En su afán de protegerlo y cuidarlo en la vida de todos los días, en la
práctica había ido absorbiéndolo hasta el punto de impedir que se viera con
nadie. Durante una temporada, con el fin de agradarlo, la concertista se
había teñido de rubio y se ataba el pelo con un rodete, para parecerse a Isabel
Perón. Pero, al margen de eso, para Prieto eran incomprensibles los motivos por
los que, además de dejar actuar a su criterio a la Cisneros, López también
había aceptado entregarse a la Justicia faltando apenas tres meses para que
venciera el plazo de la orden judicial que le impedía regresar a Suiza. En mayo
de 1986 ya hubiera podido estar otra vez en su casa de Villeneuve.
Norma había viajado a Miami junto a Jorge Conti. El periodista y veloz
escribano (ex inter- ventor de Canal 11) había trabado relación con ella en el
ministerio y en la redacción de Las Bases, pero cuando empezó a visitarla en la
cárcel se fue gestando la relación amorosa. Cuando murió su pareja, Raúl
Lastiri, Norma se sintió en libertad para reconstruir su vida, y tuvieron dos
hijos, que ya habían conocido a su abuelo en un viaje a Miami.
Pensando en la posible desprotección judicial de López Rega, y con la
intención de tomar el control de la situación, Norma y Jorge Conti llevaron un
abogado, Juan Carlos Ortiz Almonacid. Además de asesorar legalmente a la secta
del reverendo Moon en la Argentina, Ortiz Almonacid era congresal del
justicialismo y en base a ello le informó a la prensa que su de- fensa había
sido encargada por el partido, intentando demostrar el respaldo con que
conta-ba una figura a la que todo el peronismo, en realidad, quería olvidar
para siempre y extirpar de su historia.
Lo primero que hizo Ortiz Almonacid cuando vio a López Rega en la sala
de visitas de la prisión fue criticar la actuación del abogado Luis Fors. “Lo
único que hizo fue ponerle un saco tres números más grandes que el suyo para
impresionar al jurado y decir que usted estaba enfermo, en vez de preocuparse
por proclamar su inocencia, afirmó. Y le explicó que debía encarar la defensa
de otra manera. Pero cuando advirtió el clima de tensión familiar que existía
entre López y su hija, empezó a preocuparse. Por eso, con toda la delicadeza de
la que era capaz, le preguntó a López Rega quién se iba a hacer cargo de sus
honorarios. El encausado le respondió que perdiera cuidado: -Te voy a
pagar hasta el último peso, pibe.
Almonacid intentó darle un perfil político a su estrategia judicial y se
mostró ejecutivo desde el primer día. Aceptó el asesoramiento de Fors porque
nada conocía de los procedi- mientos judiciales de Miami y pidió una audiencia
para reclamar la libertad bajo fianza de López Rega, en mérito a las
"circunstancias especiales" por las que atravesaba el detenido.
El juez Smargon le concedió fecha para el 2 de abril de 1986.En su
exposición en la sala, Almonacid dijo que los juicios contra López Rega habían
sido promovidos por la Junta Militar argentina para justificar el golpe de
Estado y el encarcelamiento de Isabel Perón. También hizo notar que el gobierno
argentino era prescindente en el juicio de la extradición y presen-tó el
recorte de un diario con una declaración del entonces ministro de Educación y
Justicia, Carlos Alconada Aramburú. Ortiz Almonacid se sintió confiado porque
advirtió que el juez seguía su ponencia con atención. Sin embargo, sólo se
trataba de un problema de equiva- lencias lingüísticas: Smargon pidió al
intérprete que lo ayudara a entende rqué significaba la palabra
"junta". Ortiz Almonacid quiso facilitarle la comprensión,
traduciendo él mismo al inglés. "Yunta militar", aclaró con énfasis.
El juez giró la cabeza hacia el intérprete en busca de auxilio y éste le
devolvió la mirada en silencio. Hubo un instante de hilaridad en la sala, pero
el abogado se recuperó: "Régimen militar. Eso es", rectificó. Luego
lanzó una batería de argumentos para reclamar la libertad de su defendido. Dijo
que al estar López Rega detenido en Miami se le dificultaría la preparación de
su defensa por el costo de los viajes y las comunicaciones telefónicas; explicó
que en 1952 hubo un ciudadano yugoslavo al que se le había concedido la
libertad bajo fianza en un pedido de extradición, y resaltó el caso de José
Miguel Vanni, a quien había defendido en una causa que consideró
"análoga" a la de López Rega, y al que el gobierno español le había
otorgado asilo político en primera ins-tancia, y luego fue sobreseído.
Almonacid estableció la defensa de López Rega desde lo político. En cambio,
cuando le tocó exponer, María Elena Cisnerosbuscó mostrar la faceta humana de
su compañero. Quiso desligarlo de la imagensiniestra que había construido en su
paso por el gobierno peronista. Cisneros contó que lo amaba y respetaba como a
un padre. Que a causa de su diabetes lo cuidaba de todas las formas posibles:
lo alimentaba, le cortaba el pelo. Y reveló que en la prisión había perdido el
ochenta por ciento de su visión, a causa de la desprotección en la que
estaba.
Cuando le llegó el turno de hablar, López Rega se presentó como un
político retirado y perseguido, pintor y escritor. Explicó que había llegado
con propósitos amistosos a los Estados Unidos, un país donde la libertad y la
justicia caminaban juntas. Relató su entrega voluntaria al FBI y quiso aclarar
que su ingreso migratorio lo había hecho con el pasaporte oficial de ministro
de Bienestar Social, que tenía legalizado.
Cuando Fors, para poner en evidencia las garantías de confiabilidad que
brindaba su defendido, le preguntó a López Rega si estaba dispuesto a entregar
ese pasaporte y per- manecer en los Estados Unidos, el ex ministro ofreció una
sucesión de respuestas emotivas, con tono alto y en forma pausada, dando tiempo
de sobra a la labor de la intérprete. Mientras hablaba, parecía hacer grandes
esfuerzos para contener el llanto. Toda la sala se sintió como en un
teatro.
-Soy un hombre religioso, un hombre sensible y un hombre estudioso
—dijo—. Toda mi vida la dediqué al servició de mi patria. Yo fui un policía
honrado por mi país. ¿Cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca quise
huir de mi patria. Yo era el mayor inconvenien-te para el golpe militar que se
estaba preparando. Y los militares armaron una trampa. Le dijeron a la señora
de Perón que me iban a matar en la misma residencia presidencial si yo no me
iba del país. Entonces la señora me llamó con lágrimas en los ojos y me dijo:
"Por favor ¡váyase! Porque lo quieren matar y yo no quiero eso". Yo
le pregunté: "¿Me dice esto como presidenta o como amiga?". Esto es
histórico, lo juro por Dios. "Como presidenta y como amiga yo necesito que
usted se vaya del país", me dijo. Y para que no saliera como un ladrón
escondido, me designó embajador plenipotenciario en Europa, para hacer estudios
económicos y financieros en relación con posibles inversiones en el
país. Después, López Rega miró al juez Smargon y le relató sus
padecimientos en la cárcel.
-Yo soy un hombre muy emotivo. Todo lo que significa injusticia me
afecta profundamente. Mi salud está resentida. El azúcar subió mucho durante mi
primer día en prisión. Llegó hasta 400 miligramos. Es una barbaridad: lo normal
es 100. A los cinco días bajó a 260, y ahora está en 206.
En ese momento, López Rega empezó a llorar. Lo acompañaba Cisneros, que
hacía buen rato que sollozaba. Eran los únicos llantos que se escuchaban en el
silencio de la sala.
-El doctor en la prisión me descubrió un soplo al corazón que antes no
tenía (prosiguió el encausado). Estoy muy mal de la vista y tengo continuos
mareos. Además soy viejo, señor. Puedo caminar, pero no correr. Tengo la cabeza
clara, el alma joven, ideales firmes y no cambiaré. No temo a las acusaciones
que me han hecho. Pido perdón para toda la gente que me hizo daño y me lo sigue
haciendo. Soy inocente de todo lo que se me acusa y estoy listo para
presentarme ante Dios cuando Él quiera.
En los quince minutos de receso que concedió Smargon, los familiares de
López Rega pensaron que con su exposición la batalla judicial ya estaba casi
ganada. El juez podría dictar la libertad bajo fianza. Pero la fiscal Karen
Moore, que representaba al Estado argen-tino y quería que permaneciera preso
hasta el juicio de extradición, fue demoliendo esa esperanza apenas comenzó su
exposición. Moore destruyó los argumentos de Ortiz Almonacid y de su defendido:
el abogado, dijo, podía preparar la defensa en la Argentina; los médicos de la
cárcel habían ratificado que la salud de López Rega estaba estabilizada; el
gobierno argentino consideraba conveniente su detención y extradición, según la
información que había recibido del Departamento de Estado; y Alconada Aramburú
había pedido "ecuanimidad" a la Justicia, lo que en modo alguno
significaba "prescindencia". Moore explicó además el contexto
político de los Balcanes en el momento de decidir la libertad del caso Artuvic,
citado por Ortiz Almonacid en favor de su defendido, precisando las
diferen-cias entre uno y otro caso.
Después de escuchar a las partes, el juez determinó que López Rega debía
permanecer en prisión, donde su salud seguiría controlada. Concluyó que si la
defensa demostraba que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas,
podrían ser considerados en la audiencia pública del 28 de abril, cuando se
tratara la extradición.
Para ese día, el Estado argentino envió a tres fiscales para sostener la
acusación contra López Rega: Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, por la causa de
fondos reservados; Alber-to Belardi, por la causa de la Cruzada de la
Solidaridad, y Aníbal Ibarra por la causa de la Triple A. Para la audiencia de
los Tribunales de Miami, también apareció Guillermo Patricio Kelly. Su
presencia agitó a la prensa. Kelly dijo que se presentaba como querellante en
la causa de la Triple A, y que declararía como testigo secreto, con cartas
credenciales autorizadas por el juez Archimbal y la embajada norteamericana. El
día anterior se había reunido con Jeff Bush, dirigente republicano del estado
de Florida, y le entregó una foto de López Rega junto el líder libio Khadafi
para que tuviera en cuenta los antecedentes criminales del encausado.
Por su parte, Ortiz Almonacid también interiorizó del caso a Jeff Bush
en una cita que logró a través del dirigente cubano anticastrista Eladio
Armestro García, quien, según Cisneros, se había ofrecido como garante de una
posible fianza para la libertad de López Rega. En el marco de la estrategia de
politización del juicio, a Ortiz Almonacid se le ocurrió dar un golpe sorpresa
cuando, antes de que empezara la audiencia, se encontró al fiscal Rodríguez
Basavilbaso de espaldas en el mingitorio del baño. Inesperadamente, le pidió al
fiscal de la acusación que actuara como testigo de la defensa. La propuesta
tenía una explicación: por entonces Rodríguez Basavilbaso tenía trabado su
ascenso a juez en la Cámara de Senadores, en virtud de que había apelado el
sobreseimiento de Isabel Perón en la causa de fondos reservados en 1981.
Almonacid entendía que el suyo podía ser tomado como un "caso
testigo" para demostrar la persecución política en la Argentina, de la que
también era víctima el ex ministro.
La audiencia comenzó con la exposición de la asistente de la fiscalía
Pamela Stuart, quien detalló los cargos contra López Rega. Después el juez se
dispuso a levantar la sesión y llamar a nueva audiencia veinte días después.
Ese era el tiempo que le tomaría evaluar las dos mil fojas de la acusación,
traducidas al inglés, que acababan de llegar desde la embaja-da argentina en
Washington. Ortiz Almonacid se irritó con esa resolución. Le ordenó a Fors que
le pidiera al juez que dictara la absolución en ese momento o que comenzara a
tratar el caso. Su colega dudó en traducir su pedido, y entonces fue el mismo
Almonacid quien le dijo a Smargon que debía dar por comenzado el juicio porque
su defendido no podía permanecer más tiempo encarcelado. La fiscalía
norteamericana le advirtió que las cajas contenían nuevas acusaciones contra
López Rega, pero a Ortiz Almonacid no le interesaba conocerlas.
Esta vez, su alta exposición mediática ocasionaría algunos perjuicios a
Kelly. Una semana después demostrarse en Miami, el ex juez Pedro Narvaiz
presentó un escrito en el juzgado de Archimbal donde hacía notar la
incongruencia que suponía que el mismo querellante de la causa de la Triple A
fuese también un sospechado de integrar esa organización en sus orígenes, y
adjuntaba como elemento de prueba un artículo de la revista El Porteño del
27 marzo de 1984.
-Si en esa documentación no se preparó una novela, yo tengo respuesta a
todas las supuestas pruebas, afirmó.
Y enseguida planteó una moción la nulidad, porque la documentación
judicial había lle- gado a los Tribunales un día más tarde de lo estipulado.
Incluso reclamó una sanción al go- bierno argentino. El juez Smargon rechazó
ambas peticiones. Luego, Ortiz Almonacid con- vocó al estrado a Rodríguez
Basavilbaso y empezó a interrogarlo a fin de que explicara cómo los
procedimientos judiciales estaban sujetos a la persecución política en la
Argen-tina, pero el juez Smargon dijo que no iba a permitir que la justicia
norteamericana pusiera en tela de juicio a funcionarios de un gobierno con el que
tenían buena relación. Ortiz Almonacid siguió dando batalla: expresó que el
origen de todos los procedimientos penales contra su defendido debían
considerarse nulos porque se iniciaron cuando su defendido era funcionario y
debía haberse pedido previamente el desafuero. Luego, su discurso se internó en
un laberinto histórico que lo llevó a mencionar a Jesús Porto, Celestino
Rodrigo y el Gordo Vanni, hasta que el juez le pidió que frenara:
-Se supone que usted tiene que convencerme, pero llevo una hora prestándole
atención y no puedo entender de qué me está hablando. Clarifique sus objetivos
porque no está logran- do nada. Le doy cinco minutos para convencerme de que
esto es un proceso político, dijo.
Ante este desafío, Ortiz Almonacid se sintió en la necesidad de dar una
respuesta didác- tica. Tomó una caja de recortes de diarios que tenía a su
lado, donde se referían las respon- sabilidades criminales de la dictadura
militar, y las equiparó a la guerra que, dijo, habían librado contra López
Rega. Empezó aponerlos en el escritorio de la intérprete para que los leyera.
Smargon prefirió dar por terminada la sesión y convocó a las partes a una nueva
audiencia para el día 21de mayo de 1986.
Ese día, Guillermo Patricio Kelly llegó a los tribunales con una remera
que tenía estampa- da una foto de López Rega con pequeños bigotes, emulando a
Adolfo Hitler, e hizo pasar a la sala al pintor que había contratado para
transgredir la disposición que prohibía el ingreso de fotógrafos. A media
mañana, el hombre comenzó a bosquejar sobre un bastidor dispuesto sobre un
atril la imagen del jurado y el acusado.
Kelly no había sido autorizado a declarar. Frente al juez, Ortiz
Almonacid reiteró su pedi-do de nulidad del proceso judicial porque dijo que
las carátulas y los oficios habían sido fraguados, y enfatizó su convicción en
la inocencia de López Rega.
-Se acusa a mi defendido de ser un delincuente, cosa que no es cierta.
Mire cómo será tan falto de realidad este caso que el gobierno argentino lo
acusa de ser el responsable directo de la muerte de dos mil personas, a pesar
del poco tiempo que él estuvo al frente del Minis-terio de Bienestar Social,
supuesta sede de la organización Triple A que él encabezaría. Haciendo un
cálculo rápido, el entonces ministro tendría que haber dado muerte
personal-mente a un promedio de tres o cuatro personas diarias a la vez
que atendía sus tareas oficiales. Esto es una gran novelería.
El abogado Fors intentó profundizar la idea de que era imposible
comprobar los supuestos delitos atribuidos a López Rega. Pero su línea de
argumentación, de golpe, se le volvió en contra: -A Hitler lo acusaron de infinidad de hechos criminales, de haber matado
y torturado, pero nunca se le vio un arma en la cintura. Lo mismo pasa con mi
defendido.
La audiencia se suspendió hasta el día siguiente. Cuando se marchaba,
Cisneros se abalanzó sobre el pintor y quiso arrancarle su trabajo, en el que
se veía a López sentado en un banco mirando al juez. Kelly intentó defender la
posesión de la obra, forcejeó con ella e impidió que se la arrebatara, pero uno
de los puntapiés de la concertista le dejó un moretón en un tobillo. Kelly
luego ofrecería una reproducción del dibujo a la revista Gente, que lo
publicaría a doble página.
En la audiencia del día siguiente, López Rega comenzó a defenderse de
las acusaciones. En primera instancia, negó que le hubiera comprado armas a
Khadafiy que éstas hubieran sido ocultadas en su ministerio, aunque reconoció
que él iba poco al edificio: su principal ocupación era la de secretario de
Isabel Perón. Volvió a contar historias de su relación con ella y con el
General, y reivindicó sus actuaciones en el gobierno peronista. Empezó a
irritarse cuando la ayudante de la fiscalía Stuart mencionó el pasado de
bailarina de la ex presidenta.
-Si quiere insinuar que es una prostituta, usted está involucrando la
moral de muchas bailarinas que después fueron presidentas o primeras damas.
Usted es muy insolente, le espetó.
La discusión en torno a este punto continuó por más de una hora.
Después, cuando Stuart cambió el enfoque y le pidió que precisara el destino de
los fondos reservados y los cheques de la Cruzada de la Solidaridad, López Rega
mostró huellas de resignación.
-¿No se da cuenta de que no tengo ningún interés de hacer una defensa de
mi persona? Sé lo que me quiere hacer decir: que yo le decía a la señora de
Perón lo que tenía que hacer. Pero eso no es verdad. Mi persona ya no está en
esta vida. Ya es de otra.
Su exposición produjo mucho menos impacto en la sala que en la ocasión
anterior. Qui- zás, advirtiendo que ya no tenía salvación posible, prefirió
hacer una apelación mística para demostrar que lo estaban juzgando por
cuestiones terrenales, cuando su espíritu era parte del Orden Cósmico y debía
responder antelas leyes del Universo.
Pero Ortiz Almonacid no quiso darse por vencido y continuó planteando la
defensa en la Tierra. Jugó su última carta. Le explicó al juez Smargon el
sentido dela Ley 23.062 de Control Constitucional (que actuó como instrumento
de reparación histórica), que había sancionado el Parlamento argentino en 1984.
Y empezó a leer el artículo uno: carecen de validez jurídica las normas y los
actos administrativos emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto
de rebelión, y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto
el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes
constitucionales...
Según Almonacid, este artículo no sólo protegía legalmente a su
defendido, sino que el artículo 3 impedía proseguir las acciones judiciales
contra María Estela Martínez de Perón, una de las cuales era la de los fondos
reservados, que era a su vez una de las causas por las que se pedía la
extradición del ex ministro. Esta ley confundió un poco al juez Smargon, que no
entendía para qué el gobierno argentino había enviado los fiscales a Miami con
la inten- ción de llevarse a López Rega si después no podrían proseguir la
acción penal en su territo- rio. Los fiscales explicaron que en realidad el
beneficio de la Ley de Reparación Histórica era sólo para la ex presidenta, lo
cual otorgaba un margen a Ortiz Almonacid para discutir su constitucionalidad
en la audiencia. Pero al juez le pareció demasiado complejo involu-crarse en
ese asunto.
-Lo voy a resolver de una manera práctica, dijo, con tono expeditivo.
Ustedes se llevan al acusado a la Argentina y después vean si lo pueden juzgar
o no.
Antes de dar su dictamen, el juez confesó que el caso le había resultado
fascinante por los difíciles problemas que planteaba y también por la personalidad
del acusado. Consideró que las pruebas presentadas por el juez Archimbal eran
válidas y que López Rega merecía ser juzgado en su país. "La atmósfera
política que rodeó los hechos no elimina su carácter de crímenes comunes,
confabulación, asesinato y malversación de fondos públicos", dijo.
Al escuchar el dictamen, Ortiz Almonacid y Fors corrieron hacia su
defendido y lo sostu- vieron, ante el temor de que se desmayara. López Rega
permaneció otros cuarenta y cinco días en la prisión, a la espera del resultado
de una apelación a un Tribunal Superior del esta- do de Atlanta. La había
presentado Fors. Pero el recurso no prosperó. El 3 de julio de 1986, el
secretario de Estado norteamericano, George Shultz, anunció que López Rega
sería extraditado a la Argentina. Cuatro policías argentinos viajaron a Miami
para custodiar su regreso.
La noche siguiente, López Rega se subió a un vuelo de la línea Eastern,
proveniente de México, con destino a Buenos Aires. Su presencia empañó la
alegría de los turistas argen- tinos, que volvían al país luego de asistir al
triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol de 1986. Verlo les
erizó la piel. El hombre que subió al avión era el fantasma de un pasado
horrible que había revivido, y que daba un paso tras otro hasta ocupar una
butaca. Algunos pasajeros reaccionaron de inmediato y pidieron que se lo
expulsara de la nave: no estaban dispuestos a seguir viaje junto con un
asesino; otros temían que el avión explotara en el aire. En cambio, un señor,
tímido, se acercó a él y le pidió tomarse una foto. López Rega se negó. Estaba
rodeado por los comisarios Osvaldo Guevara y Juan Carlos Raffaini, el inspector
Alejandro Di Nizo y el subinspector médico Eduardo Cappa. A esos custodios,
López Rega les dijo que era una exageración que lo mantuvieran esposado durante
el viaje. Después de todo, estaban frente a un camarada. Y empezó a recordarles
todo el equipamiento médico que durante su gestión había conseguido para el
hospital policial Churruca.
Por momentos se internaba en sensaciones muy íntimas con respecto a la
Argentina. Estaba ansioso por volver a su país, porque decía amar a la patria
como nada en el mundo, pero a la vez sentía que la patria no lo había sabido
valorar y le había dado la espalda. Yeso le causaba mucho dolor.
López Rega aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires en un mediodía
brumoso. Un camión celular lo trasladó a la Unidad Carcelaria 22, en el centro
de Buenos Aires. Se sentó en la misma cama que unos meses atrás ocupara el
dictador Jorge Rafael Videla, y esperó tres días hasta que llegó el momento de
la declaración indagatoria. La elección de los nuevos abogados de su defensa
estuvo sujeta a una situación controversial. Mientras Norma López Rega y Conti
llevaron a la primera indagatoria al letrado Pedro Bianchi, López Rega había
firmado la designación de los integrantes del estudio Álvarez & Núñez
Irigoyen como sus abogados. López pidió saber de qué se lo acusaba. Tuvo
respuesta: causa 6511: asociación ilícita, homicidio agravado (reiterado
en seis oportunidades); causa3442: malver-sación de fondos equiparable a
caudales públicos (reiterada en diez oportunidades); causa 9021: malversación
de caudales públicos (reiterada en cinco oportunidades).En la causa de la
Triple A, le preguntaron por su custodia. López Rega dio una respuesta
general:
-Mi custodia era la tradicional que tenían todos los ministros, un
servicio común de vigi- lancia organizado directamente por la policía. Yo era
totalmente ajeno a dicha organización.
Le preguntaron si tuvo conocimiento de la Triple A. Dijo que tuvo
conocimiento como cualquier ciudadano, a través de las informaciones
periodísticas, nada más. Le insistieron si había sabido algo más por el cargo
que él revistió. -Jamás. No tenía tiempo de ocuparme de temas que no correspondían
a mi gestión. Digo, a la Nación.
Primer error. El juez Archimbal recordó la carta en la que, a partir de
la denuncia del teniente Segura, López Rega había tomado conocimiento de las
actuaciones por la investí- gación de las AAA, y solicitó al ministro Savino
que pusiera al corriente a los comandantes militares de lo investigado. Sus
nuevos abogados defensores, Eduardo Álvarez e Ismael Núñez Irigoyen, pidieron
un cuarto intermedio a fin de asesorarlo. Cuando volvió, López se negó a
declarar. Después fue al otro juzgado a declarar por la causa de fondos
reservados. Se abstuvo de responder a varias preguntas. Su abogado comentó que
a su defendido le dolía la cabeza y que no podía coordinar bien sus ideas. El
acto se suspendió. Al día siguiente, los dos jueces convirtieron su detención
en prisión preventiva.
Mientras en la causa de la Triple A se seguían acumulando testimonios en
su contra, López Rega se fue acostumbrando a su nuevo habitat: una cama, una
mesa de luz, una pequeña biblioteca que albergaba la Biblia y a la que agregó
algunos libros esotéricos, y un televisor. María Elena Cisneros viajó a Buenos
Aires en dos oportunidades para verlo en la prisión, pero la madre de ésta,
Lucía, lo visitó en forma más asidua para hacerle masajes en los pies, a fin de
que no perdieran movilidad.
Durante la primera semana de agosto, López fue examinado por María
Amalia Cejas de Scaglia y María Adela Álvarez Estrada, psicólogas del Cuerpo
Médico Forense. Realizaron tres sesiones. En el primer momento, se congratuló
dela visita de dos mujeres "tan jóvenes y lindas". Parecía adaptado a
la situación carcelaria, sumiso y dócil, incluso alegre, desple- gando su
encanto e ingenio con lenguaje florido.
En esa época declaró el ex jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo,
Jorge Felipe Sosa Molina, quien había desarmado a los miembros de la custodia
de López Rega, el día en que éste debió marcharse a España, en 1975. Sosa
Molina empezó recordando la visita del teniente Segura a la redacción de la
revista El Caudillo y las tramitaciones posteriores que motivaron la
investigación de la denuncia. También dijo que en varias oportunidades los
autos de la custodia personal de López Rega entraban a la residencia de Olivos
cargando panes de trotyl en los baúles, y que varias veces se los había
incautado. Entendía que no respondían a fines defensivos sino a propósitos
diferentes. Sosa Molina mencionó a Almirón, Rovira y Morales como algunos de
los miembros de esa custodia. Decía que entraban y salían en distintos móviles
en horarios nocturnos y sin el ministro. También refirió un diálogo con López
Rega en presencia de la presidenta Isabel Perón y en relación con la muerte del
hijo del rector Laguzzi de la Universidad de Buenos Aires, por un atentado
atribuido a la Triple A. El ministro López Rega manifestó que a las personas
con tendencias izquierdistas había que tratarlas de ese modo porque hacían
un mal al país y sobre todo a la juventud. El ex jefe de Granaderos rebatió esa
afirmación e Isabel intentó conciliar la ríspida situación. Luego de Sosa
Molina, también declaró Jerónimo Podestá, ex obispo de Avellaneda, quien dijo
que había sido amenazado por la Triple A y que pudo corroborar que ésta tenía
vinculación con el Ministerio de Bienestar Social, según los dichos de una persona
que le informó que desde allí partían los operativos de esa organización.
También refirió que, en un viaje a Francia, un entonces gerente de Aerolíneas
le manifestó que había tenido que reservar cuarenta plazas para agentes de
origen croata contratados para la Argentina y que según él trabajarían a las
órdenes del comando de la Triple A. Este contingente viajó a la Argentina
después de la muerte de Perón.
Pero de golpe pasaba al llanto con una facilidad extrema, haciendo
alarde de una fina sensibilidad. Las psicólogas sospecharon que esa "hiper
demostrabilidad dramática", esa aparente espontaneidad y bondad, eran
procedimientos engañosos para ocultarse. Cuando se lo inquiría con mayor rigor,
López se ponía en alerta y a la defensiva. En ningún momento daba una respuesta
que permitiera obtener información acerca de quién era realmente. Se mostraba
ajeno a los expedientes, a los jueces, a la propia cárcel. Su condición de
mago, explicó, lo ponía en un lugar más trascendente, por encima de la
realidad. Ni siquiera encerrado podían tenerlo prisionero. -El mundo no
entiende lo grande que soy, dijo.
Las psicólogas observaron que podía cambiar de conducta con facilidad y
comportarse de un modo agresivo. López se negó a realizar dibujos en un papel y
a que su grafía fuera sometida a una evaluación. Con amabilidad impostada o
mostrando una frialdad extrema, buscaba controlar la situación y llevarla hacia
donde él quisiera. Antes de despedirlas por última vez, se mostró un poco
inquieto:"¿Qué van a escribir?", les preguntó. Las psicólogas
hicieron su diagnóstico: López Rega no había querido cooperar, era narcisista,
tenía ideas de grandeza, fabulaciones egocéntricas, una sensibilidad aguda pero
superficial, era ambi-cioso intelectualmente, su conexión con la realidad era
evasiva y poco analítica, tenía un manejo mágico que la desfiguraba, y una
modalidad psicopática con rasgos paranoides. Pero nada de esto alteraba su
sistema racional. Tenía capacidad de delinquir.
Durante un tiempo, López Rega compartió la cárcel con el general
peduista Carlos Suárez Mason, que era juzgado por sus crímenes en el Cuerpo I
de Ejército. Había permanecido prófugo durante casi tres años. Otro de sus
compañeros de prisión fue el agente de inte- ligencia Raúl Guglielminetti, que
después de su paso por "grupos paralelos" de la SIDE durante la
dictadura y de realizar operaciones de "contra insurgencia" en
Nicaragua, escan- dalizó a la democracia cuando se supo que formaba parte de la
custodia del presidente Raúl Alfonsín.
Una tarde, Guglielminetti entró en la celda de López Rega. Cuando lo vio
sentado en la cama, en pantalones cortos y camiseta, se sintió impulsado a
sobrevolar los recuerdos de aquella época: le contó la historia de un
operativo, luego de otro. López Rega lo miraba impasible. -¿Se acuerda,
jefe?, le preguntó el agente. -Por qué me dice jefe, si yo no lo
conocí..., respondió López. En ese tiempo a Perón le cortaron las manos
con una sierra y le dejaron mutilados los brazos a la altura de la manga del
uniforme militar. Los profanadores trabajaron varios días en su bóveda del
cementerio de la Chacarita. Las hipótesis acerca de las motivaciones eran
diversas: venganza masónica, práctica ocultista, el número de una cuenta en
Suiza grabado en su anillo, complot político contra la democracia. Un
secretario del juzgado visitó a López y le preguntó si la profanación de la
tumba era parte de un mensaje esotérico, pero se fue sin respuestas. Con el
paso de los años, tampoco las tendría la Justicia.
López Rega también recibió en su celda a Joaquín José Andrade. Era una
visita interna- cional. Andrade vivía en el Brasil y le debía gratitud eterna.
En 1974, en el alto Amazonas, Andrade se dedicaba a extraer el jugo de la raíz
de un vegetal que provocaba alucinaciones. Hacía elevar mente y espíritu, y
dejaba el cuerpo en la tierra. El jugo le hacía ver la vida de otra manera. Por
entonces tuvo una visión y recibió un mensaje divino que le ordenaba ver el
cadáver de Evita. Había una pista: la única manera de acceder a ella era a
través de un argentino y un brasileño. Lo fue a ver a Ferreira a la agencia de
noticias Télam de Río de Janeiro y le rogó que lo autorizara a cumplir con la
orden. Ferreira se comprometió a hacer gestiones ante López Rega. Finalmente,
Andrade consiguió una carta escrita y el Gordo Vanni, que vivía con el cadáver
de Eva en Puerta de Hierro, lo puso frente a ella. Andrade no se olvidaba de
ese gesto, y le acercó a la prisión el té de las alucinaciones, pero López se
negó a tomarlo.
Al año y medio de su detención, la causa de la Triple A clausuró la
etapa sumarial y Aníbal Ibarra presentó la acusación de la Fiscalía. Pidió
cadena perpetua para López Rega por considerarlo "autor mediato" de
los seis crímenes que se le imputaban. Se basó en la teoría del "dominio
de hecho", que planteaba que si bien no había pruebas concretas de que el
acusado saliera personalmente a matar, al dirigir un aparato organizado de
poder, dominaba todos esos sucesos, y por lo tanto era penalmente responsable.
Incluso Ibarra marcaba la posibilidad de que López Rega no conociera a los
ejecutores: le bastaba con controlar los resortes del aparato.
En este punto de la acusación, López Rega sintió que tenía las manos
atadas. Les explicó a sus abogados que en realidad era su custodia la que, al
estar bajo sospecha, perjudicaba su situación legal. Un día les comentó que se
podría convocar a un comisario para que des- lindase responsabilidades, pero
enseguida se arrepintió: era mejor no avivar el fuego. "Nadie va a tener
ganas de reflotar cadáveres", dijo. Luego pensó en otra vía menos
traumática y pidió a sus abogados que hablaran con Isabel Perón para que ella
intercediera ante Alfonsín para darle una salida política a su caso. Sus
abogados no realizaron ninguna gestión. Les parecía un camino estéril. Si bien la
causa de la Triple A era la que planteaba la defensa más complicada, en las
otras sus abogados creían contar con mejores armas.
En el caso de los fondos reservados, los abogados argumentaron que a
Isabel Perón se le había aplicado la Ley de Reparación Histórica en la que se
le reconoció una serie de beneficios patrimoniales, n tanto que a López Rega se
lo juzgaba "con una severidad inusitada" por la misma causa.
Consideraban que era una "desigualdad ante la ley". Después de muchos
meses de silencio, el ex ministro declaró por escrito en esa causa, en la que
cargaba con una prisión preventiva. Se encontraba en la encrucijada de
declararse inocente y a su vez no comprometer a Isabel Perón, y resolvió el
problema alegando que si bien era cierto que él le pedía dinero a la presidenta
de los fondos reservados, no disponía de ellos, puesto que el que los retiraba
era Carlos Villone. En este punto no tuvo escrúpulos: aconsejó consultar sobre
el tema directamente con el aludido. Sobre el millón y medio de pesos (150.000
dólares) que en una oportunidad retiró de esa cuenta, dijo que al ser una suma
extraordinaria, la retiró él mismo, firmó el recibo que se encontraba en el
expediente, pero que inmediatamente le dio el dinero a la presidenta. Aclaró
que ese dinero la Señora lo utilizó para la construcción de la cripta
donde descansarían los restos de Perón y Evita en la residencia de Olivos (en
realidad habían sido pagados con un cheque de la Cruzada de la Solidaridad).
Enseguida López se preocupó por reafirmar la honestidad de Isabel en el manejo
de los fondos reservados o públicos y dijo que si lo iban a indagar acerca de
lo que hacía la Señora de Perón con esos fondos, "prefería purgar una
injusta condena que por ese hecho se le quisiera aplicar, a revelar delicadas
cuestiones que adquiriera en el desempeño de sus funciones de secretario
privado, puesto que juró desempeñarlo con fidelidad y lealtad. Sólo su jefa, la
Señora ex presidenta, podría relevarlo de seguir cumpliendo con esa, su eterna
obligación". Cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó la
prisión preventiva por malversación de fondos reservados, visto lo endeble de
sus explicaciones, López Rega intentó recusar a sus integrantes (LeónArslanian,
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Diego Cámara) ante la sospecha de que fuesen
"imparciales" por haber jurado acatamiento a los objetivos básicos de
la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso deReorganización Nacional. Lo
mismo hizo con el fiscal Julio César Strassera. A esas alturas, López Rega era
el único procesado de una causa en la que no se había condenado a nadie, y en
la que los procesados ya habían sido sobreseídos.
Con el paso de los meses en prisión, López ya parecía resignado a morir
en la cárcel. Sus problemas de salud se fueron agravando. Pese a su diabetes
grave, a sus recurrentes crisis hipertensivas agudas, a las complicaciones
neurológicas, oftálmicas y renales, a los dolores epigástricos y a los
temblores generalizados y los vómitos con los que ensuciaba su celda, siempre
se mostró reticente a concurrir a los hospitales. Decía que estaba bien. Su
resisten- cia también estaba focalizada en la figura del doctor Norberto
Rubinstein, el jefe del centro médico de Tribunales. Decía que temía que lo
perjudicara con algún medicamento. Estaba convencido de que quería matarlo,
aunque nunca lograba explicar bien por qué. En mayo de 1988, López Rega aceptó
ser trasladado al Hospital de Clínicas, frente a la Facultad de Medicina. En la
prisión se había descompensado. Entró en silla de ruedas, y lo condujeron en el
ascensor hasta el piso once. Fue cuestión de minutos que en el pasillo no se
topara frente a frente con Vanni. Al Gordo lo acababan de trasladar para el
Hospital Italiano en una ambulancia. Había sufrido una insuficiencia cardíaca y
debían intervenirlo de urgencia. Para esa época, Vanni estaba sufriendo mucho.
Ya disfrutaba de los beneficios de la legalidad, pero le costaba volver a
entender cómo funcionaban algunas cosas en el presente. Había llegado de España
con un papel oficial de la empresa Codere, que lo autorizaba a vender máquinas
tragamonedas. Ahora que había llegado la democracia, se había propuesto hacer
las cosas por derecha, con papeles, todo bien ordenadito. Y comenzó a contactar
a intendentes peronistas dela provincia de Buenos Aires para ver la forma de
ubicar las máquinas. El principal escollo que encontró fue que el juego
funcionaba en la ilegalidad, amparado por los municipios.
Para conocer el mercado, Vanni fue de visita por bares y pizzerías del
partido de La Matanza. Allí observó que en los fondos de los locales había
máquinas para el juego. Le pareció que era una situación anómala. Cuando se
entrevistó con el intendente peronista que gobernaba el municipio, Federico
Russo, éste le explicó que le había dado el manejo del juego ilegal a la
policía provincial. Prefería eso antes de que manejaran la droga, le dijo. Como
el mercado del juego ya estaba ocupado, Vanni no pudo colocar ninguna de las
máquinas tragamonedas, como aspiraba. Murió a los 60 años, en 1993, después de
una intervención al corazón en el Hospital Güemes de Buenos Aires.
Con el paso de los meses, los procesos judiciales de López Rega fueron cayendo
en el olvido. No había documentación nueva ni informes ni pericias a realizar.
En enero de 1989, por la causa de la Cruzada de la Solidaridad, luego de
catorce años de tramitación judicial, el juez le dictó el sobreseimiento
definitivo. Pero no salió en libertad porque mantenía la prisión preventiva en
las otras dos causas.
-¿Hasta cuándo hay que estar "expectante"? ¿Qué debemos
esperar?, preguntaba la defensa en sus escritos. El detenido desmejoraba en
forma ostensible. A principios de junio de 1989, su cuadro de diabetes se había
agravado. Lo internaron en una clínica de Saa-vedra, cerca de las calles en que
había vivido casi medio siglo. Los médicos le practicaron un tratamiento de
diálisis. También tenía un edema ocular. Estaba casi ciego. Buba Villone
fue a visitarlo. Lo vio demacrado y sin Fuerzas. -¿Qué te pasa? ¿Te estás
entregando?
-Me parece que me están dando algunas cosas. Quieren terminar conmigo.
Me acusaron de todo. Todo el peronismo va lavar sus culpas conmigo. -Nunca
debías haber abandonado la casa de Victoria, dijo ella.
López lloró. Le pidió un favor. Sabía que Isabel Perón estaba de paso
por Buenos Aires. Quería que lo visitara en la clínica; quería verla, hablarle.
Al día siguiente supo que la ex presidenta tenía otros compromisos. López se
sintió afectado por la noticia. Buba le tendió su mano. Ella estaba sentada en
una silla, él acostado en la cama. Hablaron de María Elena Cisneros. López dijo
que había pasado muy buenos momentos junto a ella, y que estaba orgulloso de
haber merecido su compañía. En la cárcel tenía las grabaciones de sus discos y
se las hacía escuchar a quienes lo visitaban. Ella lo había cuidado. Lo había
redimido.
-Con ella hice el amor después de mucho tiempo. La amé mucho
—confió.
Buba y López, ya casi ancianos, estaban entrando en un mar de
confesiones. Se conocían desde hacía casi cuarenta años. A pesar de que Buba
era más joven, se sentía su hermana mayor. Le preguntó por Isabel:
-¿Tuviste alguna intimidad con ella?
Según cita Juan Gasparini en el libro La fuga del Brujo. (Buenos Aires,
Norma, 2005, pág. 137), María Elena Cisneros vive en el barrio Jara de la
ciudad de Asunción del Paraguay, donde fundó un Centro Pedagógico
Musical.
-No. Nunca. Te juro que no. Si hubiera tenido necesidad de hacerlo por
la patria, lo hubiera hecho. Pero no hubo necesidad. Se quedó callado, y
giró la cabeza para mirarla. Sus ojos ya no tenían brillo. Estaban secos. -A vos, en cambio, te amé toda mi vida en silencio. Desde el primer día
en que te vi. -¿Por qué nunca me lo dijiste? -Porque eras la mujer de
un hermano. Te lo puedo decir ahora que él está muerto.
Dijo, y cerró los ojos poco a poco. Según consta en el acta de
defunción, José López Rega murió a las 7.55 del 9 de junio de 1989 de una
congestión y un edema agudo de pulmón, en presencia de Buba y de su hija Norma.
Su último deseo fue que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas lanzadas al mar,
para que su espíritu pudiera regresar al universo astral. En el momento de
exhalar el último suspiro, el juez Martín Irurzun aun no había dictado
sentencia por la causa en la que tenía una prisión preventiva y un pedido de la
Fiscalía de prisión perpetua por seis homicidios. Luego de casi catorce años
de proceso, once de los cuales estuvo prófugo de la Justicia, José López Rega
murió sin condena. No murió inocente. Murió sin ser juzgado. Quizá porque, si
se horadaba un poco en su memoria, o si se tocaba una cuerda muy profunda del
fondo del alma de aquellos años, se hubiera llegado a la conclusión de que la
Triple A fue algo más que la criatura siniestra de un sargento de policía que
soñaba con cantar en La Scala. Fue un aparato de represión ilegal, conformado
por distintos sectores, que tuvo su origen y su base de apoyo y de ejecución en
el Estado peronista de la década de los setenta. A más treinta años de
consumados los hechos, las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos por
la Triple A durante el gobierno constitucional (1973-1976) continúan
impunes.
FUENTES DE
ESTE CAPITULO
Para este capítulo se realizaron entrevistas a Juan
Carlos Rodríguez Basavilbaso, Marcelo Huergo, Ema Villone, Rubén Villone, Jorge
Conti, María Adela Álvarez Estrada, Jorge Savino e Ismael Núñez Irigoyen.
También se extrajo información de las causas judiciales de la Triple A, Fondos
Reservados y Cruzada de la Solidaridad, y de artículos publicados en las
revistas Somos, Gente y La Semana de marzo a julio de 1986, y del diario
La Nación del mismo período.
