GARANTO - ABOLICIONISMO
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| Carlés: la perversidad del abolicionismo con aval de Roma: Deplorable |
En este artículo la Dra. Cohen Agrest nos demuestra dos cosas:
La primera como el abolicionismo penal ha contribuido a la violencia
institucional impune que dice querer erradicar y lo segundo- que ya
nosotros señalamos- como impide directamente, que se adecenten las
cárceles, pues por una cuestión meramente ideológica quieren que las
mismas desaparezcan.
"CARLES Y LA AGENDA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Roberto Carlés fue designado por la Presidenta para suceder en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a su maestro Eugenio Raúl
Zaffaroni. Sin embargo, demasiadas denuncias probaron la falta de
idoneidad, de antecedentes profesionales y de cualidades éticas del
bendecido presidencial para ocupar un cargo vitalicio. Pese a estar
“flojo de papeles”, nos interesa ir más allá del hombre y enfocarnos en
sus ideas rectoras.
Carlés sintetizó su agenda de derechos humanos
en distintos medios locales y ante L´Osservatore Romano. ¿Cuáles fueron
sus declaraciones, y cuánto se sostienen en la realidad?
1. “La
pena capital es incompatible con el respeto de los derechos humanos,
desvaloriza la dignidad humana y el derecho de no ser sujeto a tortura y
otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes”, declaró en el
éter de la Once-Diez. “Los Estados”, añadió, “aplican la pena de muerte
en forma encubierta, ya sea por medio de ejecuciones ilegales o
extrajudiciales”. Es absolutamente cierto, pues aunque el entrevistado
parece olvidar que la pena capital existe de hecho en la Argentina
violenta, con sus palabras reconoce implícitamente que todos los días
son ejecutados ciudadanos indefensos con la anuencia del Estado.
2.
“También los Estados matan por omisión … El Estado tiene un poder de
señorío sobre la vida y sobre la muerte de las poblaciones aún en los
casos que no hay pena de muerte legal”. Los Estados también “matan por
omisión” cuando no administran la debida justicia. Una prueba de lo
dicho es provista por el Informe de la Corte Suprema de Justicia de La
Nación que consigna que durante el 2013 subió la tasa de los homicidios
dolosos por venganza privada en los asentamientos precarios. Este dato
es un índice de que la actual política penal victimiza a los segmentos
más vulnerables: el índice más elevado tanto de victimarios como de
víctimas de homicidio muestra que tienen apenas entre 18 y 24 años. Es
notorio entonces que, cuando el Estado no imparte justicia, se
desprotege no sólo a la sociedad sino al delincuente, quien termina
siendo víctima de la justicia por mano propia. Desconocer la retribución
como elemento esencial de los vínculos intersubjetivos es negar su
papel tanto en la vida privada como en las obligaciones públicas: desde
los regalos y las propinas hasta las multas por morosidad tributaria son
manifestaciones de la justicia retributiva.
3. “Yo opino que por
más grave que haya sido la conducta, después de 20 años del hecho, la
persona ya no es la misma”. Carlés, quien no trabajó en la Justicia,
desconoce que los asesinos son liberados, en promedio, tras tres años de
prisión. Por lo demás, cree resolver el complejísimo problema de la
identidad personal con un reduccionismo sorprendente. Pues no sabemos si
la persona es o no la misma. Pero tenemos la certeza de que el muerto
ya dejó de ser el mismo en el instante en que el asesino lo mató.
4.
Carlés aspira a “Tener una Justicia penal más humana”: Carlés es el
favorito de un ex Juez de la Corte Suprema que nada hizo para que se
ejecutara durante los últimos años el presupuesto nacional asignado a la
construcción y mejoramiento de cárceles (en el 2014, apenas el 9 %).
Esta omisión produjo la violación de los derechos humanos de los
internos, quienes sufren de hacinamiento. Como solución a esta
deshumanización del preso, creen poder justificar la excarcelación
consuetudinaria de los condenados que ponen en riesgo a la sociedad.
Pese
a su juventud, Roberto Carlés trae una agenda programada hace tres
décadas y avalada por una jurisprudencia que produjo un experimento
social letal, enmascarada por un Indec de la inseguridad que se resiste,
una y otra vez, a reconocer la impunidad legitimada por el Estado,
tanto en las causas llamadas “menores” para quienes no la sufren, como
en las grandes causas donde juegan las grandes ligas de la política.
Si
la agenda de derechos humanos, en palabras de Carlés, “nos concierne a
todos”, la Justicia debe representar los valores de la sociedad, y no
imponérselos. La designación de Carlés, como la de cualquier otro con
más pergaminos pero con el mismo ideario, enmascararía y legitimaría en
un mismo gesto una nueva modalidad de violencia institucional provocada
por omisión. Cualquier propuesta semejante ya fue probada en la
Argentina, donde el delito y el narcotráfico son consentidos por un
Estado omnipresente en otras áreas pero ausente en la defensa de sus
ciudadanos de bien.
Tal vez por falta de perspectiva histórica, es
difícil proyectar los efectos de esta masacre “por goteo”, en la
retórica del ex juez. Y una vez más, cuando todavía conmemoramos los
delitos de la Dictadura, el ejecutor de esta violencia institucional es
un Estado indiferente a los desaparecidos y muertos por las violencias
de la democracia. Un Estado indiferente ante las víctimas. Ante los
enlutados. Y ante los ciudadanos desamparados por una Justicia que
pretende perpetuar un ideario de academia divorciado de un pueblo que
reclama, ni más ni menos, la protección del respeto del derecho a la
vida.
Diana Cohen Agrest
Fte. Diario Clarin
