El Gobierno negocia una tregua con jueces y fiscales federales hasta diciembre
Por Hugo
Alconada Mon | Para LA
NACION
Twitter: @halconada
|
Servini de Cubría, Lijo, Martínez De
Giorgi, Canicoba Corral y Rafecas el martes último, durante el discurso de
Lorenzetti. Foto: Ricardo Pristupluk
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La
Casa Rosada negocia con los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py.
Su objetivo es sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y
por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el
mandato de la presidenta Cristina Kirchner.
El secretario
de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la
negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia,
Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos
de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio
De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro
del área de Inteligencia.
Desde Comodoro
Py, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables
componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral;
la otra, María Servini de Cubría, confirmaron a LA NACION siete jueces y
fiscales. "A nadie le interesa una guerra, porque en toda guerra hay muertos
de ambos lados", resumió una de las fuentes judiciales ubicadas en la
primera línea de negociación. "No les sirve ni a ellos [por el Gobierno]
ni a nosotros."
Los esfuerzos
del Gobierno se centran, casi en exclusividad, en los expedientes que afectan a
la Presidenta. Es decir, la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal
Alberto Nisman y la pesquisa sobre la sociedad Hotesur, con Máximo Kirchner y
Lázaro Báez como primeros actores (ver aparte). Pero el plan es acordar una
tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y
aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara
Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero.
A Moldes
primero buscaron tentarlo. Le ofrecieron impulsar el pliego para juez de su
hijo. Pero la respuesta que cosecharon no fue la esperada: "Hagan un
cucurucho con ese papel y métanselo en el orto". Pasaron entonces a la
ofensiva. Lo recusaron en la denuncia contra la Presidenta por presunto
encubrimiento. Y hasta fueron por lo minúsculo: le retiraron el auto del
Ministerio de Justicia en el que Moldes se movía desde que se lo ofreció el
entonces presidente Néstor Kirchner. Según el ministro Julio Alak, la orden no
la dio él, sino su segundo, Álvarez. Moldes no fue el único. El fiscal que
impulsó la denuncia de Nisman contra la Presidenta, Gerardo Pollicita, recibió
una llamada de Canicoba Corral. El juez le avisó que "los muchachos"
estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el veloz
desistimiento de esa denuncia que firmó el juez federal Daniel Rafecas.
Pollicita apeló igual.
Los pacificadores
Crítico de
Nisman, de su denuncia y de quienes participaron en la marcha del 18-F,
Canicoba Corral niega, sin embargo, ante quien quiera escucharlo, incluso en
los pasillos del tercer piso de Comodoro Py, donde está su juzgado, que cumpla
las funciones de "operador" del Gobierno. En especial de Álvarez, uno
de los referentes de La Cámpora.
Junto al magistrado
rechazan indignados, además, que Canicoba transmita mensajes del Ministerio de
Justicia -donde mantuvo reuniones a fines del año pasado-, a cambio de la
aprobación del pliego de su hijo Emiliano para juez federal de San Martín.
Había quedado 11° en el primer listado, pero su pliego ingresó al Senado el 17
de diciembre.
El rol que
adoptó Servini de Cubría, según sus colegas, es distinto. Sobreviviente de mil
batallas con funcionarios de varios gobiernos -a los que luego vio desfilar por
su juzgado, sea como acusados o para rogarle favores como jueza electoral-, se
colocó como "consejera" de los jueces y fiscales más jóvenes y
sanguíneos.
Junto a Servini
-ferviente coleccionista de adornos con forma de lechuza, ícono de la
sabiduría-, también se muestran más contemporizadores con la Casa Rosada los
jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo, quien se formó junto a la fallecida
camarista María Luisa Riva Aramayo, "la Piru".
De hecho, el
desistimiento de la denuncia de Nisman sin ordenar ni una medida de prueba que
firmó Rafecas sólo un par de días antes del discurso de la Presidenta ante la
Asamblea Legislativa es interpretado por varios de sus colegas como un gesto
que bajó la tensión con el Ejecutivo.
"¿Qué
íbamos a hacer? ¿Seguir duplicando la apuesta? ¿La Presidenta acusándonos de
golpismo judicial y nosotros anunciando cada día otra indagatoria o un
procesamiento? ¿Hasta cuándo?", argumentó uno de los jueces federales
consultados.
De hecho, la
marcha del 18-F dividió las aguas en Comodoro Py. Hay jueces y fiscales que
consideran que la gente que salió a las calles en todo el país expresó también
un reclamo hacia ellos para que administren justicia. Pero otros magistrados
consideran que deben ser "tiempistas", es decir, esperar el momento
"adecuado" para avanzar.
"Plata, apriete o misericordia"
Muy distintos
entre sí, la mayoría de los 12 jueces federales de Comodoro Py coincide, sin
embargo, en que el Gobierno puede apurarlos con dos grandes amenazas. La
primera es la fusión de los fueros federal y ordinario en la ciudad de Buenos
Aires. Ninguno olvida que el kirchnerismo ya lo intentó una vez. La impulsaron
el ministro Gustavo Beliz y su secretario de Seguridad, Norberto Quantin, hasta
que la desactivó Kirchner. La segunda, la puesta en marcha del nuevo Código
Procesal Penal. Ambas acotarían de manera decisiva sus cuotas de poder.
Pero a esas
amenazas -que ven como más reales que una ofensiva en el Consejo de la
Magistratura- los jueces suman lo que definen como un problema de comunicación.
"Un
emisario del Gobierno puede venir a verte hoy con tres opciones: plata, apriete
o misericordia", sintetizó un tercer juez federal, desde la comodidad de
su despacho. "Sobre la primera y la segunda opción, todos sabemos quién es
quién; y en la tercera, si te vienen a pedir que levantes el pie del
acelerador, ¿quién está en condiciones de garantizarte que igual mañana la
señora [por la Presidenta] no te prenda fuego por cadena nacional? ¿Hay alguien
hoy que pueda asegurarte eso?", interrogó. Ése, añadió, acaso sea el mayor
obstáculo para sellar un entendimiento.
Durante años,
el operador dilecto de los Kirchner fue Javier Fernández, cuyo cargo formal es
de auditor general de la AGN, justo por debajo de Leandro Despouy. Pero ese
vínculo comenzó a quebrarse con el crecimiento de La Cámpora dentro del
Ejecutivo y la aparición de Justicia Legítima. Hasta que llegó el final con el
desplazamiento de Jaime Stiuso de la ex SIDE.
Hoy, ese rol de
vaso comunicante entre jueces y funcionarios quedó en manos de varios
mensajeros, pero acotados. Álvarez, Mena, Sergio Vargas, de extrema confianza
del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y hasta el hermano del juez Lijo,
Alfredo -"Freddi"-, son sólo algunos de los nombres que suenan como
supuestos interlocutores, junto al de, otra vez, Canicoba Corral.
Críticas por una recusación
El presidente
de la Asociación de Fiscales, Jorge Donoso Castex, calificó de un
"disparate total" la recusación que presentó el diputado Andrés
Larroque contra el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, que debe
intervenir en el trámite de la causa por el supuesto encubrimiento a Irán por
el atentado a la AMIA. Además, denunció permanentes "presiones" del
poder político para tratar de controlar a funcionarios judiciales..
