Impunidad a cambio del monopolio de las excarcelaciones: la negociación entre CFK y la corporación judicial
Toda operación de lavado dinero vinculada a Lázaro Báez, el principal
pero no el único socio del difunto Néstor Kirchner, es una luz roja que
se prende sobre la sucesión de la familia y la herencia que está en
cabeza de la presidente y sus hijos Máximo y Florencia. En caso de que
la guillotina terminara cayendo en la garganta de Báez, también se
llevaría puesta a la familia presidencial. De ahí los esfuerzos de Julio
de Vido de “poner todo lo que sea necesario” para que estas causas
judiciales no avancen y así es también que el juez federal Sebastián
Casanello, en el año que tiene a su cargo la investigación,
prácticamente no hizo ni el 10% de lo que investigó el fiscal José María
Campagnoli en 60 días.
El pago del cristinismo a la corporación judicial es el anteproyecto
de Código Penal que está paralizado por la recolección de firmas que
organizó Sergio Massa y porque ahora la presidente quiere sacar el tema
de la inseguridad de la agenda política, ya que la perjudica seriamente
en términos de electores y de imagen de su gestión.
El nuevo Código Penal sería entonces un pago a la corporación
judicial para que le brinde impunidad al cristinismo una vez que
abandone el poder en el 2015. Y la prenda de cambio que les ofrece a los
jueces sería la reforma del Código de Procedimientos Penal, para
establecer el monopolio de las libertades de los presidiarios entre
magistrados y abogados penalistas, que es uno de los grandes negocios
aparentemente legales de la Argentina. Cada vez que se quisieron
endurecer las leyes penales de fondo y procedimentales, como con la
reforma impulsada por Carlos Ruckauf, la de Juan Carlos Blumberg y las
procedimentales que implementó parcialmente Daniel Scioli a través de
Ricardo Casal, las mismas fueron sistemáticamente saboteadas por la
jurisprudencia.
La jurisprudencia se impone
La realidad es que la jurisprudencia es una fuente del derecho penal a
la par de lo que decidan los legisladores. Y en la práctica las leyes
que sancionen éstos en la materia serán finalmente adaptadas por los
jueces en su interpretación que tiene un solo objetivo, que es mantener
entre magistrados y penalistas el poder de decisión de excarcelaciones
en cualquier tipo de delitos, aunque sean ellos aberrantes. Es inmenso
el poder que tiene la corporación judicial para conservar la última
palabra en la materia, sobre todo teniendo en cuenta la escasa
preparación de los legisladores cuando tratan leyes penales de fondo o
procesales.
Los ideólogos de este monopolio de decisión de los magistrados sobre
las excarcelaciones son, sin duda, Eugenio Zaffaroni, el gran
imaginativo para quitar sentido a la redacción de los artículos del
Código Penal y sus seguidores León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra. El
espectro de negocios abarca desde homicidios entre villeros hasta los
delitos de cuello blanco como el lavado de dinero de los testaferros del
matrimonio Kirchner con Lázaro Báez y ahora también Enrique Wagner, el
mandamás de la Cámara Argentina de la Construcción desde que Kirchner
llegó al poder el 25 de mayo del 2003. En efecto, la “Cámara Argentina
de la Corrupción”, como también se la denomina, está dirigida por una
verdadera asociación ilícita que vive de la sobrefacturación de la obra
pública. Esta política tiene un carácter destructivo sobre cualquier
plan para racionalizar el gasto público y transformarlo en eficiente. En
última instancia y como reaseguro, estos negociados con
sobrefacturaciones tienen a mano a buena parte de la corporación
judicial para que les otorgue impunidad.
