LOS DESAPARECIDOS FONDOS DE SANTA CRUZ
LA SINCERIDAD KIRCHNERISTA
Agregado por
https://elquijotesiglo21.blogspot.com/
ADMINISTRADOR
ADRIAN SALBUCHI
Los “Desaparecidos” de Néstor Kirchner
Causa Judicial 6662/04: Denuncia efectuada por Juan Gabriel Labaké, Enrique Romero y Adrian Salbuchi
El caso de los Fondos Públicos de Santa Kruz
6
Catalogación
Copyright © 2007, Adrian Salbuchi. Copyright © 2006, Editorial Anábasis. Lavalleja Nº 47 - Of. 7 - 5000 Córdoba - República Argentina. Correo-e: anabasis@fullzero.com.ar
Queda hecho el depósito de la ley 11.723 IMPRESO EN LA ARGENTINA
I.S.B.N.: _________________________
Agregado por
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ADRIAN SALBUCHI
Los “Desaparecidos” de Néstor Kirchner
Causa Judicial 6662/04: Denuncia efectuada por Juan Gabriel Labaké, Enrique Romero y Adrian Salbuchi
El caso de los Fondos Públicos de Santa Kruz
6
Catalogación
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TABLA DE CONTENIDOS
PRIMERA PARTE — Marco Político
1) La inocencia perdida.................................................................. 9
2) El Pueblo debe saber de qué se trata..................................... 16
3) Hay que estar al servicio del País........................................... 24
SEGUNDA PARTE — Falta de Transparencia
4) La necesaria radiografía de los fondos ................................ 29
5) Las faltas de los gobernadores “K” ...................................... 33
TERCERA PARTE - Nuestra intervención
6) De nuestras actuaciones........................................................ 47
7) El juez “mudo” de Santa Cruz................................................ 60
8) Los Poncio Pilato locales....................................................... 62
Conclusiones.............................................................................. 75
Anexos I. Texto completo de la Causa Nº 6662/04 (04-may-04) II. Ampliación a la Causa 6662/04 (10-sept-05) 9 III. Nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA).. 91
Los “Desaparecidos” de Néstor Kirchner
Causa Judicial 6662/04: Denuncia efectuada por Juan Gabriel Labaké, Enrique Romero y Adrian Salbuchi
El caso de los Fondos Públicos de Santa Kruz
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Catalogación
Copyright © 2007, Adrian Salbuchi. Copyright © 2006, Editorial Anábasis. Lavalleja Nº 47 - Of. 7 - 5000 Córdoba - República Argentina. Correo-e: anabasis@fullzero.com.ar
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I.S.B.N.: ____________
PRIMERA PARTE MARCO POLÍTICO
1) LA INOCENCIA PERDIDA
“No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, cómo a los de adentro que nos quieren vender” HIPÓLITO YRIGOYEN
Los argentinos somos un pueblo muy generoso con nuestras dirigencias políticas. A menudo, demasiado generoso. Observemos, sino, lo que nos ha ocurrido en los últimos treinta años de mal uso y abuso de los poderes del Estado por esas dirigencias políticas. Nuestra excesiva generosidad para con los dueños del Poder —se trate de regí menes cívico-militares ilegales o gobiernos formalmente democráticos pero ilegítimos—, nuestro imprudente optimismo y nuestra torpe ingenuidad, nos han arrastrado de desastre en desastre. Desde la ciega pasividad con la que aceptamos el “orden y reconstrucción” prometidos en 1976 por Videla, Massera y Agosti, que nos terminó hundiendo en excesos de terrorismo de Estado y genocidio económico a manos de Martínez de Hoz y sus socios en la “patria financiera”, hasta el entusiasmo bobo que amplios sectores sintieron por las laberínticas charlatanerías de Alfonsín y sus promesas mágicas de que “con democracia se come, se educa y se cura”. Desde la docilidad con la que nos dejamos encantar por Menem con sus promesas mentirosas de lanzar una “revolución productiva” con la que terminó destruyendo las bases económicas y sociales de nuestro país a lo largo de aquella terrible Segunda Década Infame de los años noventa, hasta dejarnos seducir por la “transparencia” de dos mediocres como De la Rúa y el “Chacho” con sus “blindajes financieros”, “déficit cero” y “megacanjes de Cavallo” que terminaron colapsando la economía nacional causando generalizada pauperización, violencia y muerte.
Hoy, parece que nuevamente nos mostramos generosos con los mismos que llevaron al país a su actual decadencia, los mismos que siguen girando en la “calesita” de la política, los mismos que desde hace décadas parecieran que priorizan sus intereses personales y sectoriales por encima de toda consideración hacia el pueblo argentino. Por eso, ha llegado el momento de hacernos al menos tres preguntas clave: 1. ¿Podemos seguir siendo livianamente imprevisores, ingenuos y generosos con esta dirigencia política integrado por mediocres, mentirosas, incluso, malhechores? 2. ¿Podemos seguir dándoles cheques en blanco a los politiqueros de turno para que hagan y deshagan con nuestro país lo que les dan las ganas, especialmente hoy en que —tomemos conciencia de ello o no— nos estamos jugando el destino de la Nación? 3. ¿Podemos seguir haciendo de cuenta que “estamos mal pero vamos bien”, cuando la realidad nos señala por doquier que estamos mal y vamos cada vez peor? La respuesta a estas preguntas es decididamente que no. En mayo de 2003, en medio de graves irregularidades institucionales de distinta índole, el Dr. Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia de nuestro país en forma legal pero ilegítima, ya que apenas una minoría del 22% del electorado lo votó. Al poco tiempo de asumir, al menos buena parte de la mayoría del 78% que no votamos a Kirchner, comenzamos a ver que —a pesar de sus discursos “combativos y transgresores”— la realidad demostraba que, una vez más, estábamos ante “más de lo mismo”. El discurso de Kirchner iba por un lado —formalmente pro-derechos humanos, pro-democracia, anticorrupción y anti Establishment—; mientras que sus acciones iban por otro: autoritario, funcional a los objetivos de las finanzas internacionales, y muy poco transparentes. Entre los casos que reflejan la casi total falta de transparencia del así-llamado “Estilo K”, el caso de los desaparecidos fondos públicos de la Provincia de Santa durante la gobernación Kirchner, desde 1993 hasta hoy conforma un caso paradigmático e inaudito. Tanto por sus características burdas como por su envergadura ya que, potencialmente, se trata de más de mil millones de dólares de dineros públicos que habrían desaparecido a manos de Kirchner y sus operadores y socios.
Con el espíritu ciudadano de empezar de ponerle algún tipo de freno a esta clase de atropellos sistemáticos que los argentinos venimos sufriendo, en mayo 2004 el autor del presente — Adrian Salbuchi— y el periodista Enrique Romero radicamos una Denuncia contra las máximas autoridades nacionales y provinciales responsables de la potencial mala administración de dichos fondos públicos santacruceños, siendo nuestros abogados patrocinantes en la Causa los Dres. Juan Gabriel Labaké y Juan C. Iglesias. Radicamos esta Denuncia como simples ciudadanos en uso de nuestros legítimos derechos, con la firme convicción de que era fundamental manifestar nuestra enorme preocupación ciudadana ante el hecho de que quién desde 1993 habría mal administrado más de 600 millones de dólares de fondos públicos santacruceños, en mayo 2003 se convirtió en Presidente de la Nación. Hoy, Néstor Kirchner es responsable de los destinos ya no de 190.000 santacruceños, sino de casi 40 millones de argentinos. A su vez, resulta elocuente y destacable la sospechosa discreción, a menudo rayana en la connivencia, con que prácticamente todo el espectro de la supuesta “oposición” política aborda este escándalo. Salvo alguna esporádica mención por parte de políticos como Elisa Carrió desde la izquierda socialdemócrata y Ricardo López Murphy desde la derecha liberal, la “dirigencia política” ha preferido mantener respetuoso silencio ante este potencial fraude. Pareciera que cuando se presentan casos flagrantes de corrupción, los integrantes de la informal “corporación de los políticos” estrechan filas, seguramente por aquello de que “entre bueyes no hay cornadas...” y porque más de uno esconde algún cadáver en el ropero... Ello se ve complementado por el silencio que mayormente mantuvieron —y mantienen— los medios de difusión que se limitaron a hacer cautas menciones en algunas de las etapas por la que transitó nuestra Causa. Resulta entonces comprensible que buena parte de la opinión pública nacional desconozca los ribetes insólitos y las arbitrariedades, a menudo groseras, que Néstor Kirchner y sus colaboradores cometieron en la (mal)administración de estos fondos a lo largo de más de catorce años. Aclaro también que nuestro objetivo no ha sido tanto jurídico como Político en el más amplio sentido de la palabra. Pretendemos generar amplia conciencia pública respecto de la manera cómo se ha manejado desde hace más de catorce años el equipo de Kirchner en torno a estos fondos. Además, somos plenamente conscientes que lo que está podrido en la Argentina no son únicamente los hombres y mujeres que se encumbran —a menudo ilegítimamente— en el Poder, sino el propio sistema político y económico que lo permite y promueve. En un libro publicado hace dos años —Bienvenidos a la Jungla: Dominio y Supervivencia en el Nuevo Orden Mundial 1—, decíamos que en la Argentina no impera la Democracia como sistema que refleja los intereses y la voluntad popular, sino un mero sistema electoralista, que usurpa el estilo, los mecanismos formales y la terminología de la Democracia. La imita, pero lo hace muy mal y no debemos confundir uno con el otro. Sería como confundir un plato de alimentos con una foto de un plato de alimentos: parecidos a primera vista pero totalmente distintos en lo substancial. El sistema electoralista que hoy rige en nuestro país permite a las fuerzas del dinero —o sea, los verdaderos amos de nuestro país— elegir y financiar a sus más funcionales y confiables operadores y gerenciadores locales, encumbrándolos en los máximos niveles de Poder para que, desde allí, impulsen las medidas de gobierno que más convienen a los poderosos del dinero, tanto locales como externos. Agregábamos entonces que así “un conjunto de partidos políticos férreamente controlados y subordinados al Poder del dinero, compiten entre sí... Esta versión desnaturalizada de la “democracia” la transforma en el sistema político favorito de las fuerzas del dinero”. O sea, nuestro objetivo no consiste tanto en luchar contra un presidente potencialmente corrupto — Néstor Kirchner en este caso— sino contra todo un sistema de coloniaje que necesita imponernos sistemáticamente a dirigentes corruptos o corrompibles para auto perpetuarse y reinar sobre el país. Sabemos que todos los presidentes y sus equipos que vienen gobernando a la Argentina en los últimos treinta años han sido tan o más corruptos e ineptos que los actuales. Una mirada a los desastres realizados por Menem, De la Rúa, Alfonsín, Videla y Duhalde dan elocuente testimonio de ello. Enfatizamos entonces: • Nuestro objetivo es eminentemente político y no judicial; • Proponemos luchar contra un sistema que se impone sobre nosotros, y no tan solo contra sus circunstanciales y fácilmente reemplazables gerenciadores y operadores.
Nuestra Denuncia radicada en mayo 2004 fue cerrada y archivada por la Justicia Federal y Provincial cuando en junio de 2005 el juez y sobrino político de Kirchner, Dr. Santiago María Lozada de Río Gallegos, dictó —entre gallos, medianoches, secretos y ocultamientos— el sobreseimiento definitivo de su encumbrado cliente en la Casa Rosada. Ante este alineamiento de la Justicia detrás de los intereses del Gobierno en el poder, decidimos que una manera de mantener “vivo” este caso en los Tribunales, consistía en radicar una nueva y más amplia denuncia por Asociación Ilícita, que centramos principalmente sobre dos hechos potencialmente delictivos: • el de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz, y • el de los sobreprecios y coimas en la obra pública promovidos desde el área del ministerio de planeamiento a cargo de Julio De Vido, estrecho colaborador de Kirchner. Esa Causa —Nº 18.209/05—, fue radicada el 20 de diciembre de 2005 en el Juzgado del Dr. Ercolini, luego integrada dentro de la Causa Nº.......... (Norberto Oryarbide). En la misma, denunciamos por presunta asociación ilícita agravada, cohecho, tráfico de influencias, defraudación agravada y otros delitos a los funcionarios públicos Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández (jefe de gabinete), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal) Ricardo Jaime (secretario de Transportes) Sergio Acevedo (ex-gobernador de Santa Cruz), Rudy Ulloa Igor, Felisa Miceli (ministra de Economía), Ricardo “Pacha” Velasco (vocal del ENARGAS), Ricardo Lospinnato (presidente del Banco Nación), Alessandra Minnicelli de De Vido (síndica general adjunta de la Nación y esposa del ministro De Vido), Claudio Moroni (síndico general de la SIGEN), Martín Pérez Redrado (presidente del Banco Central), Oscar Parrilli (secretario de la Presidencia), Enrique Eskenazi (presidente y dueño del Banco de Santa Cruz SA), y a los responsables de las empresas Gotti S.A, Austral Construcciones S.A. (Lázaro Báez), Diagonal Sur Comunicaciones S.A., CONARPESA y PESCAFINA. Claramente, esta Causa hoy cobra renovado relieve ante los bochornosos episodios de corrupción en torno a Skanska Argentina en el área del ministro Julio De Vido, y el dinero negro aparecido en el baño de la ex-ministra de Economía Felisa Miceli.
A su vez, y para procurar desentrañar lo que pudo haber ocurrido con aquellos desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz en el exterior a lo largo de más de catorce años, también señalamos datos aportados por la agencia internacional Associated Press que indican que podría también haber existido —o existir aún— alguna insólita “conexión cubana” en torno a los Fondos de Santa Cruz. Ello se desprende de las investigaciones que realiza la diputada estadounidense Ileana Ros-Lehtinen (del partido republicano, por el Estado de Florida), quién solicitó al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, al Banco de la Reserva Federal y a la Unión de Bancos Suizos (UBS), que se investigue si el gobierno cubano utilizó un programa de reposición de billetes deteriorados de dólares para lavar grandes sumas de dinero en cuentas bancarias cuyos titulares se desconocen. Lo interesante de dichas investigaciones es que, según el diario El Nuevo Herald de Miami, que cita una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entre las cuentas investigadas, se encontrarían las siguientes: • Cuenta bancaria Nº 01250150961000 abierta en el año 1994 de la Oficina 2501 del Banco Nacional de Cuba, cuyo titular sería Eduardo Caffaro, con la suma de u$s 350.000.000, y • Cuenta bancaria N° 01250151321134 abierta en el año 1994 de la Oficina 2501 del Banco Nacional de Cuba, cuyo titular sería la financiera “La Lusitana S.A.” con sede en la República de Uruguay que pertenecería, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, con la suma de u$s 200.000.000. Recordemos que el 6 de julio de 2003 Eduardo Caffaro fue designado director del Banco Central apenas Kirchner asumió la presidencia, y es un hombre estrechamente vinculado a los grandes negocios financieros del entorno Kirchner, aparentemente especializado en fondos provinciales hacia los cuales canalizó inversores para la compra de la deuda argentina. Se dice, incluso, que habría sido el cerebro de la operación financiera que permitió al entonces gobernador Kirchner retirar de país los más de 650 millones de dólares de fondos públicos provenientes de regalías petroleras de la estatal YPF, depositándolos en el “MA (Mercado Abierto) Bank” de las Islas Caimán. Dueño y director del MA Bank era Aldo Ducler de la financiera Mercado Abierto. Este banco terminó siendo cerrado por las autoridades de las Islas Caimán y multado por las autoridades estadounidenses por lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se dice que Caffaro habría sido funcionario de dicha entidad bancaria antes de ser designado director del Banco Central. Aparentemente, Ducler administró el dinero de Santa Cruz, mientras Caffaro fue un nexo clave en la ingeniería financiera practicada, lo que en un determinado momento incluyó a los hermanos Röhm del Banco General de Negocios (BGN), José “Puchi” Röhm, hoy prófugo de la justicia uruguaya y argentina por la quiebra del BGN quien vive protegido en los Estados Unidos (toda vez que hasta hace poco era miembro de la poderosa Americas Society, lo que le garantiza la protección de David Rockefeller, William Rhodes y otros poderosos de las finanzas y la política). Carlos Röhm, a su vez, está actualmente arrestado en la Argentina por la misma causa. Por último, consignemos que de los sucesivos análisis practicados por el Tribunal de Cuentas santacruceño, según informes de la mayoría justicialista y la minoría de la UCR, surgen algunas interesantes conclusiones: 1. Aldo Ducler y Mercado Abierto administraron el dinero de la Provincia de Santa Cruz. 2. Se abrieron cuentas en los bancos Morgan Stanley y Dean Witter, hoy absorbidos por Morgan Stanley. 3. Podría inferirse que en los años 90, la senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner integró la Comisión Anti-Lavado en el Congreso Nacional para asegurarse que la investigación sobre Mercado Abierto no involucrara temas relacionados con Santa Cruz. 4. La senadora Fernández de Kirchner no habría informado a los demás integrantes de dicha Comisión que, en realidad, ella era juez y parte. O sea, que Mercado Abierto, una de las organizaciones bajo investigación, administraba el dinero de la provincia que ella representaba en dicha Comisión. 5. El banco donde se ha depositado el grueso de los fondos desde 2003 es el Credit Suisse, gran banco suizo socio de los hermanos Röhm en el BGN a través de su filial CS First Boston, importante colocador de deuda externa pública argentina. Por lo sintéticamente expuesto, resulta vital que la opinión pública nacional exija al presidente Kirchner y a su equipo, que aclaren en forma transparente, completa y veraz cuál es la situación real de los multimillonarios —y mayormente desaparecidos— fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz que él, como gobernador, recibiera en 1993 del Estado Nacional por regalías mal liquidadas de la ex-YPF estatal.
Los argentinos somos un pueblo muy generoso con nuestras dirigencias políticas. A menudo, demasiado generoso. Observemos, sino, lo que nos ha ocurrido en los últimos treinta años de mal uso y abuso de los poderes del Estado por esas dirigencias políticas. Nuestra excesiva generosidad para con los dueños del Poder —se trate de regí menes cívico-militares ilegales o gobiernos formalmente democráticos pero ilegítimos—, nuestro imprudente optimismo y nuestra torpe ingenuidad, nos han arrastrado de desastre en desastre. Desde la ciega pasividad con la que aceptamos el “orden y reconstrucción” prometidos en 1976 por Videla, Massera y Agosti, que nos terminó hundiendo en excesos de terrorismo de Estado y genocidio económico a manos de Martínez de Hoz y sus socios en la “patria financiera”, hasta el entusiasmo bobo que amplios sectores sintieron por las laberínticas charlatanerías de Alfonsín y sus promesas mágicas de que “con democracia se come, se educa y se cura”. Desde la docilidad con la que nos dejamos encantar por Menem con sus promesas mentirosas de lanzar una “revolución productiva” con la que terminó destruyendo las bases económicas y sociales de nuestro país a lo largo de aquella terrible Segunda Década Infame de los años noventa, hasta dejarnos seducir por la “transparencia” de dos mediocres como De la Rúa y el “Chacho” con sus “blindajes financieros”, “déficit cero” y “megacanjes de Cavallo” que terminaron colapsando la economía nacional causando generalizada pauperización, violencia y muerte.
Hoy, parece que nuevamente nos mostramos generosos con los mismos que llevaron al país a su actual decadencia, los mismos que siguen girando en la “calesita” de la política, los mismos que desde hace décadas parecieran que priorizan sus intereses personales y sectoriales por encima de toda consideración hacia el pueblo argentino. Por eso, ha llegado el momento de hacernos al menos tres preguntas clave: 1. ¿Podemos seguir siendo livianamente imprevisores, ingenuos y generosos con esta dirigencia política integrado por mediocres, mentirosas, incluso, malhechores? 2. ¿Podemos seguir dándoles cheques en blanco a los politiqueros de turno para que hagan y deshagan con nuestro país lo que les dan las ganas, especialmente hoy en que —tomemos conciencia de ello o no— nos estamos jugando el destino de la Nación? 3. ¿Podemos seguir haciendo de cuenta que “estamos mal pero vamos bien”, cuando la realidad nos señala por doquier que estamos mal y vamos cada vez peor? La respuesta a estas preguntas es decididamente que no. En mayo de 2003, en medio de graves irregularidades institucionales de distinta índole, el Dr. Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia de nuestro país en forma legal pero ilegítima, ya que apenas una minoría del 22% del electorado lo votó. Al poco tiempo de asumir, al menos buena parte de la mayoría del 78% que no votamos a Kirchner, comenzamos a ver que —a pesar de sus discursos “combativos y transgresores”— la realidad demostraba que, una vez más, estábamos ante “más de lo mismo”. El discurso de Kirchner iba por un lado —formalmente pro-derechos humanos, pro-democracia, anticorrupción y anti Establishment—; mientras que sus acciones iban por otro: autoritario, funcional a los objetivos de las finanzas internacionales, y muy poco transparentes. Entre los casos que reflejan la casi total falta de transparencia del así-llamado “Estilo K”, el caso de los desaparecidos fondos públicos de la Provincia de Santa durante la gobernación Kirchner, desde 1993 hasta hoy conforma un caso paradigmático e inaudito. Tanto por sus características burdas como por su envergadura ya que, potencialmente, se trata de más de mil millones de dólares de dineros públicos que habrían desaparecido a manos de Kirchner y sus operadores y socios.
Con el espíritu ciudadano de empezar de ponerle algún tipo de freno a esta clase de atropellos sistemáticos que los argentinos venimos sufriendo, en mayo 2004 el autor del presente — Adrian Salbuchi— y el periodista Enrique Romero radicamos una Denuncia contra las máximas autoridades nacionales y provinciales responsables de la potencial mala administración de dichos fondos públicos santacruceños, siendo nuestros abogados patrocinantes en la Causa los Dres. Juan Gabriel Labaké y Juan C. Iglesias. Radicamos esta Denuncia como simples ciudadanos en uso de nuestros legítimos derechos, con la firme convicción de que era fundamental manifestar nuestra enorme preocupación ciudadana ante el hecho de que quién desde 1993 habría mal administrado más de 600 millones de dólares de fondos públicos santacruceños, en mayo 2003 se convirtió en Presidente de la Nación. Hoy, Néstor Kirchner es responsable de los destinos ya no de 190.000 santacruceños, sino de casi 40 millones de argentinos. A su vez, resulta elocuente y destacable la sospechosa discreción, a menudo rayana en la connivencia, con que prácticamente todo el espectro de la supuesta “oposición” política aborda este escándalo. Salvo alguna esporádica mención por parte de políticos como Elisa Carrió desde la izquierda socialdemócrata y Ricardo López Murphy desde la derecha liberal, la “dirigencia política” ha preferido mantener respetuoso silencio ante este potencial fraude. Pareciera que cuando se presentan casos flagrantes de corrupción, los integrantes de la informal “corporación de los políticos” estrechan filas, seguramente por aquello de que “entre bueyes no hay cornadas...” y porque más de uno esconde algún cadáver en el ropero... Ello se ve complementado por el silencio que mayormente mantuvieron —y mantienen— los medios de difusión que se limitaron a hacer cautas menciones en algunas de las etapas por la que transitó nuestra Causa. Resulta entonces comprensible que buena parte de la opinión pública nacional desconozca los ribetes insólitos y las arbitrariedades, a menudo groseras, que Néstor Kirchner y sus colaboradores cometieron en la (mal)administración de estos fondos a lo largo de más de catorce años. Aclaro también que nuestro objetivo no ha sido tanto jurídico como Político en el más amplio sentido de la palabra. Pretendemos generar amplia conciencia pública respecto de la manera cómo se ha manejado desde hace más de catorce años el equipo de Kirchner en torno a estos fondos. Además, somos plenamente conscientes que lo que está podrido en la Argentina no son únicamente los hombres y mujeres que se encumbran —a menudo ilegítimamente— en el Poder, sino el propio sistema político y económico que lo permite y promueve. En un libro publicado hace dos años —Bienvenidos a la Jungla: Dominio y Supervivencia en el Nuevo Orden Mundial 1—, decíamos que en la Argentina no impera la Democracia como sistema que refleja los intereses y la voluntad popular, sino un mero sistema electoralista, que usurpa el estilo, los mecanismos formales y la terminología de la Democracia. La imita, pero lo hace muy mal y no debemos confundir uno con el otro. Sería como confundir un plato de alimentos con una foto de un plato de alimentos: parecidos a primera vista pero totalmente distintos en lo substancial. El sistema electoralista que hoy rige en nuestro país permite a las fuerzas del dinero —o sea, los verdaderos amos de nuestro país— elegir y financiar a sus más funcionales y confiables operadores y gerenciadores locales, encumbrándolos en los máximos niveles de Poder para que, desde allí, impulsen las medidas de gobierno que más convienen a los poderosos del dinero, tanto locales como externos. Agregábamos entonces que así “un conjunto de partidos políticos férreamente controlados y subordinados al Poder del dinero, compiten entre sí... Esta versión desnaturalizada de la “democracia” la transforma en el sistema político favorito de las fuerzas del dinero”. O sea, nuestro objetivo no consiste tanto en luchar contra un presidente potencialmente corrupto — Néstor Kirchner en este caso— sino contra todo un sistema de coloniaje que necesita imponernos sistemáticamente a dirigentes corruptos o corrompibles para auto perpetuarse y reinar sobre el país. Sabemos que todos los presidentes y sus equipos que vienen gobernando a la Argentina en los últimos treinta años han sido tan o más corruptos e ineptos que los actuales. Una mirada a los desastres realizados por Menem, De la Rúa, Alfonsín, Videla y Duhalde dan elocuente testimonio de ello. Enfatizamos entonces: • Nuestro objetivo es eminentemente político y no judicial; • Proponemos luchar contra un sistema que se impone sobre nosotros, y no tan solo contra sus circunstanciales y fácilmente reemplazables gerenciadores y operadores.
Nuestra Denuncia radicada en mayo 2004 fue cerrada y archivada por la Justicia Federal y Provincial cuando en junio de 2005 el juez y sobrino político de Kirchner, Dr. Santiago María Lozada de Río Gallegos, dictó —entre gallos, medianoches, secretos y ocultamientos— el sobreseimiento definitivo de su encumbrado cliente en la Casa Rosada. Ante este alineamiento de la Justicia detrás de los intereses del Gobierno en el poder, decidimos que una manera de mantener “vivo” este caso en los Tribunales, consistía en radicar una nueva y más amplia denuncia por Asociación Ilícita, que centramos principalmente sobre dos hechos potencialmente delictivos: • el de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz, y • el de los sobreprecios y coimas en la obra pública promovidos desde el área del ministerio de planeamiento a cargo de Julio De Vido, estrecho colaborador de Kirchner. Esa Causa —Nº 18.209/05—, fue radicada el 20 de diciembre de 2005 en el Juzgado del Dr. Ercolini, luego integrada dentro de la Causa Nº.......... (Norberto Oryarbide). En la misma, denunciamos por presunta asociación ilícita agravada, cohecho, tráfico de influencias, defraudación agravada y otros delitos a los funcionarios públicos Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández (jefe de gabinete), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal) Ricardo Jaime (secretario de Transportes) Sergio Acevedo (ex-gobernador de Santa Cruz), Rudy Ulloa Igor, Felisa Miceli (ministra de Economía), Ricardo “Pacha” Velasco (vocal del ENARGAS), Ricardo Lospinnato (presidente del Banco Nación), Alessandra Minnicelli de De Vido (síndica general adjunta de la Nación y esposa del ministro De Vido), Claudio Moroni (síndico general de la SIGEN), Martín Pérez Redrado (presidente del Banco Central), Oscar Parrilli (secretario de la Presidencia), Enrique Eskenazi (presidente y dueño del Banco de Santa Cruz SA), y a los responsables de las empresas Gotti S.A, Austral Construcciones S.A. (Lázaro Báez), Diagonal Sur Comunicaciones S.A., CONARPESA y PESCAFINA. Claramente, esta Causa hoy cobra renovado relieve ante los bochornosos episodios de corrupción en torno a Skanska Argentina en el área del ministro Julio De Vido, y el dinero negro aparecido en el baño de la ex-ministra de Economía Felisa Miceli.
A su vez, y para procurar desentrañar lo que pudo haber ocurrido con aquellos desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz en el exterior a lo largo de más de catorce años, también señalamos datos aportados por la agencia internacional Associated Press que indican que podría también haber existido —o existir aún— alguna insólita “conexión cubana” en torno a los Fondos de Santa Cruz. Ello se desprende de las investigaciones que realiza la diputada estadounidense Ileana Ros-Lehtinen (del partido republicano, por el Estado de Florida), quién solicitó al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, al Banco de la Reserva Federal y a la Unión de Bancos Suizos (UBS), que se investigue si el gobierno cubano utilizó un programa de reposición de billetes deteriorados de dólares para lavar grandes sumas de dinero en cuentas bancarias cuyos titulares se desconocen. Lo interesante de dichas investigaciones es que, según el diario El Nuevo Herald de Miami, que cita una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entre las cuentas investigadas, se encontrarían las siguientes: • Cuenta bancaria Nº 01250150961000 abierta en el año 1994 de la Oficina 2501 del Banco Nacional de Cuba, cuyo titular sería Eduardo Caffaro, con la suma de u$s 350.000.000, y • Cuenta bancaria N° 01250151321134 abierta en el año 1994 de la Oficina 2501 del Banco Nacional de Cuba, cuyo titular sería la financiera “La Lusitana S.A.” con sede en la República de Uruguay que pertenecería, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, con la suma de u$s 200.000.000. Recordemos que el 6 de julio de 2003 Eduardo Caffaro fue designado director del Banco Central apenas Kirchner asumió la presidencia, y es un hombre estrechamente vinculado a los grandes negocios financieros del entorno Kirchner, aparentemente especializado en fondos provinciales hacia los cuales canalizó inversores para la compra de la deuda argentina. Se dice, incluso, que habría sido el cerebro de la operación financiera que permitió al entonces gobernador Kirchner retirar de país los más de 650 millones de dólares de fondos públicos provenientes de regalías petroleras de la estatal YPF, depositándolos en el “MA (Mercado Abierto) Bank” de las Islas Caimán. Dueño y director del MA Bank era Aldo Ducler de la financiera Mercado Abierto. Este banco terminó siendo cerrado por las autoridades de las Islas Caimán y multado por las autoridades estadounidenses por lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se dice que Caffaro habría sido funcionario de dicha entidad bancaria antes de ser designado director del Banco Central. Aparentemente, Ducler administró el dinero de Santa Cruz, mientras Caffaro fue un nexo clave en la ingeniería financiera practicada, lo que en un determinado momento incluyó a los hermanos Röhm del Banco General de Negocios (BGN), José “Puchi” Röhm, hoy prófugo de la justicia uruguaya y argentina por la quiebra del BGN quien vive protegido en los Estados Unidos (toda vez que hasta hace poco era miembro de la poderosa Americas Society, lo que le garantiza la protección de David Rockefeller, William Rhodes y otros poderosos de las finanzas y la política). Carlos Röhm, a su vez, está actualmente arrestado en la Argentina por la misma causa. Por último, consignemos que de los sucesivos análisis practicados por el Tribunal de Cuentas santacruceño, según informes de la mayoría justicialista y la minoría de la UCR, surgen algunas interesantes conclusiones: 1. Aldo Ducler y Mercado Abierto administraron el dinero de la Provincia de Santa Cruz. 2. Se abrieron cuentas en los bancos Morgan Stanley y Dean Witter, hoy absorbidos por Morgan Stanley. 3. Podría inferirse que en los años 90, la senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner integró la Comisión Anti-Lavado en el Congreso Nacional para asegurarse que la investigación sobre Mercado Abierto no involucrara temas relacionados con Santa Cruz. 4. La senadora Fernández de Kirchner no habría informado a los demás integrantes de dicha Comisión que, en realidad, ella era juez y parte. O sea, que Mercado Abierto, una de las organizaciones bajo investigación, administraba el dinero de la provincia que ella representaba en dicha Comisión. 5. El banco donde se ha depositado el grueso de los fondos desde 2003 es el Credit Suisse, gran banco suizo socio de los hermanos Röhm en el BGN a través de su filial CS First Boston, importante colocador de deuda externa pública argentina. Por lo sintéticamente expuesto, resulta vital que la opinión pública nacional exija al presidente Kirchner y a su equipo, que aclaren en forma transparente, completa y veraz cuál es la situación real de los multimillonarios —y mayormente desaparecidos— fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz que él, como gobernador, recibiera en 1993 del Estado Nacional por regalías mal liquidadas de la ex-YPF estatal.
2) EL PUEBLO DEBE SABER DE QUÉ SE TRATA
“La única Verdad es la Realidad” Juan Domingo Perón
Como decíamos, en Política, la ingenuidad y excesiva generosidad se pagan caras. Sus consecuencias son nefastas. Por eso, aún el más sano optimismo debe siempre equilibrarse con una fuerte dosis de pragmatismo, prudencia y precaución. Dolorosamente comprobamos como la Nación Argentina ha sufrido una caída catastrófica a lo largo del último medio siglo. Tan grande, que hoy parece casi un sueño aquella época en que ser Argentino era motivo de orgullo ante cualquiera y en cualquier parte. Lejanos quedaron los tiempos en que nuestro pueblo altivo conformaba una Nación respetada y considerada, aún por los más poderosos. Una Argentina dónde la Justicia Social, aunque lentamente y con dificultad, se consolidaba para todos los argentinos gracias a auténticos Estadistas como Yrigoyen y Perón. Aquellos tomaron medidas acertadas y decididas tendientes a lograr creciente Independencia Económica, factor indispensable para romper las cadenas del endeudamiento eterno con la usura internacional. ¡Años aquellos! …en que la Argentina conquistaba creciente Soberanía Política gracias a que los Estadistas de entonces comprendían los crecientes peligros que acechaban por doquier en un mundo violento manejado por la ley de la jungla. Años de mayor justicia distributiva entre todos los sectores de nuestra sociedad; dónde la educación inculcaba el amor a la Patria y el orgullo de ser argentinos entre nuestros niños, jóvenes y adultos; dónde la salud pública estaba al alcance de todos. Consolidábamos nuestra integración territorial —especialmente sobre la Patagonia— fortalecíamos la infraestructura de comunicaciones, ferrovial, aeronáutica, portuaria, energética, y de transportes y recursos; consolidábamos inteligentes políticas de defensa en lo económico, financiero y militar. Parece que los argentinos de entonces sabían “de qué se trataba”, manifestándolo una y mil veces en las plazas y calles de nuestras ciudades. Poco de aquello hoy queda en pie. El aplastante Caballo de Troya administrado por los Videla, Alfonsin, Menem, De la Rúa y Kirchner pudo más. No nos engañemos: los argentinos no caímos por tontos o cobardes. Fuimos empujados por una seudo-clase política que opera como gerenciadora de los poderosos de turno dentro y fuera del país.
Así, llegamos al año 2007 que nos encuentra en una situación muy peligrosa. El Poder Real Mundial privatizado sigue desplegando, disparando y administrando complejos procesos políticos, económicos, financieros, sociales y hasta militares sobre la Argentina. En su intrincado devenir y desenlace, se encaminan por diferentes caminos hacia un único objetivo buscado por esas estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial: controlar los recursos de nuestro país y lograr su fractura territorial, notablemente en la Patagonia. Las grandes extensiones de nuestro vasto territorio son codiciadas y terminarán siendo arrebatadas para que sirva a los intereses, objetivos y planes de aquellas estructuras mundiales, siempre contrarias a los intereses y el Bienestar del pueblo Argentino. Es dentro de este marco geopolítico que invitamos al lector a considerar el presente dossier referido a los más de 650 millones de dólares de fondos públicos santacruceños recibidos en abril de 1993 por el entonces gobernador y hoy presidente Néstor Kirchner de manos del entonces presidente Carlos Menem y de su ministro de economía Domingo Cavallo. El gobernador Kirchner y sus sucesores han mantenido estos fondos en el exterior cubiertos del mayor secreto, rehusándose sistemáticamente a rendir cuentas acerca del derrotero y la evolución de los mismos a través de distintas plazas financieras mundiales, la mayoría de las cuales son paraísos fiscales, y su verdadera situación actual. Los desaparecidos fondos públicos de Santa
Cruz a manos de Kirchner y su equipo, conforma uno de los casos más burdos, vulgares y desfachatados de abuso de poder, mal uso de activos públicos y arbitrariedad en la gestión pública jamás cometido por altos funcionarios de Gobierno. En 2003, las insólitas vicisitudes de la vida política argentina hicieron que el principal autor de estas maniobras fuera catapultado al máximo cargo público en nuestro país: el de Presidente de la Nación. De ahí la inusitada gravedad de este caso, hoy cosa juzgada y cerrada en la Justicia, pero que permanece como una llaga abierta e infecta en el cuerpo social, político e institucional de nuestra Nación. En los últimos años, Kirchner ha ensayado distintas defensas públicas de lo indefendible. Una de ellas consiste en decir que otras provincias productoras de petróleo — entre ellas Salta, Neuquén, Chubut y Mendoza— también recibieron indemnizaciones similares en 1993 por aquellas regalías mal liquidadas, señalando que “nadie les pide que rindan cuentas”, a menudo centrando su enojo en el gobernador neuquino Jorge Sobisch.
En verdad, si alguno de esos otros gobernadores cometió alguna malversación con los fondos públicos recibidos, sus respectivos pueblos provinciales deberán exigirles las explicaciones del caso. Pero hay una diferencia fundamental: hoy, no es Sobish o algún otro gobernador o exgobernador quién ocupa el Sillón de Rivadavia, sino Néstor Kirchner. Kirchner tiene la obligación institucional de brindarle una explicación al pueblo santacruceño como damnificados directos, al tiempo que tiene la obligación política y moral de brindarle esa misma explicación a todo el pueblo argentino, cuyos destinos hoy conduce. Claramente, cuánto más elevado es un cargo público, mayores son las responsabilidades y los deberes de quiénes lo ocupan. Quién no pueda soportar semejantes cargas públicas, haría bien en resolver su dilema “a lo De la Rúa…”. Hoy, ni siquiera se sabe cuál es la cifra exacta de estos fondos públicos, por la sencilla razón que desde hace ya más de una década los sucesivos gobiernos santacruceños manejan esta información como si se tratara de un alto secreto de Estado. Como demostraremos en el presente, un simple cálculo de interés compuesto a lo largo de catorce años —a lo que deberá agregarse el pingüe negocio que Cavallo le recomendó hacer con la compra y posterior venta de acciones de Repsol—, nos señala que hoy debieran haber entre 1.000 y 1.900 millones de dólares. Si, como dicen distintos funcionarios santacruceños, una parte de esos fondos fueron aportados al tesoro santacruceños a lo largo de estos años, pues bien: entonces los montos de tales aportes más el remanente de estos fondos en el exterior deberán dar una cifra consistente y verificable del orden de los 1.000 a 1.900 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno provincial y el propio Kirchner hablan de que hay unos “500 millones de dólares” en el exterior. ¿Dónde fue a parar el resto? En realidad, desde que este tema tomó estado público en 2004, cada vez que Kirchner, Acevedo, Sancho o los legisladores oficialistas hablan de estos fondos, siempre tiran una cifra diferente: 502 millones, 521 millones, 570 millones, 542 millones, 650 millones, 700 millones... Claramente, parece que nadie —ni siquiera ellos mismos— sabe cuánto dinero hay o cuánto dinero quedó…. Al menos, fuera del grupo más íntimo del Jefe Feudal y su Corte. Parecería necesario recordarle a Kirchner y su equipo que en este tema de los fondos de Santa Cruz, deberán cumplir con una “ley” que es muy anterior a la propia fundación de nuestra República: me refiero a la “ley del dos más dos, son cuatro”, pues cada vez que hablan de este tema, resulta que “dos más dos” dan cualquier cosa, pero nunca cuatro... Santa Cruz es una bellísima provincia patagónica, cuya población apenas llega a los 190.000 habitantes; o sea un 0,5 % (medio por ciento) de la población de la Nación. Sin embargo, el Pueblo Argentino observa atónito como la mala administración, corrupción y arbitrariedad en ese feudo provincial hacen que esa magra población viva infeliz, insegura, amenazada y pauperizada. La creciente
desesperación ha hecho que docentes, trabajadores del petróleo y otros gremios se hayan visto empujados a calles de Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado y otras localidades para reclamar y exigir al gobierno lo que realmente les corresponde. Como reflejo del caos que prevalece en el propio feudo kirchnerista, en los últimos cuatro años Santa Cruz ha transitado por cuatro gobernadores: desde el propio Kirchner que dejó el cargo cuando asumió la presidencia, pasando por Sergio Acevedo, Carlos Sancho y, ahora, Daniel Peralta. ¿Cómo se explica que si la Provincia dispone de esos cuantiosos fondos —500 millones de dólares si nos basamos en las declaraciones oficiales, lo que equivale a más de 1.500 millones de pesos— ahora no haya dinero para aumentar los salarios de los maestros, o para mejorar las condiciones del obrero petrolero o de la policía, o para elevar la calidad de vida de la reducida población santacruceña? ¿Cómo se explica que el docente santacruceño tuviera que llegar al extremo de tener que tomar las calles de Río Gallegos para que le aumenten su sueldo básico de $ 167 mensuales? La respuesta es obvia: no se puede explicar. Y cuando en los asuntos públicos algo “no se puede explicar”, entonces es derecho y obligación del pueblo exigir a sus dirigentes que digan de qué se trata. Desde mayo de 2003 Kirchner rige ya no los destinos de 190.000 santacruceños, sino los de casi 40 millones de argentinos. Sus arbitrariedades, torpezas, bravuconadas, malos modales, insultos, mentiras, descalificaciones, burlas y agresiones en cuestiones políticas y sociales son ampliamente conocidas y se han transformado en crónica diaria: el notorio “Estilo K”, que aplica en todo lo atinente a la cuestión de los desaparecidos fondos santacruceños. El presente dossier pretende llamar la atención a un hecho gravísimo de orden económico, penal, y también político, que se inserta dentro de un patrón de comportamiento del actual presidente, y que lo define como un operador funcional a los intereses de las estructuras de poderes mundiales y contrario a los intereses del pueblo argentino. Veamos algunos ejemplos: • En primer término, el solo hecho de que apoyara la privatización de YPF en 1993, lo muestra alineado con las políticas antinacionales promovidas y ejecutadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo. Para colmo, cuando el propio Cavallo le aconseja, (a) sacar los fondos del país, y (b) comprar casi 300 millones de dólares en acciones de Repsol, Kirchner inmediatamente lo hace. Seis años después, en 1999, en lugar de mantener la participación accionaria de la Provincia de Santa Cruz en la privatizada Repsol, como un factor de control y participación en las ganancias de esa megaempresa de capitales españoles (y, encubiertamente, también británicos), Kirchner prefiere vender esas acciones en casi 700 millones de dólares (también desaparecidos desde entonces). Evidentemente, sus motivaciones parecieran priorizar ganar dinero con la especulación financiera por encima de defender el interés nacional o provincial en el mediano y largo plazo. • Coherentemente, en junio 2005 junto a su ministro de economía Roberto Lavagna, Kirchner promueve un nuevo Mega-Canje de bonos públicos claramente impagable y de características potencialmente desastrosas para el país en el mediano y largo plazo (podemos inferir que tanto Kirchner como Lavagna están convencidos de que esos potenciales desastres financieros recién se desatarán cuando sus respectivas carreras políticas hayan concluido). El Mega Canje del 2005 por cifras cientos de veces mayores que el caso de los fondos de Santa Cruz, fue impulsado por Kirchner como “salida fácil” de un problema que afectaba su gestión, a la vez funcional a los intereses de las estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial. En realidad, lo que el presidente Kirchner no hizo fue aquello que la Argentina realmente necesita, puede y debe hacer: investigar a fondo el origen ilegítimo y mayormente fraudulento de la deuda externa, cuyos orígenes se remontan en gran proporción al gobierno de facto cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983, que Kirchner dice odiar, por cuanto una investigación internacional semejante permitiría clasificar y declarar buena parte de esa Deuda como “deuda odiosa” según la jurisprudencia anglosajona. Ello, a su vez, nos permitiría repudiarla o, al menos, renegociarla a términos mucho más beneficiosos para el país, lo que hubiera significado un gran alivio financiero y una reparación moral para nuestro sufrido pueblo. Sin embargo, Kirchner hizo exactamente lo contrario: ejecutó lo que la banca internacional deseaba y necesitaba para que la rueda de la usura pudiera seguir girando y girando, al tiempo que postergó el bienestar del pueblo. • Consistente con sus políticas y acciones, el presidente Kirchner nada hizo para imponer una reparación económica a todos los argentinos tras ser estafados y robados por las sucursales locales de la misma banca internacional durante el “corralito” y “corralón”. Sin embargo, en enero 2006 saldó la totalidad de la supuesta deuda con el FMI por casi u$s 10.000 millones (¡más de 30.000 millones de pesos!), haciéndolo en dinero efectivo, en moneda dólar, sin ningún tipo de quita y a cambio de absolutamente nada. Ello en momentos en que era sabido en círculos internacionales que el otrora poderoso FMI ya ha cumplido su ciclo de instrumento de dominación política sobre Estados débiles como el nuestro, por lo que hoy se halla en pleno proceso de desactivación.
Resulta difícil imaginar medidas más funcionales a los intereses del sistema planetario de la usura, y más contrarias a los intereses del pueblo argentino. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo el presidente Kirchner. Resaltamos estos hechos por cuanto el escándalo de los fondos de Santa Cruz no conforma un hecho aislado sino que se integra en un claro patrón de comportamiento. Hoy, la preocupación entre amplios sectores de la población va aumentando al comprobar que estos hechos sospechosos se ven confirmados por diversos escándalos de corrupción que involucran implícitamente al presidente y directamente a algunos de sus colaboradores más íntimos. Tales los casos del sistema de coimas en el área de la obra pública en manos de su colaborador (algunos lo han llamado su “cajero”), el ministro de planeamiento y obras públicas Julio De Vido, del que el escándalo Skanska por los gasoductos es apenas la punta del iceberg; o los aún no resueltos casos de la narco-aerolínea Southern Winds. Con el fin de tratar de mantener activado el caso de los Fondos de Santa Cruz en los Tribunales, en diciembre de 2005 radicamos una nueva y más amplia denuncia por Asociación Ilícita entre Kirchner, De Vido, los Fernández y otros (Causa Nº 18.209/05 radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico No. 10 a cargo del juez Julián Ercolini, hoy integrada por conexidad con la Causa Nº 17.375/05 “De Vido y Lavagna s/defraudación contra la administración pública” radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico No. 5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, abarcando también otros casos como los mencionados arriba. De manera que si como decían nuestras abuelas, “para muestra basta un botón”, sirva el presente dossier como un aporte a la opinión pública de un “botón” que muestre a las claras el modus operandi del equipo presidencial, que “abrocha” - por así decirlo — todo un modelo basado en la arbitrariedad, la mentira y la impunidad. En rigor de verdad, se trata del mismo “modelo” que desde Martínez de Hoz, Alfonsín, Menem, Cavallo y De la Rúa rige hasta nuestros días, manteniendo a la Argentina postrada y firmemente subordinada a los intereses económicos, políticos y financieros de los poderosos del mundo. Ello, a pesar de las vociferaciones “progresistas” del presidente, de la primera dama / ciudadana / senadora / candidata, y de sus ministros/gerentes clave, sus secretarios-empleados y demás funcionarios útiles. Por eso, investigar a fondo la verdad detrás de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz conforma una suerte de prueba ácida que nos revela el verdadero rostro de Néstor Kirchner y su entorno de encumbrados familiares, socios, amigos y colaboradores. Dejemos, entonces, que los hechos hablen por sí mismos.
3) HAY QUE ESTAR AL SERVICIO DEL PAÍS
“No pregunte qué puede hacer su país por usted; pregunte qué puede hacer usted por su país” John F. Kennedy
Muchos ciudadanos como el autor del presente dossier guardamos prudente y necesario silencio durante los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, a partir del 25 de mayo de 2003. Al poco tiempo, observábamos con creciente preocupación que se tomaban medidas desacertadas, se promovían políticas inciertas y erráticas, y se adoptaba un estilo de conducción autoritario, inmaduro y agresivo. Recién luego de ese prudente período de observación, consideramos oportuno enviarle una primera carta al presidente Kirchner en diciembre de 2003, informándole que poníamos a su disposición y a título voluntario y oneroso, valiosos conocimientos e información en manos de un compacto grupo de investigadores y consultores argentinos. Particularmente, queríamos aportarle al presidente y sus colaboradores, una acabada información acerca de la manera como operan las complejas estructuras de poder privado que maneja el crecientemente peligroso Nuevo Orden Mundial. En ese entonces, considerábamos que era particularmente importante por cuanto debían conducirse difíciles negociaciones en torno a la deuda pública externa e interna. Junto con aquella carta enviamos diversos artículos, monografías y ensayos, incluyendo la principal obra sobre geopolítica del autor, El Cerebro del Mundo. La cara oculta de la Globalización 2. También intentamos lograr una audiencia con el Presidente o alguno de sus colaboradores, sin lograr nuestro propósito 3. Quede en claro que quienes propiciamos se investigue el caso de los fondos de Santa Cruz no somos santacruceños ni residimos en esa hermosa provincia argentina. De manera que lo único que nos mueve a realizar esta investigación —que seguiremos hasta sus últimas consecuencias— fue nuestra profunda preocupación por nuestro país. Hoy, la Argentina se encuentra aprisionada por fuerzas que no siempre dan la cara, pero que hacen sentir su poderoso puño financiando amplios procesos destructivos contra nuestro país, y los políticos y gerentes locales que han de llevarlos a cabo. Esto ha sido así desde hace décadas, lo que les ha permitido hacer que “sus políticos” siempre se encumbren en los máximos puestos de gobierno para implementar y gerenciar —cuál obedientes managers o capataces de estancia— aquellas políticas que más convienen a sus intereses. No se trata de ninguna cuestión ideológica pues esos poderes mundiales lograron voltear a una gran nación como la nuestra, utilizando tanto a dirigencias de izquierda como de derecha; “radicales” (gestiones Alfonsín y De la Rúa), como “justicialistas” (gestiones Menem y Kirchner) e, incluso, cuando les convino no titubearon en reclutar a ciertos permeables altos jefes militares.
Dicen que el pez por la boca muere. Algo de ello pudo comprobarse durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas que reunió a los jefes de Estado de la norte, centro y sur América en Monterrey, México en 2004. En su discurso del 13 de enero, el presidente Kirchner, casi fuera de contexto, explicó a sus pares —entre quienes se hallaban los presidentes Fox de México, Lula Da Silva del Brasil, Lagos de Chile, Uribe de Colombia, Chávez de Venezuela, Toledo del Perú y Bush de Estados Unidos— que “en la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión”. Desde luego, Kirchner se refería a los fondos de la Provincia de Santa Cruz. Extrañado por sus palabras y sabiendo que el Banco de la Reserva Federal opera como banco central de Estados Unidos y, como tal, no toma este tipo de inversiones, tomé contacto tanto con su sede política en Washington como su sede operativa en Nueva York,
solicitando nos hagan sus comentarios sobre la factibilidad y eventual veracidad de estas declaraciones presidenciales. Rápidamente me contestaron diciendo que “la información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz o engañosa (“deceptive”). Usted debiera dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión”. Envié, entonces una nueva carta al presidente el 3 de febrero de 2004 solicitando sus aclaraciones, y otra el 15 de marzo de 2003 al Dr. Alfonso Prat-Gay, entonces presidente del Banco Central. Ambas nunca fueron constatadas 4. Agotadas estas primeras instancias, y consciente de la manera imprecisa, secreta y potencialmente arbitraria con la que Kirchner y el entonces gobernador santacruceño Sergio Acevedo, habrían administrado los cuantiosos fondos públicos en cuestión, consideré mi obligación ciudadana radicar Denuncia formal contra dichas autoridades con el fin de lograr un esclarecimiento de este caso. La misma quedó radicada el 5 de mayo de 2004 en el Juzgado Federal Penal Nº 7 de Buenos Aires, entonces interinamente a cargo del juez Jorge Urso, que desde entonces la gestiona el Dr. Juan Gabriel Labaké, que luego se amplió para incluir a otros funcionarios del Banco Central, Ministerio de Economía y Gobierno de Santa Cruz que podrían tener eventual responsabilidad en los potenciales delitos indicados. En la presentación solicitábamos al Juez la inmediata repatriación de 4 No niego sentir cierta tristeza al comprobar que instituciones extranjeras a las que consultamos por éste y otros temas —como el Banco de la Reserva Federal y la Securities & Exchange Commission (comisión de valores) de Estados Unidos—, contestaron rápidamente nuestras consultas, mientras que nuestro presidente y funcionarios del Banco Central, ni siquiera acusan recibo a consultas de gran importancia que le hacen sus ciudadanos. Creo que ello refleja el hecho de que en el país de nuestros adversarios, las instituciones republicanas respetan la voz de todo ciudadano —aun la de ciudadanos de otros países—, mientras que en nuestro país tal respeto parece alinearse menos con el orden democrático y más con el autoritarismo que acostumbra operar en forma discrecional y secreta, importándole poco o nada lo que piensa la gente. Conservamos copia de esta correspondencia con los sellos de ingreso que indican la fecha y hora de recepción en Presidencia y en el Banco Central de los fondos en cuestión para que se los utilizara en beneficio de la economía provincial y nacional. En aquél momento, con mi colega y co-denunciante Enrique Romero conducíamos un programa radial —“El Traductor”— que abordaba temas políticos en AM740 Radio Cooperativa de Buenos Aires. Según nos informaron las autoridades de esa emisora el mismo día en que radicamos nuestra Denuncia, les resultaría imposible permitirnos continuar con nuestro programa una vez finalizado nuestro convenio (sólo restaban tres programas más), ya que existían “presiones” desde Presidencia de la Nación que podrían derivar en la suspensión de publicidad oficial a dicha emisora. No queriendo afectar los intereses de quienes entonces creíamos nuestros amigos en dicha emisora, nos retiramos discretamente de la misma, pasando al poco tiempo a otras —Radio Splendid y Radio Argentina, entre ellas— que en ningún momento ejercieron censura alguna. A partir de entonces, iniciamos un amplio esfuerzo para esclarecer este tema que, hasta este momento, sigue marcado por el secreto y el ocultamiento. Si Néstor Kirchner y su equipo desean realmente dispersar toda duda, entonces no tienen más que brindar información cierta y fundamental. Si la misma resulta ser correcta, consistente, satisfactoria para la opinión pública y la opinión experta, entonces quienes radicáramos aquella Denuncia hace ya más de tres años, gustosa y públicamente daremos las disculpas del caso. El presente dossier debe también ser considerado como nuestro aporte al propio presidente Kirchner para ayudarle en esa tarea de esclarecimiento y transparencia.
“No solo hay que ser bueno; también hay que parecerlo” Sabiduría popular
Nuestro principal objetivo se centra en lograr que la opinión pública santacruceña y nacional puedan conocer cómo se administraron estos fondos públicos desde 1993 cuando fueron recibidos del Gobierno Nacional como indemnización por regalías mal liquidadas de la ex petrolera estatal YPF hasta la fecha. Si esa administración fue realizada cumpliendo con la legislación vigente, entonces indudable- mente las autoridades responsables darán a conocer toda la información necesaria para armar la “radiografía” que describa - paso a paso y año por año — cómo fueron hechas las operaciones de inversión. Resulta también necesario tener en cuenta tres elementos funda- mentales que hacen a la transparencia de los actos de gobierno, la idoneidad de sus funcionarios y los eventuales conflictos de interés cuando surgen determinadas dudas o inconsistencias: • Transparencia.— Desde hace más de catorce años el pueblo santacruceño se pregunta sobre estos fondos que, hasta hoy, pareciera que en poco o nada los ha beneficiado. En el mejor de los casos, al haberse invertido en bancos privados suizos y luxemburgueses, esos 500 o 600 millones de dólares de fondos públicos provincia- les estarían beneficiando los circuitos financieros internacionales y las economías de esas dos naciones europeas: Luxemburgo y Suiza. Sin embargo, todos coincidirán que debieran estar beneficiando a la economía y producción de la Provincia de Santa Cruz e, incluso, de la República Argentina pues, por más que suene a verdad de Perogrullo, la función del gobernador de Santa Cruz consiste en promover los intereses del pueblo de su provincia y no los intereses de suizos y luxemburgueses. Ello preocupa a los afligidos habitantes santacruceños por cuanto en una provincia cuya población es de apenas 197.000 habitantes, un monto de 500 a 600 millones de dólares implica que cada habitante es acreedor de unos 2.500 a 3.000 dólares, y que una familia tipo de cuatro personas, es acreedora de cómo mínimo 10.000 a 12.000 dólares; el precio de una modesta vivienda. Estas cifras se multiplican considerablemente si el borrador de análisis financiero que realizamos en el presente resultara correcto. Tristemente, sin embargo, los santacruceños no puede beneficiarse de esta manera por cuanto desde hace trece años su gobierno los mantienen expatriados para beneficio de suizos y luxemburgueses. Peor aún, también existe la posibilidad concreta de que estos fondos públicos estén integrando los circuitos financieros del narco lavado, crimen organizado y tráfico de armas globales pues es notoriamente conocido que paraísos fiscales como Luxemburgo y Suiza, que gozan de un elevado nivel de secreto y discreción, son por estas mis- mas razones preferidos por el crimen organizado internacional.
• Idoneidad.— Las confusas manifestaciones emanadas del propio presidente, quién confunde y aparentemente desconoce las funciones que cumplen instituciones como el Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro estadounidenses, y la manera como funcionan diversos tipos de bonos de inversión, esquemas de garantía de depósitos y otros procedimientos y normas, generan desazón y preocupación. Pues, se trata del mismo equipo y entorno de funcionarios que en junio 2005 promovió el mayor Mega canje de deuda pública
argentina, conformando a mediano y largo plazo el mayor condicionante para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, hipotecando las futuras generaciones, e incluso potencialmente haciendo peligrar la integridad territorial nacional. A modo de ejemplo, en el diario “La Nación” de Buenos Aires (6 de Mayo de 2004) daba cuenta que “Kirchner recordó que cuando era gobernador de Santa Cruz remitió los ahorros de 500 millones de dólares de la provincia y los resguardó con garantías de la Reserva Federal «con una tasa de entre 2 y 3 por ciento»”. Cabe aclarar que la Reserva Federal no emite tales “garantías” y que los depósitos bancarios formalizados en bancos en Estados Unidos tienen, efectivamente, resguardo y garantía, pero solamente hasta el monto de u$s 100.000 por titular. Ese respaldo no lo brinda la Reserva Federal sino el seguro a los depósitos bancarios otorgado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A su vez, Kirchner hablaba de “entre 2 y 3 por ciento” de tasa de interés mientras que en enero de ese mismo año en Monterrey habló de a una tasa del “1 por ciento”. Señalemos que cada 1% de interés sobre 530 millones de dólares equivale a la no despreciable suma de u$s 5.300.000, por lo cual la precisión en la información resulta vital. También resulta alarmante la imprecisión, liviandad y desprolijidad en las que incurren los legisladores y demás funcionarios oficialistas en Santa Cruz cuando se les pregunta que simplemente den el monto de esos fondos: el periodista independiente Marcelo López Macía preparó un espléndido informe para la revista “Noticias” que incluye amplia información sobre este caso y tramos de sus entrevistas con los distintos funcionarios oficialistas en las que contestan de una manera absolutamente inconsistente o rehuyen contestar. Este importante documento (disponible en Internet en YouTube) también muestra las agresiones físicas inadmisibles de las que López Macía fue víctima a manos de la comitiva de Kirchner en Santa Cruz pocas semanas antes de asumir la presidencia.
• Conflictos de interés.— De comprobarse el conjunto de las aseveraciones denunciadas y en un plano más amplio, también debiera evaluarse si existen razones no aclaradas que pudieran motivar que en los primeros años de su presidencia Kirchner aceptara la continuidad de funcionarios clave en el ministerio de economía y en el Banco Central, como fueron los casos del ex ministro de economía Lavagna y el ex presidente de Banco Central Pratt-Gay, ambos funcionarios “heredados” de la anterior administración. Lavagna bien pudo tener un potencialmente conflicto de interés al desempeñarse como ministro de economía, por ser miembro y cofundador del CARI —Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales— que opera como cuasi-sucursal en nuestro país del poderoso Council on Foreign Relations (CFR) neoyorquino, desde dónde emana buena parte de la doctrina y planeamiento financiero, económico y político del Nuevo Orden Mundial.
Una necesaria auditoría seria y completa
En pocas palabras, es imprescindible que se practique una auditoría seria respecto de la evolución de estos fondos. La opinión pública necesitan saber que estas inversiones fueron administradas con idoneidad y transparencia. La misma debe permitir conocer datos tales como: 1. El importe originalmente salido al exterior de la Tesorería de la Provincia. 2. La fecha de esa salida. 3. La individualización de cada una de las entidades financieras que recibieron los depósitos. 4. Criterios y procedimientos para elegir las entidades financieras en las que se realizaron las inversiones (por ej., si hubo procesos de licitación pública o concurso de precios, normas de calificación de solidez financiera de tales instituciones por sociedades calificadoras de riesgo de nivel internacional, entre otros parámetros); 5. El tipo de depósito efectuado. 6. Sus fechas de conformación. 7. Sus plazos de vencimiento. 8. Las personas físicas o jurídicas que figuran como titulares de los depósitos. 9. Los importes depositados (cantidades y moneda). 10. En caso de existir alguna diferencia entre el importe originalmente salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes. 11. La modalidad de pago o acreditación de los intereses. 12. Las tasas de interés pactadas, según el comprobante del depósito. 13. Las tasas de interés que, a las fechas de los depósitos, eran ofrecidas por la entidad financiera que lo recibió a otros interesados en realizar transacciones similares a la concretada por Santa Cruz. 14. Las tasas de interés que, a la fecha del depósito, eran ofrecidas por otras entidades financieras a otros interesados en realizar transacciones similares a la efectuada por Santa Cruz, con un nivel de riesgo igual o parecido al asumido por la depositante. 15. En el caso de existir diferencias entre la tasa de interés pactada por Santa Cruz y las tasas de interés de mercado para operaciones similares efectuadas en la misma fecha, las explicaciones del caso. 16. Para cada pago de intereses o de amortización del capital realizado por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha. 17. Para cada cobro de intereses o de amortización del capital contabilizado por Santa Cruz, su importe, moneda y fecha. 18. En caso de existir diferencias entre los intereses o amortizaciones pagados por la entidad financiera y los recibidos por la Provincia de Santa Cruz, las aclaraciones del caso. 19. Utilización parcial que se pudiera haber hecho de dichos fondos en obras públicas o gastos corrientes por parte de sucesivos gobiernos de la Provincia de Santa Cruz.
Este tipo de información es la que recaba cualquier estudio de auditoría profesional y serio realizado sobre cualquier empresa, organización, fundación, organización no gubernamental, asociación sin fines de lucro, club social; o sea, sobre cualquier entidad privada, pública o social. Desde luego que resulta infinitamente más importante justificado resulta recabar esta información y datos cuando se trata de fondos públicos, especialmente por montos de cientos de millones —miles, incluso— de dólares como en este caso.
5) LAS FALTAS DE LOS GOBERNADORES “K”
“2 + 2 = 4” Axioma matemático universal
Se puede observar un preocupante conjunto de fallas, desprolijidades y omisiones cometidas bajo las gestiones de los gobernadores Néstor Kirchner, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta en torno al manejo de estos fondos. La información brindada a la población santacruceña es inconsistente y, lo que es peor, no verificable. A lo largo de los últimos años, se ha barajado información que da cuenta de distintas cifras, distintos bancos, distintos plazos, distintas partidas. Cada vez que se menciona este tema, surge una cifra diferente o inexplicables inconsistencias. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2003, la Legislatura Provincial aprobó la “rendición de cuentas sobre los fondos de la Provincia que se encuentran en el exterior, certificándose un saldo líquido de u$s 507.420.707,21, más otros u$s 13.589.000 en bonos y u$s 13.453.000 en cupones, indicándose que durante el año 2003 estos fondos rindieron intereses por u$s 3.440.501,29, netos de comisiones.” ¿Significa esto que los fondos se invirtieron a una tasa de interés anual de apenas el 0,68%, lo que significaría una inversión pésima e injustificable? Durante ese año 2003, esos u$s 507 millones hubieran podido colocarse fácilmente a una tasa de interés de entre 4 y 5 por ciento en las plazas financieras internacionales, lo que hubiera rendido intereses del orden de los u$s 25.000.000 para Santa Cruz. Sin embargo, el informe oficial habla de apenas “u$s 3.440.000…”. • ¿Se tratará de algún grosero error en detrimento de los intereses de la Provincia de Santa Cruz debido a que se desconoce cómo operan las finanzas internacionales? • ¿O significa que sólo se “rindieron cuentas” sobre una parte pequeña de los intereses realmente devengados, o sea, que se está dando información parcial e incorrecta? • De ser así, entonces ¿dónde fueron a parar entonces los otros u$s 21.000.000 de intereses faltantes? ¿Habrá otros beneficiarios para alguna porción importante de los intereses devengados y las comisiones pagadas? Estas son apenas algunas de las preguntas respecto de los datos consignados por el gobierno provincial correspondiente a un único año: el de 2003. Pero, he aquí que estos fondos ya llevan más de 14 años en el exterior...
Falta conocer el mapeo de catorce años de “ingeniería financiera”.
Los sucesivos informes aprobados por el gobierno santacruceño no abordan un tema clave como es la necesidad de contar con una descripción transparente y completa acerca de cuál ha sido la evolución de estos fondos a lo largo de los últimos catorce años desde que la Provincia de Santa Cruz los recibiera en 1993 del Estado Nacional como indemnización por regalías mal liquidadas por la ex petrolera estatal YPF, cuando el Dr. Kirchner era gobernador. Según mencionamos, en 2003 se informaba oficialmente que el saldo de esas inversiones ascendía a poco más de u$s 507.000.000, mas no se describía cómo se arribaba a dicho monto. Una cuantiosa inversión como esta, administrada a lo largo de catorce años en distintas plazas financieras ubicadas en los Estados Unidos, Islas Caimán, Luxemburgo y Suiza, entre otros lugares, que incluyó inversiones bursátiles en empresas privadas y diversos instrumentos financieros, seguramente habrá transitado por una evolución compleja. A pesar de las, a menudo, contradictorias declaraciones a los medios de prensa por parte de las autoridades provinciales y a la incompleta documentación pública, se sabe que han habido inversiones bursátiles y financieras de distinta índole. El aludido informe de la Legislatura Provincial de Noviembre 2003 indica que en 1993, siguiendo los consejos del entonces ministro de economía Cavallo, el gobierno Kirchner hizo una importante inversión del orden de los u$s 290 millones en acciones de la entonces recién privatizada Repsol- YPF, que se adquirieron a u$s 19 cada una (unas 15.260.000 acciones). Casi seis años después, en 1999, esas acciones fueron vendidas por el gobernador Kirchner a u$s 44,74 por acción, lo que significó una excelente operación para la Provincia que generó una utilidad de más de u$s 393 millones. O sea, en cifras aproximadas (ya que se carecen de datos precisos), u$s 290.000.000 invertidos en 1993 en acciones de Repsol a u$s 19 la acción equivale a 15.260.000 acciones. Las mismas fueron vendidas en 1999 por un total de u$s 683 millones (o sea, 15.260.000 acciones a u$s 44,74 cada una). La diferencia (683 millones menos 290 millones) arroja una ganancia de u$s 393 millones que se sumaría a los intereses acumulados a lo largo de catorce años. La notoria carencia de información y claridad en torno a la evolución de estas inversiones se verifica en el hecho de que hubo algunos ejercicios fiscales —desde 1996 hasta 2001— en los que no se brindaron datos sobre los montos realmente existentes en el exterior. En 2002, previendo su inminente campaña presidencial, pareciera que Kirchner trató de ordenar un poco esta situación: en diciembre 2002 la Legislatura Provincial estableció que existían u$s 529.733.885,48, sin indicar cómo se arribaba a dicha cifra que, como hemos visto, al año siguiente se redujo a 507 millones (?). Nuestras estimaciones independientes indican que hoy, el monto total por todo concepto de estos fondos, debiera ser del orden de los 1.200 a 1.700 millones de dólares. Al menos esa es la cifra sobre la cuál debieran rendirse cuentas pues si, efectivamente, a lo largo de estos catorce años se ingresaron partidas desde el exterior a la Provincia, entonces dichas cifras ingresadas más el saldo hoy existente en el exterior debieran ser consistentes con dicho total del orden de entre 1.200 y 1.900 millones de dólares. La razón de tan amplia variación en nuestra estimación se debe al hecho de que no existe información clara, fehaciente y verificable, lo que requiere inferir posibles escenarios de inversiones que, a lo largo de más de catorce años, implican grandes variaciones posibles y no hay manera de determinar con precisión cuál ha sido la verdadera evolución y uso de esos fondos. Sólo Kirchner y sus colegas podrían dar a conocer públicamente estos datos pero, como hemos visto, hace ya más de catorce años que se rehusan a hacerlo. Tras realizar algunas averiguaciones con diversas instituciones bancarias internacionales incluyendo los bancos Credit Suisse de Zürich y UBS de Ginebra —instituciones financieras privadas en las hoy estarían depositados estos fondos— pudimos comprobar que entre 1993 y 2007 la tasa de interés promedio para grandes cifras como éstas rondaba entre un mínimo del 3% anual para depósitos a plazo fijo, hasta un 7% o más para fondos de inversión. A modo de ejemplo y tomando por buenas las declaraciones reiteradas de Kirchner de que él siempre buscó la mayor seguridad para estos fondos públicos de Santa Cruz aún a costa de que tuvieran un bajo rendimiento, consignamos a continuación y en cifras redondas cómo aquellos u$s 654 millones que Kirchner originalmente recibiera de Menem y Cavallo hubieran evolucionado desde 1993 hasta el 2007, tomando dos escenarios distintos y moderados de tasas del 3% de interés anual y, alternativamente, del 6% de interés anual:
ESCENARIO A (inversión pura en plazos fijos): Punto de partida: u$s 650 millones recibidos en abril 1993.
• Alternativa 1 a tasa 3%: Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera in- vertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 3% anual, capitalizando sus intereses acumulativos.
Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 650 + 19 = 669 1994 669 + 20 = 689 1995 689 + 20 = 709 1996 709 + 21 = 730 1997 730 + 22 = 752 1998 752 + 22 = 774 1999 774 + 23 = 797 2000 797 + 24 = 821 2001 821 + 24 = 845 2002 845 + 25 = 870 2003 870 + 26 = 896 2004 896 + 27 = 923 2005 923 + 27 = 950 2006 950 + 29 = 979 2007 979 329 (acumulados)
Resultado: a una tasa de interés promedio del 3% anual, tras catorce años, hoy debiera haber un monto total de u$s 979 millones.
• Alternativa 2 a tasa 6%:
Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera invertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 6% anual, capitalizando sus intereses acumulativos.
Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 650 39 689 1994 689 41 730 1995 730 44 774 1996 774 46 820 1997 820 49 869 1998 869 52 921 1999 921 55 976 2000 976 58 1034 2001 1034 62 1096 2002 1096 66 1162 2003 1162 69 1231 2004 1231 74 1305 2005 1305 78 1383 2006 1383 83 1466 2007 1466 814 (acumulados)
Resultado: a una tasa de interés promedio del 6% anual, tras catorce años, hoy debiera haber un monto total de u$s 1.466 millones.
ESCENARIO B (combinación de inversión en plazos fijo, más inversión en acciones de Repsol):
Punto de partida: u$s 365 millones en plazo fijo (o sea, 650 millones recibidos en abril 1993 menos 290 millones invertidos en YPF durante casi seis años). Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera invertido en su totalidad al 3% de interés anual.
• Alternativa 1 a tasa 3%: Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 290 Compra acciones Repsol a u$s 19 1993 365 11 376 1994 376 11 387 1995 387 11 398 1996 398 12 410 1997 410 12 424 1998 424 13 437 1999 683 Venta acciones Repsol a u$s 44,74 1999 437 Capital acumulado en bancos 1999 1120 33 1153 2000 1153 34 1187 2001 1187 35 1222 2002 1222 36 1258 2003 1258 37 1295 2004 1295 39 1334 2005 1334 40 1374 2006 1374 41 1415 2007 1415 365 (acumulados)
Resultado: Con una inversión bancaria a una tasa de interés promedio del 3% anual, más el rendimiento de la operación Repsol, hoy debiera haber u$s 1.415 millones.
• Alternativa 2 a tasa 6%:
Año Capital Intereses Total Capital + Int.
1993 290 Compra acciones Repsol a u$s 19 1993 365 22 387 1994 387 23 410 1995 410 24 434 1996 434 26 460 1997 460 27 487 1998 487 29 516 1999 683 Venta acciones Repsol a u$s 44,74 1999 516 Capital acumulado en bancos 1999 1199 72 1271 2000 1271 76 1347 2001 1347 80 1427 2002 1427 85 1512 2003 1512 90 1602 2004 1602 96 1698 2005 1698 101 1799 2006 1799 108 1907 2007 1907 859 (acumulados)
Resultado: Con una inversión bancaria a una tasa de interés promedio del 6% anual más el rendimiento de la operación Repsol, hoy debiera haber u$s 1.907 millones.
Dos más dos, son cuatro.
• Como se podrá observar, aunque este detalle es en cierta medida teórico en su cálculo, sin embargo resulta totalmente consistente con la lógica y previsible evolución de inversiones de esta naturaleza y monto en las plazas financieras globales.
• Las autoridades santacruceñas —anteriores y actuales— han indicado reiteradamente que diversas partidas de estos fondos fueron ingresados al erario público provincial a lo largo de los últimos catorce años. En tal caso, el monto total de esas partidas ingresadas a la Provincia más el saldo actual que aún permanece invertido en el exterior, debiera ser consistente con la totalidad de tales fondos según alguno de los posibles escenarios arriba descritos. O sea: ² Total de Fondos actualmente en el exterior: oficialmente se habla de aproximadamente “u$s 500 millones”; ² Partidas supuestamente ingresadas al erario público provincial en los últimos catorce años. Según la evolución teórica de los fondos, el total global debió crecer hasta llegar a una cifra de entre u$s 980 y u$s 1.900 millones, tomando los escenarios de mínima y máxima arriba descriptos. ² Consecuentemente, las partidas de fondos en el exterior supuestamente ingresadas a la Provincia de Santa Cruz debieran ser del orden de entre u$s 480 millones y u$s 1.200 millones (o sea, el total de fondos que debiera haber, menos los u$s 500 millones que el gobierno declara que aún existen afuera). • En síntesis, la necesaria auditoría sobre los fondos debiera atenerse a la siguiente formulación:
Escenarios arriba descriptos A1 A2 B1 B2
Total actual de fondos en el exterior, según el Gobierno: 500 500 500 500
MÁS: Total de fondos que debieron haber ingresado a la Provincia: 479 966 975 1207 EQUIVALE A:
TOTAL global de Fondos según los escenarios descriptos 979 1466 1415 1907
Los montos indicados son en miles de millones de dólares.
Falta saber si hubo otras inversiones.
Si hubo otras inversiones y las mismas consistieron en instrumentos financieros tales como bonos de deuda de otros países, acciones en empresas privadas, etc., también debe informarse de ello. Sin embargo, nada se dice con claridad en la información oficial ni en la aprobada por la Legislatura Provincial. En algunos medios de prensa se ha hablado de inversiones fallidas en bonos de deuda de Rusia y Rumania que, a fines de los años noventa, entraron en default, como así también de la compra de acciones en la hoy quebrada petrolera estadounidense Enron, Inc., que colapsó en 2001 en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción y fraude en los Estados Unidos. De ser ello así, habrá que computar tales pérdidas contra las ganancias que hubieron. Lo importante es poder armar el mapa de in- versiones realizadas a lo largo de más de catorce años.
Falta aclarar por qué los fondos fueron ocultados en paraísos fiscales.
Tampoco se aclara, ni se entiende, por qué los fondos se mantuvieron y se siguen manteniendo expatriados en las plazas financieras de Suiza y del Ducado de Luxemburgo, ambos reconocidos paraísos fiscales internacionales. Mientras Kirchner y Lavagna se encontraban renegociando los bonos de la deuda externa, el gobernador Acevedo y otros funcionarios manifestaron en reiteradas oportunidades que la decisión de no repatriar los fondos desde aquellos paraísos fiscales obedecía al temor de que en otras plazas internacionales los mismos pudieran ser embargados por algún juez que fallara a favor de los tenedores de bonos de la deuda externa argentina entonces en default. Ello pudo haber sido una amenaza real entre los años 2001 y 2005, en caso que se los transfiriera, por ejemplo, a plazas como Nueva York (EEUU), Frankfurt (Alemania), o Milán (Italia). Sin embargo, una repatriación inmediata a la República Argentina —tal como reclamáramos nosotros en nuestra Denuncia de mayo 2004— no hubiera implicado semejante riesgo ya que seguramente ningún juez argentino hubiera embargado esos fondos para favorecer a acreedores extranjeros. A su vez, cabe agregar que tal peligro de embargo solo existió a partir del momento en que la Argentina entró en default a fines de 2001, lo que no explica por qué durante los ocho años anteriores a esa fecha, los fondos santacruceños jamás regresaron al país. Mucho menos se explica porqué tampoco han sido repatriados después de junio 2005, cuando se instrumentó el Mega Canje Kirchner-Lavagna que supuestamente puso “orden” a la situación de deuda del Estado argentino en el exterior. Señalamos a su vez el hecho obvio de que la inmediata repatriación de los fondos hubiera beneficiado a la economía de la Provincia de Santa Cruz o, incluso, hubieran podido transformarse en crédito blando a favor del Estado Nacional en momentos en que el mismo atravesaba por notorias dificultades para lograr financiamiento en divisas a tasas razonables (en 2004, por ejemplo, el índice del “riesgo país”, seguía en más de 4.000 puntos).
Falta de coherencia
Este caso le ha quitado credibilidad y consistencia a las gestiones del gobierno Kirchner ante inversores internacionales, círculos financieros, y operadores multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, o entes como el Departamento del Tesoro y Banco de la Reserva Federal
estadounidenses. Ello se debe a que, mientras por un lado se solicita apoyo crediticio internacional y confianza en el país, por el otro el hoy Presidente de la Nación y sus sucesores en la gobernación santacruceña son los primeros que descreen de la solidez económica, credibilidad política y viabilidad futura de la Argentina al mantener expatriados los fondos públicos de su provincia. Semejante incoherencia —incluso, hipocresía— rara vez ha sido vista en el mundo de la política y las finanzas nacionales o internacionales.
Falta a la verdad
Kirchner declaró en Monterrey, México haber invertido los fondos públicos provinciales en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, algo que luego comprobamos era falso; error difícilmente imaginable en un presidente al hablar de tamaña inversión. Sin embargo, una vez radicada nuestra Denuncia, el presidente insistió ante los medios de prensa con esta versión aunque con algunas insólitas variantes, lo que podría ser un indicio de que Kirchner y sus principales asesores trataron de “acomodar las cosas” según su versión arbitraria y falaz de la realidad. Existe una clara reticencia a “poner las cartas sobre la mesa” respecto de la manera en que estos fondos públicos han sido administrados, lo que ha movido a mucha especulación entre la opinión pública nacional. Las gestiones provinciales presididas sucesivamente por los gobernadores Acevedo, Sancho y, hoy, Peralta, y la larga anterior gestión presidida por el hoy presidente Kirchner, deben cumplir con su deber de llevar tranquilidad a la opinión pública brindando información transparente y completa.
Falta de responsabilidad política
En un país serio, la sola sospecha de falta de transparencia e idoneidad entre sus máximos funcionarios públicos como en el caso que nos ocupa generaría una inmediata y grave preocupación pública, derivando en probables y justificados juicios políticos a esos máximos responsables. En tiempos mejores hace ya más de treinta años, Estados Unidos dio un notable ejemplo de cómo deben funcionar las instituciones republicanas democráticas, al verse confrontado con las obvias actividades ilegales del ex-presidente Richard Nixon en el sonado caso “Watergate”. Sin embargo, en esta Argentina confundida y anestesiada pareciera que a algunos hasta les divierte jugar al infantil juego de “tratemos de descubrir qué hicieron nuestros presidentes y gobernadores con los dineros públicos que no aparecen por ninguna parte; si se puede bien, y si no... ¡qué se le va a hacer...!” Es una verdadera falta de respeto a la opinión pública —si no a la inteligencia de todo el Pueblo argentino— que se deban hacer considerables esfuerzos de imaginación y malabarismos intelectuales, para inferir cómo habrá sido la evolución de estos fondos a lo largo de catorce años. ¿Por dónde transitaron? ¿Cómo se eligieron las instituciones financieras en las que se invirtieron? ¿Quiénes fueron y son los titulares de estos dineros? ¿Cuáles fueron los intereses devengados y las comisiones pagadas? ¿Quiénes se vieron beneficiados...? Obviamente, un gobierno serio brindaría toda esta información en forma pública, transparente, completa y consistente.
“La única Verdad es la Realidad” Juan Domingo Perón
Como decíamos, en Política, la ingenuidad y excesiva generosidad se pagan caras. Sus consecuencias son nefastas. Por eso, aún el más sano optimismo debe siempre equilibrarse con una fuerte dosis de pragmatismo, prudencia y precaución. Dolorosamente comprobamos como la Nación Argentina ha sufrido una caída catastrófica a lo largo del último medio siglo. Tan grande, que hoy parece casi un sueño aquella época en que ser Argentino era motivo de orgullo ante cualquiera y en cualquier parte. Lejanos quedaron los tiempos en que nuestro pueblo altivo conformaba una Nación respetada y considerada, aún por los más poderosos. Una Argentina dónde la Justicia Social, aunque lentamente y con dificultad, se consolidaba para todos los argentinos gracias a auténticos Estadistas como Yrigoyen y Perón. Aquellos tomaron medidas acertadas y decididas tendientes a lograr creciente Independencia Económica, factor indispensable para romper las cadenas del endeudamiento eterno con la usura internacional. ¡Años aquellos! …en que la Argentina conquistaba creciente Soberanía Política gracias a que los Estadistas de entonces comprendían los crecientes peligros que acechaban por doquier en un mundo violento manejado por la ley de la jungla. Años de mayor justicia distributiva entre todos los sectores de nuestra sociedad; dónde la educación inculcaba el amor a la Patria y el orgullo de ser argentinos entre nuestros niños, jóvenes y adultos; dónde la salud pública estaba al alcance de todos. Consolidábamos nuestra integración territorial —especialmente sobre la Patagonia— fortalecíamos la infraestructura de comunicaciones, ferrovial, aeronáutica, portuaria, energética, y de transportes y recursos; consolidábamos inteligentes políticas de defensa en lo económico, financiero y militar. Parece que los argentinos de entonces sabían “de qué se trataba”, manifestándolo una y mil veces en las plazas y calles de nuestras ciudades. Poco de aquello hoy queda en pie. El aplastante Caballo de Troya administrado por los Videla, Alfonsin, Menem, De la Rúa y Kirchner pudo más. No nos engañemos: los argentinos no caímos por tontos o cobardes. Fuimos empujados por una seudo-clase política que opera como gerenciadora de los poderosos de turno dentro y fuera del país.
Así, llegamos al año 2007 que nos encuentra en una situación muy peligrosa. El Poder Real Mundial privatizado sigue desplegando, disparando y administrando complejos procesos políticos, económicos, financieros, sociales y hasta militares sobre la Argentina. En su intrincado devenir y desenlace, se encaminan por diferentes caminos hacia un único objetivo buscado por esas estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial: controlar los recursos de nuestro país y lograr su fractura territorial, notablemente en la Patagonia. Las grandes extensiones de nuestro vasto territorio son codiciadas y terminarán siendo arrebatadas para que sirva a los intereses, objetivos y planes de aquellas estructuras mundiales, siempre contrarias a los intereses y el Bienestar del pueblo Argentino. Es dentro de este marco geopolítico que invitamos al lector a considerar el presente dossier referido a los más de 650 millones de dólares de fondos públicos santacruceños recibidos en abril de 1993 por el entonces gobernador y hoy presidente Néstor Kirchner de manos del entonces presidente Carlos Menem y de su ministro de economía Domingo Cavallo. El gobernador Kirchner y sus sucesores han mantenido estos fondos en el exterior cubiertos del mayor secreto, rehusándose sistemáticamente a rendir cuentas acerca del derrotero y la evolución de los mismos a través de distintas plazas financieras mundiales, la mayoría de las cuales son paraísos fiscales, y su verdadera situación actual. Los desaparecidos fondos públicos de Santa
Cruz a manos de Kirchner y su equipo, conforma uno de los casos más burdos, vulgares y desfachatados de abuso de poder, mal uso de activos públicos y arbitrariedad en la gestión pública jamás cometido por altos funcionarios de Gobierno. En 2003, las insólitas vicisitudes de la vida política argentina hicieron que el principal autor de estas maniobras fuera catapultado al máximo cargo público en nuestro país: el de Presidente de la Nación. De ahí la inusitada gravedad de este caso, hoy cosa juzgada y cerrada en la Justicia, pero que permanece como una llaga abierta e infecta en el cuerpo social, político e institucional de nuestra Nación. En los últimos años, Kirchner ha ensayado distintas defensas públicas de lo indefendible. Una de ellas consiste en decir que otras provincias productoras de petróleo — entre ellas Salta, Neuquén, Chubut y Mendoza— también recibieron indemnizaciones similares en 1993 por aquellas regalías mal liquidadas, señalando que “nadie les pide que rindan cuentas”, a menudo centrando su enojo en el gobernador neuquino Jorge Sobisch.
En verdad, si alguno de esos otros gobernadores cometió alguna malversación con los fondos públicos recibidos, sus respectivos pueblos provinciales deberán exigirles las explicaciones del caso. Pero hay una diferencia fundamental: hoy, no es Sobish o algún otro gobernador o exgobernador quién ocupa el Sillón de Rivadavia, sino Néstor Kirchner. Kirchner tiene la obligación institucional de brindarle una explicación al pueblo santacruceño como damnificados directos, al tiempo que tiene la obligación política y moral de brindarle esa misma explicación a todo el pueblo argentino, cuyos destinos hoy conduce. Claramente, cuánto más elevado es un cargo público, mayores son las responsabilidades y los deberes de quiénes lo ocupan. Quién no pueda soportar semejantes cargas públicas, haría bien en resolver su dilema “a lo De la Rúa…”. Hoy, ni siquiera se sabe cuál es la cifra exacta de estos fondos públicos, por la sencilla razón que desde hace ya más de una década los sucesivos gobiernos santacruceños manejan esta información como si se tratara de un alto secreto de Estado. Como demostraremos en el presente, un simple cálculo de interés compuesto a lo largo de catorce años —a lo que deberá agregarse el pingüe negocio que Cavallo le recomendó hacer con la compra y posterior venta de acciones de Repsol—, nos señala que hoy debieran haber entre 1.000 y 1.900 millones de dólares. Si, como dicen distintos funcionarios santacruceños, una parte de esos fondos fueron aportados al tesoro santacruceños a lo largo de estos años, pues bien: entonces los montos de tales aportes más el remanente de estos fondos en el exterior deberán dar una cifra consistente y verificable del orden de los 1.000 a 1.900 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno provincial y el propio Kirchner hablan de que hay unos “500 millones de dólares” en el exterior. ¿Dónde fue a parar el resto? En realidad, desde que este tema tomó estado público en 2004, cada vez que Kirchner, Acevedo, Sancho o los legisladores oficialistas hablan de estos fondos, siempre tiran una cifra diferente: 502 millones, 521 millones, 570 millones, 542 millones, 650 millones, 700 millones... Claramente, parece que nadie —ni siquiera ellos mismos— sabe cuánto dinero hay o cuánto dinero quedó…. Al menos, fuera del grupo más íntimo del Jefe Feudal y su Corte. Parecería necesario recordarle a Kirchner y su equipo que en este tema de los fondos de Santa Cruz, deberán cumplir con una “ley” que es muy anterior a la propia fundación de nuestra República: me refiero a la “ley del dos más dos, son cuatro”, pues cada vez que hablan de este tema, resulta que “dos más dos” dan cualquier cosa, pero nunca cuatro... Santa Cruz es una bellísima provincia patagónica, cuya población apenas llega a los 190.000 habitantes; o sea un 0,5 % (medio por ciento) de la población de la Nación. Sin embargo, el Pueblo Argentino observa atónito como la mala administración, corrupción y arbitrariedad en ese feudo provincial hacen que esa magra población viva infeliz, insegura, amenazada y pauperizada. La creciente
desesperación ha hecho que docentes, trabajadores del petróleo y otros gremios se hayan visto empujados a calles de Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado y otras localidades para reclamar y exigir al gobierno lo que realmente les corresponde. Como reflejo del caos que prevalece en el propio feudo kirchnerista, en los últimos cuatro años Santa Cruz ha transitado por cuatro gobernadores: desde el propio Kirchner que dejó el cargo cuando asumió la presidencia, pasando por Sergio Acevedo, Carlos Sancho y, ahora, Daniel Peralta. ¿Cómo se explica que si la Provincia dispone de esos cuantiosos fondos —500 millones de dólares si nos basamos en las declaraciones oficiales, lo que equivale a más de 1.500 millones de pesos— ahora no haya dinero para aumentar los salarios de los maestros, o para mejorar las condiciones del obrero petrolero o de la policía, o para elevar la calidad de vida de la reducida población santacruceña? ¿Cómo se explica que el docente santacruceño tuviera que llegar al extremo de tener que tomar las calles de Río Gallegos para que le aumenten su sueldo básico de $ 167 mensuales? La respuesta es obvia: no se puede explicar. Y cuando en los asuntos públicos algo “no se puede explicar”, entonces es derecho y obligación del pueblo exigir a sus dirigentes que digan de qué se trata. Desde mayo de 2003 Kirchner rige ya no los destinos de 190.000 santacruceños, sino los de casi 40 millones de argentinos. Sus arbitrariedades, torpezas, bravuconadas, malos modales, insultos, mentiras, descalificaciones, burlas y agresiones en cuestiones políticas y sociales son ampliamente conocidas y se han transformado en crónica diaria: el notorio “Estilo K”, que aplica en todo lo atinente a la cuestión de los desaparecidos fondos santacruceños. El presente dossier pretende llamar la atención a un hecho gravísimo de orden económico, penal, y también político, que se inserta dentro de un patrón de comportamiento del actual presidente, y que lo define como un operador funcional a los intereses de las estructuras de poderes mundiales y contrario a los intereses del pueblo argentino. Veamos algunos ejemplos: • En primer término, el solo hecho de que apoyara la privatización de YPF en 1993, lo muestra alineado con las políticas antinacionales promovidas y ejecutadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo. Para colmo, cuando el propio Cavallo le aconseja, (a) sacar los fondos del país, y (b) comprar casi 300 millones de dólares en acciones de Repsol, Kirchner inmediatamente lo hace. Seis años después, en 1999, en lugar de mantener la participación accionaria de la Provincia de Santa Cruz en la privatizada Repsol, como un factor de control y participación en las ganancias de esa megaempresa de capitales españoles (y, encubiertamente, también británicos), Kirchner prefiere vender esas acciones en casi 700 millones de dólares (también desaparecidos desde entonces). Evidentemente, sus motivaciones parecieran priorizar ganar dinero con la especulación financiera por encima de defender el interés nacional o provincial en el mediano y largo plazo. • Coherentemente, en junio 2005 junto a su ministro de economía Roberto Lavagna, Kirchner promueve un nuevo Mega-Canje de bonos públicos claramente impagable y de características potencialmente desastrosas para el país en el mediano y largo plazo (podemos inferir que tanto Kirchner como Lavagna están convencidos de que esos potenciales desastres financieros recién se desatarán cuando sus respectivas carreras políticas hayan concluido). El Mega Canje del 2005 por cifras cientos de veces mayores que el caso de los fondos de Santa Cruz, fue impulsado por Kirchner como “salida fácil” de un problema que afectaba su gestión, a la vez funcional a los intereses de las estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial. En realidad, lo que el presidente Kirchner no hizo fue aquello que la Argentina realmente necesita, puede y debe hacer: investigar a fondo el origen ilegítimo y mayormente fraudulento de la deuda externa, cuyos orígenes se remontan en gran proporción al gobierno de facto cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983, que Kirchner dice odiar, por cuanto una investigación internacional semejante permitiría clasificar y declarar buena parte de esa Deuda como “deuda odiosa” según la jurisprudencia anglosajona. Ello, a su vez, nos permitiría repudiarla o, al menos, renegociarla a términos mucho más beneficiosos para el país, lo que hubiera significado un gran alivio financiero y una reparación moral para nuestro sufrido pueblo. Sin embargo, Kirchner hizo exactamente lo contrario: ejecutó lo que la banca internacional deseaba y necesitaba para que la rueda de la usura pudiera seguir girando y girando, al tiempo que postergó el bienestar del pueblo. • Consistente con sus políticas y acciones, el presidente Kirchner nada hizo para imponer una reparación económica a todos los argentinos tras ser estafados y robados por las sucursales locales de la misma banca internacional durante el “corralito” y “corralón”. Sin embargo, en enero 2006 saldó la totalidad de la supuesta deuda con el FMI por casi u$s 10.000 millones (¡más de 30.000 millones de pesos!), haciéndolo en dinero efectivo, en moneda dólar, sin ningún tipo de quita y a cambio de absolutamente nada. Ello en momentos en que era sabido en círculos internacionales que el otrora poderoso FMI ya ha cumplido su ciclo de instrumento de dominación política sobre Estados débiles como el nuestro, por lo que hoy se halla en pleno proceso de desactivación.
Resulta difícil imaginar medidas más funcionales a los intereses del sistema planetario de la usura, y más contrarias a los intereses del pueblo argentino. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo el presidente Kirchner. Resaltamos estos hechos por cuanto el escándalo de los fondos de Santa Cruz no conforma un hecho aislado sino que se integra en un claro patrón de comportamiento. Hoy, la preocupación entre amplios sectores de la población va aumentando al comprobar que estos hechos sospechosos se ven confirmados por diversos escándalos de corrupción que involucran implícitamente al presidente y directamente a algunos de sus colaboradores más íntimos. Tales los casos del sistema de coimas en el área de la obra pública en manos de su colaborador (algunos lo han llamado su “cajero”), el ministro de planeamiento y obras públicas Julio De Vido, del que el escándalo Skanska por los gasoductos es apenas la punta del iceberg; o los aún no resueltos casos de la narco-aerolínea Southern Winds. Con el fin de tratar de mantener activado el caso de los Fondos de Santa Cruz en los Tribunales, en diciembre de 2005 radicamos una nueva y más amplia denuncia por Asociación Ilícita entre Kirchner, De Vido, los Fernández y otros (Causa Nº 18.209/05 radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico No. 10 a cargo del juez Julián Ercolini, hoy integrada por conexidad con la Causa Nº 17.375/05 “De Vido y Lavagna s/defraudación contra la administración pública” radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico No. 5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, abarcando también otros casos como los mencionados arriba. De manera que si como decían nuestras abuelas, “para muestra basta un botón”, sirva el presente dossier como un aporte a la opinión pública de un “botón” que muestre a las claras el modus operandi del equipo presidencial, que “abrocha” - por así decirlo — todo un modelo basado en la arbitrariedad, la mentira y la impunidad. En rigor de verdad, se trata del mismo “modelo” que desde Martínez de Hoz, Alfonsín, Menem, Cavallo y De la Rúa rige hasta nuestros días, manteniendo a la Argentina postrada y firmemente subordinada a los intereses económicos, políticos y financieros de los poderosos del mundo. Ello, a pesar de las vociferaciones “progresistas” del presidente, de la primera dama / ciudadana / senadora / candidata, y de sus ministros/gerentes clave, sus secretarios-empleados y demás funcionarios útiles. Por eso, investigar a fondo la verdad detrás de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz conforma una suerte de prueba ácida que nos revela el verdadero rostro de Néstor Kirchner y su entorno de encumbrados familiares, socios, amigos y colaboradores. Dejemos, entonces, que los hechos hablen por sí mismos.
3) HAY QUE ESTAR AL SERVICIO DEL PAÍS
“No pregunte qué puede hacer su país por usted; pregunte qué puede hacer usted por su país” John F. Kennedy
Muchos ciudadanos como el autor del presente dossier guardamos prudente y necesario silencio durante los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, a partir del 25 de mayo de 2003. Al poco tiempo, observábamos con creciente preocupación que se tomaban medidas desacertadas, se promovían políticas inciertas y erráticas, y se adoptaba un estilo de conducción autoritario, inmaduro y agresivo. Recién luego de ese prudente período de observación, consideramos oportuno enviarle una primera carta al presidente Kirchner en diciembre de 2003, informándole que poníamos a su disposición y a título voluntario y oneroso, valiosos conocimientos e información en manos de un compacto grupo de investigadores y consultores argentinos. Particularmente, queríamos aportarle al presidente y sus colaboradores, una acabada información acerca de la manera como operan las complejas estructuras de poder privado que maneja el crecientemente peligroso Nuevo Orden Mundial. En ese entonces, considerábamos que era particularmente importante por cuanto debían conducirse difíciles negociaciones en torno a la deuda pública externa e interna. Junto con aquella carta enviamos diversos artículos, monografías y ensayos, incluyendo la principal obra sobre geopolítica del autor, El Cerebro del Mundo. La cara oculta de la Globalización 2. También intentamos lograr una audiencia con el Presidente o alguno de sus colaboradores, sin lograr nuestro propósito 3. Quede en claro que quienes propiciamos se investigue el caso de los fondos de Santa Cruz no somos santacruceños ni residimos en esa hermosa provincia argentina. De manera que lo único que nos mueve a realizar esta investigación —que seguiremos hasta sus últimas consecuencias— fue nuestra profunda preocupación por nuestro país. Hoy, la Argentina se encuentra aprisionada por fuerzas que no siempre dan la cara, pero que hacen sentir su poderoso puño financiando amplios procesos destructivos contra nuestro país, y los políticos y gerentes locales que han de llevarlos a cabo. Esto ha sido así desde hace décadas, lo que les ha permitido hacer que “sus políticos” siempre se encumbren en los máximos puestos de gobierno para implementar y gerenciar —cuál obedientes managers o capataces de estancia— aquellas políticas que más convienen a sus intereses. No se trata de ninguna cuestión ideológica pues esos poderes mundiales lograron voltear a una gran nación como la nuestra, utilizando tanto a dirigencias de izquierda como de derecha; “radicales” (gestiones Alfonsín y De la Rúa), como “justicialistas” (gestiones Menem y Kirchner) e, incluso, cuando les convino no titubearon en reclutar a ciertos permeables altos jefes militares.
Dicen que el pez por la boca muere. Algo de ello pudo comprobarse durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas que reunió a los jefes de Estado de la norte, centro y sur América en Monterrey, México en 2004. En su discurso del 13 de enero, el presidente Kirchner, casi fuera de contexto, explicó a sus pares —entre quienes se hallaban los presidentes Fox de México, Lula Da Silva del Brasil, Lagos de Chile, Uribe de Colombia, Chávez de Venezuela, Toledo del Perú y Bush de Estados Unidos— que “en la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión”. Desde luego, Kirchner se refería a los fondos de la Provincia de Santa Cruz. Extrañado por sus palabras y sabiendo que el Banco de la Reserva Federal opera como banco central de Estados Unidos y, como tal, no toma este tipo de inversiones, tomé contacto tanto con su sede política en Washington como su sede operativa en Nueva York,
solicitando nos hagan sus comentarios sobre la factibilidad y eventual veracidad de estas declaraciones presidenciales. Rápidamente me contestaron diciendo que “la información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz o engañosa (“deceptive”). Usted debiera dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión”. Envié, entonces una nueva carta al presidente el 3 de febrero de 2004 solicitando sus aclaraciones, y otra el 15 de marzo de 2003 al Dr. Alfonso Prat-Gay, entonces presidente del Banco Central. Ambas nunca fueron constatadas 4. Agotadas estas primeras instancias, y consciente de la manera imprecisa, secreta y potencialmente arbitraria con la que Kirchner y el entonces gobernador santacruceño Sergio Acevedo, habrían administrado los cuantiosos fondos públicos en cuestión, consideré mi obligación ciudadana radicar Denuncia formal contra dichas autoridades con el fin de lograr un esclarecimiento de este caso. La misma quedó radicada el 5 de mayo de 2004 en el Juzgado Federal Penal Nº 7 de Buenos Aires, entonces interinamente a cargo del juez Jorge Urso, que desde entonces la gestiona el Dr. Juan Gabriel Labaké, que luego se amplió para incluir a otros funcionarios del Banco Central, Ministerio de Economía y Gobierno de Santa Cruz que podrían tener eventual responsabilidad en los potenciales delitos indicados. En la presentación solicitábamos al Juez la inmediata repatriación de 4 No niego sentir cierta tristeza al comprobar que instituciones extranjeras a las que consultamos por éste y otros temas —como el Banco de la Reserva Federal y la Securities & Exchange Commission (comisión de valores) de Estados Unidos—, contestaron rápidamente nuestras consultas, mientras que nuestro presidente y funcionarios del Banco Central, ni siquiera acusan recibo a consultas de gran importancia que le hacen sus ciudadanos. Creo que ello refleja el hecho de que en el país de nuestros adversarios, las instituciones republicanas respetan la voz de todo ciudadano —aun la de ciudadanos de otros países—, mientras que en nuestro país tal respeto parece alinearse menos con el orden democrático y más con el autoritarismo que acostumbra operar en forma discrecional y secreta, importándole poco o nada lo que piensa la gente. Conservamos copia de esta correspondencia con los sellos de ingreso que indican la fecha y hora de recepción en Presidencia y en el Banco Central de los fondos en cuestión para que se los utilizara en beneficio de la economía provincial y nacional. En aquél momento, con mi colega y co-denunciante Enrique Romero conducíamos un programa radial —“El Traductor”— que abordaba temas políticos en AM740 Radio Cooperativa de Buenos Aires. Según nos informaron las autoridades de esa emisora el mismo día en que radicamos nuestra Denuncia, les resultaría imposible permitirnos continuar con nuestro programa una vez finalizado nuestro convenio (sólo restaban tres programas más), ya que existían “presiones” desde Presidencia de la Nación que podrían derivar en la suspensión de publicidad oficial a dicha emisora. No queriendo afectar los intereses de quienes entonces creíamos nuestros amigos en dicha emisora, nos retiramos discretamente de la misma, pasando al poco tiempo a otras —Radio Splendid y Radio Argentina, entre ellas— que en ningún momento ejercieron censura alguna. A partir de entonces, iniciamos un amplio esfuerzo para esclarecer este tema que, hasta este momento, sigue marcado por el secreto y el ocultamiento. Si Néstor Kirchner y su equipo desean realmente dispersar toda duda, entonces no tienen más que brindar información cierta y fundamental. Si la misma resulta ser correcta, consistente, satisfactoria para la opinión pública y la opinión experta, entonces quienes radicáramos aquella Denuncia hace ya más de tres años, gustosa y públicamente daremos las disculpas del caso. El presente dossier debe también ser considerado como nuestro aporte al propio presidente Kirchner para ayudarle en esa tarea de esclarecimiento y transparencia.
SEGUNDA PARTE FALTA DE TRANSPARENCIA
4) LA NECESARIA RADIOGRAFÍA DE LOS FONDOS
“No solo hay que ser bueno; también hay que parecerlo” Sabiduría popular
Nuestro principal objetivo se centra en lograr que la opinión pública santacruceña y nacional puedan conocer cómo se administraron estos fondos públicos desde 1993 cuando fueron recibidos del Gobierno Nacional como indemnización por regalías mal liquidadas de la ex petrolera estatal YPF hasta la fecha. Si esa administración fue realizada cumpliendo con la legislación vigente, entonces indudable- mente las autoridades responsables darán a conocer toda la información necesaria para armar la “radiografía” que describa - paso a paso y año por año — cómo fueron hechas las operaciones de inversión. Resulta también necesario tener en cuenta tres elementos funda- mentales que hacen a la transparencia de los actos de gobierno, la idoneidad de sus funcionarios y los eventuales conflictos de interés cuando surgen determinadas dudas o inconsistencias: • Transparencia.— Desde hace más de catorce años el pueblo santacruceño se pregunta sobre estos fondos que, hasta hoy, pareciera que en poco o nada los ha beneficiado. En el mejor de los casos, al haberse invertido en bancos privados suizos y luxemburgueses, esos 500 o 600 millones de dólares de fondos públicos provincia- les estarían beneficiando los circuitos financieros internacionales y las economías de esas dos naciones europeas: Luxemburgo y Suiza. Sin embargo, todos coincidirán que debieran estar beneficiando a la economía y producción de la Provincia de Santa Cruz e, incluso, de la República Argentina pues, por más que suene a verdad de Perogrullo, la función del gobernador de Santa Cruz consiste en promover los intereses del pueblo de su provincia y no los intereses de suizos y luxemburgueses. Ello preocupa a los afligidos habitantes santacruceños por cuanto en una provincia cuya población es de apenas 197.000 habitantes, un monto de 500 a 600 millones de dólares implica que cada habitante es acreedor de unos 2.500 a 3.000 dólares, y que una familia tipo de cuatro personas, es acreedora de cómo mínimo 10.000 a 12.000 dólares; el precio de una modesta vivienda. Estas cifras se multiplican considerablemente si el borrador de análisis financiero que realizamos en el presente resultara correcto. Tristemente, sin embargo, los santacruceños no puede beneficiarse de esta manera por cuanto desde hace trece años su gobierno los mantienen expatriados para beneficio de suizos y luxemburgueses. Peor aún, también existe la posibilidad concreta de que estos fondos públicos estén integrando los circuitos financieros del narco lavado, crimen organizado y tráfico de armas globales pues es notoriamente conocido que paraísos fiscales como Luxemburgo y Suiza, que gozan de un elevado nivel de secreto y discreción, son por estas mis- mas razones preferidos por el crimen organizado internacional.
• Idoneidad.— Las confusas manifestaciones emanadas del propio presidente, quién confunde y aparentemente desconoce las funciones que cumplen instituciones como el Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro estadounidenses, y la manera como funcionan diversos tipos de bonos de inversión, esquemas de garantía de depósitos y otros procedimientos y normas, generan desazón y preocupación. Pues, se trata del mismo equipo y entorno de funcionarios que en junio 2005 promovió el mayor Mega canje de deuda pública
argentina, conformando a mediano y largo plazo el mayor condicionante para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, hipotecando las futuras generaciones, e incluso potencialmente haciendo peligrar la integridad territorial nacional. A modo de ejemplo, en el diario “La Nación” de Buenos Aires (6 de Mayo de 2004) daba cuenta que “Kirchner recordó que cuando era gobernador de Santa Cruz remitió los ahorros de 500 millones de dólares de la provincia y los resguardó con garantías de la Reserva Federal «con una tasa de entre 2 y 3 por ciento»”. Cabe aclarar que la Reserva Federal no emite tales “garantías” y que los depósitos bancarios formalizados en bancos en Estados Unidos tienen, efectivamente, resguardo y garantía, pero solamente hasta el monto de u$s 100.000 por titular. Ese respaldo no lo brinda la Reserva Federal sino el seguro a los depósitos bancarios otorgado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A su vez, Kirchner hablaba de “entre 2 y 3 por ciento” de tasa de interés mientras que en enero de ese mismo año en Monterrey habló de a una tasa del “1 por ciento”. Señalemos que cada 1% de interés sobre 530 millones de dólares equivale a la no despreciable suma de u$s 5.300.000, por lo cual la precisión en la información resulta vital. También resulta alarmante la imprecisión, liviandad y desprolijidad en las que incurren los legisladores y demás funcionarios oficialistas en Santa Cruz cuando se les pregunta que simplemente den el monto de esos fondos: el periodista independiente Marcelo López Macía preparó un espléndido informe para la revista “Noticias” que incluye amplia información sobre este caso y tramos de sus entrevistas con los distintos funcionarios oficialistas en las que contestan de una manera absolutamente inconsistente o rehuyen contestar. Este importante documento (disponible en Internet en YouTube) también muestra las agresiones físicas inadmisibles de las que López Macía fue víctima a manos de la comitiva de Kirchner en Santa Cruz pocas semanas antes de asumir la presidencia.
• Conflictos de interés.— De comprobarse el conjunto de las aseveraciones denunciadas y en un plano más amplio, también debiera evaluarse si existen razones no aclaradas que pudieran motivar que en los primeros años de su presidencia Kirchner aceptara la continuidad de funcionarios clave en el ministerio de economía y en el Banco Central, como fueron los casos del ex ministro de economía Lavagna y el ex presidente de Banco Central Pratt-Gay, ambos funcionarios “heredados” de la anterior administración. Lavagna bien pudo tener un potencialmente conflicto de interés al desempeñarse como ministro de economía, por ser miembro y cofundador del CARI —Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales— que opera como cuasi-sucursal en nuestro país del poderoso Council on Foreign Relations (CFR) neoyorquino, desde dónde emana buena parte de la doctrina y planeamiento financiero, económico y político del Nuevo Orden Mundial.
Una necesaria auditoría seria y completa
En pocas palabras, es imprescindible que se practique una auditoría seria respecto de la evolución de estos fondos. La opinión pública necesitan saber que estas inversiones fueron administradas con idoneidad y transparencia. La misma debe permitir conocer datos tales como: 1. El importe originalmente salido al exterior de la Tesorería de la Provincia. 2. La fecha de esa salida. 3. La individualización de cada una de las entidades financieras que recibieron los depósitos. 4. Criterios y procedimientos para elegir las entidades financieras en las que se realizaron las inversiones (por ej., si hubo procesos de licitación pública o concurso de precios, normas de calificación de solidez financiera de tales instituciones por sociedades calificadoras de riesgo de nivel internacional, entre otros parámetros); 5. El tipo de depósito efectuado. 6. Sus fechas de conformación. 7. Sus plazos de vencimiento. 8. Las personas físicas o jurídicas que figuran como titulares de los depósitos. 9. Los importes depositados (cantidades y moneda). 10. En caso de existir alguna diferencia entre el importe originalmente salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes. 11. La modalidad de pago o acreditación de los intereses. 12. Las tasas de interés pactadas, según el comprobante del depósito. 13. Las tasas de interés que, a las fechas de los depósitos, eran ofrecidas por la entidad financiera que lo recibió a otros interesados en realizar transacciones similares a la concretada por Santa Cruz. 14. Las tasas de interés que, a la fecha del depósito, eran ofrecidas por otras entidades financieras a otros interesados en realizar transacciones similares a la efectuada por Santa Cruz, con un nivel de riesgo igual o parecido al asumido por la depositante. 15. En el caso de existir diferencias entre la tasa de interés pactada por Santa Cruz y las tasas de interés de mercado para operaciones similares efectuadas en la misma fecha, las explicaciones del caso. 16. Para cada pago de intereses o de amortización del capital realizado por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha. 17. Para cada cobro de intereses o de amortización del capital contabilizado por Santa Cruz, su importe, moneda y fecha. 18. En caso de existir diferencias entre los intereses o amortizaciones pagados por la entidad financiera y los recibidos por la Provincia de Santa Cruz, las aclaraciones del caso. 19. Utilización parcial que se pudiera haber hecho de dichos fondos en obras públicas o gastos corrientes por parte de sucesivos gobiernos de la Provincia de Santa Cruz.
Este tipo de información es la que recaba cualquier estudio de auditoría profesional y serio realizado sobre cualquier empresa, organización, fundación, organización no gubernamental, asociación sin fines de lucro, club social; o sea, sobre cualquier entidad privada, pública o social. Desde luego que resulta infinitamente más importante justificado resulta recabar esta información y datos cuando se trata de fondos públicos, especialmente por montos de cientos de millones —miles, incluso— de dólares como en este caso.
5) LAS FALTAS DE LOS GOBERNADORES “K”
“2 + 2 = 4” Axioma matemático universal
Se puede observar un preocupante conjunto de fallas, desprolijidades y omisiones cometidas bajo las gestiones de los gobernadores Néstor Kirchner, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta en torno al manejo de estos fondos. La información brindada a la población santacruceña es inconsistente y, lo que es peor, no verificable. A lo largo de los últimos años, se ha barajado información que da cuenta de distintas cifras, distintos bancos, distintos plazos, distintas partidas. Cada vez que se menciona este tema, surge una cifra diferente o inexplicables inconsistencias. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2003, la Legislatura Provincial aprobó la “rendición de cuentas sobre los fondos de la Provincia que se encuentran en el exterior, certificándose un saldo líquido de u$s 507.420.707,21, más otros u$s 13.589.000 en bonos y u$s 13.453.000 en cupones, indicándose que durante el año 2003 estos fondos rindieron intereses por u$s 3.440.501,29, netos de comisiones.” ¿Significa esto que los fondos se invirtieron a una tasa de interés anual de apenas el 0,68%, lo que significaría una inversión pésima e injustificable? Durante ese año 2003, esos u$s 507 millones hubieran podido colocarse fácilmente a una tasa de interés de entre 4 y 5 por ciento en las plazas financieras internacionales, lo que hubiera rendido intereses del orden de los u$s 25.000.000 para Santa Cruz. Sin embargo, el informe oficial habla de apenas “u$s 3.440.000…”. • ¿Se tratará de algún grosero error en detrimento de los intereses de la Provincia de Santa Cruz debido a que se desconoce cómo operan las finanzas internacionales? • ¿O significa que sólo se “rindieron cuentas” sobre una parte pequeña de los intereses realmente devengados, o sea, que se está dando información parcial e incorrecta? • De ser así, entonces ¿dónde fueron a parar entonces los otros u$s 21.000.000 de intereses faltantes? ¿Habrá otros beneficiarios para alguna porción importante de los intereses devengados y las comisiones pagadas? Estas son apenas algunas de las preguntas respecto de los datos consignados por el gobierno provincial correspondiente a un único año: el de 2003. Pero, he aquí que estos fondos ya llevan más de 14 años en el exterior...
Falta conocer el mapeo de catorce años de “ingeniería financiera”.
Los sucesivos informes aprobados por el gobierno santacruceño no abordan un tema clave como es la necesidad de contar con una descripción transparente y completa acerca de cuál ha sido la evolución de estos fondos a lo largo de los últimos catorce años desde que la Provincia de Santa Cruz los recibiera en 1993 del Estado Nacional como indemnización por regalías mal liquidadas por la ex petrolera estatal YPF, cuando el Dr. Kirchner era gobernador. Según mencionamos, en 2003 se informaba oficialmente que el saldo de esas inversiones ascendía a poco más de u$s 507.000.000, mas no se describía cómo se arribaba a dicho monto. Una cuantiosa inversión como esta, administrada a lo largo de catorce años en distintas plazas financieras ubicadas en los Estados Unidos, Islas Caimán, Luxemburgo y Suiza, entre otros lugares, que incluyó inversiones bursátiles en empresas privadas y diversos instrumentos financieros, seguramente habrá transitado por una evolución compleja. A pesar de las, a menudo, contradictorias declaraciones a los medios de prensa por parte de las autoridades provinciales y a la incompleta documentación pública, se sabe que han habido inversiones bursátiles y financieras de distinta índole. El aludido informe de la Legislatura Provincial de Noviembre 2003 indica que en 1993, siguiendo los consejos del entonces ministro de economía Cavallo, el gobierno Kirchner hizo una importante inversión del orden de los u$s 290 millones en acciones de la entonces recién privatizada Repsol- YPF, que se adquirieron a u$s 19 cada una (unas 15.260.000 acciones). Casi seis años después, en 1999, esas acciones fueron vendidas por el gobernador Kirchner a u$s 44,74 por acción, lo que significó una excelente operación para la Provincia que generó una utilidad de más de u$s 393 millones. O sea, en cifras aproximadas (ya que se carecen de datos precisos), u$s 290.000.000 invertidos en 1993 en acciones de Repsol a u$s 19 la acción equivale a 15.260.000 acciones. Las mismas fueron vendidas en 1999 por un total de u$s 683 millones (o sea, 15.260.000 acciones a u$s 44,74 cada una). La diferencia (683 millones menos 290 millones) arroja una ganancia de u$s 393 millones que se sumaría a los intereses acumulados a lo largo de catorce años. La notoria carencia de información y claridad en torno a la evolución de estas inversiones se verifica en el hecho de que hubo algunos ejercicios fiscales —desde 1996 hasta 2001— en los que no se brindaron datos sobre los montos realmente existentes en el exterior. En 2002, previendo su inminente campaña presidencial, pareciera que Kirchner trató de ordenar un poco esta situación: en diciembre 2002 la Legislatura Provincial estableció que existían u$s 529.733.885,48, sin indicar cómo se arribaba a dicha cifra que, como hemos visto, al año siguiente se redujo a 507 millones (?). Nuestras estimaciones independientes indican que hoy, el monto total por todo concepto de estos fondos, debiera ser del orden de los 1.200 a 1.700 millones de dólares. Al menos esa es la cifra sobre la cuál debieran rendirse cuentas pues si, efectivamente, a lo largo de estos catorce años se ingresaron partidas desde el exterior a la Provincia, entonces dichas cifras ingresadas más el saldo hoy existente en el exterior debieran ser consistentes con dicho total del orden de entre 1.200 y 1.900 millones de dólares. La razón de tan amplia variación en nuestra estimación se debe al hecho de que no existe información clara, fehaciente y verificable, lo que requiere inferir posibles escenarios de inversiones que, a lo largo de más de catorce años, implican grandes variaciones posibles y no hay manera de determinar con precisión cuál ha sido la verdadera evolución y uso de esos fondos. Sólo Kirchner y sus colegas podrían dar a conocer públicamente estos datos pero, como hemos visto, hace ya más de catorce años que se rehusan a hacerlo. Tras realizar algunas averiguaciones con diversas instituciones bancarias internacionales incluyendo los bancos Credit Suisse de Zürich y UBS de Ginebra —instituciones financieras privadas en las hoy estarían depositados estos fondos— pudimos comprobar que entre 1993 y 2007 la tasa de interés promedio para grandes cifras como éstas rondaba entre un mínimo del 3% anual para depósitos a plazo fijo, hasta un 7% o más para fondos de inversión. A modo de ejemplo y tomando por buenas las declaraciones reiteradas de Kirchner de que él siempre buscó la mayor seguridad para estos fondos públicos de Santa Cruz aún a costa de que tuvieran un bajo rendimiento, consignamos a continuación y en cifras redondas cómo aquellos u$s 654 millones que Kirchner originalmente recibiera de Menem y Cavallo hubieran evolucionado desde 1993 hasta el 2007, tomando dos escenarios distintos y moderados de tasas del 3% de interés anual y, alternativamente, del 6% de interés anual:
ESCENARIO A (inversión pura en plazos fijos): Punto de partida: u$s 650 millones recibidos en abril 1993.
• Alternativa 1 a tasa 3%: Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera in- vertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 3% anual, capitalizando sus intereses acumulativos.
Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 650 + 19 = 669 1994 669 + 20 = 689 1995 689 + 20 = 709 1996 709 + 21 = 730 1997 730 + 22 = 752 1998 752 + 22 = 774 1999 774 + 23 = 797 2000 797 + 24 = 821 2001 821 + 24 = 845 2002 845 + 25 = 870 2003 870 + 26 = 896 2004 896 + 27 = 923 2005 923 + 27 = 950 2006 950 + 29 = 979 2007 979 329 (acumulados)
Resultado: a una tasa de interés promedio del 3% anual, tras catorce años, hoy debiera haber un monto total de u$s 979 millones.
• Alternativa 2 a tasa 6%:
Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera invertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 6% anual, capitalizando sus intereses acumulativos.
Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 650 39 689 1994 689 41 730 1995 730 44 774 1996 774 46 820 1997 820 49 869 1998 869 52 921 1999 921 55 976 2000 976 58 1034 2001 1034 62 1096 2002 1096 66 1162 2003 1162 69 1231 2004 1231 74 1305 2005 1305 78 1383 2006 1383 83 1466 2007 1466 814 (acumulados)
Resultado: a una tasa de interés promedio del 6% anual, tras catorce años, hoy debiera haber un monto total de u$s 1.466 millones.
ESCENARIO B (combinación de inversión en plazos fijo, más inversión en acciones de Repsol):
Punto de partida: u$s 365 millones en plazo fijo (o sea, 650 millones recibidos en abril 1993 menos 290 millones invertidos en YPF durante casi seis años). Evolución, año a año, en millones de dólares si se los hubiera invertido en su totalidad al 3% de interés anual.
• Alternativa 1 a tasa 3%: Año Capital Intereses Total Capital + Int. 1993 290 Compra acciones Repsol a u$s 19 1993 365 11 376 1994 376 11 387 1995 387 11 398 1996 398 12 410 1997 410 12 424 1998 424 13 437 1999 683 Venta acciones Repsol a u$s 44,74 1999 437 Capital acumulado en bancos 1999 1120 33 1153 2000 1153 34 1187 2001 1187 35 1222 2002 1222 36 1258 2003 1258 37 1295 2004 1295 39 1334 2005 1334 40 1374 2006 1374 41 1415 2007 1415 365 (acumulados)
Resultado: Con una inversión bancaria a una tasa de interés promedio del 3% anual, más el rendimiento de la operación Repsol, hoy debiera haber u$s 1.415 millones.
• Alternativa 2 a tasa 6%:
Año Capital Intereses Total Capital + Int.
1993 290 Compra acciones Repsol a u$s 19 1993 365 22 387 1994 387 23 410 1995 410 24 434 1996 434 26 460 1997 460 27 487 1998 487 29 516 1999 683 Venta acciones Repsol a u$s 44,74 1999 516 Capital acumulado en bancos 1999 1199 72 1271 2000 1271 76 1347 2001 1347 80 1427 2002 1427 85 1512 2003 1512 90 1602 2004 1602 96 1698 2005 1698 101 1799 2006 1799 108 1907 2007 1907 859 (acumulados)
Resultado: Con una inversión bancaria a una tasa de interés promedio del 6% anual más el rendimiento de la operación Repsol, hoy debiera haber u$s 1.907 millones.
Dos más dos, son cuatro.
• Como se podrá observar, aunque este detalle es en cierta medida teórico en su cálculo, sin embargo resulta totalmente consistente con la lógica y previsible evolución de inversiones de esta naturaleza y monto en las plazas financieras globales.
• Las autoridades santacruceñas —anteriores y actuales— han indicado reiteradamente que diversas partidas de estos fondos fueron ingresados al erario público provincial a lo largo de los últimos catorce años. En tal caso, el monto total de esas partidas ingresadas a la Provincia más el saldo actual que aún permanece invertido en el exterior, debiera ser consistente con la totalidad de tales fondos según alguno de los posibles escenarios arriba descritos. O sea: ² Total de Fondos actualmente en el exterior: oficialmente se habla de aproximadamente “u$s 500 millones”; ² Partidas supuestamente ingresadas al erario público provincial en los últimos catorce años. Según la evolución teórica de los fondos, el total global debió crecer hasta llegar a una cifra de entre u$s 980 y u$s 1.900 millones, tomando los escenarios de mínima y máxima arriba descriptos. ² Consecuentemente, las partidas de fondos en el exterior supuestamente ingresadas a la Provincia de Santa Cruz debieran ser del orden de entre u$s 480 millones y u$s 1.200 millones (o sea, el total de fondos que debiera haber, menos los u$s 500 millones que el gobierno declara que aún existen afuera). • En síntesis, la necesaria auditoría sobre los fondos debiera atenerse a la siguiente formulación:
Escenarios arriba descriptos A1 A2 B1 B2
Total actual de fondos en el exterior, según el Gobierno: 500 500 500 500
MÁS: Total de fondos que debieron haber ingresado a la Provincia: 479 966 975 1207 EQUIVALE A:
TOTAL global de Fondos según los escenarios descriptos 979 1466 1415 1907
Los montos indicados son en miles de millones de dólares.
Falta saber si hubo otras inversiones.
Si hubo otras inversiones y las mismas consistieron en instrumentos financieros tales como bonos de deuda de otros países, acciones en empresas privadas, etc., también debe informarse de ello. Sin embargo, nada se dice con claridad en la información oficial ni en la aprobada por la Legislatura Provincial. En algunos medios de prensa se ha hablado de inversiones fallidas en bonos de deuda de Rusia y Rumania que, a fines de los años noventa, entraron en default, como así también de la compra de acciones en la hoy quebrada petrolera estadounidense Enron, Inc., que colapsó en 2001 en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción y fraude en los Estados Unidos. De ser ello así, habrá que computar tales pérdidas contra las ganancias que hubieron. Lo importante es poder armar el mapa de in- versiones realizadas a lo largo de más de catorce años.
Falta aclarar por qué los fondos fueron ocultados en paraísos fiscales.
Tampoco se aclara, ni se entiende, por qué los fondos se mantuvieron y se siguen manteniendo expatriados en las plazas financieras de Suiza y del Ducado de Luxemburgo, ambos reconocidos paraísos fiscales internacionales. Mientras Kirchner y Lavagna se encontraban renegociando los bonos de la deuda externa, el gobernador Acevedo y otros funcionarios manifestaron en reiteradas oportunidades que la decisión de no repatriar los fondos desde aquellos paraísos fiscales obedecía al temor de que en otras plazas internacionales los mismos pudieran ser embargados por algún juez que fallara a favor de los tenedores de bonos de la deuda externa argentina entonces en default. Ello pudo haber sido una amenaza real entre los años 2001 y 2005, en caso que se los transfiriera, por ejemplo, a plazas como Nueva York (EEUU), Frankfurt (Alemania), o Milán (Italia). Sin embargo, una repatriación inmediata a la República Argentina —tal como reclamáramos nosotros en nuestra Denuncia de mayo 2004— no hubiera implicado semejante riesgo ya que seguramente ningún juez argentino hubiera embargado esos fondos para favorecer a acreedores extranjeros. A su vez, cabe agregar que tal peligro de embargo solo existió a partir del momento en que la Argentina entró en default a fines de 2001, lo que no explica por qué durante los ocho años anteriores a esa fecha, los fondos santacruceños jamás regresaron al país. Mucho menos se explica porqué tampoco han sido repatriados después de junio 2005, cuando se instrumentó el Mega Canje Kirchner-Lavagna que supuestamente puso “orden” a la situación de deuda del Estado argentino en el exterior. Señalamos a su vez el hecho obvio de que la inmediata repatriación de los fondos hubiera beneficiado a la economía de la Provincia de Santa Cruz o, incluso, hubieran podido transformarse en crédito blando a favor del Estado Nacional en momentos en que el mismo atravesaba por notorias dificultades para lograr financiamiento en divisas a tasas razonables (en 2004, por ejemplo, el índice del “riesgo país”, seguía en más de 4.000 puntos).
Falta de coherencia
Este caso le ha quitado credibilidad y consistencia a las gestiones del gobierno Kirchner ante inversores internacionales, círculos financieros, y operadores multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, o entes como el Departamento del Tesoro y Banco de la Reserva Federal
estadounidenses. Ello se debe a que, mientras por un lado se solicita apoyo crediticio internacional y confianza en el país, por el otro el hoy Presidente de la Nación y sus sucesores en la gobernación santacruceña son los primeros que descreen de la solidez económica, credibilidad política y viabilidad futura de la Argentina al mantener expatriados los fondos públicos de su provincia. Semejante incoherencia —incluso, hipocresía— rara vez ha sido vista en el mundo de la política y las finanzas nacionales o internacionales.
Falta a la verdad
Kirchner declaró en Monterrey, México haber invertido los fondos públicos provinciales en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, algo que luego comprobamos era falso; error difícilmente imaginable en un presidente al hablar de tamaña inversión. Sin embargo, una vez radicada nuestra Denuncia, el presidente insistió ante los medios de prensa con esta versión aunque con algunas insólitas variantes, lo que podría ser un indicio de que Kirchner y sus principales asesores trataron de “acomodar las cosas” según su versión arbitraria y falaz de la realidad. Existe una clara reticencia a “poner las cartas sobre la mesa” respecto de la manera en que estos fondos públicos han sido administrados, lo que ha movido a mucha especulación entre la opinión pública nacional. Las gestiones provinciales presididas sucesivamente por los gobernadores Acevedo, Sancho y, hoy, Peralta, y la larga anterior gestión presidida por el hoy presidente Kirchner, deben cumplir con su deber de llevar tranquilidad a la opinión pública brindando información transparente y completa.
Falta de responsabilidad política
En un país serio, la sola sospecha de falta de transparencia e idoneidad entre sus máximos funcionarios públicos como en el caso que nos ocupa generaría una inmediata y grave preocupación pública, derivando en probables y justificados juicios políticos a esos máximos responsables. En tiempos mejores hace ya más de treinta años, Estados Unidos dio un notable ejemplo de cómo deben funcionar las instituciones republicanas democráticas, al verse confrontado con las obvias actividades ilegales del ex-presidente Richard Nixon en el sonado caso “Watergate”. Sin embargo, en esta Argentina confundida y anestesiada pareciera que a algunos hasta les divierte jugar al infantil juego de “tratemos de descubrir qué hicieron nuestros presidentes y gobernadores con los dineros públicos que no aparecen por ninguna parte; si se puede bien, y si no... ¡qué se le va a hacer...!” Es una verdadera falta de respeto a la opinión pública —si no a la inteligencia de todo el Pueblo argentino— que se deban hacer considerables esfuerzos de imaginación y malabarismos intelectuales, para inferir cómo habrá sido la evolución de estos fondos a lo largo de catorce años. ¿Por dónde transitaron? ¿Cómo se eligieron las instituciones financieras en las que se invirtieron? ¿Quiénes fueron y son los titulares de estos dineros? ¿Cuáles fueron los intereses devengados y las comisiones pagadas? ¿Quiénes se vieron beneficiados...? Obviamente, un gobierno serio brindaría toda esta información en forma pública, transparente, completa y consistente.
TERCERA PARTE "LOS FONDOS DE SANTA CRUZ
NUESTRA INTERVENCIÓN
6) DE NUESTRAS ACTUACIONES
“Los argentinos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca” José de San Martín
En junio 2005 la Causa 6662/04 quedó cerrada cuando el juez Santiago María Lozada dicta sobreseimiento a favor de Kirchner, Acevedo y sus socios y amigos, archivándola 5 sin practicar investigación seria alguna. Como resultado de ello, hoy se sigue sin saber cuál fue la evolución, el derrotero y la situación actual de estos fondos expatriados. Tampoco queda claro por qué razón el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se habría interesado ni tomado intervención en la fiscalización de la salida del país de aquellos cuantio- sos fondos públicos. Como resultado, actualmente no queda la posibilidad de una futura intervención de la Justicia —Federal o santacruceña— habiendo ambas demostrado su claro alineamiento y subordinación a los intereses políticos y personales de las máximas instancias del Poder Ejecutivo de la Nación. Dada la complejidad del tema y el cúmulo importante y extenso de antecedentes que obran en nuestro poder, creemos oportuno incluir en este dossier una breve síntesis de los principales hitos de este caso desde sus orígenes, que en su conjunto permiten verificar que aún persisten las graves irregularidades que motivaron nuestra Denuncia. A ello se suman las obvias irregularidades cometidas por el Ver: “Clarín” 05 de junio de 2005, “Ámbito Financiero”, 06 junio 2005, y “La Nación”, 07 de junio 05.
Poder Judicial en su incompleta investigación e ineficaz intervención en esta Causa. Podrá inferirse así un patrón de procedimiento y comportamientos entre funcionarios clave del Poder Ejecutivo Nacional, la Gobernación santacruceña y el Poder Judicial, orientado a evadir tener que brindar información que la opinión pública reclama. Puede inferirse que se estaría procurando encubrir la realidad de los hechos en torno a este caso. • Abril de 1993.— La Provincia de Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirner, recibe del Gobierno Nacional —presidencia de Carlos Menem y ministerio de economía a cargo de Domingo Cavállo— una indemnización por regalías mal liquidadas correspondientes a la entonces empresa estatal de hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y PE EFE), por la suma de aproximadamente 654 millones de dólares en efectivo y en bonos públicos (Informe del Poder Ejecutivo Provincial al 31 de diciembre 2003; Ley 2663). Dicha indemnización surge de un acta firmada el 24 de noviembre de 1992 entre la Nación y la Provincia. Inmediatamente de percibirse por la Provincia aquellos fondos comienzan un laberíntico derrotero que, a lo largo de más de catorce años, los condujo mayormente hacia plazas financieras internacionales e inversión fuera del país. A partir de entonces, se pierde mayormente el rastro de su devenir y evolución. • 1996 a 1999.— Existen rumores no verificados de que los fondos habrían recalado en las Islas Caimán, un sospechoso paraíso fiscal e, incluso, en Cuba. Se cree que posiblemente haya sido durante este período que se hicieron fallidas inversiones financieras y bursátiles (bonos de deuda pública rusos en default, compra de acciones de Enron, WorldCom y otras megaempresas colapsadas, etc.). • 2001.— Los fondos estarían depositados en el Deutsche Bank de la Ciudad de Nueva York, cosa que se habría mantenido hasta los ataques del 11 de septiembre. Por alguna razón poco explicada. A tal efecto y ante la inoperancia de la Justicia federal y Provincial, el 20 de diciembre de 2005 formalizamos una nueva Denuncia por Asociación Ilícita de Kirchner y sus colaboradores, amigos, socios y familiares.
Kirchner habría decidido que Nueva York no era lugar seguro y transfirió los fondos hacia paraísos fiscales en Europa. • 27 de abril de 2003.— Kirner pierde las elecciones presidenciales ante Carlos Ménem, pero al rehusarse éste último a competir en una segunda vuelta, Kirchner queda como “ganador”, asumiendo la presidencia el 25 de mayo de ese año. • 13 de enero de 2004.— En el marco de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado en Monterrey, México, el presidente Kirchner declara en un tramo de su mensaje oficial ante los treinta y cuatro jefes de Estado americanos presentes que, “en la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión”. • 28 de enero de 2004.— Extrañados ante esta información, realizamos una serie de consultas y averiguaciones con el Banco de la Reserva Federal de Washington DC, cuya institución financiera estadounidense nos responde indicando, entre otros conceptos, que la información sobre inversiones que citábamos (o sea, el discurso presidencial arriba indicado) era “falaz y engañosa”, recomendándome “dar aviso a las autoridades”. Se me informó que, siendo la Reserva Federal el banco central de los Estados Unidos, solo realiza transacciones con gobiernos nacionales, bancos comerciales y otras instituciones financieras, no participando en operaciones de inversión y no existiendo ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz ni relación alguna con ese gobierno provincial. • 3 de febrero de 2004.— Enviamos carta al presidente Kirner informándole de las gestiones realizadas y solicitándole sus comentarios y aclaraciones, sin recibir respuesta alguna. • 15 de marzo de 2004.— Enviamos una nueva carta al presidente informándole que al solicitar al Banco de la Reserva Federal mayores precisiones acerca de a cuáles “autoridades” sugerían que contactáramos nos sugirieron (13 de marzo) que lo hiciéramos al Banco Central de la República Argentina. Es así que ese día enviamos carta al presidente del BCRA, Dr. Alfonso Prat-Gay (receptada bajo Expte. 10392). Ambas cartas jamás fueron contestadas. • 5 de mayo de 2004.— Agostadas estas instancias iniciales y patrocinados por los Dres. Juan Gabriel Labaké y Juan Carlos Iglesias, radicamos la Denuncia arriba indicada ante el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Jorge Urso (Causa No. 6662/04 - ver Anexo I). • 6 de mayo de 2004.— Estando de gira por los Estados Unidos y al ser consultado por el periodismo sobre este caso, Kirchner declaró que cuando era gobernador de Santa Cruz remitió a Estados Unidos los ahorros de “500 millones de dólares” de la provincia y los res guardó con garantías de la Reserva Federal “a una tasa entre el 2 y el 3 por ciento, es decir que optamos por la seguridad y no el ries go” 7. Señalamos que ya no se trataba de una inversión “al 1%” como dijo en la Cumbre de las Américas, sino de “entre el 2% y el 3%”. • Mayo de 2004.— En distintas declaraciones a medios de prensa, el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, indica que no se repatriarán los fondos en cuestión
(aunque dicha repatriación había sido uno de los puntos de su plataforma electoral en 2003), hasta tanto la Argentina saliera del default de la Deuda Externa. El matutino “La Nación” de Buenos Aires consigna en su portada (11 de julio de 2004) que “Acevedo no traerá los fondos que Santa Cruz tiene en Suiza”, y da cuenta del informe oficial del gobierno provincial sobre los bancos extranjeros en los que se hallan depositados 507.420.707,21 dólares (o sea, los bancos Morgan Stanley de Luxemburgo, Credit Suisse de Zürich y UBS AG de Ginebra). Se indica, a su vez que, asesorado por el entonces ministro de economía Cavalo, en 1993 el gobernador Kirner utilizó 290 millones de dólares de dichos fondos para adquirir acciones en la flamante petrolera Repsol-Y PE EFE a 19 DÓLARES cada acción, vendiéndolos casi seis años después a 44,78 DÓLARES por cada acción. De los 507 millones que Acevedo indica que había al 31 de Diciembre de 2003, 402.737.824,69 dólares
Ver diario “La Nación”, 06 de Mayo de 2004. se hallarían depositados en la “cuenta Nº 86019432 con Credit Suisse, en el departamento de Private Banking” (Banca Privada). Consultado el sitio oficial de este Banco —www.creditsuisse.com— se verificó que el Área de “Private Banking” brinda “soluciones financieras para individuos pudientes”. Tratándose de fondos públicos de Santa Cruz, sería de esperar que los mismos fueran administrados por el área de “banca global de inversiones” del Credit Suisse que brinda “asesoramiento financiero integral, capital y administración de activos para grandes empresas e instituciones de todo el mundo”.
El sitio oficial www.creditsuisse.com dice: “En Banca Privada, Credit Suisse brinda asesoramiento integral y una amplia gama de productos y servicios de inversión hechos a la medida de las necesidades complejas de individuos de alto valor patrimonial en todo el mundo. El proceso de consultoría estructurada de Credit Suisse abarca tanto la administración de activos como de pasivos. Adicionalmente, Credit Suisse es líder en brindar productos alternativos e innovadores en materia de inversiones. Soluciones para la administración de riquezas incluye planeamiento impositivo, planeamiento de jubilaciones, soluciones en seguros de vida; asesoramiento de riquezas y herencias, fideicomisos y fundaciones.” (el resaltado es nuestro). El texto original dice: “In Private Banking, Credit Suisse provides comprehensive advice and a broad range of investment products and services tailored to the complex needs of high-net-worth individuals globally. Credit Suisse’s structured advisory process encompasses both asset and liability management. Furthermore, Credit Suisse is a leading provider of innovative alternative investment products. Wealth manage- ment solutions include tax planning; pension planning; life insurance solutions; wealth and inheritance advice, trusts and foundations.” Lo lógico pareciera ser que los fondos de Santa Cruz se hallaran depositados en el área de Administración de Activos (Asset Management) descripto por Credit Suisse como “el área que ofrece productos en todo el espectro de tipos de inversiones, desde valores, productos a ingreso fijo y múltiples activos hasta inversiones alterna- tivas tales como bienes inmobiliarios, fondos diferenciales, administración bursátil y de volatilidad. El área de administración de activos de credit Suisse administra carteras, fondos mutuales y otros vehículos de inversiones para un amplia gama de clientes, desde gobiernos, instituciones y grandes empresas hasta individuos privados.” (el resaltado es nuestro). El texto original dice como sigue: “In its asset management business, Credit Suisse offers products across the full spectrum of investment classes, ranging from equities, fixed income and multiple-asset class products, to al ternative investments such as real estate, hedge funds, private equity and volatility management. Credit Suisse’s asset management business manages portfolios, mutual funds, and other investment vehicles for a broad spectrum of clients ranging from governments, institutions and corporations to private individuals.”
• 14 de julio de 2004 — En el marco de la Causa 6662/04, elevamos al Juzgado una Sugerencia de Pruebas solicitando se libre Exhorto Diplomático a la justicia suiza para que los bancos Credit Suisse y UBS, informen sobre los movimientos de cada una de las cuentas bancarias indicadas por las autoridades provinciales. • 30 de julio de 2004 — El Tribunal de Cuentas Provincial y luego (el 28 de Agosto), la Legislatura de Santa Cruz aprueban los informes sobre el dinero de la provincia en el exterior, lo que podría interpretarse como una suerte de maniobra para trabar toda investigación judicial 9. • 7 de noviembre de 2004.— En base a nuestro pedido del 14 de julio, la Justicia Federal envía Exhortos Diplomáticos a Suiza solicitando precisiones sobre el paradero de los fondos10. • 15 de noviembre de 2004.— Distintos medios de prensa identifican al Señor Frank Schoch como “investment advisor” (asesor en in versiones) del banco Credit Suisse (área de Private Banking) en Zürich quien probablemente recibiría la citación judicial suiza para brindar información sobre los 402 millones de dólares de fondos de Santa Cruz depositados en ese banco11. • Noviembre de 2004.— Los medios públicos aportan diversos da tos que incluyen el probable tránsito de una parte importante de estos fondos por el paraíso fiscal de las Islas Caimán, donde se habría engrosado su monto total 12. • 22 de diciembre de 2004.— A pocos días de ser nombrado por el presidente Kirner titular del Juzgado Federal No 7 en reemplazo del Dr. Urso, el juez Guillermo Montenegro se declara incompetente para investigar la presunta malversación de caudales públicos en 9 Entre ellos, “La Opinión Austral” de Río Gallegos de fecha 30 de julio de 2004 y “La Nación” del 31 de julio de 2004. 10 Ver diario “Clarín” del 06 de noviembre de 2004. 11 Ver publicaciones “Edición i” — “Urgente 24” del 15 de noviembre de 2004. Ver “La Voz del Interior” del 21 de noviembre de 2004, artículo “Los misterios de las cuentas en Suiza”.
La administración de Santa Cruz durante la gobernación Kirchner, y remite el expediente a la justicia penal de esa provincia13. En esa oportunidad, Montenegro indicó “que no estaba en juego una cuestión Federal al tratarse exclusivamente de un tema de la provincia que gobernó Kirchner”14, ignorando así la necesaria intervención que le cupo al Banco Central de la República Argentina en la salida de estos fondos. Un funcionario del BCRA —Eduardo Caffaro, nombrado director por Kirchner al asumir la presidencia— declaró como testigo el 31 de Mayo de 2004 ante el juez Urso, rechazando las imputaciones. Recordaba al respecto el diario “La Nación” que en 1996 Caffaro rubricó un informe de la Unidad de Administración de los Recursos Financieros de Santa Cruz como “asesor de cartera” junto a Julio de Vido y el entonces titular del Banco de Santa Cruz, Roberto López. • 3 de enero de 2005.— Según información de medios locales, el gobierno suizo pidió a la Argentina se pronuncie sobre la inmunidad del presidente Kirner, al tiempo que solicita se le envíen más datos sobre el presunto delito por depositar fondos en dos bancos suizos según informara el vocero de la Oficina Federal de Policía de Berna, Folco Galli. Dicho funcionario suizo manifestó que “hemos enviado una nota diplomática al gobierno argentino pidiéndole se pronuncie sobre la inmunidad de jurisdicción abso- luta que gozan los jefes de Estado, válida según la justicia suiza y el derecho internacional, y aguardamos saber si la van a invocar o no para definir los pedidos de investigación recibidos”. Agregó que además “necesitamos una descripción más detallada de los hechos que conciernen este caso para estudiar si corresponden a algún delito existente en nuestro Código Penal, y de esa manera respetar el principio de la doble incriminación, es decir, que la infracción alegada en un país sea imputada también en el otro”. “En el derecho suizo la infracción mencionada en la solicitud argentina podría equivaler al delito de gestión desleal de intereses
Ver “La Nación” del 23 de diciembre de 2004, artículo “La Justicia de Santa Cruz manejará la causa por las regalías”. Ver “Clarín”, 23 de diciembre de 2004, artículo “Derivan causa a Santa Cruz”.
públicos, en el artículo 314 de nuestro Código Penal, pero para saber si se aplica en estas circunstancias Argentina debe satisfa cer el requerimiento que le hemos trasmitido a fines de diciembre”, concluyó Galli. Quedaba entonces claro el ámbito internacional en el que se enmarca este caso, lo que contradice la decisión del juez Montenegro de trasladar la Causa a jurisdicción santacruceña por estimar que se trata de un asunto provincial. • 6 de febrero de 2005.— En su portada, el matutino porteño “La Nación” da cuenta de “una nueva ley votada en Diputados y Senado modificando el Código Penal cambiando los plazos de prescripción de las causas judiciales, lo que provocará el archivo de importantes causas de corrupción. La ley — promulgada por el gobierno el 10 del mes pasado en medio de la feria judicial de verano— cayó como una bomba en los tribunales federales porteños”. Entre esas causas que quedarían así rápidamente resuelta, se mencionaba nuestra Denuncia por los fondos de Santa Cruz. En aquella oportunidad, el juez Rodolfo Canicoba Corral manifestó que “esta ley va a introducir un factor de perdón en causas donde hay interés del Estado en perseguir el delito. Van a prescribir numerosas causas de delitos contra la administración pública… En la misma sintonía se expresaron ante ‘La Nación’ otros ocho magistrados y cinco fiscales consultados” • 5 de marzo de 2005 — Kirner anuncia la construcción de una planta cementera en Pico Truncado con un aporte del gobierno provincial de u$s 38 millones, recordando el diario “La Nación” que “Acevedo había asegurado que la provincia tenía unos 507 millones de dólares en el exterior pese a que sectores de la opi- nión en Santa Cruz aseguran que los intereses acumulados durante más de diez años deberían arrojar una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares” 17. La empresa beneficiada, Petroquímica Comodoro Rivadavia, luego fue sancionada por el ministerio de economía por cartelización en el precio del cemento. Ver “La Nación”, 06 de febrero de 2005, artículo “Desactivan causas vinculadas a graves casos de corrupción”. Ver “Infobae”, 06 de febrero de 2005, artículo “Polémica por una ley que acelera la prescripción de los delitos”. Ver “La Nación”, 05 de marzo de 2005, artículo “Repatrian fondos de Santa Cruz”.
• 1 de junio de 2005.— Como era previsible según la lógica de esta secuencia y desencadenamiento perverso de los hechos, el Juez de Instrucción No. 1 de Río Gallegos Santiago Maria Lozada, finalmente dicta el sobreseimiento de los Denunciados y archiva la Causa 6662/04. Ante una consulta del diario “Clarín” “se negó a explicar los fundamentos de su resolución”18. Según “La Nación”, “durante los cinco meses que la causa estuvo en los tribunales provinciales, se hicieron ‘ejercicios de controles y certificaciones de los estados de las cuentas que están en el exterior’ de cuyo análisis el juez de instrucción Losada a cargo del Juzgado Penal No. 1 decidió declarar el sobreseimiento de los de nunciados”. A su vez, aclaraba que la causa había llegado en enero de ese año y consistía de 14 cuerpos, y que “lo decidido por Losada a partir de una resolución judicial ‘por interlocutor’ no es de acceso publico, por lo que no se pudo conocer la fundamentación, aunque ‘La Nación’ supo que no se realizó una auditoria sobre el derrotero de los fondos santacruceños en el exterior, sino una evaluación sobre la posible comisión de delitos de los implicados” y que “en la Legislatura, la oposición aun no había podido acceder al fallo de la Justicia…Con la causa investigada por Losada, queda archivada toda posibilidad de que se pueda realizar una investigación de características similares por parte de la Justicia. Caso Cerrado” • 15 de junio de 2005.— Realizamos una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación (Dr. Eduardo Mondino), que se vio limitada para actuar debido a los alcances de sus atribuciones. No obstante, se nos brindó amplia asistencia y la Defensoría procuró en reiteradas oportunidades obtener copia del fallo y las 18 Ver “Clarín”, 05de junio de 2005, artículo “Cierran la última causa por la plata de Santa Cruz en el exterior”. Ver “La Nación”, 07 de junio 2005, artículo “Kirchner, sobreseído en Santa Cruz”.
actuaciones del juez Lozada de Río Gallegos sin jamás haberlo podido lograr. • 05 de Julio de 2005.— Realizamos una presentación ante la Oficina “Anti-Corrupción” (Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas) cuya única acción fue abrir un Expediente (el No. 6658) y luego, tras esgrimir una serie de débiles excusas, procedieron a desentenderse de este tema por tratarse de un caso “provincial”. • 1 de agosto de 2005.— En conferencia pública Kirner y Acevedo anuncian la inminente repatriación de los Fondos. El presidente hace alarde público de tener las manos limpias (mostrándolas en actitud juguetona ante las cámaras de televisión). No se trató de una conferencia de prensa por cuanto no se permitió ningún tipo de preguntas. En esa oportunidad el Gobernador Acevedo firma el decreto 2052/05 ordenando la repatriación parcial de los fondos. Se deja de mencionar el depósito en el banco Morgan Stanley de Luxemburgo que aparentemente dejó de existir. • 24 de agosto de 2005.— Solicitamos la intervención extraordinaria y urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de octubre, la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA NACION se declararía “incompetente” aduciendo que este caso es “manifiestamente ajeno a su competencia originaria”, o sea, refugiándose en una mera formalidad de la ley. Este dictamen de los jueces de la Corte Suprema demostró una vez más, la lamentable subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. • 9 de noviembre de 2005.— Agotadas todas las instancias locales, realizamos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Ame- ricanos (OEA), en su Sede en Washington DC, Estados Unidos la que, a la fecha, no se ha expedido sobre este caso. • 20 de Diciembre 2005.— A fin poder de alguna manera mantener este caso abierto, presentamos Denuncia formal contra Néstor Kirner y un conjunto de sus más íntimos socios, colaboradores y familiares, presuntamente participantes en lo que inferimos como una Asociación Ilícita. La misma fue radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini (Causa 18.209/05).
• 03 de marzo de 2006.— Sergio Acevedo anuncia el “retorno” al país de u$s 552 millones de los cuales 403 millones se habrían depositado en el Banco de Santa Cruz SA. (propiedad de Enrique Eskenazi, íntimo colaborador presidencial y nombrado en nuestra Denuncia del 20 DE diciembre de 2007). • 23 de marzo 2006.— En medio de un escándalo de ingobernabilidad provincial, Kirchner obliga a Acevedo a renunciar a la gobernación. • 15 de mayo de 2006.— La Defensoría del Pueblo de la Nación nos comunica por nota oficial que a pesar de reiterados pedidos al juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos solicitando copia del fallo en este caso, tampoco ellos lograron obtener copia del mismo. • 30 de noviembre de 2006.— Según los pocos medios que infor maron sobre este tema (Urgente 24 (27 de noviembre de 2006) y Ámbito Financiero), nos enteramos que “...de manera sospechosamente sigilosa la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobaba por mayoría y sobre tablas el informe anual sobre este dinero que alcanza a más de 500 millones de dólares pero la UCR se opuso a su tratamiento en la última sesión ordinaria del año y cuestiono el “manejo contable de los fondos, que siguen en el exterior”. A través del Diputado Provincial Omar Hallar, la UCR manifestó su voto negativo a la certificación elevada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto al manejo y evolución de los activos financieros provinciales en el exterior, que tienen carácter de “extrapresupuestarios”. “Nos dicen que al estar en un fideicomiso en el Banco de Santa Cruz es lo mismo que haberlos repatriado y no es así”, dijo el legislador Hallar, insistiendo en que “los fondos siguen en el exterior....repatriar los fondos es que vengan a la provincia y se reconvierta la economía. No es traer un papelito. Tener el fideicomiso es que el Banco de Santa Cruz continúa depositando el dinero en el Credit Suisse en Suiza”. Pocos días antes, el 24 de noviembre, se había producido lo que solo puede describirse como una farsa anual en Río Gallegos tendiente a blanquear las insólitas cuentas kirchneristas. Pareciera que los santacruceños van acostumbrándose a que todos los años cuando se acerca el mes de diciembre la Legislatura Provincial represente un sainete grotesco que podría llamarse “El Show de la Rendición de Cuentas” ver: “¿así?
. En el mismo la mayoría kirnerista trata de blanquear las fechorías de su jefe feudal hoy devenido en presidente, renovándole su inimputabilidad en el caso de los desaparecidos fondos. La realidad, sin embargo, es que la plata de los santacruceños sigue casi toda afuera; solo habrían retornado u$s 125 millones depositados en una cuenta en la Caja de Valores SA. • Fines de 2006.— Los datos disponibles dan cuenta que aún falta: – Rendir la documentación del aporte de u$s 38.598.000 a la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia para la supuesta construcción de una planta cementera en Pico Truncado, Santa Cruz. – Aclarar sobre la aparición de nuevos bonos sin justificación ni aprobación de la Cámara de Diputados. – Aprobar por el Tribunal de Cuentas la información sobre los fondos a diciembre 2006, por cuánto se ha limitado a certificar el saldo informado por el poder ejecutivo, por u$s 487.301.095, cifra que resulta 27 millones de dólares menos que el año pasado que fue de u$s 513.266.000. ¿Qué ocurrió con la diferencia de 27 millones de dólares?
Ley injusta Nº 23.681: “Fondo Provincia de Santa Cruz”
Como comentario final, también viene a colación otro tema no relacionado directamente con el caso de los fondos santacruceños, pero que se inserta dentro del patrón de comportamiento de Kirchner y su equipo de no dar explicaciones de sus actos de gobierno cuando del manejo de fondos se trata. Nos referimos a la Ley Nº 23.681”Fondo Provincia de Santa Cruz”, que representa una total falta de equidad que sólo beneficia a las autoridades de la Provincia de Santa Cruz (no a su pueblo, ni al resto de la Nación). Esta ley sancionada en 1989 data del gobierno Alfonsín, y hace que la totalidad de los usuarios de servicios eléctricos de la República Argentina paguemos el 0,6% del monto de las facturas de consumo de energía eléctrica a dicha provincia.
La ley 23.681 creó dicho recargo con el fin de equiparar el costo de energía eléctrica de Santa Cruz y Misiones que por no estar conectadas al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), hacía que el costo en ellas fuera superior a la media nacional. La recaudación debía destinarse a la ejecución de obras de infraestructura que posibilitaran a ambas provincias el ingreso al referido sistema. Las millonarias cifras que mes a mes recibe desde hace más de dieciocho años Santa Cruz también parecen haber caído en el agujero negro que son las finanzas públicas kirchneristas de esa provincia. En el año 2006 hubo un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados orientada a investigar el destino de de estos fondos y lograr la eventual derogación de dicha ley que fuera elevado en 2006 por los diputados nacionales Claudio Poggi, Maria Torrontegui y Luis Lusquiño. El mismo solicitaba se informe la “secuencia y evolución de las percepciones correspondientes a la Ley 23.681, realizadas por las empresas de energía de todo el país, su transferencia a la Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, o identificación de otro destinatario, incluyendo detalle de aplicación de dichos fondos en las distintas obras en la Provincia de Santa Cruz, con porcentaje de avance, fecha y responsable ejecutor; describir la situación actual de los usuarios finales de la provincia de Santa Cruz, en cuanto al costo de energía, comparada con el resto del país, incluyendo los impuestos y el 6 por mil que estos abonan y detalle de las obras pendientes necesarias para finalizar la situación que por tiempo determinado solucionaba la ley 23.681, ya que dicho porcentaje es asimilable sin lugar a dudas a un impuesto a los consumidores finales de energía de todo el país con excepción de Santa Cruz”20. Por supuesto que nada se ha hecho al respecto.
20 Con fecha 30 de Julio 2006, un informe del Diario Perfil, da cuenta que desde 1996 Misiones se interconectó al SADI y dejó de recibir los fondos, es decir, desde hace diez años la Provincia de Santa Cruz es la única beneficiaria del “seis por mil” y sigue sin estar interconectada, con energía eléctrica entre las mas caras del país. También informa que hasta el 2004 la provincia de Santa Cruz recibió 28 millones de pesos promedio por año y desde el 2005, se fijó el limite de la transferencia en 35 millones. Así las cosas, en el acumulado del periodo 1989 y 2004, la provincia de Santa Cruz admitió recibir 342,2, millones de pesos, justificando que se utilizaron 43,8 millones, es decir un 9 % del total.
En síntesis, como si fuera poco la desaparición de los fondos públicos de Santa Cruz, cada usuario de servicio eléctrico de toda la República debe contribuir un diezmo al barril sin fondo que son las finanzas públicas de la provincia del presidente.
7) EL JUEZ “MUDO” DE SANTA CRUZ “La respuesta es “sí”, Néstor… Ahora, dime: ¿cuál es tu pregunta?” Código del “Hombre K”
Dicen que los jueces hablan a través de sus fallos. Al menos, así debe ser en una verdadera democracia. En Santa Cruz, sin embargo, pareciera que tenemos un juez federal claramente mudo que se niega siquiera a informar las razones de sus fallos. El 5 de junio de 2005, nos enteramos por los medios de prensa nacionales que el juez Santiago María Lozada había sobreseído al Doctor Kirchner. Según el matutino porteño “Clarín” en artículo titulado “Las regalías petroleras cuando Kirner era gobernador: Cierran la última causa por la plata de Santa Cruz en el exterior por unos 500 millones de dólares depositados en Suiza y Estados Unidos” (5 de junio 2005), se informaba que “la justicia santacruceña ya no investiga las posibles irregularidades en el manejo de los más de 500 millones de dólares que Santa Cruz recibió por regalías petroleras mal liquidadas. Un juez penal de Río Gallegos acaba de cerrar la última causa que quedaba abierta sobre el tema. Se trata de un expediente iniciado en mayo del año pasado en Buenos Aires. El juez federal Guillermo Montenegro —uno de los cinco designados en este fuero por el gobierno de Néstor Kirner— se declaró incompetente en diciembre pasado y envió la causa al sur. El miércoles último, finalmente la archivó Santiago María Lozada, juez de Instrucción número 1 de Río Gallegos. La medida fue confirmada telefónicamente a Clarín por el propio Lozada. Sin embargo, el juez se negó a explicar los fundamentos de su resolución. El sumario estaba caratulado “Kirner, Néstor y otros s/apología del crimen, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. (…) Desde 1995, distintos dirigentes denunciaron que la gobernación se niega a exhibir los correspondientes certificados de depósito y a informar sobre el tema. La provincia emitió un informe contable en 2003, pero sus resultados fueron impugnados.
Todavía hoy, el nuevo gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, no repatrió el dinero; sólo fue haciendo ingresar al Presupuesto anual algunas pequeñas cantidades. En enero, anunció que en 2005 traería 66 millones para dos emprendimientos productivos. En la Justicia de Santa Cruz ya habían existido investigaciones sobre el manejo de los fondos, pero en ningún caso se logró avanzar. El primer juez de la causa que se cerró la semana pasada fue Jorge Urso, entonces a cargo del Juzgado Federal 7. Urso llegó a enviar exhortos a Suiza y Luxemburgo. También alcanzó a tomar algunas declaraciones testimoniales. En cambio, el juez Montenegro se encaminó a determinar si los fondos eran nacionales o provinciales. Su conclusión fue que, como pertenecían a Santa Cruz, la investigación debía continuar en Río Gallegos. Allí el caso se mantuvo abierto durante cinco meses, en los que tampoco registró más novedades que su archivo”. Lo más grave del caso es que al momento de dictar su fallo, los medios de prensa locales daban amplia cuenta de que el juez Lozada era la pareja de la Señorita Romina Mercado, hija de Alicia Kirner, hermana del presidente. Consecuentemente, Lozada venía a ser, de hecho, el sobrino político de Néstor Kirner. Por una mínima cuestión de ética profesional, Lozada debiera haberse excusado de entender en la Causa. Pero no lo hizo. En vez, sin realizar investigación seria alguna, sobreseyó a su tío político Néstor Kirchner y archivó la Causa. En distintas oportunidades y a través de diversos canales procuramos obtener copia del fallo del Dr. Lozada a fin de poder determinar cuáles investigaciones realizó que lo llevaron a sobreseerlo al Dr. Kirner. Jamás lo logramos. Tampoco lo pudo lograr el Defensor del Pueblo de la Nación quién trató de gestionar copia de dicho fallo en base a nuestro pedido. Dicha Institución nos comunicó (mediante correos electrónicos fechados 15 de septiembre de 2005, 26 de octubre de 2005 y 25 de noviembre de 2005), que sus reiteradas solicitudes al juzgado santacruceño del Dr. Lozada no eran satisfechas. 62 Tampoco brindó copia o detalles de su fallo a los diputados provinciales Omar Hallar y Alfredo Freire quienes se lo solicitaron por escrito. Ambos legisladores santacruceños pidieron entonces que, al menos, el juez nos brindara esa información a nosotros como Denunciantes a lo que tampoco accedió. Finalmente, el 15 de mayo de 2006 el Director de Administración del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, nos envía carta diciendo: “Me dirijo a usted a fines de hacerle saber que, efectivamente, según lo expone en su requerimiento, he solicitado por instrucciones del señor Defensor, en reiteradas oportunidades al Señor Juez de Instrucción No. 1 de la ciudad de Río Gallegos, copia auténtica de la sentencia o resolución definitiva recaída en la Causa 6662/04, sin haber obtenido respuesta del Tribunal”.
8) LOS PONCIO PILATO LOCALES
“Entonces, yo me lavo las manos…” Sabiduría evangélica…
Agotadas las instancias locales ante la Justicia, recurrimos a distintas organizaciones y tribunales con el fin de lograr que se le diera un tratamiento serio a este caso. Ahí nos encontramos que, a pesar de las declamaciones de muchas de ellas supuestamente interesadas en lograr “transparencia” y “justicia”, cuando se trata de investigar a los poderosos, el “no te metas” parece imponerse. Recatamos, al menos, que la hipocresía de muchas de estas organizaciones va quedan al descubierto.
“Poder Ciudadano” (Transparency Internacional)
Por ejemplo, el 9 de junio de 2005 contactamos al Sr. Peter Eigen, presidente de Transparency Internacional en Berlín, Alemania, quien nos refirió a sus representantes en Argentina, la ONG “Poder Ciudadano”. Correspondientemente, el 15 de junio de 2005 enviamos una extensa nota explicativa a la atención de la Señora. Pilar Arcidiácono de Poder Ciudadano, a quién le hicimos un detallado informe de lo actuado por nosotros.
Tras varias semanas de demora, finalmente el 30 de agosto de 2005 recibimos un insólito correo electrónico del presidente de la entidad, Dr. Carlos Facal, cuyo contenido trascribimos a continuación, seguido de nuestra contestación al mismo del 4 de septiembre. Sus respectivos contenidos se explican por sí mismos.
Nota de Poder Ciudadano a Salbuchi de fecha 30 de agosto de 2005:
De: Carlos Facal Para: salbuchi@eltraductorradial.com.ar; jglabake@telviso.com.ar Cc: María Alejandra Svetaz; Pilar Arcidiácono; Silke Pfeiffer; Alejandro Salas; riospina@transparenciacolombia.org.co; ‘Silvina Gvirtz (Correo electrónico)’; ‘Delia Ferreira Rubio (Correo electrónico)’; ‘José Ignacio García Hamilton (Correo electrónico)’; ‘MARIA TEZANOS PINTO (Correo electrónico)’; ‘Mempo Giardinelli (Correo electrónico)’; ‘Rafael Di Tella (Correo electrónico)’; ‘Renato Meyer (Correo electrónico)’ Enviado: Tuesday, August 30, 2005 11:57 PM Tema: Inquiry regarding a case of corruption in Argentina — Consulta relacionada con un caso de corrupción en la Argentina
Estimado Señor Salbuchi: Me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar nuestra demorada respuesta a los pedidos que nos efectuara respecto del asunto de la denuncia que hiciera llegar. No se debe a que hayamos sido indiferentes a la cuestión que planteara sino a lo intenso del debate interno que lleváramos a cabo. El tema fue específicamente conversado en un par de reuniones del Consejo de Administración de Poder Ciudadano y Pilar Arcidiácono, de nuestra organización, así se lo comunicó en un par de oportunidades. Tal como le adelantara el Sr. Alejandro Salas de Transparency International en la primera ocasión que Ud. lo contactara, nuestra organización no participa en casos y denuncias puntuales de corrupción. Sólo podemos solicitar, en algunos casos puntuales donde la cuestión no fue planteada, que la misma merezca consideración y tratamiento de la Justicia o de la prensa y la opinión pública. No nos constituimos como denunciantes en los Juzgados, más allá que nuestros abogados 64 voluntarios puedan patrocinar “pro bono” algún caso de interés público donde se vean en entredicho derechos civiles no patrimoniales. La razón es que, como organización no gubernamental, no tenemos medios para encarar seriamente cualquier investigación con la profundidad requerida. El Poder Judicial y otras oficinas del Estado sí cuentan con la obligación legal y con los medios provistos por el Presupuesto Nacional para llevar adelante todas las investigaciones que fueren menester. Pero una vez que el caso queda expuesto a la opinión pública y que en el mismo intervienen los jueces competentes nuestra misión respecto del mismo se agota. En este particular asunto, sin embargo, nos detuvimos más específicamente. Es evidente para nosotros que se trata de una cuestión donde el Gobierno Provincial no ha brindado la información completa y con la claridad demandada por la ciudadanía en general, por los líderes de la oposición, por los algunos legisladores de la Provincia de Santa Cruz, por la prensa especializada, etc. Los pedidos de intervención judicial se han sucedido con los resultados que Ud. tiene claramente presente y que amablemente nos reseñara. Desconocemos si aún quedan recursos pendientes contra las resoluciones de los magistrados intervinientes, pero en todo caso, es una cuestión en donde han tomado intervención quienes tenían que pronunciarse sobre el tema. La cuestión o se encuentra a consideración de la Justicia o ha superado dicha instancia. En cualquier caso ha quedado suficientemente expuesta al conjunto de la ciudadanía. Por ende, y luego de un debate interno que ha sido profundo e intenso, consideramos que no tenemos un rol efectivo que cumplir en la investigación o en el impulso judicial o parlamentario del tema. El mismo, por otro lado, está claramente instalado en la opinión pública. Sí continuaremos trabajando en cuestiones que tienen íntima relación, no ya con el este episodio puntual, sino con el ambiente institucional que lo hace posible: la falta de sanción de una ley de acceso a la información pública de acuerdo a los parámetros internacionales de los países fuertemente democráticos, la necesidad de mecanismos efectivos para la designación de jueces probos e independientes y su permanente monitoreo, la transparencia en la financiación de la política en la Argentina y una reforma profunda de las prácticas políticas en la Argentina. Sin otro particular lo saludo con mi consideración más distinguida Carlos José María Facal Presidente Fundación Poder Ciudadano.
Contestación de Salbuchi a Poder Ciudadano de fecha 4 de septiembre-2005:
Doctor. Carlos José María Facal, Presidente, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires
Estimado Doctor. Facal, Muchas gracias por su amable correo electrónico de fecha 30 de agosto respondiendo a anteriores míos sobre el el tema del epígrafe. Primeramente, hago propias las palabras de mi colaborador y abogado patrocinante en esta Causa, el Doctor. Juan Gabriel Labaké, quien en mensaje dirigido a usted el mismo día 30 de Agosto relacionado con nuestra reciente petición urgente, extraordinaria y muy concreta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le solicitara que “dado que esa vía no está agotada ni mucho menos, les agradeceremos efectuar aunque fuere alguna manifestación pública tendiente a que la Corte actúe como la transparencia de los actos de gobierno lo exige. Estimo personalmente que no es suficiente con que el tema quede planteado ante los jueces, sino lograr (o al menos tratar de) que éstos realmente lo solucionen. De otra forma, y en vista de la insensibilidad demostrada por el actual gobierno en el asunto que nos ocupa, podemos asegurar que la impunidad los cubrirá para siempre, y la transparencia quedará seriamente dañada, sino burlada.” En segundo término, me permito hacerle algunas breves reflexiones: • Percibo que la Fundación Poder Ciudadano quizás no haya medido cabalmente la gravedad de este caso, en el que el propio Presidente de la Nación Argentina Dr. Néstor Kirner y algunos de sus socios y amigos desde hace ya más de doce años, vienen manejando fondos públicos santacruceños por cientos de millones de dólares de una manera arbitraria, discrecional, decididamente no transparente e, incluso, con falta de adecuada idoneidad. Hoy podemos inferir de este escándalo público que afecta a la Nación Argentina que cuando los poderosos delinquen, los multimedios monopólicos y los autodenominados defensores de la transparencia se tornan extrañamente respetuosos y prudentemente discretos. De esta manera, parecieran transformarse en parte del problema de la corrupción en nuestro país, en lugar de promover mecanismos concretos de esclarecimiento para que la corrupción pueda quedar efectivamente derrotada. • Debo agregar que, en cierta medida, comprendo sus apreciaciones y decisión de
que Poder Ciudadano no tenga un rol efectivo que cumplir en esta investigación o en el impulso judicial o parlamentario en este tema, por cuanto existen claros conflictos de interés dentro de su Organización que seguramente obligan a que usted adopte esta decisión, toda vez que entre sus miembros consejeros se encuentre, por ejemplo, la Señora. Mona Moncalvillo actual directora de la estatal —y por ende forzosamente progubernamental— Radio Nacional Argentina, que recientemente habría ordenado a todas sus filiales a retransmitir en su totalidad los discursos de campaña del Dr. Kirner a favor de sus familiares directos, socios y amigos. Así, la opinión pública podrá mejor comprobar que —como todo buen lavador— el Sr. Presidente tiene sus manos muy limpias, según él mismo lo expresara con mímica durante la conferencia pública que ofreció el pasado 1ero de agosto en la que procuró blanquear menos de la mitad de los fondos públicos a certificar. • Somos un grupo de hombres y mujeres argentinos que creemos profundamente en el verdadero poder ciudadano (no me refiero a la razón social de su Fundación, sino más bien a aquél auténtico concepto del poder del ciudadano argentino, hoy desguarnecido ante los atropellos e impunidad de los poderosos, aliados a la cobardía y tibieza de quienes respetuosamente les permiten delinquir). • Usted indica en su nota que Poder Ciudadano “como organización no gubernamental no tenemos medios para encarar seriamente cualquier investigación con la profundidad requerida”. Extraño comprobar que justo para un caso de la trascendencia del que nos ocupa, Poder Ciudadano no disponga de “medios”, máxime cuando vuestro sitio en Internet informa —con merecido orgullo— que Poder Ciudadano sí dispone de “medios” (o, más importante aún, de la voluntad) para encarar actividades tales como: – la creación de un Banco de Datos de Políticos Argentinos de acceso público y gratuito que reúne información sobre más de 600 dirigentes políticos; – la creación de un Banco de Datos de Jueces con información sobre más de 100 magistrados; – monitoreo del financiamiento de las campañas electorales, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, y elaboración de informes públicos sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, así como la inversión en publicidad; – impulso a la ley que declaró al 4 de junio como Día de la Lucha contra la Corrupción en homenaje a Alfredo Pochat; – la creación de una Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción de Transparency International (TI), diseñada para fortalecer la lucha anticorrupción en América Latina; – la presentación del Indice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, encuesta realizada por organizaciones de 10 países latinoamericanos para medir la transparencia y el acceso a la información en materia presupuestaria. • Notablemente, el caso de los elusivos fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz se relaciona directamente con cada una de estas iniciativas que Poder Ciudadano ha asumido. • Por nuestra parte, seguiremos articulando ese verdadero poder ciudadano por más que nuestros únicos “medios” sean algunos magros recursos personales. Contamos, sin embargo, con el optimismo que nos da la fuerza de nuestros valores, de nuestra voluntad de trabajo, y de nuestra rectitud y transparencia al momento de hacerle frente a la impunidad de los poderosos, y sus tibios y torpes aliados. • Por último, rescato con cierta extrañeza los ”valores” declamados por Poder Ciudadano en su “Misión” (“Una red de personas e instituciones comprometidas con los asuntos públicos a escala local, nacional e internacional en pos de sociedades democráticas e inclusivas”) y “Visión” (“Promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción colectiva”). Podría interpretarse que existe una fuerte brecha entre la teoría de las declamaciones bienintencionadas y la práctica en los hechos, el compromiso y la actividad concreta. Dice un viejo refrán criollo, Doctor Facal, que a menudo “la culpa no es del chancho sino de quién le da de comer”. Esta jocosa sabiduría popular, muy instalada en el imaginario
colectivo del ciudadano argentino, hoy parece tener más vigencia que nunca. Poder Ciudadano ha adoptado una posición clara y definida que, por supuesto, respetamos aunque de manera alguna compartimos. Discúlpenos, entonces, si nosotros en cambio preferimos no alimentar a los cerdos que hoy se han adueñado de la Argentina. Sin otro particular, lo saludo con mi consideración más distinguida Adrian Salbuchi consultor international, periodista, autor www.eltraductorradial.com.ar
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
A su vez, en septiembre de 2005, también elevamos una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, sin embargo, al poco tiempo (4 de octubre de 2005) se “declaró incompetente” por ser este caso “manifiestamente ajeno a su competencia originaria”. En realidad, los jueces de la Corte Suprema que produjeron este fallo —Petracci, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti— no hicieron más que describir magistral e inconcientemente a esa suprema corporación de jueces, notoria por su clara incompetencia para defender el interés público nacional, del que parece estar siempre ajena… En esa oportunidad (03-oct-2005) y bajo el título “La Corte se declaró incompetente en el caso de los dólares de Santa Cruz”, el Dr. Juan Labaké emitió la siguiente información:
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de declarase incompetente para intervenir en el escándalo de los desaparecidos Fondos de la Provincia de Santa Cruz durante la larga Gobernación Kirchner, tal como lo solicitamos oportunamente. Para ello, la Corte aduce que nuestro pedido “es manifiestamente ajeno a (su) competencia originaria (art. 117)”. En nuestra presentación, adelantamos que se trataba de un caso excepcional, por fuera de las reglas formales, ya que: • ...el itinerario procesal que ha tenido esta causa hace que se encuentren agotadas todas las instancias judiciales, tanto locales como federales para investigar tan graves y agraviantes conductas. Ello constituye un verdadero y gravísimo escándalo moral, jurídico y político para nuestra sociedad nacional”. Y agregamos: • “Estamos frente a un presidente que ha mentido en forma pública, reiterada, y con total frialdad y alevosía... estamos ante un gobernador que en este asunto se ha plegado visible y totalmente a los deseos y decisiones presidenciales; enfrentamos la... desaparición de centenares de millones de dólares públicos... y de una multimillonaria (en dólares) comisión de negocios”. • “Ante tal bochorno, hoy impune, venimos a solicitar la intervención extraordinaria y urgente de Vuestra Excelencia. Estimamos que, si esta petición fuera rechazada aduciendo que la vía procesal está agotada, quedaría a salvo la formalidad de la ley, pero herido gravemente (sino de muerte) su espíritu, además de la decencia pública, el decoro y la dignidad de la Nación y la confianza de los argentinos en sus instituciones. (...) • ...La Nación Argentina no descansa sobre un artículo del Código Procesal, sino sobre valores y normas fundamentales que han sido pública, jactanciosa e impúnemente vulnerados por quien tiene la obligación de ser su primer y principal defensor”. Ante el fallo de la Corte, nada tenemos que agregar. Está todo dicho. Lo lamentamos como argentinos y hombres inquietos por la suerte y el decoro de nuestro país. Sólo agregamos un panorama resumido de la situación: Este escándalo por los desaparecidos Fondos Públicos Santacruceños demuestra lo que venimos diciendo reiteradamente en el sentido de que en la Argentina actual no predominan ni la justicia, ni el bien común, ni las leyes, ni la responsabilidad de los hombres públicos, sino, por una causa u otra, el fraude y la impunidad del poder”.
Oficina “Anticorrupción”
Y también recurrimos a la Oficina Anticorrupción, solicitando su asistencia, según nota enviada a su director, el Dr. Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas, mediante una detallada nota fechada 5 de julio de 2005. Dicha Oficina, abrió un expediente interno —el N° 6658— y, tras reiterados reclamos de nuestra parte, finalmente nos envió el 21 de diciembre de 2005 una extraña y casi hermética carta. De su contenido solo pudimos inferir que, inspirados en el pasaje del Evangelio que relata la “justicia” del procónsul imperial que por omisión le allanó el camino a la turba Deicida, los directivos de la Oficina Anticorrupción también optaron por lavarse las manos. Compartimos con nuestros lectores el texto de nuestra última nota que enviamos el 17 de febrero de 2006 a la “Oficina Anticorrupción”, que se explica por sí misma:
De: “Adrian Salbuchi” Para: ; “Oficina Anticorrupcion” Cc: “Juan Gabriel Labaké” “Enrique Romero” Viernes, Febrero 17, 2006 6:51 PM Subject: DENUNCIA POR MANEJO INCORRECTO DE MILLONARIOS FONDOS PUBLICOS DE LA PCIA. DE STA. CRUZ POR NESTOR KIRNER Y COLABORADORES — V/ CARPETA Nº 6658
Dr. Martín Andrés Montero, Director de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Tucumán 394, Capital Federal Su Nota OA/DI/MC No. 2142/05 - Ref: 6658 de fecha 21 de Diciembre de 2005.
De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, a fin de agradecerle su amable nota de fecha 21 de diciembre 2005, mediante la cual me remitiera copia de la “Resolución OA/DI/Nª 817/05” de la carpeta de referencia para “mi conocimiento y a los efectos que estime corresponder”. Dicha Resolución 817/05 que usted adjunta a su nota, dice textualmente lo siguiente: “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Oficina Anticorrupción - Nª 817/05 - Buenos Aires, 18 de octubre de 2005 VISTAS: Las presentes actuaciones que llevan el Nº 6658 de la Dirección de Investigaciones Y CONSIDERANDO: Que comparto los fundamentos y solución que se expresan en el dictamen precedentemente, cuyos términos doy aquí por reproducidos. En uso de las facultades otorgadas por el FISCAL de CONTROL ADMINISTRATIVO de la OFICINA ANTICORRUPCION mediante Resolución Nª 6/2005. RESUELVO: 1) ADJUNTAR la carpeta 6658 a la 3778. 2) REMITIR copias de la totalidad de las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 14, en relación a la Causa No. 6662/04. 3) ARCHIVAR las presentes actuaciones por los argumentos precedentemente mencionados. Regístrese, cúmplase y archívese. Firmado: Martin Andrés Montero - Director de Investigaciones - Oficina Anticorrupción” Como el Sr. Director de Investigaciones seguramente comprenderá, me resultó imposible desentrañar qué es lo que se me estaba comunicando en su nota. Usted manifiesta compartir “los fundamentos y solución que se expresan en el dictamen precedentemente, cuyos términos doy aquí por reproducidos”, pero no hay absolutamente nada reproducido, citado ni aclarado en ninguna parte de su comunicación. Correspondientemente, al verme imposibilitado de comprender qué decisión habría adoptado la Oficina Anticorrupción en torno a este caso, en diciembre pasado tomé contacto telefónico con la OA, oportunidad en que fui atendido con excepcional deferencia y amabilidad por el Sr. Martín Cutuli quién procuró —sin éxito, desde luego— explicarme de qué se trataba esto. El Sr. Cutuli pacientemente me leyó un extenso documento interno del cuál pude inferir que la Oficina Anticorrupción habría decidido no involucrarse en este tema y - como elocuentemente dice usted en su nota - “archivar las
presentes actuaciones por los argumentos precedentemente mencionados”, que por supuesto si tales argumentos existen, a mi no me han sido comunicados. Sr. Director: me permito reiterarle que estamos ante un caso de gravísima sospecha de corrupción que afecta a las máximas autoridades nacionales y, por ende, a la salud moral de la Nación Argentina. En los últimos meses, hemos profundizado nuestras investigaciones lo que derivó en una nueva Denuncia Penal realizada el 20 de diciembre de 2005, por presunta asociación ilícita agravada, cohecho, tráfico de influencias, defraudación agravada y otros delitos según la Causa Nº 18.209/05 radicada en el Juzgado Federal Penal Nº. 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, copia de cuyas actuaciones le adjunto al presente mensaje para su mejor gobierno. Bien podemos comprender que, en los momentos actuales, nuestro pedido de asistencia podría generar claros inconvenientes de naturaleza política a los funcionarios de la Oficina Anticorrupción, y que una postura clara y decidida de vuestra parte requiere de una importante dosis de coraje cívico y responsabilidad ciudadana. Correspondientemente, agradeceré recibir a vuelta de correo una comunicación oficial de la Oficina Anticorrupción explicando de manera clara cuál ha sido la decisión adoptada en torno a nuestro pedido y las razones que sustenten la misma. Desde ya que nos reservamos todos los derechos ciudadanos de ampliar nuestras actuaciones judiciales en curso a la propia “Oficina Anticorrupción”. En la espera de sus amables noticias sobre el particular, saludo al Sr. Director con mi más distinguida consideración. Adrian Salbuchi (DNI 10369848).
Con estos breves extractos de las comunicaciones mantenidas con estas organizaciones y entes, hemos querido brindar al lector una muestra de porqué el sistema de impunidad vigente en la Argentina se mantiene siempre incólume más allá del gobierno de turno. Como indicamos al principio del presente dossier, hoy la Argentina sufre bajo un Sistema de Corrupción: los desfachatados e insolentes que roban nuestros dineros públicos a cuatro manos, llegan, roban y se van. El Sistema queda intacto presto a darle la bienvenida a la siguiente camada de malandrines. En síntesis quienes iniciamos la Denuncia Nº 6662/04 el 05 de mayo de 2004 comprobamos que: • la Justicia Federal sucumbe ante el Poder Kirner; • la Justicia de la Provincia de Santa Cruz sucumbe ante el Poder Kirner; • la Oficina “Anticorrupción” aduce no poder ocuparse con premura de este caso y se lava las manos; • Transparency International y sus representantes locales, “Poder Ciudadano”, se lavan las manos; • los “grandes medios” de prensa y los opinólogos del Establishment, nos han ignorado casi por completo, aunque utilizan nuestra Causa caso para sus propios objetivos politiqueros; • la “Corte Suprema de Justicia de la Nación” se refugia en alguna mera formalidad de la ley para también poder lavarse las manos.
Únicamente la Defensoría del Pueblo de la Nación, aunque se vio imposibilitada de tomar medidas concretas a raíz de las limitaciones de su mandato, procuró asistirnos fehacientemente solicitando en varias oportunidades al juez santacruceño Lozada que nos facilite copia de su insólito fallo sobreseyendo a Kirner, aunque su gestión se vio frustrada.
CONCLUSIONES
Al publicar el presente documento, lo hacemos con el fin de desenmascarar no tan solo un escándalo puntual que afecta los intereses de la provincia de Santa Cruz, sino para dejar al descubierto a todo un Sistema corrupto que permite, avala y perpetúa en el poder a los peores elementos de nuestra sociedad. En este dossier brindamos los principales hechos e hitos clave de lo que claramente conforma un manejo discrecional de la Justicia por parte de intereses encumbrados en torno al presidente de turno. Ojala que los medios de comunicación social, periodistas y dirigentes se hagan eco del contenido de este dossier, ya que la Justicia no lo ha hecho. Ojala que este documento sirva para transformar el escándalo de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz en una suerte de “Watergate” que obligue a Néstor Kirner y su equipo de familiares, amigos, socios y colaboradores a dar explicaciones serias, documentadas, consistentes y sólidas en lugar de tratar de “zafar” con frases huecas y mentiras flagrantes. Pero —más importante aún— ojala que este dossier sirva para iniciar un vuelco mucho más profundo y constructivo para nuestro país. Que se inspire en el ejemplo del proceso “mani pulite” —“Las Manos Limpias”— desatado en los años noventa en Italia que no sólo sirvió para desenmascarar la inmoralidad y corrupción de quienes circunstancialmente dctentaban en Poder en Italia, sino también la perversidad del Sistema de poder y corrupción que lo permitió. En nuestro caso, la decisión final en torno a lo que describimos, no la tiene ni la Justicia, ni los medios de prensa, ni, mucho menos, la casta de politiqueros que hoy usurpan —legal mas no legítimamente— el Poder político y económico en nuestro país. La decisión final es del Pueblo Argentino. En las páginas más luminosas de nuestra Historia —las Jornadas de Mayo, la Independencia, el 17 de octubre, Diciembre de 2001— reiteradamente el Pueblo alzó su voz para decir ¡Basta!
Nuevamente, se acercan días muy complejos y aciagos para la Argentina. Una vez más, el Pueblo debe exigirle a sus dirigentes su derecho inalienable a saber qué está pasando y qué están haciendo con nuestro país. Una vez más, el Pueblo debe saber de qué se trata.
ANEXO I
Causa Nº 6662/04 —Juzgado Nº 7, interinamente a cargo del Juez Dr. Jorge Urso— realizada el 5 de mayo 2004 a las 10:30 horas en Tribunales Comodoro Py 2002 de Buenos Aires.
DENUNCIAN LA EVENTUAL COMISIÓN DE PRESUNTOS DELITOS DE APOLOGÍA DEL DELITO, DEFRAUDACIÓN AGRAVADA E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
Señor Juez: ADRIÁN SALBUCHI y ENRIQUE ROMERO, periodistas y conductores del programa radial “El Traductor”, constituyendo ambos el domicilio legal a todos los efectos junto con sus letrados patrocinantes Doctores. JUAN GABRIEL LABAKÉ, C S J N T. 7 F. 311, y JUAN CARLOS IGLESIAS Tº 3 Fº 101, en la calle Tucumán 1424, 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decímos:
I.– EXORDIO Que venimos a presentar formal denuncia criminal contra el señor presidente de la Nación, Doctor. Néstor Kirchner, con domicilio en Balcarce 50, Ciudad de Buenos Aires, contra el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo, con domicilio en Casa de Gobierno, Río Gallegos, de la citada provincia, contra los funcionarios responsables del Banco Central de la República Argentina y contra aquellas personas que pudieren haber intervenido en la presunta comisión de los delitos de apología del delito (artículo. 213 del CP), defraudación agravada por tratarse de fondos públicos (artículo. 174 inciso. 5º del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario público (artículo 248 del CP) y otros, tal como resultará de nuestra exposición. Al respecto, el artículo. 260 del CP habla de malversación de caudales públicos; el 261, de peculado (si los fondos estuvieren a nombre de particulares); y el 262 se refiere a los funcionarios que, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, dieren ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el art. anterior.
II.– HECHOS En su discurso en el acto de clausura de la llamada “Cumbre Extraordinaria de las Américas”, realizado en la ciudad de Monterrey, México, el día 16 de enero de 2004, el señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirner, dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http:// www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de correo-E webmaster@presidencia.gov.ar): “En la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión.” La claridad de esa confesión del señor presidente y la gravedad de los delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llevó a efectuar una primera comprobación. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América, solicitando información fidedigna acerca de la posibilidad de que alguien efectúe una inversión o depósito de fondos, en ese organismo financiero y, de ser así, si el Dr. Kirner fue el autor de uno de tales depósitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo electrónico a través del “sitio público en Internet” del Banco de la Reserva Federal (“public web site”), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm. “Brevitatis causae”, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en inglés, idioma en el que se enviaron ambas notas, y en español. Estos son sus respectivos textos: Lunes, 27 de enero de 2004 4,33 PM Nombre: Adrián Apellido: Salbuchi Correo-E: salbuchi@fibertel.com.ar Profesión: Consultor Internacional Organización: Ciudad: Buenos Aires Estado: País: ARGENTINA Código Postal: 1425
[Contenido del Correo electrónico] Estimados señores, Actualmente formo parte de un equipo académico que se encuentra realizando una investigación general sobre el tema de las inversiones argentinas en el exterior realizadas tanto por entidades públicas como privadas. En su reciente discurso durante la Cumbre de Monterrey en México, el presidente argentino Néstor Kirchner manifestó que cuando él era gobernador de la provincia austral de Santa Cruz, había logrado preservar una inversión importante (alrededor de 800 millones de dólares), dado que en lugar de depositar dichos fondos en bancos argentinos (lo que habría significado que quedaran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), él su puestamente tuvo la previsión de “invertirlos en el Banco de la Reserva Federal”, a pesar de que rendía una baja tasa de interés. Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes aceptarían un depósito
semejante de un Estado extranjero —en este caso, el de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la República Argentina. Serían ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema. Atentamente, Adrián Salbuchi, Buenos Aires” —————— Miércoles, 28 de enero de 2004 6:29 PM Ref.: Respuesta a su correo electrónico respecto de: Consulta Internacional Estimado, Gracias por su reciente correspondencia en la que usted solicita saber cuál es la intervención de la Reserva Federal como banco de inversiones. La información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz (Nota nuestra: engañosa, es la otra acepción que otorga el diccionario CUYAS de APPLETON a la palabra inglesa “deceptive”). Usted debería dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión y no existe ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz. Espero que esta información le sea de utilidad. Atentamente, El Personal de la Junta
Si requiere responder a este mensaje, hágalo desde el sistema de correo electrónico público en nuestro sitio en Internet http://www.federalreserve.gov/ feedback.cfm . ——————
De la respuesta dada por la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica a nuestra nota se deduce con claridad que no es posible que el Doctor. Kirner, tal como lo afirmó en Monterrey públicamente, haya depositado aquellos cuantiosos fondos públicos en ese organismo gubernamental extranjero. Esta comprobación, unida a las citadas palabras del señor Presidente de la Nación, crean una compleja y grave situación, que podemos resumir como sigue: 1.– El Dr. Kirner ha confesado públicamente, y desde una tribuna de gran nivel internacional, que cuando era gobernador de Santa Cruz depositó fondos del Estado fuera del país, en lugar de colocarlos en algún banco, oficial o privado, de la Argentina. Esa actitud lo coloca a la misma altura de los malos argentinos que, con una conducta contraria a los intereses de nuestro país —inadmisible en cualquier ciudadano y con mayor razón en el primer magistrado—, fugaron sus fortunas al exterior produciendo los enormes daños que hemos sufrido desde 1976 y que se agravaron dramáticamente a fines de 2001. Existe un segundo agravante: los particulares fugan sus propios dineros; el Dr. Kirner fugó fondos de propiedad del Estado. 2.– También por boca del señor presidente ha quedado probado que colocó esos fondos a un interés muy bajo: él habla del uno por ciento, cuando en la última década, los Bonos del Tesoro de EEUU de Norte América, que se considera la inversión más segura del mundo, en ese lapso pagaron una tasa de entre el 1,75 % y el 5,75 % anual. 3.– El Dr. Kirchner jamás ha informado a su provincia y al país qué monto de dinero propiedad del Estado llevó al extranjero, y en qué banco u otra institución financiera o no, depositó realmente tales cuantiosos fondos. Por ese mismo motivo, se desconocen los intereses que ha cobrado por dichos depósitos, de qué manera fue contabilizado a nivel de la Provincia de Santa Cruz y el destino que les dio. 4.– El Dr. Sergio Acevedo, actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, conoce desde el inicio esta situación tan anormal, pues fue ministro 82 del Dr. Kirchner durante muchos años. Antes, como ministro, y ahora como gobernador, jamás ha efectuado reclamo alguno, ni ha formulado denuncia judicial sobre la virtual desaparición de centenares de millones de dólares (obviamente, casi tres veces más de pesos) del erario provincial. 5.– Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de legisladores de la provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la última década. De acuerdo a la legislación argentina, esos fondos sólo pueden ser coloca- dos o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local. Santa Cruz no debe ser una excepción a esa sana y lógica regla. A pesar de ello, no hemos
podido detectar la existencia de autorización alguna de la Legislatura santacruceña para el depósito de tales fondos, y menos para su radicación en el exterior, bajo estricto y rarísimo secreto, por lo que cabe incluir a los citados legisladores en esta denuncia. 6.– Tanto las autoridades del Ministerio de Economía y Producción, y del Poder Ejecutivo en general, como así también las del Banco Central de la República Argentina conocen la grave e insólita irregularidad que nos ocupa, sin que tampoco hayan hecho nada para ponerle coto en al menos diez años. 7.– El hermético secreto impuesto por el Doctor. Kirner sobre el lugar donde se encuentra esa fortuna estatal, así como sobre la tasa de interés que devenga y la fecha de vencimiento de la colocación, ha dado pie a perversas y dañinas sospechas, que están envenenando la sociedad. Y esas sospechas se basan en que semejantes fondos gozan de un estado clandestino de ubicación y condiciones de inversión, sin que ni el actual Señor presidente de la República, ni el gobernador de la Provincia de Santa Cruz, ni funcionario alguno del Banco Central se haya interesado sobre su paradero, existencia real, titularidad, rendimiento y contabilización de ganancias en los presupuestos sucesivos a su depósito. Todo indica que se encuentran en un paraíso fiscal y, por esta razón, no se puede dar información precisa al respecto. Ahora, con la falsedad informada en Monterrey, esas sospechas han crecido apreciablemente. 8.– Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es evidente que estamos frente a un potencial escándalo político y jurídico que debería avergonzarnos como pueblo civilizado. Sólo en una república bananera o en un régimen de primitivo despotismo feudal puede darse el caso aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo antojo, de inmensas fortunas públicas, las saca al extranjero en secreto, se niega a informar la institución en que las depositó (y cuando lo hace, brinda información falaz al dar el nombre de un banco central extranjero como depositario), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de vencimiento de la colocación y, por si todo eso fuera poco, se ufana públicamente, en un foro de 83 gran repercusión mundial, de haberlo hecho. Consideramos que semejante conducta en la persona del presidente de la Nación atenta contra el Honor del pueblo argentino y nos degrada como nación. 9.– Todo lo dicho nos lleva a afirmar que podríamos estar ante la comisión de varios delitos, potencialmente muy graves. Enumeramos los principales: a)- Apología del delito, que habría cometido el señor Presidente de la Nación Doctor. Néstor Kirchner en su discurso ante la Cumbre de Monterrey, al ufanarse de haber hecho desparecer virtualmente los fondos públicos de Santa Cruz. b)- Defraudación agravada (por tratarse de fondos públicos), pues, por su propia confesión, sabemos que colocó los fondos al 1 % de interés, cuando la inversión más segura en el mundo —los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América— rindieron en este lapso entre 1,75 % y 5,75 % de interés anual. Y si tales fondos se hubieran colocado en bancos privados de primer nivel, el rendimiento para el erario público hubiera sido aún mayor. c)- Malversación de caudales públicos desde el momento en que el Doctor Kirner ha confesado públicamente que colocó los fondos a un interés inferior al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norte América. d)- Incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por haber dispuesto y fugado del país cuantiosos fondos públicos sin autorización de la Legislatura, con la conformidad del Banco Central de la República Argentina y guardando en secreto el destino y otros datos de tales fondos. e)- Los mismos delitos, aunque en grado diferente, habrían cometido el señor gobernador de Santa Cruz, Doctor Sergio Acevedo, y los señores legisladores santacruceños de la última década. f)- En igual delito habrían incurrido los integrantes del Banco Central de la República Argentina que han permitido semejante operación. g)- Para el hipotético caso de que los fondos estuvieren a nombre de particulares y no de la provincia, se habría cometido el delito de peculado previsto en el artículo 261 del CP.
III.– ANTECEDENTES Como antecedente de la remesa del Gobierno Nacional al Provincial de Santa Cruz cabe destacar que en abril de 1993, el Estado depositó a favor de la provincia mencionada, en la Caja de Valores S.A., 654 millones de dólares en bonos, contando retenciones, regularizaciones e intereses. El entonces gobernador Kirner compró acciones de Y PE EFE por unos 290 millones de dólares, a 19 dólares la acción. Seis años mas tarde, las vendió a un valor de 44,78 dólares la acción, y obtuvo alrededor de 660 millones de dólares. Para tal operación los autores contaron con el asesoramiento del entonces Ministro de Economía, Dr. Domingo Felipe Caválo y del negociador de 84 la deuda externa, Doctor. Daniel Marx, según fuentes que han participado en la operación conforme surge de la lectura de los medios de comunicación escrita. Kirner compró títulos de deuda, acciones en empresas de primera línea e impuso plazos fijos en el exterior. Desde el año 1992, la provincia de Santa Cruz dispuso por ley la creación de una comisión legislativa, de un consejo asesor y de una unidad de administración para la asignación y la administración de los recursos obtenidos por el pago de regalías, que oportunamente el Gobierno Nacional girara al de la mencionada provincia mediante depósitos en la Caja de Valores S.A. Finalmente, cabe señalar que en la Legislatura Provincial, a través del sector opositor al gobierno, se ha efectuado una denuncia hacia fines de 2003 señalando que desde 1997 el gobierno dejó de presentar el informe anual sobre el estado de esos recursos. Esto comprende: lugar actual de los depósitos, incremento desarrollado de los distintos intereses, con indicación de la fecha de vencimiento, titularidad de los fondos, resultado de las operaciones financieras intermedias, etc. Finalmente, se pregunta por qué no se ingresaron en el tesoro provincial dividendos de las acciones de Y PE EFE por unos 61 millones de dólares. Agreguemos que en recientes declaraciones a los medios de prensa (“Clarín”, de Buenos Aires, y “La Opinión Austral”, de Río Gallegos, Santa Cruz; ver más adelante, en PRUEBA TESTIMONIAL, el despacho de “Rebanadas de Realidad” del 31 de Marzo de 2004), el Gobernador Acevedo manifestó explícitamente que no repatriará dichos fondos ni los trasladará a otras plazas financieras mundiales de mayor prestigio y transparencia, prefiriendo mantenerlos en las actuales plazas de Luxemburgo y Suiza, que por sus leyes atinentes al secreto bancario y otros beneficios similares, resultan favoritas como paraísos fiscales y centros de lavado de dinero. En dichas declaraciones, el gobernador Acevedo utilizó un argumento muy débil y especioso para justificar el mantenimiento de los fondos en el exterior. En efecto, el Doctor Acevedo dijo que no los repatriará mientras nuestro país esté en “default”, para evitar que los embarguen los acreedores externos. No escapará al elevado criterio de Vuestra Señoría que en el único lugar del mundo donde los fondos quedan a resguardo de eventuales embargos es, justamente, en la Argentina, pues acá ningún juez decretaría medidas contra ellos. En cualquier otro país, en cambio, los fondos corren riesgo de ser embargados por los acreedores. La claridad de la contradicción, su envergadura y el hecho de haber sido pronunciada por el propio gobernador de Santa Cruz, elevan las sospechas sobre lo que realmente está ocurriendo con los fondos, a niveles de gran preocupación. La pregunta final está referida al derecho que tiene el país de saber dónde están los fondos y los pormenores de su incremento y el porqué de la no contabilización de las distintas modificaciones en los saldos. Si bien los primeros interesados son los habitantes de la Provincia de Santa Cruz, basta con recordar que dichos fondos provienen de regalías giradas por la Nación. Por ello, resulta fácil deducir que esto es una cuestión nacional. Además, el secreto con que se manejó esta operación, permite pensar si realmente los fondos existen, y a nombre de quién o quiénes están. No sea cosa que aparezcan como titulares de los fondos,
particulares o funcionarios, y en caso de fallecimiento de alguno de ellos tengamos la sorpresa de que el destinatario de dichos fondos no es la provincia o la nación, sino particulares. De acuerdo a información que nos ha sido suministrada desde la provincia de Santa Cruz, diputados locales han presentado las siguientes denuncias o pedidos de informes, sin obtener jamás una solución, ni siquiera una respuesta: a)- El 10 de octubre de 1996, los diputados provinciales Fernando Javier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio Huecke, Esther Crespo Viuda de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco Soria, Luis Alcain y Carlos Mansilla presentaron una denuncia ante el fiscal Andres Vivanco, por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionarios públicos, por parte de los integrantes de la Unidad de Administración de los Recursos Financieros del Estado Provincial, creada mediante ley N° 2385, pues, no se había cumplido con lo establecido por dicha ley en cuanto a elevar anualmente a la Legislatura provincial un informe de la gestión financiera del sector publico bajo su responsabilidad. b)- Los citados diputados provinciales presentaron luego, el 21 de diciembre de 1996, una ampliación de esa denuncia ante el fiscal Ricardo Alberto Camutti, en la cual se vincula además al señor Julio de Vido, a la sazón Ministro de Economía de Santa Cruz, al titular del Banco de la Provincia de Santa Cruz, Roberto López, y al titular de la Unidad de Mercado de Capitales y Negocios Internacionales de aquella esa, señor Emilio Martín. En esa ampliación se destaca que el 13 de noviembre de ese año (1996) ingresó a la Legislatura una nota del gobierno, la número 72/96, con el informe de la Unidad de Administración de Recursos Financieros. Según los legisladores denunciantes, la venta de acciones de Y PE EFE que reconoce ese informe sería mayor a la mencionada en presentaciones anteriores del Poder Ejecutivo. c)- El 13 de mayo de 1999, los diputados Fernando Bielle, Roberto Giubetich y Fernando Horacio Huecke, presentaron una nueva denuncia ante el fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscalía Nº 1, por incumplimiento de la ley Nº 2339, modificada por la ley Nº 2359, que dispone la creación del Concejo Asesor para la Asignación de los Recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. Destacamos que, siempre según la información obrante en nuestro poder, ninguna de estas denuncias prosperó. d)- Finalmente, en los últimos días el gobernador Doctor Sergio Acevedo se habría comprometido a presentar el movimiento de los fondos durante el último año, pero al parecer insistió, ante una comisión de la legislatura provincial, que los fondos están al 1% anual, depositados en bancos suizos, y que no volverán en el corto plazo. Además, habría estimado el monto de los depósitos en 507 millones de dólares. Como último comentario, informamos a Vuestra Señoría que a través de cartas fechadas el 3 de febrero y el 15 de marzo ppdo., solicitamos aclaración al Sr. Presidente, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento, motivo por el cual recurrimos a la Justicia para un pronto esclarecimiento de los hechos descriptos.
IV.– COMPETENCIA Por el tipo de delito y las personas que los habrían cometido correspon de que intervenga el Fuero Federal Penal. Y por ser el Presidente de la República quien habría caído en la apología del delito en Monterrey, México, corresponde la jurisdicción de Vuestra Señoría.
V.– PRUEBA INSTRUMENTAL: 1.– La ya transcripta en este escrito, que Vuestra Señoría podrá ratificar en las direcciones de correo-e aportadas: a)- Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América. b)- Página Web y casilla de correo-E de la presidencia de la Nación. 2.– Las declaraciones públicas efectuadas por el senador nacional santacruceño Carlos Alfonso Prades al medio electrónico Rebanadas de Realidad, el 31-03-04, y que se transcriben en el capítulo de la prueba testimonial. 3.– Artículo del diario “Clarín” de Buenos Aires, del 28 de marzo de 2004, (tomado del sitio en internet www.clarin.com) con las
declaraciones del Doctor Acevedo. Artículo del diario “La Opinión Austral” de Santa Cruz del 29 de marzo de 2004, (tomado del sitio en internet www.laopinionaustral.net).
INFORMATIVA: Solicitamos a VS se libre exhorto a: 1.– La Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se sirva informar si alguna vez otorgó autorización para que el ex gobernador Doctor. Néstor Kirner depositara los citados fondos en el exterior, y si cuenta con similar autorización el actual gobernador Doctor. Sergio Acevedo para mantenerlos donde y como están. También para que se sirva informar a Vuestra Señoría sobre 87 los procedimientos que establece la ley de esa provincia para casos como el presente. Asimismo, para que eleve a Vuestra Señoría la documentación correspondiente a la denuncia presentada el 10 de Octubre de 1996, ante el fiscal Andrés Vivanco, por los diputados Fernando Javier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio Huecke, Esther Crespo Vda. de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco Soria, Luis Alcain y Carlos Mansilla, así como la de la ampliación de denuncia presentada el 21 de Diciembre de 1999 por los citados legisladores ante el fiscal Ricardo Alberto Camutti, y la de la denuncia presentada por los legisladores Fernando Bielle, Roberto Riubetich y Fernando Horacio Huecke, el 13 de Mayo de 1999, ante el fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscalía Nº 1. 2.– Al Banco Central de la República Argentina y al Ministerio de Economía y Producción de la Nación, para que se sirvan informar sobre el procedimiento legal que se debió seguir para el depósito de fondos públicos nacionales y provinciales, así como la normativa que se debió respetar para sacar fuera del país fondos privados o públicos nacionales o provinciales, desde 1993 a la fecha. 3.– Al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América (exhorto diplomático en este caso), para que sirva informar si en esa institución los terceros pueden colocar fondos como inversión o depósito a interés, la tasa que rigió para ellos desde 1993 a la fecha, y si eventualmente el Doctor Kirner o el Gobierno de Santa Cruz han efectuado alguna colocación de ese tipo de fondos en los últimos once años.
TESTIMONIAL: Se cite a declarar al senador nacional por la provincia de Santa Cruz, Doctor Carlos Alfonso Prades, con domicilio en el Honorable Senado de la Nación, calle H. Yrigoyen 1857, Capital Federal, para que ratifique y amplíe sus manifestaciones públicas aparecidas en el portal electrónico Rebanadas de Realidad con fecha 31 de Marzo de 2004, manifieste las gestiones que ha efectuado por si o por interpósita persona para conocer la situación real de los fondos en cuestión y aporte toda la documentación que posea sobre este caso. Al efecto, transcribimos dichas declaraciones del senador Prades: La repatriación de fondos santacruceños II Rebanadas de Realidad — 31 de Marzo de 2004 rebanadas@ciudad.com.ar y rebanadas@rebanadasderealidad.com.ar Las declaraciones del gobernador santacruceño, Dr. Sergio ACEVEDO, en cuanto aseveró ante medios nacionales (Clarín) y regionales (La Opinión Austral) su decisión de no repatriar los activos financieros que el Estado provincial tiene depositados hace más de una década en el exterior “hasta que Argentina salga del default”, provocó la reacción del senador radical 88, Dr. Carlos Alfonso PRADES, quien cuestionó el oscurantismo del oficialismo nacional y provincial alrededor del sospechoso manejo de los ahorros santacruceños. “Ahora no me quedan dudas de que algo grave está pasando alrededor del manejo discrecional que desde hace más de una década cubre con un manto de sospecha el destino y la cantidad de fondos santacruceños depositados en instituciones financieras en el exterior” sentenció el legislador radical. “Realmente es una excusa insostenible expresar que los fondos santacruceños no serán devueltos a la provincia mientras la Argentina se encuentre en default, primero: porque uno de los motivos más sólidos para retornar inmediatamente esos fondos lo constituye el riesgo de ser inhibidos o embargados justamente
por el incumplimiento argentino con los acreedores externos y en segundo lugar porque nadie puede precisar la vigencia temporal de este crítico escenario y hoy la decisión del Gobierno pareciera estar mas cerca del nunca”. “Conozco y doy fe de la hombría de bien del Doctor ACEVEDO, por eso insisto: algo grave debe estar pasando para que hoy deseche la palabra empeñada durante su campaña electoral... algo sombrío y que para el gobierno es conveniente que el pueblo de la provincia de Santa Cruz y del país siga ignorando. Esto me da derecho a tener muchas dudas. Hoy tengo derecho a dudar si estos fondos realmente todavía los tenemos. Hoy tengo derecho a dudar sobre el manejo que durante mas de 10 años de misterios se han dado a tales depósitos que constituyen el ahorro de toda una generación de trabajadores petroleros” señaló el Senador santacruceño. “Hoy más que nunca el pueblo de la provincia y del país todo reclama una respuesta y que debe ser inmediata. Los argentinos deben saber todo lo acontecido alrededor de tales depósitos, sobre su derrotero, las comisiones pagadas, los intereses generados, sobre el incremento de los fondos por la compra y venta de acciones de Y PE EFE y, en fin, toda circunstancia que es necesario develar después de más de 11 años de ocultamiento inexplicable” advirtió Carlos PRADES. “No vamos a descansar hasta que nos digan la verdad: cualquier ciudadano que medianamente haya hecho las cuentas puede expresar con absoluta certeza que más de mil doscientos millones de dólares no pueden evaporarse sin dejar ningún rastro”. (Subrayados nuestros).
VI.- DERECHO Fundamos nuestro derecho en los artículos. 174 inciso. 5º, 213, 248, 260, 261 y 262 del CP.
VII.- PETITORIO Por todo lo expuesto, a Vuestra Señoría solicitamos:
1.– Se nos tenga por presentados como denunciantes, y por constituido el domicilio legal indicado.
2.– Previa ratificación de la presente se le corra vista al Señor Fiscal a efectos de lo dispuesto en el artículo. 180 del C.P.P.N.
3.– Se produzca la prueba ofrecida y toda otra que Vuestra Señoría crea necesaria.
4.– Se sustancie la respectiva causa por la eventual comisión de los delitos citados al señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner y a todos los que resultaren involucrados en cualquiera de los ilícitos mencionados.
5.– Previo a todo y a fin de interrumpir la continuidad de los efectos provenientes de la comisión de los delitos denunciados, se ordene preventivamente la repatriación de los fondos respectivos. Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.
ANEXO II
AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN A LA CAUSA 6662/04 (SEPTIEMBRE 2005).
INFORMAN SOBRE NOVEDADES QUE PUEDEN INFLUIR EN ESTA CAUSA
Excma. Corte: JUAN GABRIEL LABAKÉ, abogado en causa propia, CSJN T.7 F.311, CUIL 2406484939-
1, ADRIÁN SALBUCHI, por su propio derecho, y ENRIQUE ROMERO, por su propio derecho, todos patrocinados por el citado abogado Dr. Juan Gabriel Labaké, constituyendo domicilio a los efectos procesales en calle Tucumán 1650, PB, 1, de la Capital Federal, en la causa Nº 6662/04, incoada por los suscriptos respecto de los fondos de Santa Cruz girados al exterior por el actual presidente de la Nación Dr. Néstor Kirner cuando era gobernador de esa provincia, a Vuestra Exelencia nos presentamos y respetuosamente decímos:
1.– Que venimos a informar a Vuestra Excelencia sobre las novedades publicadas por la Revista “Noticias”, en su edición del 27 de agosto de 2005, páginas 28 y 29, Año 22I Nº 1496 (cuyo ejemplar acompañamos como prueba) que, a nuestro entender, aportan nuevos y muy importantes datos a la cuestión planteada en nuestro escrito anterior. En efecto, dicho medio afirma que el juez provincial Doctor. Santiago Lozada mantendría una relación sentimental muy estrecha con la Señorita. Romina Mercado, una sobrina del Dr. Néstor Kirchner a quien él sobreseyó tan rápida y ligeramente sin disponer investigación alguna, y sin esperar el resultado del crucial exhorto diplomático enviado a Suiza para que informara sobre 90 el derrotero de tales fondos, hoy abrupta e inexplicablemente disminuidos a menos de la mitad de lo que razonablemente deberían sumar. Agrega la revista NOTICIAS que: “Hay ejemplos de cómo obraba el juez antes de absolver a Kirner en la causa de los 500 millones. En el 2000, Lozada desactivó otra causa que involucraba a Kirner por el supuesto uso indebido del avión sanitario de la gobernación. (...) Por la misma época, el juez cerró otro expediente que rozaba al actual Presidente. Era por un subsidio de 80 mil pesos, que el gobernador le había otorgado al sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). (...) LA SOBRINA - La otra parte de esta historia se la lleva Romina, hija de Alicia Kirchner y su esposo Edelmiro Armando Mercado, alias “Bombón”, un influyente operador del Presidente. Alicia y “Bombón” hoy están separados, pero nunca se divorciaron. Romina es la hija menor del matrimonio. (...) Ella (Romina) es adjunta del fiscal de Estado, Pablo González, a quien sus conocidos reputan como experto en el tema de los 500 millones. Pura coincidencia.
2.– Por otro lado, y de acuerdo a la información que nos ha suministrado personalmente el periodista santacruceño señor Daniel Gatti:
1. El juez Lozada no conviviría con su esposa legal desde hace más de un año.
2. La estrecha relación sentimental que uniría al juez Santiago Lozada con la Srta. Romina Mercado tendría aproximadamente la misma duración, por lo que debe entenderse que sería una relación de pareja estable que, para este caso (la obligatoria excusación o la recusación en caso contrario) es asimilable a la del matrimonio formal.
3.– Ambas situaciones son de público y notorio conocimiento e, incluso, han sido difundidas ampliamente hace tiempo por el propio periodista Daniel Gatti a través de la radio AM LU12 y por la FM Abril, ambas de Río Gallegos. Otra actitud muy parcial y sospechosa del juez Lozada a favor del Dr. Néstor Kirner, o al menos de quienes son personas de su círculo íntimo y, en esa época, eran altos funcionarios de su gobierno provincial, se produjo con motivo de la denuncia
presentada en los Tribunales porteños, sobre una desastrosa operación de garantía efectuada por el Banco de Santa Cruz el 22 de marzo de 1995, que podría configurar el delito de administración fraudulenta de fondos públicos. Esa operación involucró al Banco de Santa Cruz en 17.200.000 y le significó el pago de una extraña comisión a terceros por 559.000 dólares. Dicho banco en ese momento (1995) era el banco oficial del Estado santacruceño y estaba dirigido por partidarios políticos y amigos estrechos del Dr. Néstor Kirchner. El juez de la Capital Federal entendió que la causa era de competencia provincial y la remitió a Río Gallegos, donde recayó en el Juzgado del Dr. Santiago Lozada. El citado juez la mantiene “paralizada” desde hace cuatro años aproximadamente, a pesar de los insistentes reclamos del fiscal Andrés Vivanco. Si VE lo considera necesario y procedente, podemos acompañar u ofrecer las pruebas correspondientes. Ahora acompañamos el ejemplar aludido de la revista NOTICIAS. De ser ciertas todas estas novedades aportadas por la revista NOTICIAS y por el periodista Daniel Gatti, estaríamos frente a un caso más grave de lo que suponíamos, pues al juez Losada lo alcanzaría una inequívoca causal de recusación, establecida en el inciso. 2 y otros del artículo. 17 del CPCC de la Nación (e incorporada al rito de todas las provincias), para decidir en el caso de los dólares de Santa Cruz. De esa forma, su fallo estaría viciado de nulidad absoluta y por eso mismo insalvable. Lo dicho, entendemos, amerita que Vuestra Excelencia incluya en la investigación que hemos solicitado, y que ahora se torna más necesaria que nunca, un capítulo especial para determinar si los datos aportados por la revista NOTICIAS y por Daniel Gatti, y los del eventual desfalco al Banco de Santa Cruz son ciertos o no y, en caso de serlo, adopte las enérgicas medidas que la eventual gravedad de la situación requerirían, incluida la nulidad absoluta del fallo del Dr. Lozada.
Proveer de conformidad SERÁ JUSTICIA.
ANEXO III
PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OEA)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2005. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de los Estados Americanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos
Honorable Comisión: Ref.: Salbuchi Adrián y Romero Enrique con Estado Nacional Argentino. Adrián Salbuchi, pasaporte argentino Nº 10.369.848, con domicilio real en calle Charcas 2529, 3er piso, “F”, Buenos Aires, Argentina, y Enrique Romero, DNI 16.821.530, con domicilio real en calle Zabala 1725, 2º piso D, Buenos Aires, Argentina, ambos por derecho propio, y constituyendo el domicilio legal junto con su letrado patrocinante, Dr. Juan Gabriel Labaké, abogado, pasaporte argentino Nº 6.484.949, matrícula nacional CSJN T. 7 F. 311, en calle Tucumán 1650, PB, 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a esa H. Comisión nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.– EXORDIO Que venimos a denunciar la violación, por parte del Estado Nacional Argentino, de nuestro derecho a ser oído por un tribunal competente, que protege expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8º-Garantías Judiciales, según los hechos que pasamos a exponer.
II.– NUESTRA DENUNCIA CRIMINAL El 5 de mayo de 2004, con el patrocinio de los Doctores. Juan Gabriel Labaké y Juan Carlos Iglesias, presentamos ante la Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires una denuncia penal por las graves irregularidades que, al parecer, habían cometido el actual presidente de la Nación Doctor. Néstor Kirner, mientras fue gobernador de la provincia de Santa Cruz y hasta hoy, y otros altos funcionarios oficiales. Acompañamos copia de dicha denuncia penal. En ella consta que denunciamos la eventual comisión de graves delitos, como apología del delito (artículos. 213 del Código Penal), defraudación agravada por tratarse de fondos públicos (artículo. 174 inc. 5º del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario público (artículo 248 del CP) y otros que surgen de nuestra presentación inicial (artículo. 260 del CP: malversación de caudales públicos; artículo. 261: peculado [si los fondos estuvieren a nombre de particulares]; artículo. 262 que se refiere a los funcionarios que, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, dieren ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el art. anterior).
III.– ANTECEDENTES En su discurso en el acto de clausura de la llamada “Cumbre Extraordinaria de las Américas”, realizado en la ciudad de Monterrey, México, el día
ver: “con” o “c/” (que quiere decir “contra”)
16 de enero de 2004, el señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http:// www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de correo-E webmaster@presidencia.gov.ar): “En la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión.” La claridad de esa confesión del señor presidente y la gravedad de los delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llevó a efectuar una primera comprobación. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América, solicitando información fidedigna acerca de la posibilidad de que alguien efectúe una inversión o depósito de fondos, en ese organismo financiero y, de ser así, si el Dr. Kirchner fue el autor de uno de tales depósitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo electrónico a través del “sitio público en internet” del Banco de la Reserva Federal (“public web site”), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm. “Brevitatis causae”, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en in- glés, idioma en el que se enviaron ambas notas y en español. Estos son sus respectivos textos:
Lunes, 27 de enero de 2004 4,33 PM Nombre: Adrián Apellido: Salbuchi Correo-E: salbuchi@fibertel.com.ar Profesión: Consultor Internacional Organización: Ciudad: Buenos Aires Estado: País: ARGENTINA Código Postal: 1425
[Contenido del Correo electrónico]
Estimados señores, Actualmente formo parte de un equipo académico que se encuentra realizando una investigación general sobre el tema de las inversiones argentinas en el exterior realizadas tanto por entidades públicas como privadas. En su reciente discurso durante la
Cumbre de Monterrey en México, el presidente argentino Néstor Kirchner manifestó que cuando él era gobernador de la provincia austral de Santa Cruz, había logrado preservar una inversión importante (alrededor de 800 millones de dólares), dado que en lugar de depositar dichos fondos en bancos argentinos (lo que habría significado que quedaran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), él supuestamente tuvo la previsión de “invertirlos en el Banco de la Reserva Federal”, a pesar de que rendía una baja tasa de interés. Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes aceptarían un depósito semejante de un Estado extranjero —en este caso, el de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la República Argentina. Serían ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema. Atentamente, Adrián Salbuchi, Buenos Aires ——————
Miércoles, 28 de enero de 2004 6:29 PM Ref.: Respuesta a su correo electrónico respecto de: Consulta Internacional Estimado, Gracias por su reciente correspondencia en la que usted solicita saber cuál es la intervención de la Reserva Federal como banco de inversiones. La información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz. (Nota nuestra: engañosa, es la otra acepción que otorga el diccionario CUYÁS de APPLETON a la palabra inglesa “deceptive”). Usted debería dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión y no existe ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz. Espero que esta información le sea de utilidad. Atentamente, EH Personal de la Junta Si requiere responder a este mensaje, hágalo desde el sistema de correo eléctrónico público en nuestro sitio en Internet http://www.federalreserve.gov/ feedback.cfm . ——————
De la respuesta dada por la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica a nuestra nota se deducía con claridad que no era posible que el Doctor. Kirner, tal como lo afirmó en Monterrey públicamente, hubiera depositado aquellos cuantiosos fondos públicos en ese organismo gubernamental extranjero. Esta comprobación, unida a las citadas palabras del señor Presidente de la Nación, crearon una compleja y grave situación, que podemos resumir como sigue: 1.– El Doctor. Kirner había confesado públicamente, y desde una tribuna de gran nivel internacional, que cuando era gobernador de Santa Cruz depositó fondos del Estado fuera del país, en lugar de colocarlos en algún banco, oficial o privado, de la Argentina. Esa actitud lo colocaba a la misma altura de los malos argentinos que, con una conducta contraria a los intereses de nuestro país —inadmisible en cualquier ciudadano y con mayor razón en el primer magistrado—, fugaron sus fortunas al exterior produciendo los enormes daños que hemos sufrido desde 1976 y que se agravaron dramáticamente a fines de 2001. Existe un segundo agravante: los particulares fugan sus propios dineros; el Dr. Kirchner fugó fondos de propiedad del Estado. 2.– También por boca del señor presidente había quedado probado que colocó esos fondos a un interés muy bajo: él habla del uno por ciento, cuan- do en la última década, los Bonos del Tesoro de EEUU de Norte América, que se considera la inversión más segura del mundo, en ese lapso pagaron una tasa de entre el 1,75 % y el 5,75 % anual. El interés pagado por los bancos privados ha sido, lógicamente, bastante mayor. 3.– El Dr. Kirchner jamás ha informado a su provincia y al país qué monto de dinero propiedad del Estado llevó al extranjero, y en qué banco u otra institución financiera o no depositó realmente tales cuantiosos fondos. Por ese mismo motivo, se desconocen los intereses que ha cobrado por 97 dichos depósitos, de qué manera fue contabilizado a nivel de la Provincia de Santa Cruz y el destino que les dio. 4.– El Dr. Sergio Acevedo, actual gobernador de la provincia de Santa Cruz,
conocía desde el inicio esta situación tan anormal, pues fue ministro del Doctor Kirchner durante muchos años. Antes, como ministro, y luego como gobernador, jamás efectuó reclamo alguno, ni formuló una denuncia judicial sobre la virtual desaparición de centenares de millones de dólares (obviamente, casi tres veces más de pesos) del erario provincial. 5.– Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de los legisladores de la provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la última década. De acuerdo a la legislación argentina, esos fondos sólo pueden ser colocados o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local. Santa Cruz no es una excepción a esa sana y lógica regla. A pesar de ello, no pudimos detectar la existencia de autorización alguna de la Legislatura santacruceña para el depósito de tales fondos, y menos para su radicación en el exterior bajo estricto y rarísimo secreto, por lo que cabía incluir a los citados legisladores en esta maniobra. 6.– Tanto las autoridades del Ministerio de Economía y Producción, y del Poder Ejecutivo en general, como así también las del Banco Central de la República Argentina conocían la grave e insólita irregularidad que nos ocupa, sin que tampoco hubieran hecho nada para ponerle coto en al menos once años. 7.– El hermético secreto impuesto por el Doctor. Kirchner sobre el lugar donde estuvo esa fortuna estatal, así como sobre la tasa de interés que devengó y la fecha de vencimiento de la colocación, había dado pie a perversas y dañinas sospechas, que estaban y están envenenando la sociedad. Y esas sospechas se basaban en que semejantes fondos gozaron durante diez años de un estado clandestino de ubicación y condiciones de inversión, sin que ni el actual señor presidente de la República, ni el gobernador de la Provincia de Santa Cruz, ni los legisladores santacruceño ni funcionario alguno del Banco Central se hubieran interesado sobre su paradero, existencia real, titularidad, rendimiento y contabilización de ganancias en los presupuestos sucesivos a su depósito. Todo indica que se encontraban ( y aún encuentran) en un paraíso fiscal y, por esta razón, no se puede dar información precisa al respecto. Con la falsedad informada en Monterrey por el Dr. Kirner, esas sospechas habían crecido apreciablemente. 8.– Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es evidente que estábamos y estamos frente a un escándalo político y jurídico que debería avergonzarnos como pueblo civilizado. Sólo en una república bananera o en un régimen de primitivo despotismo feudal puede darse el caso aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo antojo, de inmensas fortunas públicas, las saca al extranjero en secreto, se niega a informar en cuál institución financiera la depositó (y cuando lo hace, brinda información falaz al dar el nombre de un banco central extranjero como depositario), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de vencimiento de la colocación y, por si todo eso fuera poco, se ufana públicamente, en un foro de gran repercusión mundial, de haberlo hecho. Consideramos que semejante conducta en la persona del presidente de la Nación atenta contra el honor del pueblo argentino y nos degrada como nación.
Como último paso prejudicial, a través de cartas fechadas el 3 de febrero y el 15 de marzo de 2004 solicitamos aclaración al Sr. presidente, sin haber recibido jamás respuesta alguna, motivo por el cual recurrimos a la Justicia para un pronto esclarecimiento de los hechos descriptos. De esa forma, el día 5 de mayo de 2004 presentamos la citada denuncia criminal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires. El juez Dr. Jorge Urso, que estaba a cargo interinamente de dicho Juzgado, dispuso las primeras medidas de investigación. Entre ellas, una que era vital: envió un exhorto diplomático a Suiza, para que el gobierno de ese país informara sobre la suerte corrida por los fondos duran- te el lapso mencionado (1993/2004), en base a un cuestionario presentado por nosotros. En noviembre 2004, el Poder Ejecutivo Nacional, es decir el propio Dr. Kirchner, designó el Dr. Guillermo Montenegro como nuevo juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7. El Dr. Montenegro recibió la respuesta de Suiza: el gobierno de ese país deseaba conocer el alcance de los fueros del presidente de la Nación, antes de responder el exhorto del enviado por el juez Urso. El Dr. Montenegro no respondió dicha requisitoria suiza, sino que dispuso enviar la causa al juez correspondiente de Santa Cruz por entender que el juzgamiento de los delitos denunciados en nuestra presentación era de competencia provincial y no federal. El fiscal del Juzgado Nº 7 no apeló la medida del juez Montenegro, por lo que la causa pasó irremediablemente a Santa Cruz. En esa provincia, la tramitación de nuestra denuncia recayó en el Juzgado Penal a cargo del Dr. Santiago María Lozada. Este juez, según es de público y notorio conocimiento en Santa Cruz, hace al menos un año que mantiene una relación estable de pareja, tipo matrimonial, con una sobrina carnal del presidente Kirchner (una hija de su hermana y ministro de Bienestar Social de la Nación, la Lic. Alicia Kirchner). Además, el juez Lozada tiene numerosos antecedentes de haber dictado sentencias en forma rápida y arbitraria para cubrir al entonces gobernador Kirchner, o a personas y funcionarios muy cercanos a él, en casos de resonancia pública y fuerte sospecha de corrupción. En conocimiento de tales circunstancias, no nos extrañó del todo cuando el juez Lozada dispuso, sin efectuar investigación alguna, y sin responder siquiera la nota enviada por el gobierno suizo, que no había delitos en la causa abierta por nuestra denuncia, y el 1ero de junio de 2005 la sobreseyó sin más trámite y sin procesar a persona alguna, y la envió al archivo sin más. El fiscal de Santa Cruz, repitiendo la conducta de su par federal de Buenos Aires, no apeló tal medida como era su obligación hacer, y la causa quedó definitivamente sobreseída con autoridad de cosa juzgada. A esta altura, y para una mejor comprensión del tema, es indispensable decir que en la Argentina hoy no existe el menor atisbo de división de Poderes. La mayoría del Parlamento Nacional responde ciegamente al presidente, por la conducta intemperante e avasalladora de éste, salvo en el último mes en que, por razones estrictamente electorales, el oficialismo se ha dividido en dos grupos momentáneamente enfrentados. Aun así, en la única oportunidad en que un sector del oficialismo, junto con la oposición, dieron media sanción a una ley que no era del agrado del presidente, éste reaccionó en forma abrupta y con inusitada violencia verbal contra los diputados ”rebeldes”. Otro tanto se observa en la relación entre el presidente y los gobernadores de provincias y aun con los intendentes municipales: el que no obedece al presidente, no recibe fondos para obras públicas. El que no apoyaba la candidatura de su esposa en la provincia de Buenos Aires, para los comicios parlamentarios del 23-10-05, hacía peligrar su estabilidad como intendente, a manos del Dr. Kirner y sus “adelantos de fondos” del presupuesto nacional. Por desgracia, el mismo panorama, o uno muy parecido, se observa en la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial o algunos de sus sectores. Ni qué hablar de la sumisión ciega que tienen los tres Poderes de Santa Cruz respecto al Dr. Kirner. En esa provincia puede decirse con propiedad que, desde 1991 (año del inicio de su primera gobernación) no se le cae un pétalo a una flor sin el consentimiento expreso del Dr. Kirner. Lamentablemente y con bastante vergüenza debemos reconocer que en la Argentina de hoy el Estado de Derecho es sólo una ficción. Otro tanto puede decirse de la relación del presidente con la prensa. Abundan los datos y las notas periodísticas que hablan del dinero de publicidad oficial usado discrecionalmente a favor de los medios adictos al gobierno, o que callan sus errores, en desmedro de la poca prensa independiente que ha quedado. Y abundan también los testimonios de llamadas telefónicas de verdadero acoso o extorsión, de parte de altísimos funcionarios oficiales hacia periodistas que tratan efectuar alguna crítica en sus notas. Esa anómala y asfixiante situación es de público y notorio conocimiento en nuestro país y ha sido motivo de numerosas notas periodísticas. El presidente Doctor. Néstor Kirchner y el gobernador de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo, en una conferencia de prensa conjunta realizada el 1ero de agosto de 2005, aseguraron que los 530 millones de dólares girados al exterior en 1993/1994, se habían transformado, extraña e insólitamente, en 521 millones de dólares, y que serían repatriados en los 30 días subsiguientes. Desde ese momento, han transcurrido casi tres meses, sin que ambos mandatarios hayan cumplido su promesa de repatriación de los fondos. Esa anomalía escandalosa se une a la no menos grave irregularidad de que 530 millones puestos a interés durante once años en bancos privados extranjeros, se hayan reducido en lugar de aumentar. A una tasa promedio conservadora, el capital inicial debía ser ahora de alrededor de 1.200 millones de dólares. Resulta absolutamente increíble que el capital haya disminuido.
IV.- NUESTRA PRESENTACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION Ante tal absurdo panorama, decidimos efectuar una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente L-1159/05), en la que reclamábamos la intervención urgente y extraordinaria del más alto Tribunal de Justicia argentino, al margen de la formalidad estrecha de las normas procesales. Acompañamos copia de dicho escrito, en el que esa Honorable Comisión podrá ver nuestra argumentación basada en cuestiones de alto valor e interés nacional, tanto en el terreno moral, como en el jurídico, en el político y en el social. La Corte, sin entrar a considerar nuestra profusa y bien fundada argumentación, rechazó nuestro pedido con un escueto fallo del 20-09-05, aduciendo que el caso no es de su competencia formal. En la copia de nuestros escritos judiciales (el de denuncia y el de presentación ante la Corte), que acompañamos, V. H. podrá encontrar otros antecedentes de este escandaloso caso.
V.– PRUEBA INSTRUMENTAL: 1.– Copia de nuestra denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7. 2.– Copia de nuestra presentación ante la CSJN. 3.– Copia de la cédula por la cual la CSJN nos notifica su rechazo de nuestra presentación. TESTIMONIAL: Ofrecemos la declaración testimonial de:
1.– Daniel Osvaldo Gatti, periodista, con domicilio en calle Barberia 614, Río Gallegos, Santa Cruz. 2.– Omar Hallar, diputado provincial de Santa Cruz, con domicilio en la Legislatura Provincial, Río Gallegos, Santa Cruz.
VI.– PETITORIO Ante la negativa de la Justicia Federal, de la Justicia provincial de Santa Cruz y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a oír nuestra legítima y fundada denuncia y tratarla, la importancia vital que revisten para la salud de la República los gravísimos hechos denunciados por nosotros, y la ausencia de toda instancia local que nos permita dar debido curso a tal denuncia criminal, ocurrimos en búsqueda de justicia ante esa H. Comisión en uso de las facultades que nos reconoce el art. 8º-Garantías Judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, para que se reclame al Estado Nacional argentino lo siguiente: 1.– Que se haga público el fallo del juez provincial de Santa Cruz Dr. Santiago Lozada. 2.– Que algún Tribunal de Justicia argentino acoja nuestra denuncia e investigue debidamente la suerte corrida por los cuantiosos fondos de Santa Cruz girados al exterior y aún no repatriados. En particular, solicitamos se investigue: a) El importe originalmente salido al exterior de la Tesorería de la Provincia de Santa Cruz. b) La fecha de esa salida. c) La individualización de cada una de las entidades financieras que recibieron los depósitos. d) Las razones por las cuales se las eligió. e) El tipo de depósito efectuado. f) Sus fechas de conformación. g) Sus plazos de vencimiento. h) Las personas físicas o jurídicas que figuran como titulares de los depósitos. i) Los importes depositados (cantidades y moneda). j) En el caso de existir alguna diferencia entre el importe originalmente salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes. k) La modalidad de pago o acreditación de los intereses. l) Las tasas de interés pactadas según el comprobante del depósito. m) Las tasas de interés que a las fechas de los depósitos eran ofrecidas, por la entidad financiera que los recibió, a otros interesados en realizar transacciones similares a la concretada por Santa Cruz. n) Las tasas de interés que, a la fecha del depósito, eran ofrecidas por otras entidades financieras a otros interesados en realizar transacciones similares a la efectuada por Santa Cruz, con un nivel de riesgo igual o parecido al asumido por la depositante. o) En el caso de existir diferencias entre la tasa de interés pactada por Santa Cruz y las tasas de interés de mercado para operaciones similares efectuadas en la misma fecha, las explicaciones del caso. p) Para cada pago de intereses o de amortización del capital realizado por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha. q) Para cada cobro de intereses o de amortización del capital contabilizado por Santa Cruz, su importe, moneda y fecha. r) En el caso de existir diferencias entre los intereses o amortizaciones pagados por la entidad financiera y los recibidos por la Provincia de Santa Cruz, las aclaraciones del caso. Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Adrián Salbuchi Enrique Romero
Se terminó
En junio 2005 la Causa 6662/04 quedó cerrada cuando el juez Santiago María Lozada dicta sobreseimiento a favor de Kirchner, Acevedo y sus socios y amigos, archivándola 5 sin practicar investigación seria alguna. Como resultado de ello, hoy se sigue sin saber cuál fue la evolución, el derrotero y la situación actual de estos fondos expatriados. Tampoco queda claro por qué razón el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se habría interesado ni tomado intervención en la fiscalización de la salida del país de aquellos cuantio- sos fondos públicos. Como resultado, actualmente no queda la posibilidad de una futura intervención de la Justicia —Federal o santacruceña— habiendo ambas demostrado su claro alineamiento y subordinación a los intereses políticos y personales de las máximas instancias del Poder Ejecutivo de la Nación. Dada la complejidad del tema y el cúmulo importante y extenso de antecedentes que obran en nuestro poder, creemos oportuno incluir en este dossier una breve síntesis de los principales hitos de este caso desde sus orígenes, que en su conjunto permiten verificar que aún persisten las graves irregularidades que motivaron nuestra Denuncia. A ello se suman las obvias irregularidades cometidas por el Ver: “Clarín” 05 de junio de 2005, “Ámbito Financiero”, 06 junio 2005, y “La Nación”, 07 de junio 05.
Poder Judicial en su incompleta investigación e ineficaz intervención en esta Causa. Podrá inferirse así un patrón de procedimiento y comportamientos entre funcionarios clave del Poder Ejecutivo Nacional, la Gobernación santacruceña y el Poder Judicial, orientado a evadir tener que brindar información que la opinión pública reclama. Puede inferirse que se estaría procurando encubrir la realidad de los hechos en torno a este caso. • Abril de 1993.— La Provincia de Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirner, recibe del Gobierno Nacional —presidencia de Carlos Menem y ministerio de economía a cargo de Domingo Cavállo— una indemnización por regalías mal liquidadas correspondientes a la entonces empresa estatal de hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y PE EFE), por la suma de aproximadamente 654 millones de dólares en efectivo y en bonos públicos (Informe del Poder Ejecutivo Provincial al 31 de diciembre 2003; Ley 2663). Dicha indemnización surge de un acta firmada el 24 de noviembre de 1992 entre la Nación y la Provincia. Inmediatamente de percibirse por la Provincia aquellos fondos comienzan un laberíntico derrotero que, a lo largo de más de catorce años, los condujo mayormente hacia plazas financieras internacionales e inversión fuera del país. A partir de entonces, se pierde mayormente el rastro de su devenir y evolución. • 1996 a 1999.— Existen rumores no verificados de que los fondos habrían recalado en las Islas Caimán, un sospechoso paraíso fiscal e, incluso, en Cuba. Se cree que posiblemente haya sido durante este período que se hicieron fallidas inversiones financieras y bursátiles (bonos de deuda pública rusos en default, compra de acciones de Enron, WorldCom y otras megaempresas colapsadas, etc.). • 2001.— Los fondos estarían depositados en el Deutsche Bank de la Ciudad de Nueva York, cosa que se habría mantenido hasta los ataques del 11 de septiembre. Por alguna razón poco explicada. A tal efecto y ante la inoperancia de la Justicia federal y Provincial, el 20 de diciembre de 2005 formalizamos una nueva Denuncia por Asociación Ilícita de Kirchner y sus colaboradores, amigos, socios y familiares.
Kirchner habría decidido que Nueva York no era lugar seguro y transfirió los fondos hacia paraísos fiscales en Europa. • 27 de abril de 2003.— Kirner pierde las elecciones presidenciales ante Carlos Ménem, pero al rehusarse éste último a competir en una segunda vuelta, Kirchner queda como “ganador”, asumiendo la presidencia el 25 de mayo de ese año. • 13 de enero de 2004.— En el marco de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado en Monterrey, México, el presidente Kirchner declara en un tramo de su mensaje oficial ante los treinta y cuatro jefes de Estado americanos presentes que, “en la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión”. • 28 de enero de 2004.— Extrañados ante esta información, realizamos una serie de consultas y averiguaciones con el Banco de la Reserva Federal de Washington DC, cuya institución financiera estadounidense nos responde indicando, entre otros conceptos, que la información sobre inversiones que citábamos (o sea, el discurso presidencial arriba indicado) era “falaz y engañosa”, recomendándome “dar aviso a las autoridades”. Se me informó que, siendo la Reserva Federal el banco central de los Estados Unidos, solo realiza transacciones con gobiernos nacionales, bancos comerciales y otras instituciones financieras, no participando en operaciones de inversión y no existiendo ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz ni relación alguna con ese gobierno provincial. • 3 de febrero de 2004.— Enviamos carta al presidente Kirner informándole de las gestiones realizadas y solicitándole sus comentarios y aclaraciones, sin recibir respuesta alguna. • 15 de marzo de 2004.— Enviamos una nueva carta al presidente informándole que al solicitar al Banco de la Reserva Federal mayores precisiones acerca de a cuáles “autoridades” sugerían que contactáramos nos sugirieron (13 de marzo) que lo hiciéramos al Banco Central de la República Argentina. Es así que ese día enviamos carta al presidente del BCRA, Dr. Alfonso Prat-Gay (receptada bajo Expte. 10392). Ambas cartas jamás fueron contestadas. • 5 de mayo de 2004.— Agostadas estas instancias iniciales y patrocinados por los Dres. Juan Gabriel Labaké y Juan Carlos Iglesias, radicamos la Denuncia arriba indicada ante el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Jorge Urso (Causa No. 6662/04 - ver Anexo I). • 6 de mayo de 2004.— Estando de gira por los Estados Unidos y al ser consultado por el periodismo sobre este caso, Kirchner declaró que cuando era gobernador de Santa Cruz remitió a Estados Unidos los ahorros de “500 millones de dólares” de la provincia y los res guardó con garantías de la Reserva Federal “a una tasa entre el 2 y el 3 por ciento, es decir que optamos por la seguridad y no el ries go” 7. Señalamos que ya no se trataba de una inversión “al 1%” como dijo en la Cumbre de las Américas, sino de “entre el 2% y el 3%”. • Mayo de 2004.— En distintas declaraciones a medios de prensa, el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, indica que no se repatriarán los fondos en cuestión
(aunque dicha repatriación había sido uno de los puntos de su plataforma electoral en 2003), hasta tanto la Argentina saliera del default de la Deuda Externa. El matutino “La Nación” de Buenos Aires consigna en su portada (11 de julio de 2004) que “Acevedo no traerá los fondos que Santa Cruz tiene en Suiza”, y da cuenta del informe oficial del gobierno provincial sobre los bancos extranjeros en los que se hallan depositados 507.420.707,21 dólares (o sea, los bancos Morgan Stanley de Luxemburgo, Credit Suisse de Zürich y UBS AG de Ginebra). Se indica, a su vez que, asesorado por el entonces ministro de economía Cavalo, en 1993 el gobernador Kirner utilizó 290 millones de dólares de dichos fondos para adquirir acciones en la flamante petrolera Repsol-Y PE EFE a 19 DÓLARES cada acción, vendiéndolos casi seis años después a 44,78 DÓLARES por cada acción. De los 507 millones que Acevedo indica que había al 31 de Diciembre de 2003, 402.737.824,69 dólares
Ver diario “La Nación”, 06 de Mayo de 2004. se hallarían depositados en la “cuenta Nº 86019432 con Credit Suisse, en el departamento de Private Banking” (Banca Privada). Consultado el sitio oficial de este Banco —www.creditsuisse.com— se verificó que el Área de “Private Banking” brinda “soluciones financieras para individuos pudientes”. Tratándose de fondos públicos de Santa Cruz, sería de esperar que los mismos fueran administrados por el área de “banca global de inversiones” del Credit Suisse que brinda “asesoramiento financiero integral, capital y administración de activos para grandes empresas e instituciones de todo el mundo”.
El sitio oficial www.creditsuisse.com dice: “En Banca Privada, Credit Suisse brinda asesoramiento integral y una amplia gama de productos y servicios de inversión hechos a la medida de las necesidades complejas de individuos de alto valor patrimonial en todo el mundo. El proceso de consultoría estructurada de Credit Suisse abarca tanto la administración de activos como de pasivos. Adicionalmente, Credit Suisse es líder en brindar productos alternativos e innovadores en materia de inversiones. Soluciones para la administración de riquezas incluye planeamiento impositivo, planeamiento de jubilaciones, soluciones en seguros de vida; asesoramiento de riquezas y herencias, fideicomisos y fundaciones.” (el resaltado es nuestro). El texto original dice: “In Private Banking, Credit Suisse provides comprehensive advice and a broad range of investment products and services tailored to the complex needs of high-net-worth individuals globally. Credit Suisse’s structured advisory process encompasses both asset and liability management. Furthermore, Credit Suisse is a leading provider of innovative alternative investment products. Wealth manage- ment solutions include tax planning; pension planning; life insurance solutions; wealth and inheritance advice, trusts and foundations.” Lo lógico pareciera ser que los fondos de Santa Cruz se hallaran depositados en el área de Administración de Activos (Asset Management) descripto por Credit Suisse como “el área que ofrece productos en todo el espectro de tipos de inversiones, desde valores, productos a ingreso fijo y múltiples activos hasta inversiones alterna- tivas tales como bienes inmobiliarios, fondos diferenciales, administración bursátil y de volatilidad. El área de administración de activos de credit Suisse administra carteras, fondos mutuales y otros vehículos de inversiones para un amplia gama de clientes, desde gobiernos, instituciones y grandes empresas hasta individuos privados.” (el resaltado es nuestro). El texto original dice como sigue: “In its asset management business, Credit Suisse offers products across the full spectrum of investment classes, ranging from equities, fixed income and multiple-asset class products, to al ternative investments such as real estate, hedge funds, private equity and volatility management. Credit Suisse’s asset management business manages portfolios, mutual funds, and other investment vehicles for a broad spectrum of clients ranging from governments, institutions and corporations to private individuals.”
• 14 de julio de 2004 — En el marco de la Causa 6662/04, elevamos al Juzgado una Sugerencia de Pruebas solicitando se libre Exhorto Diplomático a la justicia suiza para que los bancos Credit Suisse y UBS, informen sobre los movimientos de cada una de las cuentas bancarias indicadas por las autoridades provinciales. • 30 de julio de 2004 — El Tribunal de Cuentas Provincial y luego (el 28 de Agosto), la Legislatura de Santa Cruz aprueban los informes sobre el dinero de la provincia en el exterior, lo que podría interpretarse como una suerte de maniobra para trabar toda investigación judicial 9. • 7 de noviembre de 2004.— En base a nuestro pedido del 14 de julio, la Justicia Federal envía Exhortos Diplomáticos a Suiza solicitando precisiones sobre el paradero de los fondos10. • 15 de noviembre de 2004.— Distintos medios de prensa identifican al Señor Frank Schoch como “investment advisor” (asesor en in versiones) del banco Credit Suisse (área de Private Banking) en Zürich quien probablemente recibiría la citación judicial suiza para brindar información sobre los 402 millones de dólares de fondos de Santa Cruz depositados en ese banco11. • Noviembre de 2004.— Los medios públicos aportan diversos da tos que incluyen el probable tránsito de una parte importante de estos fondos por el paraíso fiscal de las Islas Caimán, donde se habría engrosado su monto total 12. • 22 de diciembre de 2004.— A pocos días de ser nombrado por el presidente Kirner titular del Juzgado Federal No 7 en reemplazo del Dr. Urso, el juez Guillermo Montenegro se declara incompetente para investigar la presunta malversación de caudales públicos en 9 Entre ellos, “La Opinión Austral” de Río Gallegos de fecha 30 de julio de 2004 y “La Nación” del 31 de julio de 2004. 10 Ver diario “Clarín” del 06 de noviembre de 2004. 11 Ver publicaciones “Edición i” — “Urgente 24” del 15 de noviembre de 2004. Ver “La Voz del Interior” del 21 de noviembre de 2004, artículo “Los misterios de las cuentas en Suiza”.
La administración de Santa Cruz durante la gobernación Kirchner, y remite el expediente a la justicia penal de esa provincia13. En esa oportunidad, Montenegro indicó “que no estaba en juego una cuestión Federal al tratarse exclusivamente de un tema de la provincia que gobernó Kirchner”14, ignorando así la necesaria intervención que le cupo al Banco Central de la República Argentina en la salida de estos fondos. Un funcionario del BCRA —Eduardo Caffaro, nombrado director por Kirchner al asumir la presidencia— declaró como testigo el 31 de Mayo de 2004 ante el juez Urso, rechazando las imputaciones. Recordaba al respecto el diario “La Nación” que en 1996 Caffaro rubricó un informe de la Unidad de Administración de los Recursos Financieros de Santa Cruz como “asesor de cartera” junto a Julio de Vido y el entonces titular del Banco de Santa Cruz, Roberto López. • 3 de enero de 2005.— Según información de medios locales, el gobierno suizo pidió a la Argentina se pronuncie sobre la inmunidad del presidente Kirner, al tiempo que solicita se le envíen más datos sobre el presunto delito por depositar fondos en dos bancos suizos según informara el vocero de la Oficina Federal de Policía de Berna, Folco Galli. Dicho funcionario suizo manifestó que “hemos enviado una nota diplomática al gobierno argentino pidiéndole se pronuncie sobre la inmunidad de jurisdicción abso- luta que gozan los jefes de Estado, válida según la justicia suiza y el derecho internacional, y aguardamos saber si la van a invocar o no para definir los pedidos de investigación recibidos”. Agregó que además “necesitamos una descripción más detallada de los hechos que conciernen este caso para estudiar si corresponden a algún delito existente en nuestro Código Penal, y de esa manera respetar el principio de la doble incriminación, es decir, que la infracción alegada en un país sea imputada también en el otro”. “En el derecho suizo la infracción mencionada en la solicitud argentina podría equivaler al delito de gestión desleal de intereses
Ver “La Nación” del 23 de diciembre de 2004, artículo “La Justicia de Santa Cruz manejará la causa por las regalías”. Ver “Clarín”, 23 de diciembre de 2004, artículo “Derivan causa a Santa Cruz”.
públicos, en el artículo 314 de nuestro Código Penal, pero para saber si se aplica en estas circunstancias Argentina debe satisfa cer el requerimiento que le hemos trasmitido a fines de diciembre”, concluyó Galli. Quedaba entonces claro el ámbito internacional en el que se enmarca este caso, lo que contradice la decisión del juez Montenegro de trasladar la Causa a jurisdicción santacruceña por estimar que se trata de un asunto provincial. • 6 de febrero de 2005.— En su portada, el matutino porteño “La Nación” da cuenta de “una nueva ley votada en Diputados y Senado modificando el Código Penal cambiando los plazos de prescripción de las causas judiciales, lo que provocará el archivo de importantes causas de corrupción. La ley — promulgada por el gobierno el 10 del mes pasado en medio de la feria judicial de verano— cayó como una bomba en los tribunales federales porteños”. Entre esas causas que quedarían así rápidamente resuelta, se mencionaba nuestra Denuncia por los fondos de Santa Cruz. En aquella oportunidad, el juez Rodolfo Canicoba Corral manifestó que “esta ley va a introducir un factor de perdón en causas donde hay interés del Estado en perseguir el delito. Van a prescribir numerosas causas de delitos contra la administración pública… En la misma sintonía se expresaron ante ‘La Nación’ otros ocho magistrados y cinco fiscales consultados” • 5 de marzo de 2005 — Kirner anuncia la construcción de una planta cementera en Pico Truncado con un aporte del gobierno provincial de u$s 38 millones, recordando el diario “La Nación” que “Acevedo había asegurado que la provincia tenía unos 507 millones de dólares en el exterior pese a que sectores de la opi- nión en Santa Cruz aseguran que los intereses acumulados durante más de diez años deberían arrojar una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares” 17. La empresa beneficiada, Petroquímica Comodoro Rivadavia, luego fue sancionada por el ministerio de economía por cartelización en el precio del cemento. Ver “La Nación”, 06 de febrero de 2005, artículo “Desactivan causas vinculadas a graves casos de corrupción”. Ver “Infobae”, 06 de febrero de 2005, artículo “Polémica por una ley que acelera la prescripción de los delitos”. Ver “La Nación”, 05 de marzo de 2005, artículo “Repatrian fondos de Santa Cruz”.
• 1 de junio de 2005.— Como era previsible según la lógica de esta secuencia y desencadenamiento perverso de los hechos, el Juez de Instrucción No. 1 de Río Gallegos Santiago Maria Lozada, finalmente dicta el sobreseimiento de los Denunciados y archiva la Causa 6662/04. Ante una consulta del diario “Clarín” “se negó a explicar los fundamentos de su resolución”18. Según “La Nación”, “durante los cinco meses que la causa estuvo en los tribunales provinciales, se hicieron ‘ejercicios de controles y certificaciones de los estados de las cuentas que están en el exterior’ de cuyo análisis el juez de instrucción Losada a cargo del Juzgado Penal No. 1 decidió declarar el sobreseimiento de los de nunciados”. A su vez, aclaraba que la causa había llegado en enero de ese año y consistía de 14 cuerpos, y que “lo decidido por Losada a partir de una resolución judicial ‘por interlocutor’ no es de acceso publico, por lo que no se pudo conocer la fundamentación, aunque ‘La Nación’ supo que no se realizó una auditoria sobre el derrotero de los fondos santacruceños en el exterior, sino una evaluación sobre la posible comisión de delitos de los implicados” y que “en la Legislatura, la oposición aun no había podido acceder al fallo de la Justicia…Con la causa investigada por Losada, queda archivada toda posibilidad de que se pueda realizar una investigación de características similares por parte de la Justicia. Caso Cerrado” • 15 de junio de 2005.— Realizamos una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación (Dr. Eduardo Mondino), que se vio limitada para actuar debido a los alcances de sus atribuciones. No obstante, se nos brindó amplia asistencia y la Defensoría procuró en reiteradas oportunidades obtener copia del fallo y las 18 Ver “Clarín”, 05de junio de 2005, artículo “Cierran la última causa por la plata de Santa Cruz en el exterior”. Ver “La Nación”, 07 de junio 2005, artículo “Kirchner, sobreseído en Santa Cruz”.
actuaciones del juez Lozada de Río Gallegos sin jamás haberlo podido lograr. • 05 de Julio de 2005.— Realizamos una presentación ante la Oficina “Anti-Corrupción” (Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas) cuya única acción fue abrir un Expediente (el No. 6658) y luego, tras esgrimir una serie de débiles excusas, procedieron a desentenderse de este tema por tratarse de un caso “provincial”. • 1 de agosto de 2005.— En conferencia pública Kirner y Acevedo anuncian la inminente repatriación de los Fondos. El presidente hace alarde público de tener las manos limpias (mostrándolas en actitud juguetona ante las cámaras de televisión). No se trató de una conferencia de prensa por cuanto no se permitió ningún tipo de preguntas. En esa oportunidad el Gobernador Acevedo firma el decreto 2052/05 ordenando la repatriación parcial de los fondos. Se deja de mencionar el depósito en el banco Morgan Stanley de Luxemburgo que aparentemente dejó de existir. • 24 de agosto de 2005.— Solicitamos la intervención extraordinaria y urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de octubre, la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA NACION se declararía “incompetente” aduciendo que este caso es “manifiestamente ajeno a su competencia originaria”, o sea, refugiándose en una mera formalidad de la ley. Este dictamen de los jueces de la Corte Suprema demostró una vez más, la lamentable subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. • 9 de noviembre de 2005.— Agotadas todas las instancias locales, realizamos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Ame- ricanos (OEA), en su Sede en Washington DC, Estados Unidos la que, a la fecha, no se ha expedido sobre este caso. • 20 de Diciembre 2005.— A fin poder de alguna manera mantener este caso abierto, presentamos Denuncia formal contra Néstor Kirner y un conjunto de sus más íntimos socios, colaboradores y familiares, presuntamente participantes en lo que inferimos como una Asociación Ilícita. La misma fue radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini (Causa 18.209/05).
• 03 de marzo de 2006.— Sergio Acevedo anuncia el “retorno” al país de u$s 552 millones de los cuales 403 millones se habrían depositado en el Banco de Santa Cruz SA. (propiedad de Enrique Eskenazi, íntimo colaborador presidencial y nombrado en nuestra Denuncia del 20 DE diciembre de 2007). • 23 de marzo 2006.— En medio de un escándalo de ingobernabilidad provincial, Kirchner obliga a Acevedo a renunciar a la gobernación. • 15 de mayo de 2006.— La Defensoría del Pueblo de la Nación nos comunica por nota oficial que a pesar de reiterados pedidos al juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos solicitando copia del fallo en este caso, tampoco ellos lograron obtener copia del mismo. • 30 de noviembre de 2006.— Según los pocos medios que infor maron sobre este tema (Urgente 24 (27 de noviembre de 2006) y Ámbito Financiero), nos enteramos que “...de manera sospechosamente sigilosa la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobaba por mayoría y sobre tablas el informe anual sobre este dinero que alcanza a más de 500 millones de dólares pero la UCR se opuso a su tratamiento en la última sesión ordinaria del año y cuestiono el “manejo contable de los fondos, que siguen en el exterior”. A través del Diputado Provincial Omar Hallar, la UCR manifestó su voto negativo a la certificación elevada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto al manejo y evolución de los activos financieros provinciales en el exterior, que tienen carácter de “extrapresupuestarios”. “Nos dicen que al estar en un fideicomiso en el Banco de Santa Cruz es lo mismo que haberlos repatriado y no es así”, dijo el legislador Hallar, insistiendo en que “los fondos siguen en el exterior....repatriar los fondos es que vengan a la provincia y se reconvierta la economía. No es traer un papelito. Tener el fideicomiso es que el Banco de Santa Cruz continúa depositando el dinero en el Credit Suisse en Suiza”. Pocos días antes, el 24 de noviembre, se había producido lo que solo puede describirse como una farsa anual en Río Gallegos tendiente a blanquear las insólitas cuentas kirchneristas. Pareciera que los santacruceños van acostumbrándose a que todos los años cuando se acerca el mes de diciembre la Legislatura Provincial represente un sainete grotesco que podría llamarse “El Show de la Rendición de Cuentas” ver: “¿así?
. En el mismo la mayoría kirnerista trata de blanquear las fechorías de su jefe feudal hoy devenido en presidente, renovándole su inimputabilidad en el caso de los desaparecidos fondos. La realidad, sin embargo, es que la plata de los santacruceños sigue casi toda afuera; solo habrían retornado u$s 125 millones depositados en una cuenta en la Caja de Valores SA. • Fines de 2006.— Los datos disponibles dan cuenta que aún falta: – Rendir la documentación del aporte de u$s 38.598.000 a la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia para la supuesta construcción de una planta cementera en Pico Truncado, Santa Cruz. – Aclarar sobre la aparición de nuevos bonos sin justificación ni aprobación de la Cámara de Diputados. – Aprobar por el Tribunal de Cuentas la información sobre los fondos a diciembre 2006, por cuánto se ha limitado a certificar el saldo informado por el poder ejecutivo, por u$s 487.301.095, cifra que resulta 27 millones de dólares menos que el año pasado que fue de u$s 513.266.000. ¿Qué ocurrió con la diferencia de 27 millones de dólares?
Ley injusta Nº 23.681: “Fondo Provincia de Santa Cruz”
Como comentario final, también viene a colación otro tema no relacionado directamente con el caso de los fondos santacruceños, pero que se inserta dentro del patrón de comportamiento de Kirchner y su equipo de no dar explicaciones de sus actos de gobierno cuando del manejo de fondos se trata. Nos referimos a la Ley Nº 23.681”Fondo Provincia de Santa Cruz”, que representa una total falta de equidad que sólo beneficia a las autoridades de la Provincia de Santa Cruz (no a su pueblo, ni al resto de la Nación). Esta ley sancionada en 1989 data del gobierno Alfonsín, y hace que la totalidad de los usuarios de servicios eléctricos de la República Argentina paguemos el 0,6% del monto de las facturas de consumo de energía eléctrica a dicha provincia.
La ley 23.681 creó dicho recargo con el fin de equiparar el costo de energía eléctrica de Santa Cruz y Misiones que por no estar conectadas al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), hacía que el costo en ellas fuera superior a la media nacional. La recaudación debía destinarse a la ejecución de obras de infraestructura que posibilitaran a ambas provincias el ingreso al referido sistema. Las millonarias cifras que mes a mes recibe desde hace más de dieciocho años Santa Cruz también parecen haber caído en el agujero negro que son las finanzas públicas kirchneristas de esa provincia. En el año 2006 hubo un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados orientada a investigar el destino de de estos fondos y lograr la eventual derogación de dicha ley que fuera elevado en 2006 por los diputados nacionales Claudio Poggi, Maria Torrontegui y Luis Lusquiño. El mismo solicitaba se informe la “secuencia y evolución de las percepciones correspondientes a la Ley 23.681, realizadas por las empresas de energía de todo el país, su transferencia a la Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, o identificación de otro destinatario, incluyendo detalle de aplicación de dichos fondos en las distintas obras en la Provincia de Santa Cruz, con porcentaje de avance, fecha y responsable ejecutor; describir la situación actual de los usuarios finales de la provincia de Santa Cruz, en cuanto al costo de energía, comparada con el resto del país, incluyendo los impuestos y el 6 por mil que estos abonan y detalle de las obras pendientes necesarias para finalizar la situación que por tiempo determinado solucionaba la ley 23.681, ya que dicho porcentaje es asimilable sin lugar a dudas a un impuesto a los consumidores finales de energía de todo el país con excepción de Santa Cruz”20. Por supuesto que nada se ha hecho al respecto.
20 Con fecha 30 de Julio 2006, un informe del Diario Perfil, da cuenta que desde 1996 Misiones se interconectó al SADI y dejó de recibir los fondos, es decir, desde hace diez años la Provincia de Santa Cruz es la única beneficiaria del “seis por mil” y sigue sin estar interconectada, con energía eléctrica entre las mas caras del país. También informa que hasta el 2004 la provincia de Santa Cruz recibió 28 millones de pesos promedio por año y desde el 2005, se fijó el limite de la transferencia en 35 millones. Así las cosas, en el acumulado del periodo 1989 y 2004, la provincia de Santa Cruz admitió recibir 342,2, millones de pesos, justificando que se utilizaron 43,8 millones, es decir un 9 % del total.
En síntesis, como si fuera poco la desaparición de los fondos públicos de Santa Cruz, cada usuario de servicio eléctrico de toda la República debe contribuir un diezmo al barril sin fondo que son las finanzas públicas de la provincia del presidente.
7) EL JUEZ “MUDO” DE SANTA CRUZ “La respuesta es “sí”, Néstor… Ahora, dime: ¿cuál es tu pregunta?” Código del “Hombre K”
Dicen que los jueces hablan a través de sus fallos. Al menos, así debe ser en una verdadera democracia. En Santa Cruz, sin embargo, pareciera que tenemos un juez federal claramente mudo que se niega siquiera a informar las razones de sus fallos. El 5 de junio de 2005, nos enteramos por los medios de prensa nacionales que el juez Santiago María Lozada había sobreseído al Doctor Kirchner. Según el matutino porteño “Clarín” en artículo titulado “Las regalías petroleras cuando Kirner era gobernador: Cierran la última causa por la plata de Santa Cruz en el exterior por unos 500 millones de dólares depositados en Suiza y Estados Unidos” (5 de junio 2005), se informaba que “la justicia santacruceña ya no investiga las posibles irregularidades en el manejo de los más de 500 millones de dólares que Santa Cruz recibió por regalías petroleras mal liquidadas. Un juez penal de Río Gallegos acaba de cerrar la última causa que quedaba abierta sobre el tema. Se trata de un expediente iniciado en mayo del año pasado en Buenos Aires. El juez federal Guillermo Montenegro —uno de los cinco designados en este fuero por el gobierno de Néstor Kirner— se declaró incompetente en diciembre pasado y envió la causa al sur. El miércoles último, finalmente la archivó Santiago María Lozada, juez de Instrucción número 1 de Río Gallegos. La medida fue confirmada telefónicamente a Clarín por el propio Lozada. Sin embargo, el juez se negó a explicar los fundamentos de su resolución. El sumario estaba caratulado “Kirner, Néstor y otros s/apología del crimen, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. (…) Desde 1995, distintos dirigentes denunciaron que la gobernación se niega a exhibir los correspondientes certificados de depósito y a informar sobre el tema. La provincia emitió un informe contable en 2003, pero sus resultados fueron impugnados.
Todavía hoy, el nuevo gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, no repatrió el dinero; sólo fue haciendo ingresar al Presupuesto anual algunas pequeñas cantidades. En enero, anunció que en 2005 traería 66 millones para dos emprendimientos productivos. En la Justicia de Santa Cruz ya habían existido investigaciones sobre el manejo de los fondos, pero en ningún caso se logró avanzar. El primer juez de la causa que se cerró la semana pasada fue Jorge Urso, entonces a cargo del Juzgado Federal 7. Urso llegó a enviar exhortos a Suiza y Luxemburgo. También alcanzó a tomar algunas declaraciones testimoniales. En cambio, el juez Montenegro se encaminó a determinar si los fondos eran nacionales o provinciales. Su conclusión fue que, como pertenecían a Santa Cruz, la investigación debía continuar en Río Gallegos. Allí el caso se mantuvo abierto durante cinco meses, en los que tampoco registró más novedades que su archivo”. Lo más grave del caso es que al momento de dictar su fallo, los medios de prensa locales daban amplia cuenta de que el juez Lozada era la pareja de la Señorita Romina Mercado, hija de Alicia Kirner, hermana del presidente. Consecuentemente, Lozada venía a ser, de hecho, el sobrino político de Néstor Kirner. Por una mínima cuestión de ética profesional, Lozada debiera haberse excusado de entender en la Causa. Pero no lo hizo. En vez, sin realizar investigación seria alguna, sobreseyó a su tío político Néstor Kirchner y archivó la Causa. En distintas oportunidades y a través de diversos canales procuramos obtener copia del fallo del Dr. Lozada a fin de poder determinar cuáles investigaciones realizó que lo llevaron a sobreseerlo al Dr. Kirner. Jamás lo logramos. Tampoco lo pudo lograr el Defensor del Pueblo de la Nación quién trató de gestionar copia de dicho fallo en base a nuestro pedido. Dicha Institución nos comunicó (mediante correos electrónicos fechados 15 de septiembre de 2005, 26 de octubre de 2005 y 25 de noviembre de 2005), que sus reiteradas solicitudes al juzgado santacruceño del Dr. Lozada no eran satisfechas. 62 Tampoco brindó copia o detalles de su fallo a los diputados provinciales Omar Hallar y Alfredo Freire quienes se lo solicitaron por escrito. Ambos legisladores santacruceños pidieron entonces que, al menos, el juez nos brindara esa información a nosotros como Denunciantes a lo que tampoco accedió. Finalmente, el 15 de mayo de 2006 el Director de Administración del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, nos envía carta diciendo: “Me dirijo a usted a fines de hacerle saber que, efectivamente, según lo expone en su requerimiento, he solicitado por instrucciones del señor Defensor, en reiteradas oportunidades al Señor Juez de Instrucción No. 1 de la ciudad de Río Gallegos, copia auténtica de la sentencia o resolución definitiva recaída en la Causa 6662/04, sin haber obtenido respuesta del Tribunal”.
8) LOS PONCIO PILATO LOCALES
“Entonces, yo me lavo las manos…” Sabiduría evangélica…
Agotadas las instancias locales ante la Justicia, recurrimos a distintas organizaciones y tribunales con el fin de lograr que se le diera un tratamiento serio a este caso. Ahí nos encontramos que, a pesar de las declamaciones de muchas de ellas supuestamente interesadas en lograr “transparencia” y “justicia”, cuando se trata de investigar a los poderosos, el “no te metas” parece imponerse. Recatamos, al menos, que la hipocresía de muchas de estas organizaciones va quedan al descubierto.
“Poder Ciudadano” (Transparency Internacional)
Por ejemplo, el 9 de junio de 2005 contactamos al Sr. Peter Eigen, presidente de Transparency Internacional en Berlín, Alemania, quien nos refirió a sus representantes en Argentina, la ONG “Poder Ciudadano”. Correspondientemente, el 15 de junio de 2005 enviamos una extensa nota explicativa a la atención de la Señora. Pilar Arcidiácono de Poder Ciudadano, a quién le hicimos un detallado informe de lo actuado por nosotros.
Tras varias semanas de demora, finalmente el 30 de agosto de 2005 recibimos un insólito correo electrónico del presidente de la entidad, Dr. Carlos Facal, cuyo contenido trascribimos a continuación, seguido de nuestra contestación al mismo del 4 de septiembre. Sus respectivos contenidos se explican por sí mismos.
Nota de Poder Ciudadano a Salbuchi de fecha 30 de agosto de 2005:
De: Carlos Facal Para: salbuchi@eltraductorradial.com.ar; jglabake@telviso.com.ar Cc: María Alejandra Svetaz; Pilar Arcidiácono; Silke Pfeiffer; Alejandro Salas; riospina@transparenciacolombia.org.co; ‘Silvina Gvirtz (Correo electrónico)’; ‘Delia Ferreira Rubio (Correo electrónico)’; ‘José Ignacio García Hamilton (Correo electrónico)’; ‘MARIA TEZANOS PINTO (Correo electrónico)’; ‘Mempo Giardinelli (Correo electrónico)’; ‘Rafael Di Tella (Correo electrónico)’; ‘Renato Meyer (Correo electrónico)’ Enviado: Tuesday, August 30, 2005 11:57 PM Tema: Inquiry regarding a case of corruption in Argentina — Consulta relacionada con un caso de corrupción en la Argentina
Estimado Señor Salbuchi: Me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar nuestra demorada respuesta a los pedidos que nos efectuara respecto del asunto de la denuncia que hiciera llegar. No se debe a que hayamos sido indiferentes a la cuestión que planteara sino a lo intenso del debate interno que lleváramos a cabo. El tema fue específicamente conversado en un par de reuniones del Consejo de Administración de Poder Ciudadano y Pilar Arcidiácono, de nuestra organización, así se lo comunicó en un par de oportunidades. Tal como le adelantara el Sr. Alejandro Salas de Transparency International en la primera ocasión que Ud. lo contactara, nuestra organización no participa en casos y denuncias puntuales de corrupción. Sólo podemos solicitar, en algunos casos puntuales donde la cuestión no fue planteada, que la misma merezca consideración y tratamiento de la Justicia o de la prensa y la opinión pública. No nos constituimos como denunciantes en los Juzgados, más allá que nuestros abogados 64 voluntarios puedan patrocinar “pro bono” algún caso de interés público donde se vean en entredicho derechos civiles no patrimoniales. La razón es que, como organización no gubernamental, no tenemos medios para encarar seriamente cualquier investigación con la profundidad requerida. El Poder Judicial y otras oficinas del Estado sí cuentan con la obligación legal y con los medios provistos por el Presupuesto Nacional para llevar adelante todas las investigaciones que fueren menester. Pero una vez que el caso queda expuesto a la opinión pública y que en el mismo intervienen los jueces competentes nuestra misión respecto del mismo se agota. En este particular asunto, sin embargo, nos detuvimos más específicamente. Es evidente para nosotros que se trata de una cuestión donde el Gobierno Provincial no ha brindado la información completa y con la claridad demandada por la ciudadanía en general, por los líderes de la oposición, por los algunos legisladores de la Provincia de Santa Cruz, por la prensa especializada, etc. Los pedidos de intervención judicial se han sucedido con los resultados que Ud. tiene claramente presente y que amablemente nos reseñara. Desconocemos si aún quedan recursos pendientes contra las resoluciones de los magistrados intervinientes, pero en todo caso, es una cuestión en donde han tomado intervención quienes tenían que pronunciarse sobre el tema. La cuestión o se encuentra a consideración de la Justicia o ha superado dicha instancia. En cualquier caso ha quedado suficientemente expuesta al conjunto de la ciudadanía. Por ende, y luego de un debate interno que ha sido profundo e intenso, consideramos que no tenemos un rol efectivo que cumplir en la investigación o en el impulso judicial o parlamentario del tema. El mismo, por otro lado, está claramente instalado en la opinión pública. Sí continuaremos trabajando en cuestiones que tienen íntima relación, no ya con el este episodio puntual, sino con el ambiente institucional que lo hace posible: la falta de sanción de una ley de acceso a la información pública de acuerdo a los parámetros internacionales de los países fuertemente democráticos, la necesidad de mecanismos efectivos para la designación de jueces probos e independientes y su permanente monitoreo, la transparencia en la financiación de la política en la Argentina y una reforma profunda de las prácticas políticas en la Argentina. Sin otro particular lo saludo con mi consideración más distinguida Carlos José María Facal Presidente Fundación Poder Ciudadano.
Contestación de Salbuchi a Poder Ciudadano de fecha 4 de septiembre-2005:
Doctor. Carlos José María Facal, Presidente, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires
Estimado Doctor. Facal, Muchas gracias por su amable correo electrónico de fecha 30 de agosto respondiendo a anteriores míos sobre el el tema del epígrafe. Primeramente, hago propias las palabras de mi colaborador y abogado patrocinante en esta Causa, el Doctor. Juan Gabriel Labaké, quien en mensaje dirigido a usted el mismo día 30 de Agosto relacionado con nuestra reciente petición urgente, extraordinaria y muy concreta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le solicitara que “dado que esa vía no está agotada ni mucho menos, les agradeceremos efectuar aunque fuere alguna manifestación pública tendiente a que la Corte actúe como la transparencia de los actos de gobierno lo exige. Estimo personalmente que no es suficiente con que el tema quede planteado ante los jueces, sino lograr (o al menos tratar de) que éstos realmente lo solucionen. De otra forma, y en vista de la insensibilidad demostrada por el actual gobierno en el asunto que nos ocupa, podemos asegurar que la impunidad los cubrirá para siempre, y la transparencia quedará seriamente dañada, sino burlada.” En segundo término, me permito hacerle algunas breves reflexiones: • Percibo que la Fundación Poder Ciudadano quizás no haya medido cabalmente la gravedad de este caso, en el que el propio Presidente de la Nación Argentina Dr. Néstor Kirner y algunos de sus socios y amigos desde hace ya más de doce años, vienen manejando fondos públicos santacruceños por cientos de millones de dólares de una manera arbitraria, discrecional, decididamente no transparente e, incluso, con falta de adecuada idoneidad. Hoy podemos inferir de este escándalo público que afecta a la Nación Argentina que cuando los poderosos delinquen, los multimedios monopólicos y los autodenominados defensores de la transparencia se tornan extrañamente respetuosos y prudentemente discretos. De esta manera, parecieran transformarse en parte del problema de la corrupción en nuestro país, en lugar de promover mecanismos concretos de esclarecimiento para que la corrupción pueda quedar efectivamente derrotada. • Debo agregar que, en cierta medida, comprendo sus apreciaciones y decisión de
que Poder Ciudadano no tenga un rol efectivo que cumplir en esta investigación o en el impulso judicial o parlamentario en este tema, por cuanto existen claros conflictos de interés dentro de su Organización que seguramente obligan a que usted adopte esta decisión, toda vez que entre sus miembros consejeros se encuentre, por ejemplo, la Señora. Mona Moncalvillo actual directora de la estatal —y por ende forzosamente progubernamental— Radio Nacional Argentina, que recientemente habría ordenado a todas sus filiales a retransmitir en su totalidad los discursos de campaña del Dr. Kirner a favor de sus familiares directos, socios y amigos. Así, la opinión pública podrá mejor comprobar que —como todo buen lavador— el Sr. Presidente tiene sus manos muy limpias, según él mismo lo expresara con mímica durante la conferencia pública que ofreció el pasado 1ero de agosto en la que procuró blanquear menos de la mitad de los fondos públicos a certificar. • Somos un grupo de hombres y mujeres argentinos que creemos profundamente en el verdadero poder ciudadano (no me refiero a la razón social de su Fundación, sino más bien a aquél auténtico concepto del poder del ciudadano argentino, hoy desguarnecido ante los atropellos e impunidad de los poderosos, aliados a la cobardía y tibieza de quienes respetuosamente les permiten delinquir). • Usted indica en su nota que Poder Ciudadano “como organización no gubernamental no tenemos medios para encarar seriamente cualquier investigación con la profundidad requerida”. Extraño comprobar que justo para un caso de la trascendencia del que nos ocupa, Poder Ciudadano no disponga de “medios”, máxime cuando vuestro sitio en Internet informa —con merecido orgullo— que Poder Ciudadano sí dispone de “medios” (o, más importante aún, de la voluntad) para encarar actividades tales como: – la creación de un Banco de Datos de Políticos Argentinos de acceso público y gratuito que reúne información sobre más de 600 dirigentes políticos; – la creación de un Banco de Datos de Jueces con información sobre más de 100 magistrados; – monitoreo del financiamiento de las campañas electorales, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, y elaboración de informes públicos sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, así como la inversión en publicidad; – impulso a la ley que declaró al 4 de junio como Día de la Lucha contra la Corrupción en homenaje a Alfredo Pochat; – la creación de una Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción de Transparency International (TI), diseñada para fortalecer la lucha anticorrupción en América Latina; – la presentación del Indice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, encuesta realizada por organizaciones de 10 países latinoamericanos para medir la transparencia y el acceso a la información en materia presupuestaria. • Notablemente, el caso de los elusivos fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz se relaciona directamente con cada una de estas iniciativas que Poder Ciudadano ha asumido. • Por nuestra parte, seguiremos articulando ese verdadero poder ciudadano por más que nuestros únicos “medios” sean algunos magros recursos personales. Contamos, sin embargo, con el optimismo que nos da la fuerza de nuestros valores, de nuestra voluntad de trabajo, y de nuestra rectitud y transparencia al momento de hacerle frente a la impunidad de los poderosos, y sus tibios y torpes aliados. • Por último, rescato con cierta extrañeza los ”valores” declamados por Poder Ciudadano en su “Misión” (“Una red de personas e instituciones comprometidas con los asuntos públicos a escala local, nacional e internacional en pos de sociedades democráticas e inclusivas”) y “Visión” (“Promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción colectiva”). Podría interpretarse que existe una fuerte brecha entre la teoría de las declamaciones bienintencionadas y la práctica en los hechos, el compromiso y la actividad concreta. Dice un viejo refrán criollo, Doctor Facal, que a menudo “la culpa no es del chancho sino de quién le da de comer”. Esta jocosa sabiduría popular, muy instalada en el imaginario
colectivo del ciudadano argentino, hoy parece tener más vigencia que nunca. Poder Ciudadano ha adoptado una posición clara y definida que, por supuesto, respetamos aunque de manera alguna compartimos. Discúlpenos, entonces, si nosotros en cambio preferimos no alimentar a los cerdos que hoy se han adueñado de la Argentina. Sin otro particular, lo saludo con mi consideración más distinguida Adrian Salbuchi consultor international, periodista, autor www.eltraductorradial.com.ar
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
A su vez, en septiembre de 2005, también elevamos una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, sin embargo, al poco tiempo (4 de octubre de 2005) se “declaró incompetente” por ser este caso “manifiestamente ajeno a su competencia originaria”. En realidad, los jueces de la Corte Suprema que produjeron este fallo —Petracci, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti— no hicieron más que describir magistral e inconcientemente a esa suprema corporación de jueces, notoria por su clara incompetencia para defender el interés público nacional, del que parece estar siempre ajena… En esa oportunidad (03-oct-2005) y bajo el título “La Corte se declaró incompetente en el caso de los dólares de Santa Cruz”, el Dr. Juan Labaké emitió la siguiente información:
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de declarase incompetente para intervenir en el escándalo de los desaparecidos Fondos de la Provincia de Santa Cruz durante la larga Gobernación Kirchner, tal como lo solicitamos oportunamente. Para ello, la Corte aduce que nuestro pedido “es manifiestamente ajeno a (su) competencia originaria (art. 117)”. En nuestra presentación, adelantamos que se trataba de un caso excepcional, por fuera de las reglas formales, ya que: • ...el itinerario procesal que ha tenido esta causa hace que se encuentren agotadas todas las instancias judiciales, tanto locales como federales para investigar tan graves y agraviantes conductas. Ello constituye un verdadero y gravísimo escándalo moral, jurídico y político para nuestra sociedad nacional”. Y agregamos: • “Estamos frente a un presidente que ha mentido en forma pública, reiterada, y con total frialdad y alevosía... estamos ante un gobernador que en este asunto se ha plegado visible y totalmente a los deseos y decisiones presidenciales; enfrentamos la... desaparición de centenares de millones de dólares públicos... y de una multimillonaria (en dólares) comisión de negocios”. • “Ante tal bochorno, hoy impune, venimos a solicitar la intervención extraordinaria y urgente de Vuestra Excelencia. Estimamos que, si esta petición fuera rechazada aduciendo que la vía procesal está agotada, quedaría a salvo la formalidad de la ley, pero herido gravemente (sino de muerte) su espíritu, además de la decencia pública, el decoro y la dignidad de la Nación y la confianza de los argentinos en sus instituciones. (...) • ...La Nación Argentina no descansa sobre un artículo del Código Procesal, sino sobre valores y normas fundamentales que han sido pública, jactanciosa e impúnemente vulnerados por quien tiene la obligación de ser su primer y principal defensor”. Ante el fallo de la Corte, nada tenemos que agregar. Está todo dicho. Lo lamentamos como argentinos y hombres inquietos por la suerte y el decoro de nuestro país. Sólo agregamos un panorama resumido de la situación: Este escándalo por los desaparecidos Fondos Públicos Santacruceños demuestra lo que venimos diciendo reiteradamente en el sentido de que en la Argentina actual no predominan ni la justicia, ni el bien común, ni las leyes, ni la responsabilidad de los hombres públicos, sino, por una causa u otra, el fraude y la impunidad del poder”.
Oficina “Anticorrupción”
Y también recurrimos a la Oficina Anticorrupción, solicitando su asistencia, según nota enviada a su director, el Dr. Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas, mediante una detallada nota fechada 5 de julio de 2005. Dicha Oficina, abrió un expediente interno —el N° 6658— y, tras reiterados reclamos de nuestra parte, finalmente nos envió el 21 de diciembre de 2005 una extraña y casi hermética carta. De su contenido solo pudimos inferir que, inspirados en el pasaje del Evangelio que relata la “justicia” del procónsul imperial que por omisión le allanó el camino a la turba Deicida, los directivos de la Oficina Anticorrupción también optaron por lavarse las manos. Compartimos con nuestros lectores el texto de nuestra última nota que enviamos el 17 de febrero de 2006 a la “Oficina Anticorrupción”, que se explica por sí misma:
De: “Adrian Salbuchi”
Dr. Martín Andrés Montero, Director de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Tucumán 394, Capital Federal Su Nota OA/DI/MC No. 2142/05 - Ref: 6658 de fecha 21 de Diciembre de 2005.
De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, a fin de agradecerle su amable nota de fecha 21 de diciembre 2005, mediante la cual me remitiera copia de la “Resolución OA/DI/Nª 817/05” de la carpeta de referencia para “mi conocimiento y a los efectos que estime corresponder”. Dicha Resolución 817/05 que usted adjunta a su nota, dice textualmente lo siguiente: “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Oficina Anticorrupción - Nª 817/05 - Buenos Aires, 18 de octubre de 2005 VISTAS: Las presentes actuaciones que llevan el Nº 6658 de la Dirección de Investigaciones Y CONSIDERANDO: Que comparto los fundamentos y solución que se expresan en el dictamen precedentemente, cuyos términos doy aquí por reproducidos. En uso de las facultades otorgadas por el FISCAL de CONTROL ADMINISTRATIVO de la OFICINA ANTICORRUPCION mediante Resolución Nª 6/2005. RESUELVO: 1) ADJUNTAR la carpeta 6658 a la 3778. 2) REMITIR copias de la totalidad de las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 14, en relación a la Causa No. 6662/04. 3) ARCHIVAR las presentes actuaciones por los argumentos precedentemente mencionados. Regístrese, cúmplase y archívese. Firmado: Martin Andrés Montero - Director de Investigaciones - Oficina Anticorrupción” Como el Sr. Director de Investigaciones seguramente comprenderá, me resultó imposible desentrañar qué es lo que se me estaba comunicando en su nota. Usted manifiesta compartir “los fundamentos y solución que se expresan en el dictamen precedentemente, cuyos términos doy aquí por reproducidos”, pero no hay absolutamente nada reproducido, citado ni aclarado en ninguna parte de su comunicación. Correspondientemente, al verme imposibilitado de comprender qué decisión habría adoptado la Oficina Anticorrupción en torno a este caso, en diciembre pasado tomé contacto telefónico con la OA, oportunidad en que fui atendido con excepcional deferencia y amabilidad por el Sr. Martín Cutuli quién procuró —sin éxito, desde luego— explicarme de qué se trataba esto. El Sr. Cutuli pacientemente me leyó un extenso documento interno del cuál pude inferir que la Oficina Anticorrupción habría decidido no involucrarse en este tema y - como elocuentemente dice usted en su nota - “archivar las
presentes actuaciones por los argumentos precedentemente mencionados”, que por supuesto si tales argumentos existen, a mi no me han sido comunicados. Sr. Director: me permito reiterarle que estamos ante un caso de gravísima sospecha de corrupción que afecta a las máximas autoridades nacionales y, por ende, a la salud moral de la Nación Argentina. En los últimos meses, hemos profundizado nuestras investigaciones lo que derivó en una nueva Denuncia Penal realizada el 20 de diciembre de 2005, por presunta asociación ilícita agravada, cohecho, tráfico de influencias, defraudación agravada y otros delitos según la Causa Nº 18.209/05 radicada en el Juzgado Federal Penal Nº. 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, copia de cuyas actuaciones le adjunto al presente mensaje para su mejor gobierno. Bien podemos comprender que, en los momentos actuales, nuestro pedido de asistencia podría generar claros inconvenientes de naturaleza política a los funcionarios de la Oficina Anticorrupción, y que una postura clara y decidida de vuestra parte requiere de una importante dosis de coraje cívico y responsabilidad ciudadana. Correspondientemente, agradeceré recibir a vuelta de correo una comunicación oficial de la Oficina Anticorrupción explicando de manera clara cuál ha sido la decisión adoptada en torno a nuestro pedido y las razones que sustenten la misma. Desde ya que nos reservamos todos los derechos ciudadanos de ampliar nuestras actuaciones judiciales en curso a la propia “Oficina Anticorrupción”. En la espera de sus amables noticias sobre el particular, saludo al Sr. Director con mi más distinguida consideración. Adrian Salbuchi (DNI 10369848).
Con estos breves extractos de las comunicaciones mantenidas con estas organizaciones y entes, hemos querido brindar al lector una muestra de porqué el sistema de impunidad vigente en la Argentina se mantiene siempre incólume más allá del gobierno de turno. Como indicamos al principio del presente dossier, hoy la Argentina sufre bajo un Sistema de Corrupción: los desfachatados e insolentes que roban nuestros dineros públicos a cuatro manos, llegan, roban y se van. El Sistema queda intacto presto a darle la bienvenida a la siguiente camada de malandrines. En síntesis quienes iniciamos la Denuncia Nº 6662/04 el 05 de mayo de 2004 comprobamos que: • la Justicia Federal sucumbe ante el Poder Kirner; • la Justicia de la Provincia de Santa Cruz sucumbe ante el Poder Kirner; • la Oficina “Anticorrupción” aduce no poder ocuparse con premura de este caso y se lava las manos; • Transparency International y sus representantes locales, “Poder Ciudadano”, se lavan las manos; • los “grandes medios” de prensa y los opinólogos del Establishment, nos han ignorado casi por completo, aunque utilizan nuestra Causa caso para sus propios objetivos politiqueros; • la “Corte Suprema de Justicia de la Nación” se refugia en alguna mera formalidad de la ley para también poder lavarse las manos.
Únicamente la Defensoría del Pueblo de la Nación, aunque se vio imposibilitada de tomar medidas concretas a raíz de las limitaciones de su mandato, procuró asistirnos fehacientemente solicitando en varias oportunidades al juez santacruceño Lozada que nos facilite copia de su insólito fallo sobreseyendo a Kirner, aunque su gestión se vio frustrada.
CONCLUSIONES
Al publicar el presente documento, lo hacemos con el fin de desenmascarar no tan solo un escándalo puntual que afecta los intereses de la provincia de Santa Cruz, sino para dejar al descubierto a todo un Sistema corrupto que permite, avala y perpetúa en el poder a los peores elementos de nuestra sociedad. En este dossier brindamos los principales hechos e hitos clave de lo que claramente conforma un manejo discrecional de la Justicia por parte de intereses encumbrados en torno al presidente de turno. Ojala que los medios de comunicación social, periodistas y dirigentes se hagan eco del contenido de este dossier, ya que la Justicia no lo ha hecho. Ojala que este documento sirva para transformar el escándalo de los desaparecidos fondos públicos de Santa Cruz en una suerte de “Watergate” que obligue a Néstor Kirner y su equipo de familiares, amigos, socios y colaboradores a dar explicaciones serias, documentadas, consistentes y sólidas en lugar de tratar de “zafar” con frases huecas y mentiras flagrantes. Pero —más importante aún— ojala que este dossier sirva para iniciar un vuelco mucho más profundo y constructivo para nuestro país. Que se inspire en el ejemplo del proceso “mani pulite” —“Las Manos Limpias”— desatado en los años noventa en Italia que no sólo sirvió para desenmascarar la inmoralidad y corrupción de quienes circunstancialmente dctentaban en Poder en Italia, sino también la perversidad del Sistema de poder y corrupción que lo permitió. En nuestro caso, la decisión final en torno a lo que describimos, no la tiene ni la Justicia, ni los medios de prensa, ni, mucho menos, la casta de politiqueros que hoy usurpan —legal mas no legítimamente— el Poder político y económico en nuestro país. La decisión final es del Pueblo Argentino. En las páginas más luminosas de nuestra Historia —las Jornadas de Mayo, la Independencia, el 17 de octubre, Diciembre de 2001— reiteradamente el Pueblo alzó su voz para decir ¡Basta!
Nuevamente, se acercan días muy complejos y aciagos para la Argentina. Una vez más, el Pueblo debe exigirle a sus dirigentes su derecho inalienable a saber qué está pasando y qué están haciendo con nuestro país. Una vez más, el Pueblo debe saber de qué se trata.
ANEXO I
Causa Nº 6662/04 —Juzgado Nº 7, interinamente a cargo del Juez Dr. Jorge Urso— realizada el 5 de mayo 2004 a las 10:30 horas en Tribunales Comodoro Py 2002 de Buenos Aires.
DENUNCIAN LA EVENTUAL COMISIÓN DE PRESUNTOS DELITOS DE APOLOGÍA DEL DELITO, DEFRAUDACIÓN AGRAVADA E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
Señor Juez: ADRIÁN SALBUCHI y ENRIQUE ROMERO, periodistas y conductores del programa radial “El Traductor”, constituyendo ambos el domicilio legal a todos los efectos junto con sus letrados patrocinantes Doctores. JUAN GABRIEL LABAKÉ, C S J N T. 7 F. 311, y JUAN CARLOS IGLESIAS Tº 3 Fº 101, en la calle Tucumán 1424, 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decímos:
I.– EXORDIO Que venimos a presentar formal denuncia criminal contra el señor presidente de la Nación, Doctor. Néstor Kirchner, con domicilio en Balcarce 50, Ciudad de Buenos Aires, contra el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo, con domicilio en Casa de Gobierno, Río Gallegos, de la citada provincia, contra los funcionarios responsables del Banco Central de la República Argentina y contra aquellas personas que pudieren haber intervenido en la presunta comisión de los delitos de apología del delito (artículo. 213 del CP), defraudación agravada por tratarse de fondos públicos (artículo. 174 inciso. 5º del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario público (artículo 248 del CP) y otros, tal como resultará de nuestra exposición. Al respecto, el artículo. 260 del CP habla de malversación de caudales públicos; el 261, de peculado (si los fondos estuvieren a nombre de particulares); y el 262 se refiere a los funcionarios que, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, dieren ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el art. anterior.
II.– HECHOS En su discurso en el acto de clausura de la llamada “Cumbre Extraordinaria de las Américas”, realizado en la ciudad de Monterrey, México, el día 16 de enero de 2004, el señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirner, dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http:// www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de correo-E webmaster@presidencia.gov.ar): “En la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión.” La claridad de esa confesión del señor presidente y la gravedad de los delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llevó a efectuar una primera comprobación. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América, solicitando información fidedigna acerca de la posibilidad de que alguien efectúe una inversión o depósito de fondos, en ese organismo financiero y, de ser así, si el Dr. Kirner fue el autor de uno de tales depósitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo electrónico a través del “sitio público en Internet” del Banco de la Reserva Federal (“public web site”), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm. “Brevitatis causae”, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en inglés, idioma en el que se enviaron ambas notas, y en español. Estos son sus respectivos textos: Lunes, 27 de enero de 2004 4,33 PM Nombre: Adrián Apellido: Salbuchi Correo-E: salbuchi@fibertel.com.ar Profesión: Consultor Internacional Organización: Ciudad: Buenos Aires Estado: País: ARGENTINA Código Postal: 1425
[Contenido del Correo electrónico] Estimados señores, Actualmente formo parte de un equipo académico que se encuentra realizando una investigación general sobre el tema de las inversiones argentinas en el exterior realizadas tanto por entidades públicas como privadas. En su reciente discurso durante la Cumbre de Monterrey en México, el presidente argentino Néstor Kirchner manifestó que cuando él era gobernador de la provincia austral de Santa Cruz, había logrado preservar una inversión importante (alrededor de 800 millones de dólares), dado que en lugar de depositar dichos fondos en bancos argentinos (lo que habría significado que quedaran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), él su puestamente tuvo la previsión de “invertirlos en el Banco de la Reserva Federal”, a pesar de que rendía una baja tasa de interés. Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes aceptarían un depósito
semejante de un Estado extranjero —en este caso, el de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la República Argentina. Serían ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema. Atentamente, Adrián Salbuchi, Buenos Aires” —————— Miércoles, 28 de enero de 2004 6:29 PM Ref.: Respuesta a su correo electrónico respecto de: Consulta Internacional Estimado, Gracias por su reciente correspondencia en la que usted solicita saber cuál es la intervención de la Reserva Federal como banco de inversiones. La información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz (Nota nuestra: engañosa, es la otra acepción que otorga el diccionario CUYAS de APPLETON a la palabra inglesa “deceptive”). Usted debería dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión y no existe ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz. Espero que esta información le sea de utilidad. Atentamente, El Personal de la Junta
Si requiere responder a este mensaje, hágalo desde el sistema de correo electrónico público en nuestro sitio en Internet http://www.federalreserve.gov/ feedback.cfm . ——————
De la respuesta dada por la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica a nuestra nota se deduce con claridad que no es posible que el Doctor. Kirner, tal como lo afirmó en Monterrey públicamente, haya depositado aquellos cuantiosos fondos públicos en ese organismo gubernamental extranjero. Esta comprobación, unida a las citadas palabras del señor Presidente de la Nación, crean una compleja y grave situación, que podemos resumir como sigue: 1.– El Dr. Kirner ha confesado públicamente, y desde una tribuna de gran nivel internacional, que cuando era gobernador de Santa Cruz depositó fondos del Estado fuera del país, en lugar de colocarlos en algún banco, oficial o privado, de la Argentina. Esa actitud lo coloca a la misma altura de los malos argentinos que, con una conducta contraria a los intereses de nuestro país —inadmisible en cualquier ciudadano y con mayor razón en el primer magistrado—, fugaron sus fortunas al exterior produciendo los enormes daños que hemos sufrido desde 1976 y que se agravaron dramáticamente a fines de 2001. Existe un segundo agravante: los particulares fugan sus propios dineros; el Dr. Kirner fugó fondos de propiedad del Estado. 2.– También por boca del señor presidente ha quedado probado que colocó esos fondos a un interés muy bajo: él habla del uno por ciento, cuando en la última década, los Bonos del Tesoro de EEUU de Norte América, que se considera la inversión más segura del mundo, en ese lapso pagaron una tasa de entre el 1,75 % y el 5,75 % anual. 3.– El Dr. Kirchner jamás ha informado a su provincia y al país qué monto de dinero propiedad del Estado llevó al extranjero, y en qué banco u otra institución financiera o no, depositó realmente tales cuantiosos fondos. Por ese mismo motivo, se desconocen los intereses que ha cobrado por dichos depósitos, de qué manera fue contabilizado a nivel de la Provincia de Santa Cruz y el destino que les dio. 4.– El Dr. Sergio Acevedo, actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, conoce desde el inicio esta situación tan anormal, pues fue ministro 82 del Dr. Kirchner durante muchos años. Antes, como ministro, y ahora como gobernador, jamás ha efectuado reclamo alguno, ni ha formulado denuncia judicial sobre la virtual desaparición de centenares de millones de dólares (obviamente, casi tres veces más de pesos) del erario provincial. 5.– Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de legisladores de la provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la última década. De acuerdo a la legislación argentina, esos fondos sólo pueden ser coloca- dos o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local. Santa Cruz no debe ser una excepción a esa sana y lógica regla. A pesar de ello, no hemos
podido detectar la existencia de autorización alguna de la Legislatura santacruceña para el depósito de tales fondos, y menos para su radicación en el exterior, bajo estricto y rarísimo secreto, por lo que cabe incluir a los citados legisladores en esta denuncia. 6.– Tanto las autoridades del Ministerio de Economía y Producción, y del Poder Ejecutivo en general, como así también las del Banco Central de la República Argentina conocen la grave e insólita irregularidad que nos ocupa, sin que tampoco hayan hecho nada para ponerle coto en al menos diez años. 7.– El hermético secreto impuesto por el Doctor. Kirner sobre el lugar donde se encuentra esa fortuna estatal, así como sobre la tasa de interés que devenga y la fecha de vencimiento de la colocación, ha dado pie a perversas y dañinas sospechas, que están envenenando la sociedad. Y esas sospechas se basan en que semejantes fondos gozan de un estado clandestino de ubicación y condiciones de inversión, sin que ni el actual Señor presidente de la República, ni el gobernador de la Provincia de Santa Cruz, ni funcionario alguno del Banco Central se haya interesado sobre su paradero, existencia real, titularidad, rendimiento y contabilización de ganancias en los presupuestos sucesivos a su depósito. Todo indica que se encuentran en un paraíso fiscal y, por esta razón, no se puede dar información precisa al respecto. Ahora, con la falsedad informada en Monterrey, esas sospechas han crecido apreciablemente. 8.– Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es evidente que estamos frente a un potencial escándalo político y jurídico que debería avergonzarnos como pueblo civilizado. Sólo en una república bananera o en un régimen de primitivo despotismo feudal puede darse el caso aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo antojo, de inmensas fortunas públicas, las saca al extranjero en secreto, se niega a informar la institución en que las depositó (y cuando lo hace, brinda información falaz al dar el nombre de un banco central extranjero como depositario), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de vencimiento de la colocación y, por si todo eso fuera poco, se ufana públicamente, en un foro de 83 gran repercusión mundial, de haberlo hecho. Consideramos que semejante conducta en la persona del presidente de la Nación atenta contra el Honor del pueblo argentino y nos degrada como nación. 9.– Todo lo dicho nos lleva a afirmar que podríamos estar ante la comisión de varios delitos, potencialmente muy graves. Enumeramos los principales: a)- Apología del delito, que habría cometido el señor Presidente de la Nación Doctor. Néstor Kirchner en su discurso ante la Cumbre de Monterrey, al ufanarse de haber hecho desparecer virtualmente los fondos públicos de Santa Cruz. b)- Defraudación agravada (por tratarse de fondos públicos), pues, por su propia confesión, sabemos que colocó los fondos al 1 % de interés, cuando la inversión más segura en el mundo —los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América— rindieron en este lapso entre 1,75 % y 5,75 % de interés anual. Y si tales fondos se hubieran colocado en bancos privados de primer nivel, el rendimiento para el erario público hubiera sido aún mayor. c)- Malversación de caudales públicos desde el momento en que el Doctor Kirner ha confesado públicamente que colocó los fondos a un interés inferior al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norte América. d)- Incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por haber dispuesto y fugado del país cuantiosos fondos públicos sin autorización de la Legislatura, con la conformidad del Banco Central de la República Argentina y guardando en secreto el destino y otros datos de tales fondos. e)- Los mismos delitos, aunque en grado diferente, habrían cometido el señor gobernador de Santa Cruz, Doctor Sergio Acevedo, y los señores legisladores santacruceños de la última década. f)- En igual delito habrían incurrido los integrantes del Banco Central de la República Argentina que han permitido semejante operación. g)- Para el hipotético caso de que los fondos estuvieren a nombre de particulares y no de la provincia, se habría cometido el delito de peculado previsto en el artículo 261 del CP.
III.– ANTECEDENTES Como antecedente de la remesa del Gobierno Nacional al Provincial de Santa Cruz cabe destacar que en abril de 1993, el Estado depositó a favor de la provincia mencionada, en la Caja de Valores S.A., 654 millones de dólares en bonos, contando retenciones, regularizaciones e intereses. El entonces gobernador Kirner compró acciones de Y PE EFE por unos 290 millones de dólares, a 19 dólares la acción. Seis años mas tarde, las vendió a un valor de 44,78 dólares la acción, y obtuvo alrededor de 660 millones de dólares. Para tal operación los autores contaron con el asesoramiento del entonces Ministro de Economía, Dr. Domingo Felipe Caválo y del negociador de 84 la deuda externa, Doctor. Daniel Marx, según fuentes que han participado en la operación conforme surge de la lectura de los medios de comunicación escrita. Kirner compró títulos de deuda, acciones en empresas de primera línea e impuso plazos fijos en el exterior. Desde el año 1992, la provincia de Santa Cruz dispuso por ley la creación de una comisión legislativa, de un consejo asesor y de una unidad de administración para la asignación y la administración de los recursos obtenidos por el pago de regalías, que oportunamente el Gobierno Nacional girara al de la mencionada provincia mediante depósitos en la Caja de Valores S.A. Finalmente, cabe señalar que en la Legislatura Provincial, a través del sector opositor al gobierno, se ha efectuado una denuncia hacia fines de 2003 señalando que desde 1997 el gobierno dejó de presentar el informe anual sobre el estado de esos recursos. Esto comprende: lugar actual de los depósitos, incremento desarrollado de los distintos intereses, con indicación de la fecha de vencimiento, titularidad de los fondos, resultado de las operaciones financieras intermedias, etc. Finalmente, se pregunta por qué no se ingresaron en el tesoro provincial dividendos de las acciones de Y PE EFE por unos 61 millones de dólares. Agreguemos que en recientes declaraciones a los medios de prensa (“Clarín”, de Buenos Aires, y “La Opinión Austral”, de Río Gallegos, Santa Cruz; ver más adelante, en PRUEBA TESTIMONIAL, el despacho de “Rebanadas de Realidad” del 31 de Marzo de 2004), el Gobernador Acevedo manifestó explícitamente que no repatriará dichos fondos ni los trasladará a otras plazas financieras mundiales de mayor prestigio y transparencia, prefiriendo mantenerlos en las actuales plazas de Luxemburgo y Suiza, que por sus leyes atinentes al secreto bancario y otros beneficios similares, resultan favoritas como paraísos fiscales y centros de lavado de dinero. En dichas declaraciones, el gobernador Acevedo utilizó un argumento muy débil y especioso para justificar el mantenimiento de los fondos en el exterior. En efecto, el Doctor Acevedo dijo que no los repatriará mientras nuestro país esté en “default”, para evitar que los embarguen los acreedores externos. No escapará al elevado criterio de Vuestra Señoría que en el único lugar del mundo donde los fondos quedan a resguardo de eventuales embargos es, justamente, en la Argentina, pues acá ningún juez decretaría medidas contra ellos. En cualquier otro país, en cambio, los fondos corren riesgo de ser embargados por los acreedores. La claridad de la contradicción, su envergadura y el hecho de haber sido pronunciada por el propio gobernador de Santa Cruz, elevan las sospechas sobre lo que realmente está ocurriendo con los fondos, a niveles de gran preocupación. La pregunta final está referida al derecho que tiene el país de saber dónde están los fondos y los pormenores de su incremento y el porqué de la no contabilización de las distintas modificaciones en los saldos. Si bien los primeros interesados son los habitantes de la Provincia de Santa Cruz, basta con recordar que dichos fondos provienen de regalías giradas por la Nación. Por ello, resulta fácil deducir que esto es una cuestión nacional. Además, el secreto con que se manejó esta operación, permite pensar si realmente los fondos existen, y a nombre de quién o quiénes están. No sea cosa que aparezcan como titulares de los fondos,
particulares o funcionarios, y en caso de fallecimiento de alguno de ellos tengamos la sorpresa de que el destinatario de dichos fondos no es la provincia o la nación, sino particulares. De acuerdo a información que nos ha sido suministrada desde la provincia de Santa Cruz, diputados locales han presentado las siguientes denuncias o pedidos de informes, sin obtener jamás una solución, ni siquiera una respuesta: a)- El 10 de octubre de 1996, los diputados provinciales Fernando Javier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio Huecke, Esther Crespo Viuda de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco Soria, Luis Alcain y Carlos Mansilla presentaron una denuncia ante el fiscal Andres Vivanco, por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionarios públicos, por parte de los integrantes de la Unidad de Administración de los Recursos Financieros del Estado Provincial, creada mediante ley N° 2385, pues, no se había cumplido con lo establecido por dicha ley en cuanto a elevar anualmente a la Legislatura provincial un informe de la gestión financiera del sector publico bajo su responsabilidad. b)- Los citados diputados provinciales presentaron luego, el 21 de diciembre de 1996, una ampliación de esa denuncia ante el fiscal Ricardo Alberto Camutti, en la cual se vincula además al señor Julio de Vido, a la sazón Ministro de Economía de Santa Cruz, al titular del Banco de la Provincia de Santa Cruz, Roberto López, y al titular de la Unidad de Mercado de Capitales y Negocios Internacionales de aquella esa, señor Emilio Martín. En esa ampliación se destaca que el 13 de noviembre de ese año (1996) ingresó a la Legislatura una nota del gobierno, la número 72/96, con el informe de la Unidad de Administración de Recursos Financieros. Según los legisladores denunciantes, la venta de acciones de Y PE EFE que reconoce ese informe sería mayor a la mencionada en presentaciones anteriores del Poder Ejecutivo. c)- El 13 de mayo de 1999, los diputados Fernando Bielle, Roberto Giubetich y Fernando Horacio Huecke, presentaron una nueva denuncia ante el fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscalía Nº 1, por incumplimiento de la ley Nº 2339, modificada por la ley Nº 2359, que dispone la creación del Concejo Asesor para la Asignación de los Recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. Destacamos que, siempre según la información obrante en nuestro poder, ninguna de estas denuncias prosperó. d)- Finalmente, en los últimos días el gobernador Doctor Sergio Acevedo se habría comprometido a presentar el movimiento de los fondos durante el último año, pero al parecer insistió, ante una comisión de la legislatura provincial, que los fondos están al 1% anual, depositados en bancos suizos, y que no volverán en el corto plazo. Además, habría estimado el monto de los depósitos en 507 millones de dólares. Como último comentario, informamos a Vuestra Señoría que a través de cartas fechadas el 3 de febrero y el 15 de marzo ppdo., solicitamos aclaración al Sr. Presidente, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento, motivo por el cual recurrimos a la Justicia para un pronto esclarecimiento de los hechos descriptos.
IV.– COMPETENCIA Por el tipo de delito y las personas que los habrían cometido correspon de que intervenga el Fuero Federal Penal. Y por ser el Presidente de la República quien habría caído en la apología del delito en Monterrey, México, corresponde la jurisdicción de Vuestra Señoría.
V.– PRUEBA INSTRUMENTAL: 1.– La ya transcripta en este escrito, que Vuestra Señoría podrá ratificar en las direcciones de correo-e aportadas: a)- Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América. b)- Página Web y casilla de correo-E de la presidencia de la Nación. 2.– Las declaraciones públicas efectuadas por el senador nacional santacruceño Carlos Alfonso Prades al medio electrónico Rebanadas de Realidad, el 31-03-04, y que se transcriben en el capítulo de la prueba testimonial. 3.– Artículo del diario “Clarín” de Buenos Aires, del 28 de marzo de 2004, (tomado del sitio en internet www.clarin.com) con las
declaraciones del Doctor Acevedo. Artículo del diario “La Opinión Austral” de Santa Cruz del 29 de marzo de 2004, (tomado del sitio en internet www.laopinionaustral.net).
INFORMATIVA: Solicitamos a VS se libre exhorto a: 1.– La Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se sirva informar si alguna vez otorgó autorización para que el ex gobernador Doctor. Néstor Kirner depositara los citados fondos en el exterior, y si cuenta con similar autorización el actual gobernador Doctor. Sergio Acevedo para mantenerlos donde y como están. También para que se sirva informar a Vuestra Señoría sobre 87 los procedimientos que establece la ley de esa provincia para casos como el presente. Asimismo, para que eleve a Vuestra Señoría la documentación correspondiente a la denuncia presentada el 10 de Octubre de 1996, ante el fiscal Andrés Vivanco, por los diputados Fernando Javier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio Huecke, Esther Crespo Vda. de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco Soria, Luis Alcain y Carlos Mansilla, así como la de la ampliación de denuncia presentada el 21 de Diciembre de 1999 por los citados legisladores ante el fiscal Ricardo Alberto Camutti, y la de la denuncia presentada por los legisladores Fernando Bielle, Roberto Riubetich y Fernando Horacio Huecke, el 13 de Mayo de 1999, ante el fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscalía Nº 1. 2.– Al Banco Central de la República Argentina y al Ministerio de Economía y Producción de la Nación, para que se sirvan informar sobre el procedimiento legal que se debió seguir para el depósito de fondos públicos nacionales y provinciales, así como la normativa que se debió respetar para sacar fuera del país fondos privados o públicos nacionales o provinciales, desde 1993 a la fecha. 3.– Al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América (exhorto diplomático en este caso), para que sirva informar si en esa institución los terceros pueden colocar fondos como inversión o depósito a interés, la tasa que rigió para ellos desde 1993 a la fecha, y si eventualmente el Doctor Kirner o el Gobierno de Santa Cruz han efectuado alguna colocación de ese tipo de fondos en los últimos once años.
TESTIMONIAL: Se cite a declarar al senador nacional por la provincia de Santa Cruz, Doctor Carlos Alfonso Prades, con domicilio en el Honorable Senado de la Nación, calle H. Yrigoyen 1857, Capital Federal, para que ratifique y amplíe sus manifestaciones públicas aparecidas en el portal electrónico Rebanadas de Realidad con fecha 31 de Marzo de 2004, manifieste las gestiones que ha efectuado por si o por interpósita persona para conocer la situación real de los fondos en cuestión y aporte toda la documentación que posea sobre este caso. Al efecto, transcribimos dichas declaraciones del senador Prades: La repatriación de fondos santacruceños II Rebanadas de Realidad — 31 de Marzo de 2004 rebanadas@ciudad.com.ar y rebanadas@rebanadasderealidad.com.ar Las declaraciones del gobernador santacruceño, Dr. Sergio ACEVEDO, en cuanto aseveró ante medios nacionales (Clarín) y regionales (La Opinión Austral) su decisión de no repatriar los activos financieros que el Estado provincial tiene depositados hace más de una década en el exterior “hasta que Argentina salga del default”, provocó la reacción del senador radical 88, Dr. Carlos Alfonso PRADES, quien cuestionó el oscurantismo del oficialismo nacional y provincial alrededor del sospechoso manejo de los ahorros santacruceños. “Ahora no me quedan dudas de que algo grave está pasando alrededor del manejo discrecional que desde hace más de una década cubre con un manto de sospecha el destino y la cantidad de fondos santacruceños depositados en instituciones financieras en el exterior” sentenció el legislador radical. “Realmente es una excusa insostenible expresar que los fondos santacruceños no serán devueltos a la provincia mientras la Argentina se encuentre en default, primero: porque uno de los motivos más sólidos para retornar inmediatamente esos fondos lo constituye el riesgo de ser inhibidos o embargados justamente
por el incumplimiento argentino con los acreedores externos y en segundo lugar porque nadie puede precisar la vigencia temporal de este crítico escenario y hoy la decisión del Gobierno pareciera estar mas cerca del nunca”. “Conozco y doy fe de la hombría de bien del Doctor ACEVEDO, por eso insisto: algo grave debe estar pasando para que hoy deseche la palabra empeñada durante su campaña electoral... algo sombrío y que para el gobierno es conveniente que el pueblo de la provincia de Santa Cruz y del país siga ignorando. Esto me da derecho a tener muchas dudas. Hoy tengo derecho a dudar si estos fondos realmente todavía los tenemos. Hoy tengo derecho a dudar sobre el manejo que durante mas de 10 años de misterios se han dado a tales depósitos que constituyen el ahorro de toda una generación de trabajadores petroleros” señaló el Senador santacruceño. “Hoy más que nunca el pueblo de la provincia y del país todo reclama una respuesta y que debe ser inmediata. Los argentinos deben saber todo lo acontecido alrededor de tales depósitos, sobre su derrotero, las comisiones pagadas, los intereses generados, sobre el incremento de los fondos por la compra y venta de acciones de Y PE EFE y, en fin, toda circunstancia que es necesario develar después de más de 11 años de ocultamiento inexplicable” advirtió Carlos PRADES. “No vamos a descansar hasta que nos digan la verdad: cualquier ciudadano que medianamente haya hecho las cuentas puede expresar con absoluta certeza que más de mil doscientos millones de dólares no pueden evaporarse sin dejar ningún rastro”. (Subrayados nuestros).
VI.- DERECHO Fundamos nuestro derecho en los artículos. 174 inciso. 5º, 213, 248, 260, 261 y 262 del CP.
VII.- PETITORIO Por todo lo expuesto, a Vuestra Señoría solicitamos:
1.– Se nos tenga por presentados como denunciantes, y por constituido el domicilio legal indicado.
2.– Previa ratificación de la presente se le corra vista al Señor Fiscal a efectos de lo dispuesto en el artículo. 180 del C.P.P.N.
3.– Se produzca la prueba ofrecida y toda otra que Vuestra Señoría crea necesaria.
4.– Se sustancie la respectiva causa por la eventual comisión de los delitos citados al señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner y a todos los que resultaren involucrados en cualquiera de los ilícitos mencionados.
5.– Previo a todo y a fin de interrumpir la continuidad de los efectos provenientes de la comisión de los delitos denunciados, se ordene preventivamente la repatriación de los fondos respectivos. Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.
ANEXO II
AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN A LA CAUSA 6662/04 (SEPTIEMBRE 2005).
INFORMAN SOBRE NOVEDADES QUE PUEDEN INFLUIR EN ESTA CAUSA
Excma. Corte: JUAN GABRIEL LABAKÉ, abogado en causa propia, CSJN T.7 F.311, CUIL 2406484939-
1, ADRIÁN SALBUCHI, por su propio derecho, y ENRIQUE ROMERO, por su propio derecho, todos patrocinados por el citado abogado Dr. Juan Gabriel Labaké, constituyendo domicilio a los efectos procesales en calle Tucumán 1650, PB, 1, de la Capital Federal, en la causa Nº 6662/04, incoada por los suscriptos respecto de los fondos de Santa Cruz girados al exterior por el actual presidente de la Nación Dr. Néstor Kirner cuando era gobernador de esa provincia, a Vuestra Exelencia nos presentamos y respetuosamente decímos:
1.– Que venimos a informar a Vuestra Excelencia sobre las novedades publicadas por la Revista “Noticias”, en su edición del 27 de agosto de 2005, páginas 28 y 29, Año 22I Nº 1496 (cuyo ejemplar acompañamos como prueba) que, a nuestro entender, aportan nuevos y muy importantes datos a la cuestión planteada en nuestro escrito anterior. En efecto, dicho medio afirma que el juez provincial Doctor. Santiago Lozada mantendría una relación sentimental muy estrecha con la Señorita. Romina Mercado, una sobrina del Dr. Néstor Kirchner a quien él sobreseyó tan rápida y ligeramente sin disponer investigación alguna, y sin esperar el resultado del crucial exhorto diplomático enviado a Suiza para que informara sobre 90 el derrotero de tales fondos, hoy abrupta e inexplicablemente disminuidos a menos de la mitad de lo que razonablemente deberían sumar. Agrega la revista NOTICIAS que: “Hay ejemplos de cómo obraba el juez antes de absolver a Kirner en la causa de los 500 millones. En el 2000, Lozada desactivó otra causa que involucraba a Kirner por el supuesto uso indebido del avión sanitario de la gobernación. (...) Por la misma época, el juez cerró otro expediente que rozaba al actual Presidente. Era por un subsidio de 80 mil pesos, que el gobernador le había otorgado al sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). (...) LA SOBRINA - La otra parte de esta historia se la lleva Romina, hija de Alicia Kirchner y su esposo Edelmiro Armando Mercado, alias “Bombón”, un influyente operador del Presidente. Alicia y “Bombón” hoy están separados, pero nunca se divorciaron. Romina es la hija menor del matrimonio. (...) Ella (Romina) es adjunta del fiscal de Estado, Pablo González, a quien sus conocidos reputan como experto en el tema de los 500 millones. Pura coincidencia.
2.– Por otro lado, y de acuerdo a la información que nos ha suministrado personalmente el periodista santacruceño señor Daniel Gatti:
1. El juez Lozada no conviviría con su esposa legal desde hace más de un año.
2. La estrecha relación sentimental que uniría al juez Santiago Lozada con la Srta. Romina Mercado tendría aproximadamente la misma duración, por lo que debe entenderse que sería una relación de pareja estable que, para este caso (la obligatoria excusación o la recusación en caso contrario) es asimilable a la del matrimonio formal.
3.– Ambas situaciones son de público y notorio conocimiento e, incluso, han sido difundidas ampliamente hace tiempo por el propio periodista Daniel Gatti a través de la radio AM LU12 y por la FM Abril, ambas de Río Gallegos. Otra actitud muy parcial y sospechosa del juez Lozada a favor del Dr. Néstor Kirner, o al menos de quienes son personas de su círculo íntimo y, en esa época, eran altos funcionarios de su gobierno provincial, se produjo con motivo de la denuncia
presentada en los Tribunales porteños, sobre una desastrosa operación de garantía efectuada por el Banco de Santa Cruz el 22 de marzo de 1995, que podría configurar el delito de administración fraudulenta de fondos públicos. Esa operación involucró al Banco de Santa Cruz en 17.200.000 y le significó el pago de una extraña comisión a terceros por 559.000 dólares. Dicho banco en ese momento (1995) era el banco oficial del Estado santacruceño y estaba dirigido por partidarios políticos y amigos estrechos del Dr. Néstor Kirchner. El juez de la Capital Federal entendió que la causa era de competencia provincial y la remitió a Río Gallegos, donde recayó en el Juzgado del Dr. Santiago Lozada. El citado juez la mantiene “paralizada” desde hace cuatro años aproximadamente, a pesar de los insistentes reclamos del fiscal Andrés Vivanco. Si VE lo considera necesario y procedente, podemos acompañar u ofrecer las pruebas correspondientes. Ahora acompañamos el ejemplar aludido de la revista NOTICIAS. De ser ciertas todas estas novedades aportadas por la revista NOTICIAS y por el periodista Daniel Gatti, estaríamos frente a un caso más grave de lo que suponíamos, pues al juez Losada lo alcanzaría una inequívoca causal de recusación, establecida en el inciso. 2 y otros del artículo. 17 del CPCC de la Nación (e incorporada al rito de todas las provincias), para decidir en el caso de los dólares de Santa Cruz. De esa forma, su fallo estaría viciado de nulidad absoluta y por eso mismo insalvable. Lo dicho, entendemos, amerita que Vuestra Excelencia incluya en la investigación que hemos solicitado, y que ahora se torna más necesaria que nunca, un capítulo especial para determinar si los datos aportados por la revista NOTICIAS y por Daniel Gatti, y los del eventual desfalco al Banco de Santa Cruz son ciertos o no y, en caso de serlo, adopte las enérgicas medidas que la eventual gravedad de la situación requerirían, incluida la nulidad absoluta del fallo del Dr. Lozada.
Proveer de conformidad SERÁ JUSTICIA.
ANEXO III
PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OEA)
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2005. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de los Estados Americanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos
Honorable Comisión: Ref.: Salbuchi Adrián y Romero Enrique con Estado Nacional Argentino. Adrián Salbuchi, pasaporte argentino Nº 10.369.848, con domicilio real en calle Charcas 2529, 3er piso, “F”, Buenos Aires, Argentina, y Enrique Romero, DNI 16.821.530, con domicilio real en calle Zabala 1725, 2º piso D, Buenos Aires, Argentina, ambos por derecho propio, y constituyendo el domicilio legal junto con su letrado patrocinante, Dr. Juan Gabriel Labaké, abogado, pasaporte argentino Nº 6.484.949, matrícula nacional CSJN T. 7 F. 311, en calle Tucumán 1650, PB, 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a esa H. Comisión nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.– EXORDIO Que venimos a denunciar la violación, por parte del Estado Nacional Argentino, de nuestro derecho a ser oído por un tribunal competente, que protege expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8º-Garantías Judiciales, según los hechos que pasamos a exponer.
II.– NUESTRA DENUNCIA CRIMINAL El 5 de mayo de 2004, con el patrocinio de los Doctores. Juan Gabriel Labaké y Juan Carlos Iglesias, presentamos ante la Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires una denuncia penal por las graves irregularidades que, al parecer, habían cometido el actual presidente de la Nación Doctor. Néstor Kirner, mientras fue gobernador de la provincia de Santa Cruz y hasta hoy, y otros altos funcionarios oficiales. Acompañamos copia de dicha denuncia penal. En ella consta que denunciamos la eventual comisión de graves delitos, como apología del delito (artículos. 213 del Código Penal), defraudación agravada por tratarse de fondos públicos (artículo. 174 inc. 5º del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario público (artículo 248 del CP) y otros que surgen de nuestra presentación inicial (artículo. 260 del CP: malversación de caudales públicos; artículo. 261: peculado [si los fondos estuvieren a nombre de particulares]; artículo. 262 que se refiere a los funcionarios que, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, dieren ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el art. anterior).
III.– ANTECEDENTES En su discurso en el acto de clausura de la llamada “Cumbre Extraordinaria de las Américas”, realizado en la ciudad de Monterrey, México, el día
ver: “con” o “c/” (que quiere decir “contra”)
16 de enero de 2004, el señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http:// www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de correo-E webmaster@presidencia.gov.ar): “En la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión.” La claridad de esa confesión del señor presidente y la gravedad de los delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llevó a efectuar una primera comprobación. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América, solicitando información fidedigna acerca de la posibilidad de que alguien efectúe una inversión o depósito de fondos, en ese organismo financiero y, de ser así, si el Dr. Kirchner fue el autor de uno de tales depósitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo electrónico a través del “sitio público en internet” del Banco de la Reserva Federal (“public web site”), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm. “Brevitatis causae”, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en in- glés, idioma en el que se enviaron ambas notas y en español. Estos son sus respectivos textos:
Lunes, 27 de enero de 2004 4,33 PM Nombre: Adrián Apellido: Salbuchi Correo-E: salbuchi@fibertel.com.ar Profesión: Consultor Internacional Organización: Ciudad: Buenos Aires Estado: País: ARGENTINA Código Postal: 1425
[Contenido del Correo electrónico]
Estimados señores, Actualmente formo parte de un equipo académico que se encuentra realizando una investigación general sobre el tema de las inversiones argentinas en el exterior realizadas tanto por entidades públicas como privadas. En su reciente discurso durante la
Cumbre de Monterrey en México, el presidente argentino Néstor Kirchner manifestó que cuando él era gobernador de la provincia austral de Santa Cruz, había logrado preservar una inversión importante (alrededor de 800 millones de dólares), dado que en lugar de depositar dichos fondos en bancos argentinos (lo que habría significado que quedaran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), él supuestamente tuvo la previsión de “invertirlos en el Banco de la Reserva Federal”, a pesar de que rendía una baja tasa de interés. Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes aceptarían un depósito semejante de un Estado extranjero —en este caso, el de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la República Argentina. Serían ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema. Atentamente, Adrián Salbuchi, Buenos Aires ——————
Miércoles, 28 de enero de 2004 6:29 PM Ref.: Respuesta a su correo electrónico respecto de: Consulta Internacional Estimado, Gracias por su reciente correspondencia en la que usted solicita saber cuál es la intervención de la Reserva Federal como banco de inversiones. La información sobre inversiones que usted ha recibido es falaz. (Nota nuestra: engañosa, es la otra acepción que otorga el diccionario CUYÁS de APPLETON a la palabra inglesa “deceptive”). Usted debería dar aviso a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en operaciones de inversión y no existe ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa Cruz. Espero que esta información le sea de utilidad. Atentamente, EH Personal de la Junta Si requiere responder a este mensaje, hágalo desde el sistema de correo eléctrónico público en nuestro sitio en Internet http://www.federalreserve.gov/ feedback.cfm . ——————
De la respuesta dada por la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica a nuestra nota se deducía con claridad que no era posible que el Doctor. Kirner, tal como lo afirmó en Monterrey públicamente, hubiera depositado aquellos cuantiosos fondos públicos en ese organismo gubernamental extranjero. Esta comprobación, unida a las citadas palabras del señor Presidente de la Nación, crearon una compleja y grave situación, que podemos resumir como sigue: 1.– El Doctor. Kirner había confesado públicamente, y desde una tribuna de gran nivel internacional, que cuando era gobernador de Santa Cruz depositó fondos del Estado fuera del país, en lugar de colocarlos en algún banco, oficial o privado, de la Argentina. Esa actitud lo colocaba a la misma altura de los malos argentinos que, con una conducta contraria a los intereses de nuestro país —inadmisible en cualquier ciudadano y con mayor razón en el primer magistrado—, fugaron sus fortunas al exterior produciendo los enormes daños que hemos sufrido desde 1976 y que se agravaron dramáticamente a fines de 2001. Existe un segundo agravante: los particulares fugan sus propios dineros; el Dr. Kirchner fugó fondos de propiedad del Estado. 2.– También por boca del señor presidente había quedado probado que colocó esos fondos a un interés muy bajo: él habla del uno por ciento, cuan- do en la última década, los Bonos del Tesoro de EEUU de Norte América, que se considera la inversión más segura del mundo, en ese lapso pagaron una tasa de entre el 1,75 % y el 5,75 % anual. El interés pagado por los bancos privados ha sido, lógicamente, bastante mayor. 3.– El Dr. Kirchner jamás ha informado a su provincia y al país qué monto de dinero propiedad del Estado llevó al extranjero, y en qué banco u otra institución financiera o no depositó realmente tales cuantiosos fondos. Por ese mismo motivo, se desconocen los intereses que ha cobrado por 97 dichos depósitos, de qué manera fue contabilizado a nivel de la Provincia de Santa Cruz y el destino que les dio. 4.– El Dr. Sergio Acevedo, actual gobernador de la provincia de Santa Cruz,
conocía desde el inicio esta situación tan anormal, pues fue ministro del Doctor Kirchner durante muchos años. Antes, como ministro, y luego como gobernador, jamás efectuó reclamo alguno, ni formuló una denuncia judicial sobre la virtual desaparición de centenares de millones de dólares (obviamente, casi tres veces más de pesos) del erario provincial. 5.– Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de los legisladores de la provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la última década. De acuerdo a la legislación argentina, esos fondos sólo pueden ser colocados o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local. Santa Cruz no es una excepción a esa sana y lógica regla. A pesar de ello, no pudimos detectar la existencia de autorización alguna de la Legislatura santacruceña para el depósito de tales fondos, y menos para su radicación en el exterior bajo estricto y rarísimo secreto, por lo que cabía incluir a los citados legisladores en esta maniobra. 6.– Tanto las autoridades del Ministerio de Economía y Producción, y del Poder Ejecutivo en general, como así también las del Banco Central de la República Argentina conocían la grave e insólita irregularidad que nos ocupa, sin que tampoco hubieran hecho nada para ponerle coto en al menos once años. 7.– El hermético secreto impuesto por el Doctor. Kirchner sobre el lugar donde estuvo esa fortuna estatal, así como sobre la tasa de interés que devengó y la fecha de vencimiento de la colocación, había dado pie a perversas y dañinas sospechas, que estaban y están envenenando la sociedad. Y esas sospechas se basaban en que semejantes fondos gozaron durante diez años de un estado clandestino de ubicación y condiciones de inversión, sin que ni el actual señor presidente de la República, ni el gobernador de la Provincia de Santa Cruz, ni los legisladores santacruceño ni funcionario alguno del Banco Central se hubieran interesado sobre su paradero, existencia real, titularidad, rendimiento y contabilización de ganancias en los presupuestos sucesivos a su depósito. Todo indica que se encontraban ( y aún encuentran) en un paraíso fiscal y, por esta razón, no se puede dar información precisa al respecto. Con la falsedad informada en Monterrey por el Dr. Kirner, esas sospechas habían crecido apreciablemente. 8.– Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es evidente que estábamos y estamos frente a un escándalo político y jurídico que debería avergonzarnos como pueblo civilizado. Sólo en una república bananera o en un régimen de primitivo despotismo feudal puede darse el caso aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo antojo, de inmensas fortunas públicas, las saca al extranjero en secreto, se niega a informar en cuál institución financiera la depositó (y cuando lo hace, brinda información falaz al dar el nombre de un banco central extranjero como depositario), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de vencimiento de la colocación y, por si todo eso fuera poco, se ufana públicamente, en un foro de gran repercusión mundial, de haberlo hecho. Consideramos que semejante conducta en la persona del presidente de la Nación atenta contra el honor del pueblo argentino y nos degrada como nación.
Como último paso prejudicial, a través de cartas fechadas el 3 de febrero y el 15 de marzo de 2004 solicitamos aclaración al Sr. presidente, sin haber recibido jamás respuesta alguna, motivo por el cual recurrimos a la Justicia para un pronto esclarecimiento de los hechos descriptos. De esa forma, el día 5 de mayo de 2004 presentamos la citada denuncia criminal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires. El juez Dr. Jorge Urso, que estaba a cargo interinamente de dicho Juzgado, dispuso las primeras medidas de investigación. Entre ellas, una que era vital: envió un exhorto diplomático a Suiza, para que el gobierno de ese país informara sobre la suerte corrida por los fondos duran- te el lapso mencionado (1993/2004), en base a un cuestionario presentado por nosotros. En noviembre 2004, el Poder Ejecutivo Nacional, es decir el propio Dr. Kirchner, designó el Dr. Guillermo Montenegro como nuevo juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7. El Dr. Montenegro recibió la respuesta de Suiza: el gobierno de ese país deseaba conocer el alcance de los fueros del presidente de la Nación, antes de responder el exhorto del enviado por el juez Urso. El Dr. Montenegro no respondió dicha requisitoria suiza, sino que dispuso enviar la causa al juez correspondiente de Santa Cruz por entender que el juzgamiento de los delitos denunciados en nuestra presentación era de competencia provincial y no federal. El fiscal del Juzgado Nº 7 no apeló la medida del juez Montenegro, por lo que la causa pasó irremediablemente a Santa Cruz. En esa provincia, la tramitación de nuestra denuncia recayó en el Juzgado Penal a cargo del Dr. Santiago María Lozada. Este juez, según es de público y notorio conocimiento en Santa Cruz, hace al menos un año que mantiene una relación estable de pareja, tipo matrimonial, con una sobrina carnal del presidente Kirchner (una hija de su hermana y ministro de Bienestar Social de la Nación, la Lic. Alicia Kirchner). Además, el juez Lozada tiene numerosos antecedentes de haber dictado sentencias en forma rápida y arbitraria para cubrir al entonces gobernador Kirchner, o a personas y funcionarios muy cercanos a él, en casos de resonancia pública y fuerte sospecha de corrupción. En conocimiento de tales circunstancias, no nos extrañó del todo cuando el juez Lozada dispuso, sin efectuar investigación alguna, y sin responder siquiera la nota enviada por el gobierno suizo, que no había delitos en la causa abierta por nuestra denuncia, y el 1ero de junio de 2005 la sobreseyó sin más trámite y sin procesar a persona alguna, y la envió al archivo sin más. El fiscal de Santa Cruz, repitiendo la conducta de su par federal de Buenos Aires, no apeló tal medida como era su obligación hacer, y la causa quedó definitivamente sobreseída con autoridad de cosa juzgada. A esta altura, y para una mejor comprensión del tema, es indispensable decir que en la Argentina hoy no existe el menor atisbo de división de Poderes. La mayoría del Parlamento Nacional responde ciegamente al presidente, por la conducta intemperante e avasalladora de éste, salvo en el último mes en que, por razones estrictamente electorales, el oficialismo se ha dividido en dos grupos momentáneamente enfrentados. Aun así, en la única oportunidad en que un sector del oficialismo, junto con la oposición, dieron media sanción a una ley que no era del agrado del presidente, éste reaccionó en forma abrupta y con inusitada violencia verbal contra los diputados ”rebeldes”. Otro tanto se observa en la relación entre el presidente y los gobernadores de provincias y aun con los intendentes municipales: el que no obedece al presidente, no recibe fondos para obras públicas. El que no apoyaba la candidatura de su esposa en la provincia de Buenos Aires, para los comicios parlamentarios del 23-10-05, hacía peligrar su estabilidad como intendente, a manos del Dr. Kirner y sus “adelantos de fondos” del presupuesto nacional. Por desgracia, el mismo panorama, o uno muy parecido, se observa en la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial o algunos de sus sectores. Ni qué hablar de la sumisión ciega que tienen los tres Poderes de Santa Cruz respecto al Dr. Kirner. En esa provincia puede decirse con propiedad que, desde 1991 (año del inicio de su primera gobernación) no se le cae un pétalo a una flor sin el consentimiento expreso del Dr. Kirner. Lamentablemente y con bastante vergüenza debemos reconocer que en la Argentina de hoy el Estado de Derecho es sólo una ficción. Otro tanto puede decirse de la relación del presidente con la prensa. Abundan los datos y las notas periodísticas que hablan del dinero de publicidad oficial usado discrecionalmente a favor de los medios adictos al gobierno, o que callan sus errores, en desmedro de la poca prensa independiente que ha quedado. Y abundan también los testimonios de llamadas telefónicas de verdadero acoso o extorsión, de parte de altísimos funcionarios oficiales hacia periodistas que tratan efectuar alguna crítica en sus notas. Esa anómala y asfixiante situación es de público y notorio conocimiento en nuestro país y ha sido motivo de numerosas notas periodísticas. El presidente Doctor. Néstor Kirchner y el gobernador de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo, en una conferencia de prensa conjunta realizada el 1ero de agosto de 2005, aseguraron que los 530 millones de dólares girados al exterior en 1993/1994, se habían transformado, extraña e insólitamente, en 521 millones de dólares, y que serían repatriados en los 30 días subsiguientes. Desde ese momento, han transcurrido casi tres meses, sin que ambos mandatarios hayan cumplido su promesa de repatriación de los fondos. Esa anomalía escandalosa se une a la no menos grave irregularidad de que 530 millones puestos a interés durante once años en bancos privados extranjeros, se hayan reducido en lugar de aumentar. A una tasa promedio conservadora, el capital inicial debía ser ahora de alrededor de 1.200 millones de dólares. Resulta absolutamente increíble que el capital haya disminuido.
IV.- NUESTRA PRESENTACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION Ante tal absurdo panorama, decidimos efectuar una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente L-1159/05), en la que reclamábamos la intervención urgente y extraordinaria del más alto Tribunal de Justicia argentino, al margen de la formalidad estrecha de las normas procesales. Acompañamos copia de dicho escrito, en el que esa Honorable Comisión podrá ver nuestra argumentación basada en cuestiones de alto valor e interés nacional, tanto en el terreno moral, como en el jurídico, en el político y en el social. La Corte, sin entrar a considerar nuestra profusa y bien fundada argumentación, rechazó nuestro pedido con un escueto fallo del 20-09-05, aduciendo que el caso no es de su competencia formal. En la copia de nuestros escritos judiciales (el de denuncia y el de presentación ante la Corte), que acompañamos, V. H. podrá encontrar otros antecedentes de este escandaloso caso.
V.– PRUEBA INSTRUMENTAL: 1.– Copia de nuestra denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7. 2.– Copia de nuestra presentación ante la CSJN. 3.– Copia de la cédula por la cual la CSJN nos notifica su rechazo de nuestra presentación. TESTIMONIAL: Ofrecemos la declaración testimonial de:
1.– Daniel Osvaldo Gatti, periodista, con domicilio en calle Barberia 614, Río Gallegos, Santa Cruz. 2.– Omar Hallar, diputado provincial de Santa Cruz, con domicilio en la Legislatura Provincial, Río Gallegos, Santa Cruz.
VI.– PETITORIO Ante la negativa de la Justicia Federal, de la Justicia provincial de Santa Cruz y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a oír nuestra legítima y fundada denuncia y tratarla, la importancia vital que revisten para la salud de la República los gravísimos hechos denunciados por nosotros, y la ausencia de toda instancia local que nos permita dar debido curso a tal denuncia criminal, ocurrimos en búsqueda de justicia ante esa H. Comisión en uso de las facultades que nos reconoce el art. 8º-Garantías Judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, para que se reclame al Estado Nacional argentino lo siguiente: 1.– Que se haga público el fallo del juez provincial de Santa Cruz Dr. Santiago Lozada. 2.– Que algún Tribunal de Justicia argentino acoja nuestra denuncia e investigue debidamente la suerte corrida por los cuantiosos fondos de Santa Cruz girados al exterior y aún no repatriados. En particular, solicitamos se investigue: a) El importe originalmente salido al exterior de la Tesorería de la Provincia de Santa Cruz. b) La fecha de esa salida. c) La individualización de cada una de las entidades financieras que recibieron los depósitos. d) Las razones por las cuales se las eligió. e) El tipo de depósito efectuado. f) Sus fechas de conformación. g) Sus plazos de vencimiento. h) Las personas físicas o jurídicas que figuran como titulares de los depósitos. i) Los importes depositados (cantidades y moneda). j) En el caso de existir alguna diferencia entre el importe originalmente salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes. k) La modalidad de pago o acreditación de los intereses. l) Las tasas de interés pactadas según el comprobante del depósito. m) Las tasas de interés que a las fechas de los depósitos eran ofrecidas, por la entidad financiera que los recibió, a otros interesados en realizar transacciones similares a la concretada por Santa Cruz. n) Las tasas de interés que, a la fecha del depósito, eran ofrecidas por otras entidades financieras a otros interesados en realizar transacciones similares a la efectuada por Santa Cruz, con un nivel de riesgo igual o parecido al asumido por la depositante. o) En el caso de existir diferencias entre la tasa de interés pactada por Santa Cruz y las tasas de interés de mercado para operaciones similares efectuadas en la misma fecha, las explicaciones del caso. p) Para cada pago de intereses o de amortización del capital realizado por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha. q) Para cada cobro de intereses o de amortización del capital contabilizado por Santa Cruz, su importe, moneda y fecha. r) En el caso de existir diferencias entre los intereses o amortizaciones pagados por la entidad financiera y los recibidos por la Provincia de Santa Cruz, las aclaraciones del caso. Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Adrián Salbuchi Enrique Romero
Se terminó
