Covid-19: quieren que militares detenidos mueran en prisión
Mientras
han permitido la prisión domiciliaria a los corruptos y delincuentes
comunes, se la niegan a los militares detenidos por haber luchado contra
la guerrilla marxista.
Fuente: La Prensa
Tras
denegarles la prisión domiciliaria ante la pandemia, en las últimas
horas se informó de dos muertos y otros 27 casos de Covid-19 entre presos de lesa humanidad alojados en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en lo que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades.
Uno de los fallecidos es Juan Domingo Salerno, suboficial retirado de la Policía bonaerense, de más de 70 años,
arrestado en noviembre último. Padecía un severo cuadro de diabetes y
delicados problemas cardíacos, por los que había sido internado en un
hospital de Bella Vista. El otro es el coronel Edberto González de la
Vega.
Los
contagios corresponden al total de reclusos del Pabellón B (que fue
vaciado y clausurado) y un tercio de los detenidos en el Pabellón A. Los
otros pabellones están aislados. También hay entre 7 y 11 guardia
cárceles y un número no precisado de personal de Ejército, que sería
trasladado al Hospital Militar Central y al Hospital Militar de Campo de
Mayo.
Los 27 presos contagiados en Campo de Mayo tienen una edad promedio de 74 años,
muchos con enfermedades prevalentes, por lo que se encontraban entre la
población de riesgo. Los pedidos para que se concediera la prisión
domiciliaria a estos detenidos habían sido denegados en más de una
oportunidad con el insólito argumento de que estarían mejor en la cárcel
que en sus propios hogares (…).
Hasta
ahora, de 104 pedidos de domiciliaria presentadas por presos de lesa
humanidad se habían otorgado solo 17 mientras que otros 41 fueron
denegados, según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.
Un beneficio que sí se concedió a otros detenidos por causas de
corrupción, como el ex vicepresidente Amado Boudou, que tiene apenas 57
años y ninguna enfermedad grave, y antes de la pandemia, al ex ministro
Julio de Vido o a Lázaro Báez, entre otros.
El
martes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional -Sala 6- resolvió un habeas corpus presentado por la
Procuración Penitenciaria de la Nación a favor de más de 40 detenidos en
alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires con Covid-19 positivo, según la
doctora María Laura Olea, de la Asociación de Abogados por la Justicia y
la Concordia. El citado tribunal ordenó el traslado inmediato de tales
detenidos a las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.
El
resultado de esa medida produjo el traslado de 11 ancianos enfermos,
todos mayores de 70 años y algunos minusválidos, alojados en el llamado
hospital penitenciario al pabellón 6 de la Unidad Penal 31 de Ezeiza,
donde carecen de la atención que sus edades y condiciones de salud
requieren, añadió la doctora Olea.
Uno
de ellos se encuentra infectado, y fue internado en el Hospital Muñiz,
mientras que los 10 restantes esperan el resultado del hisopado, que se
conocería esta misma noche. Mientras tanto comparten baños, pasillos,
comedor y un patio, según confirmó uno de los reclusos a este diario.
Ante
esta situación, la defensora oficial de Lomas de Zamora, Julia Coma,
presentó un habeas corpus colectivo por estos 10 presos ante el Juzgado
Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora (expediente 18814/2020), para que
aquellos que dieran negativo pudieran cumplir el arresto en sus
domicilios.
Todas las advertencias sobre lo que podía ocurrir fueron desoídas.
Según la doctora Olea, el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, había recordado
la condición de garante del Estado respecto de las personas detenidas, y
recomendado a los magistrados que resolvieran con la mayor celeridad
posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de
riesgo.
También la Cámara Federal de Casación Penal había urgido a adoptar un protocolo para la prevención del coronavirus,
mientras que el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, había
solicitado a la Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que se
recomendara a los magistrados que tomen en consideración la aplicación
de medidas alternativas a la prisión carcelaria.
No obstante, indicó la abogada, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos, siguió oponiéndose a conceder esas prisiones domiciliarias,
y los magistrados -salvo pocas excepciones- continuaron negándoselas
con argumentos contrarios a las recomendaciones internacionales, al
derecho humanitario y al sentido común.
Agustín de Beitía
