Cisneros volvió al consulado de Miami a las dos semanas, como había
prometido. Huergo le dijo que no tenía novedades, pero le pidió un teléfono
porque las tendría de un momento a otro. Esta vez, ella le dio un número y se
fue. Al rato, Cisneros lo llamó enfurecida desde un teléfono público. Acababa
de ver la portada del diario Clarín: "López Rega pide pasaporte en
Miami". Le exigió que le gestionase la renovación en forma urgente. Para
entonces, el pedido de captura al ex ministro había llegado a manos de la
fiscal norteamericana Karen Moore.
Como antecedente, el juez Archimbal envió los cuatro pedidos de arresto
(dos de ellos emitidos en 1976, otro en 1979 y el último en 1983). El gobierno
argentino confiaba en que este último pedido de captura interrumpiría la
posible extinción de la acción penal por pres- cripción. La fiscal Moore anotó
los cargos ("fraude", "conspiración",
"malversación", "falsificación" y "robo") y
trasladó al juez Samuel Smargon la solicitud de arresto. El juez la aprobó. El
27 de febrero, López Rega ya podía ser buscado por el FBI. Los cables secretos
de la oficina de investigaciones advertían que era peligroso, que podía estar
armado, y que podía intentar suicidarse en el momento de su detención. Según
establecía el tratado de extradición, el hombre buscado no podía ser liberado
bajo fianza. El caso le fue asignado al agente especial George Kiszinsky. Era
un polaco que había vivido su infancia en la Argentina, hablaba bien el español
y recordaba algunas palabras del lunfardo. Su primera acción fue conocer a
Cisneros. Le pidió al cónsul que coordinara con ella una cita bajo cualquier
pretexto. Huergo la llamó y sentó a la concertista al día siguiente en su
oficina. Le explicó que podía extender un pasaporte provisorio para López Rega,
pero que sólo le serviría para viajar a la Argentina. -Quizá, si tiene mucha
nostalgia... , comentó el diplomático.
La concertista le respondió que no le interesaba. Cuando se marchó del
consulado y subió a su auto, Kiszinsky estaba en la vereda de enfrente. Tomó
nota de la patente. Era un auto de alquiler. Llamaron a la agencia y consiguieron
la dirección de Cisneros. Ese mismo día, ya tenía encima una guardia del FBI.
Siguieron sus movimientos durante nueve días, pero en ningún momento la vieron
junto a López Rega.
Cansado de esperar, Kiszinsky y otro agente especial, Herb Cousins,
decidieron entrar a su chalet. En la mañana del 8 de marzo, tocaron el timbre
en el 2210 de la calle 36 de Fort Lauderdale. Atendió Cisneros. Kiszinsky se
presentó como agente del FBI y dijo que quería hablar con López Rega. La
concertista se asustó. -José no está. No sé por qué lo están
buscando. El agente le detalló los cargos. -No, él no tiene que ver
con nada de eso. Es un ángel, dijo. Kiszinsky intentó darle confianza. Le
explicó que si las acusaciones eran infundadas, lo mejor sería que se entregara.
Tarde o temprano el FBI lo iba a capturar.
-El gobierno norteamericano vería con buenos ojos una entrega
voluntaria. Usted puede ser acusada de interferir la acción de la Justicia si
no colabora. Dígame dónde está López Rega, le exigió.
Ella le dijo que había volado a las Bahamas cuando apareció publicado en
los medios el pedido de renovación del pasaporte. Kiszinsky le pidió que lo
pusiera al teléfono. Cisneros se sintió intimidada y empezó a lagrimear. El
agente trató de tranquilizarla. Le dijo que su compañero podía ser dejado en
libertad bajo fianza, y le habló de un abogado que podía contribuir para
alcanzar esa instancia. Cisneros le pidió que la dejara pensar un momento.
Quería hablarlo con José. Después lo llamó y le dijo que José estaba al teléfono.
Kiszinsky comenzó a hablar con López Rega. Le repitió los mismos argumentos que
a su pareja, pero con mayor severidad:
-Sabemos dónde está. Es sólo cuestión de avisar a nuestros agentes en
las Bahamas para que lo detengan. No hagamos de esto una persecución inútil.
Usted podrá hacer sus descar- gos en la Justicia. Por si no lo sabe, las
cárceles de Miami son mucho más confortables que las de Nassau. Y es mejor
estar en una cárcel entre blancos que con negros.
Los argumentos del agente del FBI habían sido lo suficientemente
persuasivos. López Rega comprendió que ya no tenía vías de escape. Pero le
pidió unos días para organizarse. Kiszinsky se los negó.
-Dentro de dos días tengo una consulta con mi dentista. No me haga
perder la cita. Yo iré a buscarlo.
En la madrugada del 13 de marzo de 1986, custodiado por dos agentes del
FBI, López Rega abordó un jet aéreo en Nassau que aterrizó en Miami a media
mañana. Uno de los agentes era George Kiszinsky, quien le facilitó el ingreso
en la oficina de Migraciones y lo llevó a la sede del FBI para ficharlo. López
Rega dijo que estaba a punto de desmayarse. La ruta del prófugo más enigmático
y menos buscado de la década de los setenta había terminado. Sin embargo,
todavía contaba con una chance para salvarse. El agente le habló muy bien de su
abogado.
López Rega compareció ante la jueza Charlene Sorrentino. Cuando la
audiencia comenzaba, entró a la sala el cubano Luis Fors. Era el abogado que
había mencionado Kiszinsky. En el ambiente jurídico no tenía mucho renombre. Se
especializaba en temas de divorcio e impuestos. El agente del FBI le había
comentado a Fors que López Rega tenía un piso lujoso en las Bahamas. Si lograba
conseguir su libertad bajo fianza, podría reclamar buenos honorarios. Fors le
explicó a la jueza que su cliente había demostrado buena voluntad al entregarse
y solicitó su libertad. La jueza le indicó que el tratado de extradición no
admitía esa posibilidad, excepto en situaciones extremas. En ese caso, podía
presentar una moción de audiencia de emergencia ante otro magistrado. Fors
quiso convencer a la jueza de que la libertad podría dictarla ella. Tenía dos
argumentos: la edad de su cliente y la diabetes que padecía. -¿Qué edad
tiene su cliente? -Sesenta y nueve años. -Tenemos gente de ochenta. Si
se siente muy mal, podemos hospitalizarlo.
No hubo modo de convencerla. Fors se resignó a que la petición de
libertad de López Rega se tramitara en una audiencia de emergencia. A través de
un sorteo, fue elegido el juez Peter Palermo. Todos fueron caminando hasta su
juzgado. Allí se produjo el encuentro entre Cisneros y López Rega, que se
sentaron en un banco de madera a esperar que los llamaran. Cuando la
concertista vio llegar al cónsul argentino, se abalanzó sobre él y le presentó
a su padre espiritual. López Rega lepidió explicaciones.
-Huergo, ¿cómo puede ser que me mande a detener así? Si ahora estamos en
democracia. Todas las causas que me iniciaron eran inventos de Massera. Está
todo comprobado.
No hubo tiempo para discusiones. El secretario del juez los hizo pasar a
la sala y anunció el tema de la audiencia:
-Los Estados Unidos de Norteamérica contra López Rega, José.
El juez Palermo enumeró los cargos y le anunció las dos alternativas con
las que contaba: enfrentar la extradición en un juicio oral, donde el juez
Samuel Smargon evaluaría las pruebas que presentara la justicia argentina, o
viajar por su propia voluntad a la Argentina en calidad de detenido, y
enfrentar allí los cargos. Pero Fors volvió a la carga con su pedido de
libertad bajo fianza. La enfermedad de su cliente lo ameritaba. Era una muestra
del "caso extraordinario" que admitía el tratado. Palermo lo dejó
seguir. De inmediato, hizo pasar al estrado a dos testigos. Uno de ellos era
Kiszinsky. Dijo que López Rega estaba bastante débil.
-Hoy, en dos ocasiones, tuvimos que sostenerlo para que no se cayera. Y
me comentó que debía tomar remedios y realizar una dieta porque es
diabético.
La otra testigo fue Cisneros. Empezó defendiendo a López Rega en inglés.
Dijo que era su enfermera, pero se disculpó por no haber traído su diploma en
ese momento. El juez le preguntó si acaso no era la pareja.
-Escuche bien: él es mi padre espiritual y yo soy su enfermera, afirmó
la pianista. Tengo treinta diplomas. Uno de ellos es el de enfermera. Siempre
quise ser una persona de valor para la sociedad argentina.
Cisneros dijo que López Rega se atendía en las Bahamas, pero no
recordaba el nombre del médico. Sus imprecisiones comenzaron a irritar al juez,
que dijo que debería contar con algún informe médico para tomar una
determinación. Pero la fiscal Karen Moore, que asegu-ró representar al gobierno
argentino, explicó que López Rega podría ser llevado detenido a prisión
federal, y atendido por médicos y enfermeras. Fors vio que estaba perdiendo su batalla
y forzó sus armas:
-¿Acaso no cree en el testimonio del agente del FBI sobre su estado de
salud? La cárcel para un hombre de setenta años va ser un shock peligrosísimo,
dijo.
Cisneros empezó a gritar por la inocencia de su compañero.
-Yo no puedo decidir eso, afirmó Palermo. Que lo lleven a prisión, y si
es necesario a un hospital. No tenemos el testimonio de un médico. La ley dice
que debe quedar detenido. Yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo.
Fuera del juzgado esperaba la prensa. López Rega fue fotografiado con
esposas durante su traslado al Metropolitan Correctional Center, situado
cincuenta kilómetros al sur de Miami. Viajó en un colectivo de la prisión,
junto a otros delincuentes. Eran las cinco de la tarde. Lo esperaba la primera
noche de su vida en cárcel. Fue registrado con el número 86-421 y encausado
junto a un haitiano, detenido por un homicidio. La detención lo hizo
reflexionar. A la mañana siguiente llamó a su abogado y le comunicó que quería
volver a la Argentina. No tenía ganas de afrontar el juicio de extradición. Su
vida ilegal ya lo había agotado, y estaba deprimido. Fors llamó a Kiszinsky y
éste le comunicó la novedad a Huergo.
Los tres concurrieron al Metropolitan Correctional Center. El cónsul
llevó en su valija un formulario para que López Rega firmara el pasaporte
provisional. Lo encontraron en una sala pequeña. Era un hombre encorvado,
metido dentro de un mameluco anaranjado que le quedaba demasiado grande.
Llevaba zapatillas blancas, sin medias. No demostraba otra voluntad que la de
escapar de sí mismo. Huergo le dio el papel y López Rega comenzó a completarlo.
Al momento de escribir su fecha de nacimiento empezó a contar su vida. Dijo que
había conocido a Aurelia Tizón, la primera mujer de Perón. Ella tocaba el piano
y él la guitarra. Después fue internándose en un discurso místico. Su verbo se
hizo indetenible.
-Ustedes no entienden. Yo puedo hablar con Dios. Soy esa clase de
hombres para los que no existen las cárceles ni las fronteras. Ustedes creen
que yo estoy preso aquí. No es cierto. Sólo tienen mi cuerpo. Mi mente flota
libre. Aquí, en una sola noche, comprobé que todos me quieren. Anoche, mi
compañero de celda, al notar que tenía frío me ofreció sus medias. ¿Se dan
cuenta el significado de esto? Dios me asiste.
Luego recordó a Perón:
-Con el General teníamos una relación muy especial. Había energía entre
nosotros. Cuando él empezó a morirse, lo agarré de las manos y se recompuso un
poco. Pero no sé quién me llamó, lo solté, y el General se murió. A mí los
médicos me decían "brujo". Pero yo curaba. Ellos eran unos
incompetentes. No sabían cómo hacerlo.
Sus ojos se llenaron de odio cuando recordó a Massera.
-Ese hijo de puta estaba obsesionado con quedarse con la Presidencia.
Por su culpa todos empezaron a llamarme "brujo". Lo decían para
descalificarme. Él me hizo echar del país.
Fors se fue impresionado con su defendido.
-Tiene un magnetismo especial, comentó cuando se retiraban.
A Kiszinsky también le había caído en gracia. Comentó que había algo en
él que le hacía recordar a su padre. El deseo de López Rega de volver a la
Argentina duró un día. Al siguiente le comunicó al abogado que su único
objetivo era permanecer en los Estados Unidos. Daría batalla en el juicio oral
para impedir la extradición. Cisneros lo había convencido. Quizás estuviera
arrepentida de sus dos errores: pedir un pasaporte y ponerlo al teléfono. La
justicia norteamericana envió dos fiscales a Buenos Aires para brindar un curso
rápido sobre cómo formular un pedido de extradición. El juez Archimbal les
informó que existía la presunción de que López Rega era el jefe de una
organización a la que se le atribuían más de dos mil muertes en menos de dos
años. Los fiscales dijeron que era imposible investigar cada una de ellas.
Quedarían atrapados en un laberinto. Para elaborar una presentación judicial
convincente, les recomendaron circunscribir la recolección de pruebas a unos
pocos crímenes. A partir del asesoramiento, el juez Archimbal programó una
estrategia dividida en
tres etapas: primero, debería probar la existencia de la Triple A.
Después, tendría que demostrar que esa organización se había adjudicado la
autoría de determinados crímenes y, finalmente, que López Rega era el jefe de
esa banda.
En el juzgado descartaron la idea de indagar acerca de las
responsabilidades que tendría su custodia u otros grupos sobre el resto de los
crímenes de la Triple A. No querían complicarse la vida. Si comenzaban a
profundizar sobre cada muerte excederían el plazo de la presentación de
pruebas. No había tiempo para hacer justicia con otro asunto que no fuera el de
López Rega. Cuando Archimbal activó la causa de la Triple A, la justicia
argentina estaba poniendo al desnudo a los principales actores de la década de
los setenta. El jefe de Montoneros Mario Firmenich estaba en prisión. Había
sido detenido el año anterior en el Brasil, cuando gestionaba la renovación de
su pasaporte. Por su parte, la Cámara Federal acababa de condenar, con
distintas penas, a los miembros de las juntas militares del Proceso de Reorganización
Nacional.
Pero frente a la posible extradición de López Rega, el escepticismo era
generalizado. Se suponía que su entrega era parte de una estrategia judicial
que le permitiría quedar en libertad en poco tiempo. Resultaba muy difícil que
la Justicia pudiera juntar pruebas a casi doce años de acaecidos los hechos, y
que éstas pudieran ser valoradas positivamente por un juez norteamericano. La
desconfianza se advirtió en las primeras citaciones de Archimbal. Las
convocatorias judiciales eran frenéticas, pero los testimonios resultaban
evasivos. Algunos se limitaban a comentar que el ex ministro de Bienestar
Social era un personaje muy desagradable. Sólo una semana después de que López
Rega fuera detenido, surgió el primer testimonio que alentó al juez. Era el de
Alejandro Ferreira Lamas, que había sido secretario del presidente Cámpora.
Dijo que en1974, cuando ya se conocía la existencia de la Triple A, el diputado
Ortega Peña le encargó una investigación sobre López Rega para probar su
vinculación con actividades criminales. Lamas dijo que había viajado a Europa y
allí obtuvo comprobantes que demostraban que el entonces ministro de Bienestar
Social traía armas desde Libia para (según se suponía) armar grupos
parapoliciales. También dijo que había conseguido remitos que probaban que
enviaba a "su gente" a Libia para entrenarse. Habló de los negocios
espurios que se cometieron con el ingreso de petróleo de Libia al territorio
nacional, y su triangulación con el Japón. Y agregó: Toda esa documentación fue
remitida a Rodolfo Ortega Peña quien al recibirla en su carácter de diputado
nacional, en una sesión se levantó de su banca e indicó al presidente de la
Cámara que obraban en su poder las pruebas concretas que demostraban la
criminalidad del entonces ministro de Bienestar Social. No pasó mucho tiempo
antes de que Ortega Peña fuera asesinado y la Triple A se adjudicó la
muerte.
Otro testimonio fue el de Aníbal Gordon, que estaba detenido. Dijo que
en abril de 1974, cuando trabajaba en la oficina de Operaciones Tácticas de la
SIDE, "escuchó reiteradas veces que el jefe de la Triple A era López
Rega". Aunque el mismo Gordon estaba sospecha-do de ser un continuador de
las actividades de López Rega, y el valor indiciario de sus dichos era escaso,
el juzgado lo consideró como un aporte más: había que acumular testimonios.
Hacia fines de marzo declaró Manuel Gaggero, que en 1973 era vice director del
diario El Mundo, ligado al ERP. Dijo que en septiembre de ese año una bomba de
la Triple A había volado el frente de su casa de Paraná. "Por Rucci",
le dejaron escrito. El comisario Vitani, subjefe de la Policía Federal, le dijo
que los autores "eran un grupo armado muy pesado", y ofreció
tramitarle el pasaporte. Gaggero informó que su diario también se oponía a la
gestión de Gelbard en el Ministerio de Economía, y que éste, en una entrevista
que mantuvo en febrero de 1974, le preguntó para qué atacaba la línea
económica, si en realidad su verdadero enemigo y al que deberían atacar era a
López Rega y a su Triple A. Y Gaggero concluyó :En
todo el ambiente periodístico era algo más que conocido que López Rega
era el que encabezaba y mantenía con sus medios a la Triple A.
Un día después testimonió Jaime Cesio, vinculado a la centroizquierda y
con prestigio de "coronel democrático". Siguió en la misma línea que
Gaggero. Dijo que los sectores políticos a los que estaba vinculado sabían que
la Triple A era un instrumento del entonces ministro de Bienestar Social para
eliminar a la izquierda peronista y a los marxistas. Algunos sectores,
queriendo de alguna manera justificar la acción de López Rega, decían que al
final, este sujeto estaba haciendo algo sucio que los demás no podían o no
querían hacer.
Después declaró el abogado Eduardo Luis Duhalde. Había sido socio y
compañero de militancia política de Ortega Peña. Dijo que la muerte de éste,
así como las persecuciones y amenazas que sufriera, habían sido una respuesta
de la Triple A al interés del diputado por desenmascarar a esa organización. Su
experiencia política (había militado en el peronismo entre 1960 y 1974) le
había permitido arribar a la íntima convicción de que la Triple A encubría las
actividades ilegales de una estructura creada por López Rega. Duhalde enumeró
las denuncias publicadas en las revistas Militancia y De Frente, que dirigiera
junto a Ortega Peña. En la masacre de Ezeiza, señaló la participación decisiva
de personas que se identificaban como integrantes del Ministerio de Bienestar
Social, transportando armas en ambulancias pertenecientes a esa cartera según
le consta por haberlo visto, ya que estuvo presente en ese lugar. Dijo que
habían denunciado al teniente coronel Jorge Osinde como responsable directo de
los grupos intervinientes, y en el mes de julio de1973, Militancia denunció la
entrega de un millón de pesos de aquel entonces de los fondos reservados del
ministro López Rega al capitán Jorge Morganti para ser utilizados en dicha
estructura clandestina que aún no tenía un nombre público. Duhalde continuó
mostrando números de la revista. El 4 de octubre Militancia denunció que desde
el gobierno se estaba preparando una serie de atentados contra personalidades y
dirigentes considerados opositores a López Rega. El efecto del artículo lo
relacionó con lo sucedido cinco días después. Mediante un artefacto explosivo
fue destruida la sede de la revista de la calle Sarmiento 1422, piso 4 oficina
"1", causando daños y heridos entre los habitantes del inmueble. En
una entrevista posterior que mantuvo con el ministro de Interior, Llambí, y el
ministro de Justicia, Benítez, ambos le revelaron su impotencia para investigar
episodios, en tanto afectaban a aquella prominente figura del gobierno,
refiriéndose, es claro, a José López Rega. Duhalde también relató que un agente
del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica le advirtió que "el
diputado Ortega Peña se había salvado de un atentado organizado por la patota
de Bienestar Social", cuando entró imprevistamente a un edificio e impidió
que se consumara el crimen. Y también dijo que unos días después de la muerte de
su socio habían ido a buscarlo a él en dos coches Torino sin patente, y que se
salvó porque no lo encontraron.
El juzgado continuó reuniendo recortes de diarios, librando oficios a
otros juzgados para que le remitieran antecedentes de la Triple A, sumando
declaraciones testimoniales. Faltaban menos de veinte días para entregar las
pruebas cuando declaró un ex custodio de Isabel Perón, Juan Carlos Lagos. Su
aparición en el juzgado fue casi compulsiva. En un asado familiar, el
secretario Mario Filozof le había escuchado comentar una anécdota sobre López
Rega, y lo invitó a que la contara exactamente igual en el juzgado. Lagos se
negó, pero cuando le llegó un oficio judicial, se sintió obligado. En su
declaración, informó que había compartido con López Rega la custodia de la
residencia presidencial en los años cincuenta. Los dos eran cabos. Pero cuando
su colega llegó a ministro de Bienestar Social en 1973, lo convocó para su
custodia personal. Hasta que un día me dijo que me apreciaba mucho al igual que
al grupo de personas que componían la custodia, pero que necesitaba otro tipo
de gente menos limpia para hacer los trabajos que él quería, que por lo tanto
el que declara y el grupo de gente que lo acompañaba pasaría a integrar la
custodia de la señora María Estela
Martínez de Perón, mientras luego se enteró que el grupo de la custodia
de López Rega lo pasó a formar Rovira, Almirón y otros.
La declaración del ex diputado Héctor Sandler sirvió al juzgado para
demostrar cómo el miedo se había instalado en el Congreso. Sandler narró que el
11 de septiembre de 1974 la Triple A le había dejado un sobre en su estudio de
abogado, en el que lo emplazaba a renunciar a su banca y abandonar el país en
setenta y dos horas. Durante un mes se refugió en distintos domicilios. En
octubre, unas cincuenta personas vestidas de civil rodearon la manzana del
edificio donde se encontraba. Pensó que le había llegado el día de morir.
Tendría el mismo fin que Silvio Frondizi, quien había sido arrastrado de su
departamento a fines de septiembre de ese año y ultimado en la calle. Pero
Sandler se salvó porque Salvador Bussaca, vicepresidente de la Cámara de
Diputados, envió varios patrulleros a ese domicilio, de donde fue rescatado a
las 9 de la noche. Sandler encontró refugio en una pequeña habitación del
Congreso y allí durmió durante siete noches. A modo de salvoconducto, la Cámara
lo envió junto a su esposa como observador de las elecciones norteamericanas.
En una conferencia de prensa en Nueva York, denunció la existencia de la Triple
A y luego se refugió en México, donde encontró a decenas de dirigentes
políticos que habían sido amenazados por la misma organización. Sandler
concluyó: En la Cámara de Diputados era una opinión pública que López Rega no
era ni podía ser ajeno a las activida-des que se atribuían a la Triple A.
También se acercó al juzgado el periodista Horacio Verbitsky. Le
preguntó al juez si el pedido de extradición de López Rega era serio, porque en
ese caso él podría facilitar algunos testimonios, incluido el propio. Archimbal
le respondió que no estaba convocando gente en vano, y que además tenía
urgencia. El procurador Gauna le había remitido un cable secreto de la embajada
argentina en los Estados Unidos. Allí le reclamaban que adelantara parte de la
documentación para el 11 de abril, a fin de que fuera traducida en Washington,
y, una semana después, que enviara el trabajo completo. El juicio de
extradición estaba previsto para el 28 de abril de 1986.
El testimonio de Verbitsky giraba alrededor de un hecho puntual. En
septiembre de 1974 había viajado junto a tres periodistas al Perú, donde se
enteraron de que figuraban en las nuevas listas de condenados a muerte de la
Triple A. Pusieron en conocimiento de la novedad al canciller peruano Miguel de
la Flor Valle, que por entonces estaba por recibir en Lima a su par argentino
Alberto Vignes por los festejos del 150° aniversario de la batalla de Ayacucho.
Flor Valle se comprometió a comentarle el tema a Vignes, a quien lo unía una
amistad. Después de esa conversación, el canciller peruano recomendó al grupo
de argentinos que no retornaran a su país. Las declaraciones judiciales de
Verbitsky y Pablo Piacentini relatarían este hecho, pero la novedad más
importante ocurrió el 10 de abril, cuando se presentó el testigo de primera
mano, Miguel de la Flor Valle. El diplomático testimonió que cuando lo consultó
sobre la suerte de los tres periodistas argentinos que habían sufrido las
amenazas, Vignes dijo que era preferible que no regresaran a la Argentina y que
permanecieran en Perú o en cualquier otro país porque estaban inscriptos en una
lista especial. En otro momento de la conversación el Dr. Vignes expresó que
estos periodistas habían sido muy críticos con el ministro López Rega.
El 14 de abril de 1986 se presentó Tomás Eduardo Medina, ex edecán de la
Presidencia. Había trabajado en esa área desde el 27 de mayo de 1973 hasta el
31de diciembre de 1974. Luego fue jefe del Departamento Aviones de la
Presidencia. Medina hizo un gráfico con las oficinas de la Casa de Gobierno y la
residencia de Olivos para demostrar que su ubicación era privilegiada. Había
tenido contactos permanentes con la custodia de López Rega, Almirón y Rovira, y
también escuchaba las conversaciones entre ellos. Su declaración fue la
siguiente: A partir de 1973 pude observar cómo López Rega comenzaba a armarse
de un séquito
personal y a tener cada vez más poder. Se vivía un clima de violencia en
el país y era evidente que este grupo se sumergió en ese clima de violencia y
era parte de él. Al poco tiempo de ocurrido el atentado al senador Solari
Yrigoyen, como lo ocurrido a los que nombra: Ortega Peña, Duhalde, Troxler y
Frondizi, pudo apreciar como comentario algo así como" se fue este zurdo,
un problema menos". En especial Rovira, que era el que más comentaba.
Todos los comentarios que hacían entre ellos, por más que intentaban
disimularlo, le hacían llegar a la clara reflexión de que este grupo era el que
integraba la Triple A. Incluso cuando escuchó a Rovira y a Almirón decir sobre
el padre Mugica, "a éste le vamos a hacer la boleta", deja constancia
de que a los dos días de escuchar ese comentario el padre Mugica fue asesinado.
El mismo Almirón viajó al extranjero a fin de importar armamento y luego vio al
que declara para mostrarle parte del armamento que había traído. Carlos Villone
era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio de Bienestar Social
y de allí se encubrían y ayudaban a las andanzas de esa organización ilícita,
como así también se les provisionaba a los integrantes de armamentos y demás
materiales. El señor Roballos alguna vez le comentó al deponente los
inconvenientes que padecía para justificar legalmente los fondos que de esa
manera se manejaban. Medina refirió que por su cantidad, sus armas, sus
automóviles, sus equipos de comunicación con banda propia y la impunidad con la
que se movían, esas personas constituían un grupo parapolicial de la Triple A.
El ex edecán reveló un comentario que por entonces le hizo López Rega. Le
comentó al que declara que él y su grupo parapolicial o de custodia era la
única solución para combatir el terrorismo. El mismo López Rega había formado
ese grupo que dirigía y conformaba de acuerdo a esta filosofía. Lo grave era
que caían los que eran terroristas y los que ese grupo creían que eran
terroristas. Los miembros del grupo hablaban continuamente de la lista que
tenía López Rega, donde estaban incluidas las víctimas o las futuras víctimas.
A las anteriores víctimas que antes estaban en la lista, el grupo mismo se
ocupaba de tacharlos. El ex edecán también habló de las armas. Recordó que
Almirón le comentó que las armas las habían traído de Paraguay, que en los
depósitos del Ministerio de Bienestar Social había fusiles, ametralladoras,
granadas y equipamiento electrónico de comunicaciones que no se conocía en el
país. Tanto Rovira como Almirón eran muy ostentosos, viajaban en distintos
vehículos y utilizaban generalmente balizas como las de la Policía Federal.
También los vi con equipos de arco y flecha especiales practicando en la
residencia presidencial de Olivos.
En menos de un mes de trabajo intenso, el juez consideró que ya tenía
los elementos necesarios para presentar la acusación. La idea central de la
presentación judicial argentina ante la Honorable Corte de los Estados Unidos
de América con jurisdicción en el distrito sur de Florida fue que López Rega
había sido el creador y fundador de la organización dedicada al crimen común,
que decidió auto titularse "Triple A"; que el nombrado señalaba a las
víctimas o daba el visto bueno para la ejecución de los delitos que los
compo-nentes de la empresa ejecutaban, y asimismo era el que facilitaba los
medios económicos y las armas, como así quien les procuraba a sus subordinados,
desde su alto cargo de gobierno, la impunidad.
Para decretar la prisión preventiva y librar el exhorto de la
extradición de López Rega, el juez se basó en las declaraciones de Paino,
González Figueredo, Duhalde, Ferreira Lamas, Gaggero, el coronel Cesio, Gordon,
el diputado Porto, el senador Bravo y Lagos. Eran quienes lo imputaban por los
delitos por los que se lo quería extraditar. Los crímenes que tomaron para la
acusación contra López Rega fueron seis: Ortega Peña, 30 de julio de 1974;
Curuchet, 9 de septiembre de 1974; Troxler, 19 de septiembre de 1974; Frondizi
y Mendiburu, 27 de septiembre de 1974; Laham yBarraza, 13 de octubre de 1974.
Todos esos crímenes prescribían en el curso de1986, a los doce años de la fecha
en que se cometieron.
En enero de 2007, un mes después de acceder a la reapertura de la causa
"Triple A" y declarar de "lesa humanidad" los hechos
investigados en la misma, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso la prisión
preventiva de los ex comisarios Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales y
del oficial Miguel Ángel Rovira. Almirón, de 71 años, fue fotografiado en la
localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia, por un equipo periodístico
del periódico
El Mundo de España en diciembre de 2006. Vivía con su esposa en un
modesto departa- mento, era jubilado gastronómico y estaba en tratamiento de rehabilitación
después de sufrir una embolia cerebral. Oyarbide pidió su extradición a la
Audiencia Nacional española para juzgarlo en la Argentina. Pero en España
Almirón también es acusado de participar en los asesinatos de dos carlistas
(Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero) el 9 de mayo de 1976, durante una
manifestación política partidaria, en Montejurra, Navarra, España. Ese día,
camuflados entre las fuerzas legales de la Guardia Civil, también estuvieron
comprometidos miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, la
Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina. Diez días después de
la detención de Almirón, el diario Perfil fotografió a Morales, de 88 años,
tomando fresco, en pijama, en el balcón de su departamento del barrio de
Palermo. El juez lo indagó y permanece con arresto domiciliario. En tanto,
Rovira, de 71, se entregó voluntariamente para declarar en el Juzgado. Después
de sus tareas de custodia en el Ministerio de Bienestar Social, Rovira había
pasado a trabajar a las órdenes del general Ramón Camps, en la policía de la
provincia de Buenos Aires. Una vez retirado de la fuerza, fue contratado por la
empresa Metrovías de subterráneos como jefe de seguridad. En el año 2000, la
agrupación HIJOS de desaparecidos "escrachó" su casa de la calle
Pasco al 1000, en Buenos Aires. La policía tendió un vallado para proteger la
vivienda de Rovira y les arrojó gases lacrimógenos a quienes lo denunciaban.
Los fundamentos del juez Oyarbide para disponer la prisión preventiva de Almirón,
Morales y Rovira, considerados responsables de integrar prima facie
la asociación ilícita Triple A, ya obraban en la causa judicial desde
los años 1986, 1987 y 1988, pero entonces no fueron contemplados por el fiscal
Ibarra ni por el juez Archimbal para dictar órdenes de detención contra ellos,
pese había testimonios sobre la participación de la custodia del ex ministro en
los hechos investigados. El interés de la Justicia estaba focalizado sólo en
López Rega. Por último, el 10 de enero de2007, el juez Oyarbide también pidió
la captura de Felipe Romeo, director de El Caudillo, de 61 años. Según un
informe de las autoridades de Migraciones, seis días antes del pedido de
detención, y tras hacerse públicas las novedades de la causa, Romeo había
partido a Inglaterra. Hasta ese momento, trabajaba en la restauración de
cúpulas y edificios antiguos. Véase diario Página/12 del 7 de enero
de2007.
El juez Archimbal le explicó a la justicia norteamericana que la de
López Rega era una situación análoga a la de Firmenich, a quien había procesado
como responsable de los homicidios de E. Firelli y R. Duran, "por haber co
determinado a los autores materiales de los mismos". El juez consideró a
López Rega "prima facie y por semiplena prueba, autor penalmente
responsable del delito de asociación ilícita, de la que resulta su jefe y
organizador y homicidios agravados por la cantidad de intervinientes en forma
reiterada (seis oportunidades) de los que resulta co determinador".
La embajada argentina había contratado a una empresa de traducción para
llegar al plazo fijado por el tratado bilateral de extradición. Habían
trabajado trescientas personas con las pruebas colectadas. No obstante ello,
las cajas con la acusación llegaron a la Corte un día después al plazo legal
indicado. Pero como justo ese día había sido feriado en los Estados
Unidos, las recibieron igual. En este punto, no hubo Dios que lo
asistiera: el ex ministro sería sometido a juicio.
FUENTES DE ESTE CAPÍTULO
Para la elaboración de este capítulo se entrevistó a Marcelo Huergo, a
Fernando Archimbal y a Mario Filozof. También se tomó información de los
archivos desclasificados del FBI sobre López Rega, de los testimonios de la
causa judicial sobre la Triple A y de artículos de diarios y revistas de marzo
y abril de 1986, y de diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007
