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- Categoría: INVESTIGACIONES
- Publicado: 06 Marzo 2018
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Margarita Stolbizer denunció que se
investiguen los beneficios otorgados mediante la contratación por parte
del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA),
cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno
nacional; actuación que podría encontrarse encuadrada en los delitos de
negociaciones incompatibles con la función pública (ART 265 CPN);
incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin
perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.
Según expone la presentación judicial,
se ha tomado conocimiento de diferentes beneficios que se otorgaron
desde el Ministerio de Modernización de la Nación a Labcom SA; empresa
constituida por funcionarios públicos, quienes coexistían en el momento
de los beneficios tanto en su cargo en la Administración Pública
Nacional como también el frente de la empresa privada beneficiada.
Esta empresa, a pesar de resultar
ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el
Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no posee empleados y
sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los
contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la
Ciudad.
Labcom SA se constituyó el 16 de febrero
de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el
rubro servicios empresariales. La sede social se fijó en Lavalle 1527
Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo,
se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto del 2016,
durante la gestión Cambiemos. El capital social es de 50.000 pesos y así
se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuvo contratos
millonarios tanto en el ámbito Nacional como en la órbita de la Ciudad
de Buenos Aires por varios millones de peso
Según información que surge del Portal
de Compras Electrónicas de la República Argentina, por expediente Número
EX-2016-01577749--APN-DCYC#MM, tramitó la contratación de un Servicio
de Consultoría en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos
Centrales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. El 28 de septiembre de 2016 por Disposición
2016-7-E-APN-DNRI#MM, se autorizó el llamado, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se proyectó el Concurso Privado por
un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000.-).
El 14 de octubre de 2016 al finalizar el
plazo de presentación de ofertas seis proveedores habían participado,
pero solo se había confirmado la presentación de una única oferta,
correspondiente a la empresa LABCOM S.A. CUIT 30-712278052.
El 2 de noviembre de 2016 mediante
dictamen de evaluación de ofertas IF-2016-3252420-APN-DCYC#MM, se
aconseja la adjudicación a la oferta presentada por la firma LABCOM
S.A., sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran
funcionarios públicos a esa fecha, que la empresa no contaba con
empleados registrados y que no tenía ingresos. Sin embargo, se concluye
que se acreditan trabajos vinculados estricta y directamente con los
objetivos planteados, que se valora los trabajos que se habían
desempeñado para la Administración Pública y se pondera el equipo de
trabajo presentado.
La empresa también resulta adjudicataria
de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar
un ejemplo, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le
adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones
(licitación 8/17) por un total de 2.604.000 pesos.
Los hombres del Presidente.
Sus socios son Juan Pablo Peredo (CUIT
20-21930022-4), Luciano Hernán Elizalde Acevedo (CUIL 20185350488 y
Alejandro Luciano Alonso (CUIT 20243123462) Ahora bien, los socios eran
funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer
vínculos con el presidente de la Nación.
En el caso de Luciano Hernán Elizalde
Acevedo, es investigador del Conicet. Lo más grave es que compartió un
condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la
Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de
Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo
Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de
Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El
Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de
pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015.
El otro socio de la empresa Labcom SA es
Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación
Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año
2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que
estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom
ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada
ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su
participación en Labcom SA.
El tercer socio, Luciano Alejandro
Alonso, también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional,
ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación.
Stolbizer sostiene "Creemos que debe
investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en
el trámite de las licitaciones mencionadas toda vez que omitieron
cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este
apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función
pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista
de cualquier sospecha de parcialidad".
Por Alicia Panero
Colaboración Luis Gasulla y Sebastián Turtora
