombre que irradiaba bondad en sus primeros años como iniciado de la Casa de Victoria hubiese sido el jefe de la Triple A, como publicaban las denuncias de la prensa. El nombre de López Rega también manchó al de su Maestra: después del golpe militar, se le cambió el nombre al asilo de ancianos Victoria Montero del hospital comunal. Por otra parte, la adopción del apellido Perinetti como seudónimo constituía un homenaje oculto de López Rega a Natalio Perinetti, un futbolista al que había idolatrado en su primera juventud. Perinetti era el caudillo del Racing Football Club, equipo con el que ganó cuatro campeonatos en los tiempos del amateurismo. El compañero de ataque de Perinetti era Pedro Ochoa, un futbolista que Carlos Gardel también admiraba. Gardel lo bautizó "Ochoíta" y compuso en su homenaje el tango "Patadura", en cuyo versos expresaba "y ser como Ochoíta, el crack de la afición/ hacer como Ochoíta de media cancha un gol". Durante más de una década el grito de los simpatizantes de Racing que bajaba de las tribunas fue: "Perinetti-Ochoíta/ la pareja más bonita". 
Su novio, el ex presidente Raúl Lastiri, luego de pasar varios meses detenido en el buque 
Granaderos, obtuvo un arresto domiciliario en mérito a su amistad con Massera, que en los buenos tiempos aterrizaba con un helicóptero de la Armada en la terraza de su edificio, en ocasión de los festejos de cumpleaños. Lastiri vivía en el mismo edificio que Chiquitina. En su afán de ir creando las condiciones políticas necesarias para convertirse en el nuevo líder del peronismo, en octubre de 1976 el almirante Massera (que tenía prisioneros y torturaba a centenares de montoneros en un campo de concentración de la Escuela Mecánica de la Armada) tomó el control de la detención de Isabel Perón y la alojó en el Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires. 
En una charla off the record con corresponsales extranjeros, dijo que a López Rega ya lo consideraba "un pescado pequeño", que debería responder por algunos escándalos financieros, pero cuya captura la Junta Militar no consideraba vital. 
Isabel continuaba acompañada por la mucama española Rosario Álvarez Espinosa, que no dejaba de cuidar a los caniches (un día uno de ellos se perdió en la Base y todos los oficiales participaron en su búsqueda) y de solicitar la devolución de sus joyas personales, que estaban en la residencia de Gaspar Campos. Durante muchos años, se las reclamaría al juez Rafael Sarmiento. 
En su reclusión de Azul, Isabel pidió una pala y una tijera y todas las mañanas se dedicaba a trabajar en el jardín. También pidió brochas y pintura blanca para pintar sillas, una mesa de la terraza, y las puertas del garaje. Por la tarde, iba a buscar libros en mal estado a la biblioteca y los encuadernaba. Las enfermeras le enseñaron a tejer. Al poco tiempo el jardín floreció. 
Cuando a principios de 1977 Rosario visitó la residencia de Gaspar Campos para buscar más ropa, se enteró del robo. La cerradura de su habitación estaba rota. Y todas las joyas que había recibido en actos de protocolo junto al matrimonio Perón, y que fue guardando en un estuche de cuero con un Napoleón de metal dorado, habían desaparecido. Según consta en el expediente judicial, la custodia de los bienes del matrimonio Perón en la residencia de Gaspar Campos había quedado bajo responsabilidad del general de brigada Santiago Riveros. Sólo existió una única autorización para tocar el mobiliario. Fue para el teniente primero Eduardo Marcelo Villarroel, quien quedó como depositario judicial de un televisor blanco y negro Sanyo de 14 pulgadas, una estufa y una lustra aspiradora Yelmo. "Sus joyas están en el inventario de la señora Isabel. Quédese tranquila, pronto se lo devolverán", le dijo el juez Rafael Sarmiento a la mucama, en su intento por tranquilizarla. A Isabel, la Justicia le restituyó las pertenencias a través de su amiga, la señora De Marco. Rosario Álvarez Espinosa nunca pudo recuperar sus joyas. Cada vez que le escribía al juez, detallaba el reclamo: "Una pulsera de oro, un reloj de señora de oro, un reloj de hombre con la foto del General Perón, un broche de oro, una cadena de oro con una medalla, una cadena con una cruz de plata con incrustaciones de piedras, un par de pendientes de oro, un anillo de oro con piedra, además de otras de fantasía". 
Ella se complacía en esas apariencias de vida serena. Sin embargo, el 14 de junio de 1977 le llegó una citación. Era un aviso: al día siguiente sería indagada. Isabel se sintió muy afectada. Le habían prometido que el juez no la iba a molestar más. Lloró durante toda la tarde. Estaba muy nerviosa. Le pidió a la mucama que le trajera un rosario de oro, el mismo que le había dado el papa Pío XII a Evita, y le rogó que se fuera. Quería estar sola, desapa- recer del mundo. Cuando al cabo de un rato la encontraron en el salón de la casa, tenía en sus manos el anillo y el rosario. Se aferraba a esos objetos con las mismas manos Temblorosas con las que antes había vaciado un frasco entero de Valium 10 en su boca. 
FUENTES DE ESTE CAPÍTULO 
Para el último encuentro de Claudio Ferreira y López Rega se realizó una entrevista a Eloá Copetti Vianna. Para la estadía de López Rega en España cuando tenía pedido de captura, se entrevistó a un ex agente de inteligencia español que solicitó reserva de su nombre, y se consultó un artículo de la revista Interviú del 9 de abril de 1981. Para la debilidad y la impotencia operativa de la guerrilla montonera en 1975, véanse págs. 76 y 77 de Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, de Hugo Vezzetti. Para el exilio de López Rega, véase reportaje a Luis Prieto Portar en revista Somos del 26 marzo de 1986; también se entrevistó a Mario Rotundo y a Juan Carlos Basile, quien relativizó su ayuda a López Rega en Miami, aunque dos fuentes dan incluso mayores precisiones sobre su papel al respecto. En cambio, Basile confirmó la ayuda brindada por Prieto Portar. Para la valoración de Massera sobre López Rega, se tomó como fuente un cable de la embajada norteamericana de octubre de 1976, desclasificado por el Departamento de Estado. Para el posible retorno de López Rega a Buenos Aires en noviembre de1975 y la llegada de María Elena Cisneros a Suiza, se entrevistó a un ex colaborador de López Rega que prefirió mantener su nombre en reserva. Para las declaraciones judiciales de Isabel, la causa de la Cruzada de la Solidaridad Justicialista y el tema de los fondos reservados, se realizaron entrevistas al entonces secretario judicial Alfredo Bisordi y a Rosario Álvarez Espinosa. Para el envío del libro El sabio y el hindú a Paso de los Libres y a Buenos Aires, se realizaron entrevistas a Luis Silber y a Mario Rotundo. Para la tentativa de ataque de militantes montoneras a Norma López Rega en la cárcel, se entrevistó a Raúl Lastiri (h). Para el intento de suicidio de Isabel y la vida cotidiana en la reclusión, se entrevistó a Rosario Álvarez Espinosa.