La tentación de usar la emergencia para imponer un sistema permanente de autocracia en ritmo de joropo madureño.
Por Dardo Gasparré
La Prensa - Opinión
27 de marzo de 2020
El tono enérgico y a veces enojado del presidente Fernández puede ser confundido fácilmente con una demostración de liderazgo. En rigor, necesita ese porte autoritario y decidido para imponer cierta disciplina, sensatez y responsabilidad a una parte importante de la población que hace rato se comporta antisocialmente, con una especie de sociopatía colectiva y contagiosa que la lleva a saltar por sobre todas las normas de convivencia, del derecho, del respeto por el otro, del orden social y de la ley misma y que llega a enfrentarse a las fuerzas del orden como si se tratase de una pelea de conventillo o de dos bandas de una villa.
Ese estilo revulsivo, impune y prepotente, paradojalmente instituido, fomentado, elogiado y usado como herramienta electoral por el peronismo que prohijó y entronizó al propio mandatario, es hoy su mayor enemigo en la lucha contra el covid-19 en esta etapa de cono de aislamiento que es – en su expresión más sintética –una carrera entre la pandemia y el número de tests y respiradores que se puedan conseguir-, una forma de ganar tiempo en la trágica competencia entre el virus y la muerte. Suponiendo que esa tregua sirva para equiparse adecuadamente.
Por eso la sociedad ha consentido o tolerado ese accionar presidencial, como los romanos del imperio consagraban legalmente la figura del Dictador en tiempos de guerra. Eso le ha valido a Fernández, por ahora, su altísima nota de aprobación en las encuestas y le ha permitido tomar medidas que en otros casos se considerarían anticonstitucionales y llevaría a denunciarlo ante la temible, inapelable, burocrática y socioprogresista Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es muy diferente a lo que está ocurriendo mundialmente, salvo en los países dirigidos por delirantes negacionistas.
En ese camino, a veces evidentemente desesperado, aparecen cuestiones tan graves como la abolición del federalismo, principio liminar de la Constitución, en momentos en que los otros dos principios liminares, la Representatividad y la República, están en riesgo por el accionar del lado sombrío del partido del presidente en el Congreso y por sus ataques a la independencia de la Justicia, ya en marcha imparable.
Las provincias y aún las intendencias son puestas al borde de la secesión o la rebeldía ante la desesperación de ver cómo algunas decisiones del gobierno central barren con su seguridad e inmunidad sanitaria sin acuerdos y sin que se les ofrezcan alternativas explícitas y concretas. El enigma de los tests, su monopolio inicial, el bajo número de testeos, la prohibición de ser realizados por el sistema privado, no ayudan ni convencen aún a los más crédulos. Al contrario. Abren sospechas de todo tipo, incluso de corrupción, proceso en el que no ayuda la figura cada vez más desfigurada del ministro González García, que pese a sus evidentes falencias sigue metiendo la mano para garantizarse su monopolio incomprensible e inmerecido en lo que hace a los insumos vitales en el combate a la pandemia, como otrora hiciera el exministro De Vido en otra crisis, la del gas y la energía.
Cuarentena al voleo
El escaso número de testeos hace intuir que la cuarentena al voleo seguirá por bastante tiempo, y las prórrogas continuas del aislamiento mostrarían la falta de un enfoque integral del tema. Un agravante más para una economía ya moribunda o muerta antes del coronavirus. La posibilidad de una cuarentena inversa, es decir la aislación de casos no sintomáticos detectados, no de los sanos, parece lejana y teórica.
Hasta ahí, podría existir un cierto parecido con muchos países con políticos de estilo moderno, es decir, poco preparados para la tarea para la que se postularon y fueron elegidos, tanto en el pasado como en la actualidad. Salvo el ingrediente sospechado de corrupción que es una característica casi exclusiva de Argentina, en el que el peronismo tiene vastos antecedentes, muchos juzgados, otros en etapa de procesamiento, otros ocultos en la asociación ilícita del estado con los laboratorios privados.
De pronto, reaparece el ángel exterminador de Ginés González y decide que todos los respiradores, los tests y otras facilidades sanitarias del país, incluyendo al sector privado, serán administrados por el estado nacional, o sea su ministerio. Se supone que, con la anuencia del presidente, quien tal vez no midió los alcances de tamaña decisión. Para ponerlo en otros términos, el ministro confisca, por su sola decisión, bienes de las provincias y de los particulares y se erige en su administrador exclusivo.
Este columnista ya anticipó su opinión en un largo hilo de Twitter del miércoles, que, felizmente, sirvió de inspiración a algunas notas de ayer. Se apodera de un plumazo de bienes y sistemas que no le pertenecen a la Nación, pero sí a la población de cada provincia o municipio. Se erige en el burócrata más capacitado para administrar los recursos ajenos. Algo que, además de inconstitucional en su forma y en su fondo, está lejos de haber demostrado en la práctica. Usa el ahorro, el esfuerzo, la previsión y la capacidad médica de otros y los secuestra para tapar sus agujeros y administrar las eventuales muertes.
La situación empeora cuando se refiere al sector privado, que el ministro ha declarado caduco y expropiado a precio cero. Aquí se rompen todo tipo de reglas, leyes, principios y preceptos constitucionales y jurídicos. Se trata de una deliberada ignorancia del rol de la medicina privada en la salud de los argentinos, ya esbozada al impedir las pruebas de los prestadores de salud. Pero en el fondo, destruye el sistema de medicina prepaga con una declaración, apenas, o una resolución o un decreto. Los aportantes a las prepagas tienen un contrato homologable a un seguro con sus prestadores, que acaba de dejar sin efecto, o de obligar a incumplir, un ministro cuestionadísimo.
En términos de salud también adquiere una enorme gravedad. Los aportantes al sistema privado de salud compraron a lo largo del tiempo el derecho a ciertas prestaciones vitales, que ahora le es conculcado burocráticamente en una medida estalinista en nombre de la salud de todos. Algo peor que la estafa a los jubilados. La estatización lisa y llana. El corralito sanitario. La soberbia del burócrata que se apodera de los bienes ajenos y se arroga la capacidad infinita de manejarlos mejor que los propios interesados.
De paso, otra rotura de la seguridad jurídica, del derecho, de los derechos humanos auténticos. El Estado proyecta su incapacidad y su ineficiencia sobre los particulares, y los obliga a ser solidarios al precio de su propia salud y su propia vida, eventualmente.
Accionar colectivista
Dos preguntas elementales: ¿hasta dónde seguirá este accionar colectivista en nombre de una solidaridad sin costo para el gobierno, pero con alto costo para la gente? ¿Cuán de acuerdo está el presidente con estas decisiones? González García debió ser reemplazado hace mucho, y eso habría mostrado un verdadero liderazgo y valentía presidencial. No sólo sobrevive, sino que mantiene una increíble capacidad de daño.
No es el único caso en que se generan serias dudas sobre el grado de avance y permanencia de este cómodo criterio autocrático en el futuro. El congelamiento de alquileres y de juicios por cobro de hipotecas y desalojos, la prórroga por decreto de los contratos temporarios -una burla legal- son medidas oportunistas del más rancio peronismo y cristinismo, además de condenar a un resultado inexorable de escasez de crédito, alquileres y empleo, hacen pensar que, cuando el virus se haya ido, el peronismo autoritario se quedará y ahondará en el estilo venezolano al que tanto hay que temer.
No muy distintas son las medidas de congelamiento de precios, la obligación de producir, el otorgamiento de monopolios de ventas de tests por decreto, arraigados mecanismos de corrupción que acompañan desde siempre al peronismo, como ejemplifica la historia desde 1946. Y nada hace pensar que ese retroceso sobre una buena decisión económica del gobierno anterior que liberó al sistema de salud y a sus víctimas esclavas del PAMI, no torne a perpetuarse.
El gobierno del verdadero Fernández recién empezará a pleno cuando el tiempo, la suerte y los trabajadores de la salud hayan exorcizado al demonio del covid-19. Habrá que confiar que en ese momento no se hayan puesto en cuarentena las libertades, la seriedad económica, la Constitución y el derecho. De lo contrario, otro virus más terrible, incurable, asolará a la sociedad.
