En las cartas que escribía a sus amigos docentes de
la escuela de Entre Ríos, María Elena contaba que se había hecho muy amiga de
un conde que la había empleado como institutriz de sus pequeños hijos, y como
el conde viajaba mucho, ella enviaba fotos en las que se la veía tomando mate,
tocando el piano, esquiando y reposando en la playa. Decía estar viviendo un
cuento de hadas.
En 1977, una vez que retornaron de los Estados Unidos y se ubicaron en
un departamento de Nyons, cerca de Ginebra, López Rega empezó a utilizar la
identidad de un brasileño lla-mado Alejandro Amaya; María Elena se convirtió en
su sobrina. Pero el gran cambio lo darían al año siguiente: el ex ministro
compró una casa. Estaba ubicada sobre el número 7 de la calle Byron, en
Villeneuve, pegado a Montreaux, a orillas del lago Leman. La pagó 750.000
francos suizos, la mitad al contado y el resto a crédito, y la bautizó Los
Pájaros. Como nuevos vecinos de una población de poco más de tres mil
habitantes, se presentaron como un escritor latinoamericano y su hija
concertista, fraguando así una apariencia convincente frente a las miradas de
por sí discretas de los suizos, que no espían la intimidad ni las cuentas
bancarias de nadie.
A partir de entonces, la vida en común se tornó mucho más segura y
apacible. En premio a la bondad de su compañera, y como no tenía otra opción, López
Rega hizo escriturar la propiedad a nombre de ella, que ya sabía de su
gentileza. Había abierto la cuenta 180403 en el Banco Santander de Madrid, con
un dinero que el ex ministro le traspasó desde dos cuentas personales, en
pesetas y dólares, antes de que la justicia argentina se las embargara.
Ella, por su parte, le correspondió con un gesto: le dio una nueva
identidad, la de su padre. A partir de entonces, el ex ministro comenzó a vivir
bajo el nombre de Ramón Ignacio Cisneros, argentino, natural de Entre Ríos,
nacido en 1920 (era casi tres años más joven que él) y con residencia en
Arapiles 17, de Madrid, la misma dirección que figuraba en el documento del
Gordo Vanni.
Para el jardinero Pio Valvona, que empezó a cuidar del césped y las
plantas del frente y el fondo dela casa, López Rega era "el señor
Cisneros". El ex ministro le dijo que era un escritor latinoamericano
(incluso le pidió que lo ayudara a montar una enorme biblioteca en la sala de
estar), que no salía de día porque escribía de noche, y que su hija, María
Elena, era concertista.
El jardinero tenía sabido que la mujer del "señor Cisneros"
vivía en España, junto a otro hijo, y compartía con ellos una estadía de dos o
tres meses al año. La señora no era otra que Lucía, la madre de María Elena
Cisneros. Por su parte, en su nueva identidad, el ex ministro también
acreditaba "un hermano", que en realidad era el padre de María Elena.
Cuando la familia visitaba a María Elena, López Rega le indicaba al jardinero
que no viniera a la casa porque a "su hermano" le gustaba ocuparse de
esas tareas.
El esquema "familiar" parecía creíble frente a los vecinos. El
único matiz discordante se suscitó cuando el ayudante del jardinero, Jean, le
comentó a su jefe que había encontrado al "señor Cisneros con su hija
besándose en el garaje". Pio Valvona le dijo que siguiera trabajando, que
él no estaba para cuentos.
En aquella época, López Rega ya se había transformado en un fantasma. Si
alguien se atrevía a seguir las pistas que ofrecía cada versión acerca de su
paradero, podía recorrer el mundo entero sin encontrarlo. Algunos testimonios
aseguraban sobre su presencia en el casino de Asunción del Paraguay, protegido
por el también exiliado coronel Jorge Osinde; otros lo suponían en Libia, al
cuidado de Muammar Khadafi; la justicia argentina solicitaba información a
Interpol, en procura de averiguar si era cierto que se había internado en una
clínica de Marbella perteneciente al doctor Liotta; también se libró un oficio
para averiguar si estaba recluido en un hotel de Maratea, en el sur de Italia,
al amparo de la Internacional Negra (una asociación de organizaciones
nacionalistas de extrema derecha, herederas del legado de las SS hitlerianas) y
de Ordine Nuovo, grupo fascista denunciado por organizar el atentado a un banco
en Piazza Fontana de Milán en1969, que dejó dieciséis muertos, y al que se
consideró ligado a la P2.
En el marco del terrorismo de ultraderecha, algunas publicaciones de
prensa vinculaban a López Rega con la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA),
que a partir de 1976 comenzó a realizar atentados en ese país, y un informe
elaborado por Executive Intelligence Review en Nueva York lo había
implicado en la denominada "French Connection",que controlaba una
nueva ruta de la cocaína hacia América del Sur, durante su gestión en el
Ministerio de Bienestar Social, en conexión con Licio Gelli. La mimetización de
López Rega con éste era tan fuerte, que luego se diría que tras sucesivas
operaciones quirúrgicas había adoptado los rasgos fisonómicos del jefe dela P2,
y de ese modo, sin pretenderlo, el poderoso masón había clonado a su propio
doble.
Por su parte, en Tribunales, los testimonios que habían tomado impulso
en1975 y 1976 en el expediente de la Triple A, después del golpe militar
tuvieron un freno significativo. Las citaciones eran escasas y los aportes
inexistentes. El clima no era bueno: un agente de policía que custodiaba la
casa del juez de la causa, Teófilo Lafuente, fue muerto en un atentado en plena
dictadura. Todos los funcionarios denunciados por Paino negaron sus
imputaciones. Por ejemplo, el comisario Morales, jefe de la custodia de López
Rega, y cuya citación judicialdemoró casi dos años en llegar a su departamento
de la avenida Cabildo 274 2° "B", cuando se constituyó en Tribunales
el 26 de junio de 1977 y el 18 de julio de1978 (su defensor era Isidoro Ventura
Mayoral, histórico abogado de Perón) admitió haber armado la custodia del ex
ministro en coordinación con la jefatura dela Policía Federal, pero desmintió
que existiera un organigrama de represión ilegal montado desde el Ministerio de
Bienestar Social. Dijo que Rovira había sido una designación suya; que Almirón
estaba a cargo de las brigadas móviles (con cuatro personas por brigada); que
el suboficial Coquibus se encargaba de mantener los doce o catorce autos; que
la custodia a su cargo nunca tuvo otra misión distinta de la oficial; aseguró
que jamás le habían ordenado matar a Ortega Peña, al padre Mugica, al doctor
Curuchet, a los propietarios de Canal 11, a Tomás Hernández, a Troxler, o a
nadie, y que además ignoraba todo cuanto se le preguntaba sobre la AAA. Las
únicas personas que había matado (juró) eran delincuentes, cuando estaba al
servicio de la Sección Robos y Hurtos y que en mérito a eso lo habían
condecorado con la Cruz Coronel Falcón al mejor policía del año 1963.
Sobre la "French Connection" véase Diario Popular del 15 de
octubre de 1982. La comisión parlamentaria que investigaría la P2 le
preguntaría a Giancarlo Elía si sabía algo sobre la relación del ex ministro
con esa organización. Valori respondió que lo desconocía. La noticia sobre la
supuesta cirugía de López Rega fue publicada en la revista La Semana el 30
de septiembre de 1982. Para la vinculación dela P2 con la Internacional Negra,
véase Emilio Corbière, La masonería, Buenos Aires, Sudamericana,1998, págs.
310-312. Los pedidos de la justicia argentina a Interpol sobre López Rega se
encuentran en sus causas judiciales.
Algo parecido declaró Rovira: que había acompañado a López Rega en sus
actividades desde las 8.15 de la mañana hasta las 9 de la noche durante dos
años, incluidos los fines de semana, e indicó que el ex ministro luego se lo
llevó a España y que permaneció junto a él nada más que veintidós días porque,
según éste le dijo, "no podía aguantar la comida de siete personas",
por lo cual sólo quedó Almirón. A Paino, sólo lo había visto de lejos. El
organigrama de represión era "totalmente falso". ¿Rovira ejecutor?
"Una infamia." Su legajo "hablaba por sí solo".
Al cabo de casi tres años de actuaciones judiciales, el expediente de la
Triple A no tenía procesado alguno. En cambio, las causas por malversación de
fondos reservados y la de los cheques de la Cruzada de la Solidaridad avanzaban
espectacularmente. En marzo de 1979, un operativo judicial a cargo del juez
federal Martín Anzoátegui ordenó la entrada en la residencia de Gaspar Campos y
la incautación de elementos que, si bien admitía que no tenían interés para la
causa, "resultaban ilustrativos para conocer la personalidad del procesado
López Rega". Lo extraño es que la Justicia ya se había constituido en ese
domicilio tres años antes y entre múltiples bienes de Perón e Isabel había
incautado dos kilos de incienso y un kilo de yerbas medicinales que Claudio
Ferreira enviara a la ex presidenta. Pero esta vez la Justicia abrió el cuarto
del ex ministro y de allí recogió amuletos y talismanes, libros de Krum Heller,
un tratado de magia blanca de Bailey, tres collares con pendientes, anillos de
metal blanco con piedras, una estatuilla adornada con coloridos ropajes y una
capa blanca con motivos rojos que tenía bordada la cruz de los
rosacruces.
Ese material, clasificado y seleccionado, fue exhibido para el
periodismo en el Departa- mento Central de Policía. Incluso, la Justicia
reclamaría el asesoramiento de un cura para desentrañar las prácticas
ocultistas del prófugo. Era evidente que los militares preferían que el paso de
López Rega por el gobierno quedara marcado por el sello de "brujo" y
"ladrón" (precisamente dos de las tres "acusaciones" que
López Rega se apuró a desmentir apenas asumió su cargo en el ministerio),
mientras que la justicia argentina mostraba un débil impulso por averiguar la
responsabilidad que le cabía en el armado de la Triple A.
A través de una tercera persona López Rega le hizo saber a su hija Norma
que estaba viviendo con una mujer joven que sabía dar inyecciones, que lo
cuidaba y le hacía masajes en los pies. Y que además le había facilitado una
identidad con la que podía desplazarse. La quería como a una hija.
En 1980, unos meses después de salir de prisión, Norma fue a visitarlo a
Suiza y pasó una temporada viviendo en su casa. El encuentro entre la hija
espiritual y la biológica no fue muy auspicioso. Norma advirtió que si se
hurgaba bajo la supuesta personalidad frágil de la concertista y no se dejaba
engañar por sus comentarios demasiado ingenuos o demasiado idiotas, iba a
encontrarse con una mujer que había trazado una estrategia astuta para
apropiarse de su padre y dominar completamente cada uno de sus movimientos y
decisiones: la intrusa tenía el control de su dinero y de su identidad. Norma
se dio cuenta de que lo tenía cautivo. López Rega atribuyó esa idea de su hija
a una cuestión de celos naturales, pero ella le dijo que no se trataba de eso,
o sólo de eso. Además, le objetó que hubiese puesto a nombre de Cisneros la
residencia de Villeneuve donde estaban viviendo, y que hubiese hecho lo mismo
con los fondos de la cuenta del Banco Santander, que antes compartían padre e
hija.
Mientras tanto, a ella, Norma, la Comisión Nacional de Responsabilidad
Patrimonial (Conarepa) le había rematado el cuarto piso de la avenida
Libertador, donde vivía Chiquitina, y la propiedad de la calle Túpac Amaru, en
Olivos.
Poco tiempo después de que Norma dejara Suiza, María Elena Cisneros
indujo al ex ministro a creer que su hija lo había traicionado: había sido ella
(le dijo) la que, a cambio de dinero, había vendido a la prensa la información
sobre su paradero, lo que hizo que periodistas y fotógrafos empezaran a
merodear su chalet de la calle Bynnon 7, arruinándoles la pax helvética para
siempre.
Pero María Elena estaba equivocada. Quien había filtrado el dato era
otra persona. En 1981, el Gordo Vanni se sentía desamparado en su exilio. Él
había hecho todo lo que estaba a su alcance para la fuga de López Rega: le
había conseguido un departamento y una chica. Pero, después de quince años de
amistad, López lo había dejado librado a su propia suerte. Su antiguo amigo
tenía mucha plata, pero en casi cuatro años no le había pasado un centavo. Todo
había ido para la Cisneros. Carlos Villone intentaba calmarlo. Por entonces,
prófugos como estaban, los dos vivían en Guadalajara, España, y si bien se
sentían seguros de que la Justicia jamás los alcanzaría, les molestaba, en
cambio, cargar con todo el peso de la condena social que había teñido de negro
al círculo lopezrreguista. "La banda de sindicalistas de Casildo Herreras
tuvo muchos más muertos que López Rega. Sin embargo ellos salieron limpios y
mirá cómo quedamos nosotros...", se lamentaban.
Villone había llevado a su madre a su refugio de Guadalajara y cuando
ella, afectada de una trombosis cerebral, quedó paralítica, tuvo que internarla
en un hospital, donde permaneció durante siete meses. Con la ayuda de una
monja, Villone vivía para cuidarla. Respaldado por la fuerza de su espíritu, y
mostrando un profundo sentido de la persuasión, también intentaba atemperar la
furia de Vanni contra López Rega. Y lograba cautivarlo, por un rato, con el
relato de una leyenda de carácter esotérico con la que, por analogía, intentaba
justificar las razones por las cuales el ex ministro los había abandonado. Pero
al Gordo le importaban "tres carajos" Mahoma y el Universo cuando se
ponía serio: nadie le quitaba de la cabeza la idea de la venganza. No era un rencor
injustificado el que lo gobernaba. Vanni había pasado años muy malos. La
incertidumbre le había ido endure-ciendo las paredes de sus arterias. En 1977,
en Madrid y en calidad de prófugo, debió ser sometido a una operación de
cateterismo por el doctor Ramiro Rivera. Después el médico lo llenó de recetas
y recomendaciones: Persantin, Inyesprim, Sumial; el primero cada doce horas,
los otros dos cada seis; le dijo que caminara cinco kilómetros por día, que
abandonara el cigarrillo, que se obligara a una dieta pobre en grasas.
Para cumplir con semejantes consejos, el Gordo decidió internarse en la
clínica La Ligniére de Suiza, pero un estudio de abogados local le advirtió que
la policía suiza había recibido de Interpol su orden de detención. Uno de los
fundamentos jurídicos de su orden de captura era, precisamente, haber enviado
once mil dólares de los fondos reservados de la Presidencia a López Rega,
apenas éste marchó a España. Isabel, incluso, en su declaración judicial, se
había desentendido del caso y había derivado toda responsabilidad en él. Para
peor, antes de morir, Lastiri también lo había desacreditado ante el juez. Dijo
que le parecía inconcebible que, "teniendo en cuenta los antecedentes que
tenían", Vanni y Villone hubieran sido autorizados a manejar las compras
de la Cruzada de la Solidaridad y utilizar la Cuenta 090 para los pagos. Isabel
declaró en términos similares: dijo que Villone utilizaba los fondos de la
fundación para pagar las cuentas del Ministerio. La ex presidenta intuía que la
cosa estaba un poco desordenada, pero como debido al ejercicio de sus funciones
era ajena a todo eso, y además intervenía una Secretaría de Estado, no le había
quedado otra alternativa que confiar "en que todo marchaba
perfectamente".
El 20 de marzo de 1980, Isabel Perón fue condenada a la pena de ocho
años de prisión por la causa dela Cruzada de la Solidaridad. La pena incluyó el
polémico cheque con el que pagó los derechos sucesorios de Evita a sus
hermanas, por el cual ya había sido absuelta en noviembre de 1975. El resto de
los miembros del consejo directivo recibió las siguientes penas: Celestino
Rodrigo, cuatro años y seis meses; Duilio Brunello, tres años y seis meses;
Norma Beatriz López Rega, tres años de prisión. Raúl Lastiri purgó su pena con
arresto domiciliario. Murió en 1978, una semana después de que su pareja Norma
López Rega saliera en libertad. Por su parte, el secretario Legal y Técnico
Julio Carlos González también fue encarcelado por la causa de malversación de fondos al igual que la
presi- denta. Según declaró, González había advertido a la presidenta que no
debía hacer uso indiscriminado de los fondos reservados —joyas,
sobreasignaciones de sueldo, gastos de personal deservicio, pagos de custodia e
impuestos de viviendas particulares—, y ésta le respondió "en forma
violenta que los fondos eran de ella y hacía lo que quería y que el dicente no
era quién para oponerse y darle indicaciones". Uno de los puntos que se
investigó en el expediente fue la extracción de 15.600.000pesos (equivalentes a
150.000 dólares) de la cuenta de fondos reservados en la tarde del 23 de marzo
de 1976. Según se desprende de la causa, Isabel ordenó retirar el dinero del
Banco de la Nación, y lo hizo colocar en una caja de seguridad. Pasadas las 10
de la noche, ante la inminencia del golpe de Estado, ordenó que lo llevaran al
domicilio del doctor Pedro D’Attoli, para que lo tuviese a disposición cuando
se lo requiriera. Un día después, los colaboradores de Isabel retiraron ese
dinero y lo entregaron a la escribanía de Bernardino Mortejano (h) para que,
luego de depositarlo en un banco, entregara el cheque a la Secretaría Técnica
de la presidencia de la Nación, que ya tenía nuevas autoridades militares.En su
declaración judicial, pese a los testimonios coincidentes de sus ex colaboradores,
Isabel Perón dijo que no había dispuesto ninguna medida de esa índole. Véase
expediente sobre Malversación de Caudales/María Estela Martínez de Perón,
archivado en el Juzgado Federal N° 3.
Mientras los funcionarios lopezrreguistas y los que estuvieron ligados a
Isabel permane- cían presos en la cárcel de la dictadura argentina, Vanni y
Villone preferían hundirse en la clandestinidad, antes que internarse en una
celda inhóspita. Sin embargo, a mediados de 1979, Vanni fue detenido por
Interpol y el gobierno argentino pidió su extradición: además de los 11.000
dólares de los fondos reservados, se puso de manifiesto que en su carácter de
director de la obra social de jubilados y pensionados había librado órdenes de
compra a proveedores que no existían. Era tan ferviente el deseo de justicia
del secretario del juzgado Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, que también
investigó sus llamados telefónicos a España desde el teléfono del ministerio, y
pretendía que rindiera cuenta de ellos, porque los consideraba ilegales. Vanni
obtuvo la gracia de la Audiencia Nacional, que nunca era propicia a conceder
extradiciones, y denegó el pedido del gobierno argentino, bajo el argumento de
que tenía deficiencias formales.
En ese período, aparte de las complicaciones cardíacas y judiciales,
Vannituvo que sobrellevar algunos conflictos sentimentales. Además del afecto
que le tributaba La Marque- sa, se puso de novio con una vasca impetuosa que le
discutía cada paso que daba, y las cosas se complicaron más cuando tuvo un hijo
con ella. Poco después, o en forma simul- tánea, apareció de golpe casado con
Victoria, la mucama más joven de Puerta de Hierro, una belleza de mujer a la
que el General impulsaba a estudiar, y junto a la que Vanni había pasado meses
velando por la seguridad y el descanso del cadáver de Evita en el primer piso
de la residencia madrileña, mientras el matrimonio Perón gobernaba la
Argentina. Luego de su casamiento, Vanni tendría tres hijas con Victoria.
Justamente ella, que por entonces estudiaba Historia (y sería profesora de la
Universidad de Alcalá de Henares), en medio del caos en el que vivía su marido,
lo estimuló y ayudó a que escribiera un libro sobre la jefa espiritual del
Movimiento. A principios de 1981, Vanni publicaría “La razón de su vida”, en
una imprenta de Guadalajara, España. Pero sus problemas de corazón continuaron
y entonces, luego de obtener un pasaporte de la Cruz Roja, viajó a Ginebra a
operarse. Le hicieron un triple by- pass, con todos los gastos a cuenta de La
Marquesa, pero en vez de preocuparse por su recuperación (casi no podía
caminar), el Gordo se preocupó por encontrar a López Rega. Quería consumar su
venganza.
Cuando meses más tarde contó su hazaña, Vanni dijo que había hallado la
pista un poco por azar. Una tarde, en una disquería, encontró la Suite helvetia
pourpiano, un disco de larga duración con dieciocho composiciones creadas por
una concertista cuyo nombre le resultaba familiar: María Elena Cisneros. La
joven entrerriana confesaba en la contrapor-tada que su creación, tanto en el
plano psíquico como espiritual, era una modesta contri-bución a su experiencia
en Suiza. Vanni buscó contactarse con la compositora y a través del sello
editor consiguió la dirección exacta donde vivía el ex ministro. El Gordo
meditó mucho sobre qué podía hacer con López Rega. Y a su regreso a Madrid
concluyó que lo mejor que podía hacer era plata, que era lo que más
necesitaba.
A través de Emilio Abras (ex secretario de Prensa y Difusión, ex
embajador del gobierno de Isabel en Suecia), que ya había retomado sus tarea
sen la oficina de la agencia EFE de Madrid, Vanni pudo hacerse de un dinero
(15.000 dólares) filtrando el dato de la dirección de Villeneuve. Vanni y Abras
se propusieron no dejar vivir en paz a su antiguo jefe, y mostraban el disco
Suite helvetia... como un trofeo personal y periodístico.
En marzo de 1981, la pareja espiritual ya tenía una guardia fotográfica
en su casa. Cuando la llamaron al teléfono 603028 para preguntarle por López
Rega, la Cisneros dijo que no lo conocía, pero admitió que, por las señas que
le transmitía el periodista, esa per-sona debía de ser el dueño de la casa que
ella estaba alquilando. No lo veía desde hacía dos años. A partir de esa
información, y aunque no fue posible tomarle fotos, la prensa mundial supo que
López Rega vivía en Suiza con una concertista.
Por su parte, Vanni, en estricto off the record, se ocuparía de aportar
los detalles de color de la relación sentimental del ex ministro a algunos
periodistas de su confianza. Incluso les brindaría una fotocopia del cheque que
la Cisneros había librado en la cuenta del Banco Santander, para demostrar que
se había quedado con el dinero del ex ministro. Ante la nueva circunstancia,
López Rega se vería obligado a desaparecer. Vanni, en cambio, volvería a penar
por su situación legal.
Vanni sería detenido en Roma en diciembre de 1981. De inmediato, la
justicia argentina solicitó su extradición por la causa de malversación de
fondos, pero cuando el exhorto llegó a la Cancillería italiana, la Justicia de
ese país ya lo había liberado. Sucedió lo siguiente: en 1980, en España, el
Gordo había conseguido que se lo reconociera como "refugiado
político", de acuerdo con la Convención de Ginebra. Teniendo en cuenta ese
estatus, la justicia romana lo liberó el 5 de enero de 1982 para no entregarlo
a la dictadura argentina. A fines de 1983, poco antes de que asumiera el
gobierno democrático, Vanni se puso a derecho, se negó a declarar, y pidió su
sobreseimiento por considerar que había prescripto la acción penal. Sin embargo,
el juez Norberto Gilletta dispuso su prisión preventiva por considerarlo prima
facie y en semiplena prueba autor de los delitos de violación de deberes de
funcionario público cometidos en forma reiterada, y le trabó un embargo, pero
lo dejó en libertad. Vanni volvería a cruzarse con López Rega en una
circunstancia desafortunada para ambos. (Véase capítulo 20.) Carlos Alejandro
Gustavo Villone, por su parte, fue detenido en Guadalajara en febrero de 1983
por Interpol. La justicia argentina solicitó su extradición por los delitos de
violación de los deberes de funcionario público y peculado en perjuicio del
Ministerio de Bienestar Social y de la Cruzada de la Solidaridad. El juez
Norberto Gilletta le trabó un embargo millonario, pero la tentativa de traerlo
a la Argentina fracasó: el Consejo de Ministros de España, el 23 de febrero de
1983, acordó la no continuación del proceso de extradición. Carlos Villone fue
sobreseído definitivamente por prescripción de la acción penal en 1989. Durante
casi dos años, trabajó en la embajada argentina en República Dominicana. La
embajadora era Teresa Meccia de Palmas, esposa de Luis Palmas, quien secundaba
a Felipe Romeo en los años setenta. Villone había conocido al matrimonio en 1973. En la actualidad
Carlos Alejandro Gustavo Villone está jubilado. Ya no utiliza el peluquín que
lo acompañó en su gestión en el Ministerio de Bienestar Social ni durante los
catorce años que vivió prófugo de la Justicia.
El 4 de febrero de 1981, en el día de su cumpleaños, el juez Martín
Anzoátegui sobreseyó a Isabel en la causa por malversación de fondos
reservados. El juez fue mucho más benévolo que su antecesor, Rafael Sarmiento,
quien había encontrado indicios "vehemen-tes" de culpabilidad en la
conducta de la ex presidenta, y había comprobado que enviaba dinero de gastos
reservados a sus cuentas personales. Pero Anzoátegui entendió que, al tratarse
de fondos reservados, Isabel no tenía por qué rendir cuentas de su destino. Sin
embargo, a la ex presidenta todavía le quedaba cumplir la condena por la causa
de la Cruzada dela Solidaridad, en la que, además de autorizar gastos para
fines ajenos a los objetivos de la fundación, en su incapacidad de poder
distinguir sus bienes propios de los del Estado (no había entendido que las
donaciones pertenecían a la fundación y no a ella), había transferido nueve
millones de dólares a su cuenta del Banco Santander. Finalmente, en junio de
1981, la viuda de Perón cumplió las dos terceras partes de la condena de siete
años y medio (a último momento la Cámara le redujo seis meses), y quedó en
libertad condicional.
Isabel salió de su reclusión con el estómago deshecho. Cuatro años
antes, cuando intentó suicidarse, los médicos la habían llevado al baño y le
hicieron un lavaje, pero después, a pesar de que tejía jerseys y bufandas,
escribía poesías de carácter espiritual y leía novelas de Morris West, sus
constantes crisis nerviosas derivadas de las indagatorias judiciales le habían
atacado el aparato intestinal y le irritaban el colon. También la columna vertebral
había sido afectada. Los médicos le recomendaron tratamiento
kinesiológico.
Apenas llegó a Madrid, Isabel se desembarazó de Rosario Álvarez
Espinosa, la mucama que le había salvado la vida, y que volvió a su pueblo
natal, Antequera, en el sur de España, luego de dos décadas de trabajos
domésticos para el matrimonio Perón. En los veinte años posteriores, la mucama
le reclamaría al Estado argentino por el destino de sus joyas y también por una
pensión por sus servicios en la Presidencia. Jamás obtuvo respuesta.
Isabel volvió a tomar contacto con el criminal de guerra Milo Bogetich,
a quien, en sus días de furia durante su época de presidenta, había acusado de
pedófilo; sin embargo, el croata se convirtió en su asistente y mayordomo en
reemplazo de López Rega. Pero no se olvidó de éste. Si bien ya no quería saber
nada más de él, porque sentía que toda la pesadilla que había vivido en el
ejercicio de su gobierno había sido ocasionada por su compañía, quiso recuperar
un anillo de diamantes y el dinero que estaba atesorado en un banco suizo, a
nombre de los dos.
Apenas instalada en España, y pese a su inalterable silencio, el
peronismo volvería a cortejarla. Su piso de la calle Moreto 3 se convertiría en
La Meca de los dirigentes, que pasa- ban días enteros en Madrid a la espera de
ser recibidos y obtener de ella una palabra, un guiño político o un gesto
siquiera para que los respaldara. El ex gobernador riojano, Carlos Menem,
furioso porque la viuda de Perón rechazó un ramo de rosas que le había enviado y
lo mandó tirar al pie de un árbol, denunció que Isabel "estaba secuestrada
por un grupo de españoles". Incluso había dirigentes que regresaban
diciendo ser portadores de mensajes que ella jamás había autorizado.
El peronismo vivía atribulado, huérfano del Líder, intentando
reorganizarse y tratando de adivinar qué actitud tomaría la Señora en vísperas
de la apertura democrática que se avecinaba. En ese sentido, después de la
guerra de Malvinas de 1982, cuando la dictadura empezó a preparar la retirada,
su ex carcelero, el almirante Massera, ya lanzado a la vida política, viajó a
Madrid para pedirle su bendición como candidato a presidente. Le anunció que
llevaría en su fórmula a un destacado dirigente del Partido Justicialista, el
economista Antonio Cafiero. Incluso la ex secretaria de Isabel Dolores Ayerbe
se había sumado a su movimiento político. En su círculo de allegados existía la
fundada esperanza de que la fórmula Massera-Cafiero fuera bendecida por la
viuda de Perón.
Pero poco después, una causa judicial por la desaparición del empresario
Fernando Branca, marido de la presunta amante del almirante, y que el
masserismo veía fogoneada oscuramente por el Batallón 601 del Ejército,
llevaría a Massera a prisión y clausuraría para siempre sus ambiciones políticas.
En 1981, Isabel Perón consultó al Gordo Vanni por el destino de un
anillo de diamantes que había quedado bajo su custodia en la residencia de
Puerta de Hierro. Vanni le informó que se lo había llevado López Rega en su
fuga hacia Suiza. Por otra parte, Vanni sería visitado por los apoderados de
Isabel Perón, Julio Arriola, Ricardo Fabbris y "Chacho" Bustos,
mientras se estaba reponiendo de la operación al corazón. Le reclamaron
documentos atesorados en Puerta de Hierro y también el acceso a la cuenta
bancaria donde había sido depositado el dinero que Perón recibió en 1974 por
parte del Estado en concepto de restitución de bienes (originalmente eran
8.400.000 dólares). Los titulares de la cuenta eran Isabel y López Rega.
Durante la prisión de la ex presidenta, el dinero quedó bajo custodia del ex
ministro. Vanni se mostró reticente a informar sobre esa cuenta a los
visitantes, y ante la insistencia de éstos, su suegro los echó de la casa a
punta de escopeta. Allegados a López Rega indican que el ex ministro le
facilitó a Arriola el acceso al banco suizo para que se llevara el dinero y se
lo diera a Isabel. Sin embargo, distintos testimonios (incluso uno de la ex
presidenta) indican que una parte del total de esa cuenta le fue birlada por el
propio abogado Isaac Arriola, que lo habría transferido a un banco de
Luxemburgo. Véanse María Seoane, El burgués maldito, ob. cit., pág. 386; y Juan
Carlos Iglesias y Claudio Negrete,
La profanación. El
robo de las manos de Perón, ob. cit., pág. 131.
Cuando el peronismo eligió la fórmula Luder-Bittel para las elecciones
del 30 de octubre de 1983, el primero de ellos, que además era su abogado,
esperó durante mucho tiempo un telegrama de felicitación por parte de Isabel.
Pero nunca llegó. En cambio, Isabel le brindaría un formidable apoyo al radical
Raúl Alfonsín, que triunfó en las elecciones, y retornaría a la Argentina para
participar de los actos de asunción del nuevo presidente. Pocos meses más
tarde, en mayo de 1984, Alfonsín le agradecería ese gesto de nobleza a la viuda
de Perón y dictaría el decreto 1301, con la intención de "lograr la unión
de todos los argentinos". Mediante el decreto del Poder Ejecutivo, el
Estado desistía del cobro de nueve millones de dólares que Isabel Perón estaba
obligada a restituir por la condena civil de la causa de la Cruzada de la
Solidaridad, en la que, como había sido probado por la Justicia, se apropió de
fondos públicos de una recaudación solidaria y los derivó a una cuenta
personal.
El decreto 1301 se había formalizado luego de un acuerdo entre el
procurador general de la Nación, Héctor Fassi, y el apoderado de Isabel, Manuel
Arauz Castex. La generosidad (en perjuicio del Estado) por parte del gobierno
estaba fundada en la convocatoria de la viuda de Perón al diálogo político, a
seis meses de gestión. Alfonsín quería evitar las negociaciones con las
autoridades del Partido Justicialista, cuyo hombre fuerte y vicepresidente
primero seguía siendo Lorenzo Miguel, a quien había denunciado en la campaña
electoral por su "pacto con los militares". La negociación con el
justicialismo hubiese sido más áspera para Alfonsín que dar respuesta a las
necesidades puntuales de Isabel, lo que además estaba teñido de un aura de
cortesía.
A principios de mayo de 1984, el canciller Dante Caputo viajó a Madrid y
le ofreció a la viuda todas las garantías políticas y económicas para que
aceptara la invitación presidencial y se trasladara a la Argentina. Incluso el
juez José Nicasio Dibur hizo saber a la prensa que no la citaría a declarar
como testigo en la causa de la Triple A, pese a que podía proveer algún tipo de
información sobre López Rega. Los gestos de la democracia emergente en favor de
la ex presidenta no terminarían allí. En el Parlamento, radicales y peronistas
presentaron un proyecto en conjunto para sancionar la ley23.062, conocida como
"Ley de Reparación Histórica", que establecía en su artículo primero
que: carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos
emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y los
procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la
imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales y en
el artículo tercero, hacía más explícito el pacto político: declárase
comprendida en las previsiones de los artículos precedentes la situación de la
ex presidenta de la Nación doña María Estela Martínez de Perón.
Los legisladores eran conscientes de las fallas jurídicas que presentaba
la ley, porque había sido confeccionada atendiendo solamente a su situación (y
no incluía a López Rega, pese a que era juzgado en la misma causa por el mismo
delito), pero la ley estaba fundamentada en "la consolidación de la
democracia". Ese era el espíritu de la iniciativa.
Para la nueva construcción democrática, las denuncias que empezaban a
hacerse públicas sobre el horror de la dictadura militar tenían a Isabel Perón
como el primer secues-tro, la primera víctima de la violación a los derechos
humanos. La democracia necesitaba reivindicarla en términos históricos,
jurídicos, políticos y morales. La ley 23.062, más que un beneficio a su
patrimonio, era un homenaje a ella. El debate parlamentario tuvo objeciones,
previas a su sanción. Un diputado expresó: Tiene estado público la supuesta
actuación de una organización denominada "Triple A", a la que se
vincula a un ex ministro de Bienestar Social ¿Qué ocurriría si algún juez de la
Nación citara a la señora presidente para pedirle explicaciones o recibirle
declaración indagatoria en tal particular? Del articulado del proyecto surgiría
la imposibilidad de concretar tal citación atento a que por ley se otorgaría a
la señora ex presidente un bill de indemnidad que impediría toda investigación
al respecto.
Una semana después, Isabel llegó a la Argentina, se reunió con Alfonsín,
firmó un "Acta de Coincidencias" para aceptar la propuesta que
hiciese El Vaticano sobre el diferendo limítrofe con Chile por el Canal de
Beagle, y se fue agradecida. En honor a esta "unión nacional" y en el
intento de reconstruir el sistema departidos políticos en la democracia, el
presidente Alfonsín, si bien ordenó enjuiciar a los comandantes de las Juntas
Militares (1976-1983) (decreto 158) y a las cúpulas de las organizaciones
guerrilleras (decreto 157), prefirió no promover la investigación ni someter a
proceso a los responsables instituciona-les de los secuestros y desapariciones
forzadas durante la gestión de Isabel Perón ni tampoco a los crímenes de la
violencia para estatal (1973-1976).
Como consecuencia de esta omisión, la Triple A estuvo eximida de las
investigaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep) y no hay relatos sobre su accionar criminal en el libro Nunca más.
(Alfonsín había sido uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos —APDH—, que se había creado en diciembre de 1975 "para hacer
frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que comenzaron
con la actividad de la denominada AAA"). Sin embargo, la negación del sistema
democrático de los ochenta sobre la acción de grupos del terror estatal durante
el gobierno constitucional 73-76 empezaría a resquebrajarse más de veinte años
después.
Para pacto político de impunidad entre PJ y UCR que indultó a la Triple
A, véase entrevista al autor en suplemento Enfoques de La Nación del 14 de
enero de 2007. A partir de entonces, el juez Acosta citó para que testimoniara
a Alfonsín, quien lo negó en una declaración escrita. El periodista Horacio
Vertbisky también tomó nota de la ley 23.062 en su artículo de Página/12 del 11
de febrero de 2007,diez días después de que el autor transmitiera la ley como
prueba del pacto Alfonsín-Isabel en el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), que Vertbisky preside. Desde 1984, y una vez que le fueron devueltos
los bienes inmuebles que le habían sido incautados por la Conarepa, Isabel
Perón se llamó asilencio y jamás volvió a involucrarse en la vida política,
pese a las múltiples imploraciones del justicialismo, que la requería como
"prenda de unidad". El 3 de febrero de 1997 el juez Baltasar Garzón,
titular del Juzgado Central de Instrucción N° 5 de Madrid, la interrogó sobre
distintas acciones de gobierno. Los que siguen son algunos extractos de su
declaración. "Preguntada sobre si recordaba la firma del decreto 2261/75
del 5 de febrero de 1975 en el que se establecía una estructura funcional para
todos los organismos de inteligencia y en el que se autorizaba al Ejército de
Tierra a ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o
aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia
de Tucumán, manifiesta que efectivamente firmó como presidenta, como jefe de
Estado, ese decreto, pero que en ningún caso con dicho decreto se pretendía
justificar o autorizar la aniquilación física de las personas, entendiendo que,
si posteriormente se ha querido utilizar este decreto como justificación de lo
sucedido a partir del momento en que la declarante fue destituida como
presidenta, sin duda se hizo en contra de las propias convicciones de la declarante,
y aprovechando una finalidad distinta. Preguntada si conoció y fue consultada
antes de que Ítalo Luder firmara el 6 de octubre de 1975 los tres decretos que
complementaban el esquema de lucha antiterrorista por el que se disponía de los
medios necesarios para la lucha contra la subversión a través del Ministerio
del Interior y el decreto 2772/75 por el que se libraban órdenes de ejecución
de operaciones militares y de seguridad para eliminar y/o aniquilar el accionar
de todos los elementos subversivos en todo el territorio del país, o tuvo
conocimiento de ellos con posterioridad a su reincorporación como jefe de
Estado argentino, manifiesta: primero, no fue consultada con carácter previo a
la elaboración de tales decretos; segundo, no conoció la existencia de tales
decretos; tercero, no fue informada posteriormente de los mismos y, cuarto, a
partir de su incorporación, de hecho, el golpe de Estado ya era latente y se
mantuvo los últimos meses de su mandato como si no fuera presidenta, y
realmente como una especie de figura decorativa. Preguntada quién regía en esos
momentos los destinos del país y quién gobernaba, contesta que 'aún hoy sigue
siendo un interrogante para la declarante'. Puede añadir que se sentía
absolutamente sola y que nadie la informaba de cómo marchaba el país ni de lo
que se estaba naciendo o se iba a hacer. Ahora piensa que es posible que se
aprovechara su licencia por enfermedad para que se firmaran unos decretos que
la declarante como jefe de Estado nunca hubiera firmado. Es posible también que
se la quisiera quitar del medio para realizarlo. Luego dijo que no conocía nada
de la Triple A y que por ende no podía responder si López Rega era el
responsable de ese grupo. Consultada acerca de si el Ministerio de Bienestar
Social fue utilizado como agente de la represión encubierta, que incluso llegó
a comprar armas, manifestó desconocerlo. Respecto al ex ministro, y preguntada
de por qué le había revocado su cargo de embajador plenipotenciario, dijo que
fue porque 'le gustaba mandar y no ser mandada'. Consultada si conocía la
relación de la logia masónica P2 y el tráfico de armas, afirmó desconocerlo
absolutamente. Tampoco se enteró jamás de los detalles de la matanza de Ezeiza.
Sobre las visitas que le hizo Massera en Madrid, luego de su liberación, dijo
que era por motivos de agradecimiento porque 'el almirante, durante mi
detención, en tres ocasiones evitó que fuese fusilada' y negó que hubiese
ido para conseguir su aval político. Consultada si alguna vez le preguntó a
Massera si en la ESMA fueron detenidas e incluso ejecutadas muchas personas,
respondió que nunca le preguntó sobre este particular. Preguntada por qué se
intervino la universidad en 1974, respondió que fue por las luchas intestinas
entre los dirigentes universitarios. Por último, confió que 'por razones de
Estado ha preferido guardar silencio y una absoluta discreción durante todos
estos años, en los que no se ha defendido ni ha acusado a nadie y hoy es el
primer día que habla de todos estos temas'". En enero de 2007, dos tribunales
federales pedirían la extradición de Isabel Perón para indagarla por la firma
de los decretos de "aniquilamiento del accionar de la subversión" en
1975, en la causa sustanciada en Mendoza, y por la causa de la Triple A. En
esta última causa, los fundamentos de la prisión preventiva dictada por el juez
Oyarbide mencionan que no le imputó a la ex presidente haber pertenecido a la
Triple A ni haber cometido los crímenes que se le atribuyen a esa organización
terrorista. "De hecho, no existe ninguna prueba directa en el sumario que
(al menos hasta el momento) permita formular tal imputación. En cambio, existen
una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex
presidente estaba en conocimiento de la situación y que (pese a su posición) no
articuló los recursos con los que contaba por su condición, para evitar que la
agrupación (Triple A) continúe su accionar delictivo, o que (por lo menos) no
lo haga desde las estructuras del Estado ni con los medios que el Estado
proveía para la seguridad. [...] Personal que desempeñaba sus funciones en
estrecha proximidad con la ex presidente también estaba al tanto de la
situación. [...] Los diarios de la época también daban cuenta de la situación
que se vivía. [...] Si todos ellos, legisladores, ministros, colaboradores, la
población en general a través de la prensa conocía la existencia de la Triple
A, los hechos que se auto adjudicaba y que uno de sus responsables podía ser
uno de sus ministros, no puedo menos que sospechar que la Señora Presidente
tenía conocimiento de la situación reinante. [...] Finalmente, si ante el
conocimiento de todas estas circunstancias, la imputada permitió que la
agrupación criminal, o quizá con más propiedad, su líder (López Rega)
continuara actuando desde donde lo hacía, al amparo de la estructura
gubernamental y con elementos que el propio Estado le otorgaba para su custodia
(armas, equipos de comunicación, móviles, etc.) no es irrazonable sospechar que
contaba al menos con su consentimiento para la realización de sus actos y que
lo mantenía en esa posición, desde donde la agrupación terrorista podía ir
cumpliendo con su finalidad, la eliminación de las personas de determinada
ideología o desafectadas al Ministerio de Bienestar Social. De ser así, su
conducta habría otorgado una cooperación sin la cual los hechos no habrían
podido cometerse de la forma en que se hicieron. [...] La sospecha se ve
reforzada ante la actitud tomada por la imputada frente al alejamiento de López
Rega, a quien en lugar de someterlo a la jurisdicción de los jueces que por
entonces investigaban tales hechos, le facilitó la salida del país designándolo
embajador ante los Estados Europeos, lo mismo que a su custodia y principales
imputados (Decretos 1895/75 y1956/75)." Hasta febrero de 2007 todavía no
estaba determinada la fecha del Juicio de Extradición en la Audiencia Nacional
española, que resolvería sobre el pedido de los jueces Oyarbide y Acosta por
las dos causas en las que Isabel Perón está procesada.
Cuando López Rega fue cercado por la prensa en Suiza en marzo de 1981,
la Propaganda Due de Licio Gelli también sufrió un golpe fuerte. Toda la
estructura de su organización quedó al descubierto. En ese momento, Gelli era
investigado por la quiebra del banquero Michele Sindona, relacionado con el
Vaticano, y la Guardia Financiera italiana irrumpió en su residencia Villa
Wanda, en Arezzo. No encontró a Gelli sino a su secretaria, quien, de
inmediato, según se dijo oficialmente, puso a disposición el archivo de
personalidades ficha- das en la P2. En la lista de 962 miembros (se sospechó
que por lo menos mil más permanecieron en secreto) había varios argentinos,
entre ellos el almirante Juan Questa, el ex presidente Raúl Lastiri, el general
Carlos Suárez Mason, el diplomático César de la Vega, el ex ministro José
López Rega, el almirante Emilio Eduardo Massera, el diplomático Federico
Barttfeld, el ex secretario José María Villone, el ex ministro Antonio Savino,
el general Luis Betti, el ex canciller Alberto Vignes, y otras personalidades
como el funcionario de Cancillería Víctor Boully, Pablo Lavagetto, Wilson del
Valle Fernández, José Isaac Katz, Hipólito Barreiro y Aldo Alassia, un italiano
residente en Buenos Aires que representaba al grupo bancario Ambrosiano de
Milán, propiedad del financista Roberto Calvi, quien poco más tarde aparecería
colgado en un puente del río Támesis. Gelli, por su parte, sería detenido en
Suiza cuando intentaba cobrar varios millones de dólares de una cuenta
nume-rada, exhibiendo un falso pasaporte argentino, que se habría confeccionado
en la ESMA. Sería acusado de espionaje político, asociación criminal, extorsión
y fraude, y una comisión parlamentaria italiana se ocuparía de
investigarlo.
En agosto de 1983, Gelli escaparía de la cárcel y permanecería varios
años prófugo, posiblemente en América del Sur. Luego fue detenido y alojado en
su casa de Arezzo, donde comenzó a purgar una pena de doce años por su
implicación en la quiebra del Banco Ambrosiano de Milán, dependiente del
Vaticano. En abril de 1998 volvió a escaparse, pero fue detenido a los seis
meses en Cannes, Francia. A los pocos días, ingresó por un ataque al corazón en
un hospital de Niza y, ya repuesto, intentó cortarse las venas con los vidrios
de sus anteojos. En la actualidad, a los 84 años, continúa con su arresto
domiciliario en la Villa Wanda de Arezzo, Italia. Las memorias de su vida que
publicó son un homenaje a sí mismo.
La logia masónica argentina volvería a buscar a López Rega, en nombre de
los principios universales y en su deseo de que la hermandad sirviera de guía
hacia la verdadera luz. En las vísperas de la reapertura del proceso electoral,
el gran maestro masón Alcibíades Lappas temía que el peronismo se fragmentara y
diera paso a "tendencias de izquierda", por lo que a través de una
carta ponía al corriente a López Rega de lo que consideraba un peligro. A modo
de disculpa, Lappas admitía que el paso de algunos miembros de la maso-nería
local por el último gobierno constitucional había tenido consecuencias
indeseadas, y le aconsejaba tomar en cuenta que, mientras los excesos cometidos
eran siempre transi- torios, los principios de la orden eran en cambio eternos
y su propia obligación era intentar que perduraran.
Le solicitaba además que, si el Partido Justicialista triunfaba en las
elecciones para asu- mir un futuro gobierno democrático, tuviera en cuenta que
la orden podría ser útil a la pacifi- cación y que, por lo tanto, sus
integrantes no deberían ser combatidos ni perseguí-dos. Creemos que un futuro
gobierno democrático pasa por la unificación de su partido, ya que los
principios doctrinarios del mismo son una garantía ante las corrientes de
izquierda que es el peligro más grande de Sudamérica. Es evidente que la
unificación de su partido es una tarea ardua y difícil, pero el Hermano que le
presento le expondrá una serie de elementos que de ser aceptados por usted
colocarían a la Orden en condiciones de asegurar los pactos de no traición que
posibilitarían la unidad buscada.
Mario Giuretti, maestro masón de la Logia Panamericana, intentó localizar
a López Rega para entregarle la carta. Pero nadie le supo decir dónde estaba y
debió archivarla. Para el mundo, el paradero de López Rega continuaba siendo un
misterio. Aunque no había vuelto a aparecer ni se sabía nada acerca de él, los
rumores continuaban. Se decía que estaba oculto en la celda de un convento
ubicado frente a los Alpes suizos, y al que sólo se podía acceder por medios
aéreos; se decía que, encerrado entre cuatro paredes, no hacía otra cosa que
abocarse a la búsqueda delos "misterios mayores". Sin embargo, una
nueva avanzada de la prensa detectó su presencia en noviembre de 1982 por las
calles de Villeneuve. Manuel Agustín, un reportero que se disfrazó de mecánico
y se puso a arreglar frente a su casa un
Ford Fiesta que había alquilado, logró disparar su cámara cuando
empezaba a nevar y la luz languidecía. Como no tenía completa certeza de que su
misión estuviese terminada, continuó la caza al día siguiente, y lo persiguió y
fotografió repetidas veces cuando el ex ministro salía de una tienda y se
desplazaba hacia un túnel para cruzar al otro lado del pueblo.
Agustín vendería sus servicios a EFE y las fotos serían publicadas en la
Argentina a través del diario Clarín el 28 de noviembre de 1982. Pero cuando
Chiquitina se topó con su imagen, un anciano demacrado cubierto por un gorro
ruso, custodiado por un presunto guardaespaldas que le seguía los pasos,
concluyó que ése no era el hombre que ella había amado desde el primer día en
que lo vio.
La incursión de la prensa en Suiza obligó a López Rega a desaparecer
otra vez. La justicia local le inició un proceso por falsificación de
documentos. Un año más tarde, María Elena Cisneros se haría responsable de
haber quitado la foto al pasaporte de su padre biológico y de colocar a cambio
la de su padre espiritual, para librarlo del riesgo en el que vivía, porque
"unos comandos lo buscaban para matarlo", según expresó. Sus
argumentos sensibilizaron al juez, que justificó su conducta en defensa de
López Rega por "el riesgo inminente de su vida, sujeta a ajuste de
cuentas, moneda corriente en América Latina". Considerados
"malhechores por necesidad", el ex ministro y la concertista fueron
absueltos. Sin embargo, un tribunal de apelación del cantón de Vaud reabriría
el proceso y en mayo de 1984 condenaría a López Rega a la pena de dos meses de
prisión por infringir la ley federal sobre residencia de extranjeros. No podría
volver a Suiza en el lapso de dos años.
Por entonces López Rega ya estaba desaparecido otra vez, pero su
situación judicial en la Argentina en la causa de la Triple A había mejorado
sustancialmente. Hacia mayo de 1981, y luego de un prolijo y exhaustivo
análisis de las mil fojas acumuladas en los cinco cuerpos, el procurador fiscal
Julio César Strassera recomendó sobreseer provisionalmente a todos los
imputados, incluidos López Rega, Almirón y Morales, en una causa en la que,
después de todo, "no se había procesado a nadie". Para llegar a este
dictamen, Strassera descalificó el artículo publicado por Kahn en La Opinión en
1975, porque éste había sido desmentido por Ricardo Balbín, quien dijo que
jamás había poseído documentación sobre la Triple A. También acusó de
"falaz" a Salvador Paino, al que calificó de alienado mental,
ateniéndose al informe de los forenses de 1971 y no al de 1973, que lo
declaraba mentalmente apto; además, Strassera afirmaba que si había alguna
pista, ésta permanecía oculta dentro del ámbito castrense, y sus posibles
resultados, si los hubo, habían quedado en secreto. Atento a su recomendación,
y dado que la investigación del sumario había tropezado con obstáculos
"por hoy insalvables", el juez José Nicasio Dibur decidió no
propiciar una postura distinta de la sustentada por Strassera, y resolvió
sobreseer provisio-nalmente a los imputados en la causa.
El tema parecía cerrado para siempre. Sin embargo, en abril de 1983, y
cuando sus responsabilidades parecían diluirse en un mar de silencios y
complicidades, la situación legal de López Rega sufriría otro tropiezo. El
sumario fue reabierto por una serie de denun-cias: el testimonio de un preso,
Roberto Robledo Díaz, que había escuchado historias de la Triple A contadas por
un tal José Fernández, que en ese momento vivía en España; la aparición de la
denuncia sobre Almirón en Cambio 16, que fue incorporada al expediente; y la
conmoción pública que causó la acusación efectuada ante la Comisión Argentina
de Derechos Humanos en Madrid, y ratificada ante las Naciones Unidas en
Ginebra, por el ex inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández.
Las denuncias detallaban el accionar de los grupos parapoliciales y
paramilitares, mostraban la relación de López Rega y Villar en el armado de la
Triple A, y revelaban el entramado de la represión ilegal, que había aglutinado
a policías, militares y peronistas ortodoxos con el fin de masacrar a la
izquierda. También marcaba la línea de continuidad
de la Triple A en el aparato de represión ilegal montado por la dictadura
militar.
Roberto Robledo Díaz, por dichos de Juan Fernández, relató la relación
de Felipe Romeo, Casanova Ferro, Recanatini y Eduardo Sid en una serie de
secuestros y revelaba sus encuentros con el jefe de la CGT Casildo Herreras y
con un sargento del Ejército de apellido González, en cuyas reuniones le
impartía su "doctrina fascista". En cuanto al artículo de Cambio
16 de abril de 1983 (ya mencionado en nota 2 del Capítulo 17), el entonces
candidato presidencial por el radicalismo Raúl Alfonsín declaró: "En
diciembre de 1974 (revela a esta revista) la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado mantuvo una reunión importante con el ministro del
Interior argentino Alberto Rocamora para tratar el tema del terrorismo de
Estado. A pesar de que ya se habían producido centenares de asesinatos, el
ministro Rocamora insistía que la Triple A era una organización desconocida, y
que por eso era muy difícil combatirla. Yo entonces le di algunos nombres para
que investigara si estaban implicados en sus actividades. Y uno de esos nombres
era el de Rodolfo Eduardo Almirón Sena, jefe de la custodia del ex ministro de Bienestar
Social José López Rega". Es interesante notar la contradicción de Alfonsín
con la declaración del entonces jefe del radicalismo Ricardo Balbín, quien el
28 de julio de 1975 desmintió, como publicara el periodista Heriberto Kahn en
La Opinión, que él hubiera entregado una carpeta sobre la Triple A a la
presidenta Isabel Perón. Dijo Balbín a la Justicia: "la publicación [de
Kahn] agravia a las instituciones armadas [...] el día que conociera a los
responsables de las 3 'A', no tendría inconveniente en hacer la denuncia. De
modo tal que nunca tuve carpeta alguna referida a esta cuestión". Véase
foja18 del Cuerpo I de la causa de Triple A. Quizá la diferencia sobre el
conocimiento de la AAA entre los dos dirigentes radicales pueda entenderse por
el cambio de la situación política: el año 1975 no implicaba lo mismo que en
1983, cuando los militares estaban en retirada. Y tampoco significaba lo mismo
una declaración judicial que un diálogo con la prensa. Por su parte, en su
extensa declaración, incorporada a la misma causa, Rodolfo Peregrino Fernández
dijo: "El grupo de [el comisario Alberto] Villar fue una delas principales
vertientes en la formación de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), siendo
el autor de los atentados que se produjeron en el período anterior a su
aparición pública, de indudable origen policial [...] Del entorno de Villar
integran las AAA el principal Jorge Muñoz, el inspector Jorge M. Veyra, el
inspector Gustavo Eklund, el subinspector Eduardo Fumega, el inspector
Alejandro Alais, el principal Bonifacio, el inspector Félix Farías y el
principal retirado Tidio Durruti. La designación de José López Rega en 1973
como ministro de Bienestar Social trae aparejada la rehabilitación de los
oficiales de la Policía Federal Juan Ramón Morales y Rodolfo Eduardo Almirón,
que habían sido separados del servicio por su vinculación con importantes
bandas de delincuentes comunes [...] Morales y Almirón, juntamente con el
principal José Famá )quien era de confianza personal de López Rega) y sectores
para policiales, reclutados entre conocidos delincuentes comunes, como Antonio
Melquíades Vidal, alias 'Tony', o los antiguos represores como Héctor García
Rey, conformaron la otra vertiente principal de la AAA, cuya existencia, así
como el nombre de sus jefes principales, era conocida por la oficialidad de la
Policía Federal Argentina. También participaba el suboficial Edwin Farquharson.
Era sabida, asimismo, la vinculación con las AAA de Alberto Brito Lima, Norma
B. Kennedy y Julio Yessi, dirigentes del sector derechista del peronismo, así
como del coronel del Ejército Jorge Osinde, quien luego fuera designado
embajador de Argentina en el Paraguay. Entre otros personajes vinculados a
Villar y su grupo estaba el periodista Antonio Rodríguez Villar, que fue hasta
1982 director en México de la revista Selecciones de Reader’s Digest, quien
gozaba de libre acceso a las reparticiones. Este grupo alcanzó su mayor poder
cuando Villar es designado jefe de la Policía Federal Argentina [...] comenzó
entonces a firmar sus atentados bajo la sigla AAA, así como sus amenazas e intimidaciones.
[...] Entre las principales acciones criminales en ese período que recuerda el
dicente se destacan el asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, del
profesor Silvio Frondizi y de Julio Troxler". Para la declaración completa
de Peregrino Fernández véase Cuerpo VI causa AAA o revista Siete Días N° 827 y
La Semana N° 332.
Luego el expediente se abrió: bajo la sábana de la Triple A podían
entrar todas las denun- cias posibles. Desde las de Guillermo Patricio Kelly
contra el "Grupo Gordon", una asocia- ción ilícita que cometió robos
y secuestros extorsivos amparados desde la propia SIDE, y que también
secuestraron y liberaron al propio Kelly. Pasando por las acusaciones contra el
sindicalista Lorenzo Miguel, por proteger en la UOM a los grupos
ultraderechistas de la CNU y responsabilizándolo por la muerte del custodio
Hugo Dubchak, que pertenecía a la misma CNU, y cuyos restos habrían sido
incinerados en un horno de la misma sede sindical por los guardaespaldas del
líder metalúrgico. Siguiendo por la investigación acerca de la respon-
sabilidad de Massera en el destino de veintitrés desaparecidos de la
ESMA.
Y continuando, sin finalizar, con la averiguación de las relaciones de
Massera con laP2 y con la muerte del empresario Schoklender y su esposa. Este
conglomerado de denuncias que se fue acumulando incluyó también testimonios
sobre los coroneles Rico y Montiel, muerto uno y desaparecido el otro en 1975,
y una investigación sobre la agencia de seguir-dad Magister que pertenecía al
general Otto Paladino, alcual reportaba Gordon en la SIDE, etcétera. El
resultado de ese entramado de actuaciones judiciales simultáneas derivó en que
durante muchos años sólo se avanzara sobre el "Grupo Gordon", que
había denunciado Kelly, pero no se profundizaría sobre la denuncia de Rodolfo
Peregrino Fernández.
Sin embargo, en medio del marasmo de declaraciones, acusaciones cruzadas
y líneas de investigación dispares, el 21 de octubre de 1983, pocos días antes
del advenimiento de la democracia, el juez Dibur procesó a López Rega y a José
María Villone en la causa de la Triple A. El pedido de captura sobre el ex
ministro volvería a prosperar en las oficinas de Interpol. Lo más probable es
que López Rega no se haya enterado de esto. Entrevistado en forma anónima, un
ex miembro de la banda terrorista de Aníbal Gordon, que formaba parte de la
SIDE durante el gobierno peronista, menciona robos, secuestros, violaciones y
crímenes por parte de sus "enemigos internos", los hombres de la UOM,
durante la represión a los opositores políticos de izquierda. El relato puede
leerse en las páginas 244-248 del libro La Fuga del Brujo, de Juan Gasparini,
editorial Norma, 2005. En abril de 2005, el juez Norberto Oyarbide condenó a
siete integrantes de la banda de Gordon a penas de 6 a 25 años por una serie de
secuestros extorsivos, ataques y robos entre 1982 y 1984. Los sentenciados
fueron Marcelo Gordon (hijo de Aníbal), Rubén González Figueredo, Carlos
Membrives, Carlos Rizzaro, Jorge Rizzaro, Oscar Herrador y Ernesto Lorenzo. Los
tres primeros continuaron en prisión. El resto quedó en libertad dado que,
durante el proceso judicial, estuvieron detenidos por un tiempo superior al de
la pena impuesta. Véase La Nación del 15 de abril de 2005. Otro miembro de
la banda de Aníbal Gordon, Eduardo Ruffo, fue detenido en octubre de 2006,
acusado de detenciones ilegales y aplicación de tormentos reiterados a65
personas en el centro clandestino Orletti, en el barrio de Floresta.
Orletti, que estaba
al mando de un grupo de la SIDE desde 1976, fue uno de los primeros centros
clandestinos del Plan Cóndor. En esa época ya estaba viviendo en el
paraíso.
FUENTES DE ESTE CAPÍTULO
Para reconstrucción
de vida cotidiana de López Rega y María Elena Cisneros fue entrevistado el
periodista Armando Puente y se consultó un artículo de revista Interviú. Para información de la época en que Vanni y Villone permanecieron
prófugos en España, se entrevistó a Jorge Savino y Armando Puente. Para los
juicios a Isabel Perón se entrevistó a los ex secretarios judiciales Alfredo
Bisordi yJuan Carlos Rodríguez Basavilbaso y se consultaron los expedientes.
Para la ley23.062 véase diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, tomo I,
del 23 de mayo de 1984 y Diario de Sesiones Diputados, tomo II, del 17 y
18 de mayo del mismo año. Para negociaciones políticas entre Alfonsín e Isabel
véase también diarios La Nación y Clarín de mayo y junio de 1984. Para búsqueda
y carta de Alcibíades Lappas a López Rega, entrevista a Rubén Villone. Para
proyecto de la fórmula Massera-Cafiero se entrevistó al ex edecán naval Carlos
Martínez. José María Villone fue procesado en la causa de la AAA en 1983,
por una denuncia de Kelly. En 1976, después del golpe de Estado, Villone había
pedido asilo político en el Uruguay, luego de ser incluido en el Acta
Institucional de la Junta Militar que sancionó a 36 ex funcionarios y los privó
de los derechos civiles. En forma simultánea, el juez Rafael Sarmiento lo
procesó por ocultamiento de un expediente administrativo en el que se
investigaban el manejo de fondos de la agencia Télam, cuando era secretario de
Prensa y Difusión del gobierno peronista. José María Villone fue detenido
en el Uruguay en agosto de1976. El gobierno argentino pidió su extradición,
pero fue denegada. Sin embargo Villone estuvo 21meses detenido en una celda de
la jefatura de policía de Montevideo. En abril de 1978, el Uruguay expulsó a
Villone y éste se refugió en el Paraguay. El general Videla intentó
extraditarlo y realizó un pedido personal a su par paraguayo Alfredo
Stroessner, pero éste no se lo entregó. Villone permaneció en el Paraguay hasta
1987, año en el que murió.
