Sobre la Ley de pensiones a ex presos
políticos.
O
como nuestros compañeros no conocen argumentos de defensa del Gobierno
Constitucional de Juan Perón y María E. Martínez de Perón.
Tuvieron
que dar idas y vueltas, sobre el proyecto de Ley del Diputado por Formosa (FpV)
Juan Carlos Días Roig para otorgar pensiones a ex presos políticos porque el
proponente fijaba como fecha de inicio el 24 de marzo de 1973, por lo cual
estaba sesgadamente dirigida, mientras que, al llegar nuevamente a la Cámara de
origen modificada por el Senado, este proponía, también –tendenciosamente-,
como fecha de inicio el 6 de noviembre de 1974.
El desconocimiento de la
historia argentina, sumado a las desviaciones ideológicas de muchos de nuestros compañeros, además de quienes “se dicen” compañeros sin serlo, más la
confusión que se llegó a producir cuando el apoderado legal del Partido
Justicialista Nacional inscribiera como “parte
del Partido Justicialista” al Frente para la Victoria, una agrupación
política que tiene y tubo su propia representación e inscripción en el Registro
de Partidos Políticos como “Partido
Frente para la Victoria”, y cuyo presidente era el extinto Néstor Carlos
Kirchner y su apoderado el ex Jefe de
Gabinete kirchnerista Alberto Fernández. Esta “confusión o chicana” del Dr. Jorge Landau contradice todas las
presentaciones llevadas a cabo por ese Frente electoral tanto en las elecciones
legislativas de 2005, 209 y 2013 y las presidenciales de 2007 y 2011, ya que en
las presidenciales de 2003 el Frente para la Victoria se presentó como tal y
sin incluir al Partido Justicialista. Desentrañada esta primera y vital
situación que lleva a engaño a una enorme porción del pueblo argentino, y es
usada perversamente por los medios de difusión masiva, seudo opositores como el
multimedio Clarín, y los diarios La Nación y Perfil, y los oficialistas cuya
lista es enorme e innecesaria de ser aquí presentada.
Una vez aclarado este primer
punto, que conlleva el porqué, el cómo y el cuando del proyecto de Ley
presentado por Diaz Roig quien como se referencia como legislador del Frente
para la Victoria y no del peronismo formoseño, está liberado de ser el creador
de esta verdadera brutalidad jurídica, porque de ser plausible presentaciones
de este tipo y extemporáneamente llevadas al recinto (como lo fuere su proyecto
de Ley), caeríamos en lo que el Ejecutivo de Cristina Fernández ha denominado “la industria del juicio”, pues también
debería alcanzar a los deudos y herederos de los presos políticos de “toda la historia nacional”, pues
discriminar entre quienes fueron presos, después determinaremos cuales son
políticos y cuales no lo son, en base a un debate que la sociedad nacional
deberá darse, de una buena vez y para siempre, así dejamos de cometer tropelías
jurídicas en nombre de reivindicaciones de ciudadanos –nativos o extranjeros-
que bajo el rótulo “romántico” de “guerrilleros” se alzaron en armas
contra gobiernos constitucionales; sin importar el motivo alegado, cometiendo
el delito claramente tipificado por la misma Constitución Nacional de “sedición”, y que hasta la modificación
de 1994, éste delito se consideraba “alta
traición a la Patria” y se penaba con “la
pena de muerte”. Abolido que fuere el castigo, se lo reemplazó por el
máximo que otorga el hoy tan renombrado –por las burradas y barbaridades que se
discuten- Código Civil Argentino.
El debate deberá ser masivo,
popular y bien explicado por todas y cada una de las fuerzas políticas y
sociales -Partidos Políticos,
organizaciones no gubernamentales, sindicales, etc.-, quienes deberán fijar su
posición ante el mismo (para acabar con las hipocresías existentes entre
legisladores, funcionarios, jueces, fiscales, camaristas y hasta Jueces del
Supremo, incluyéndose además la definición sobre el tema de los poderes
ejecutivos nacionales y provinciales, que incluyen a los de las intendencias).
Una vez debatido y llegado a una o más conclusiones o propuestas deberá someterse
a un plebiscito tal lo que manda la Constitución reformada de 1994, donde
quedará consagrado los límites, cuales son de “lesa humanidad” y cuales no, las penas y los derechos a
resarcimientos para quienes y por cuanto tiempo... Mi postura es muy clara y
consecuente, yo siempre afirmé que el delito de “sedición” tal como lo declara nuestra Constitución Nacional debe
ser aplicado por igual a civiles, tanto como a militares, no importando su
pertenencia, ideología, religión o raza. Además de tipificar a los “delitos de lesa humanidad” como tales,
a todos aquellos que fueren cometidos desde el Estado o con participación de
éste por funcionarios o con la aquiescencia de éstos, a niveles nacionales,
provinciales o municipales –sus FFAA y FFSS-, pero también a aquellos cometidos
por facciones o sectores civiles o militares que se declaran “alzados en armas” contra el gobierno
Constitucional (elegido por el pueblo). Mi postura ante los resarcimientos es
que deben ser “muy acotados” y
definidos los tiempos de reclamo y de resarcimiento. Y aquí comienza el debate,
una vez fijada mi posición para que nadie se llame a engaño, como espero hagan
todos aquellos que pretendan apoyar y oponerse a éste.
Lo que verdaderamente llama
la atención, no es “el porqué del
proyecto”, ayer hecho y convertido en Ley de la Nación, sino el
desconocimiento, o peor aún la hipocresía explicitada en el debate para “fijar la fecha de comienzo” de las
penas, detenciones o secuestros, porque el proyecto original de Diaz Roig es
claro y bien connotado, éste proponía el 24/03/1976 fecha en que era depuesta
la presidente constitucional de la Nación Argentina. Podrá tildarse este
proyecto de sesgado, pues no se les reconoce el mismo carácter a las víctimas y
detenidos/desaparecidos del sector militar o de sus aliados, además de
preguntarse con total razón el porqué de esta fecha arbitraria, pues hubo y aún
viven muchos detenidos o familiares directos –hijos, cónyuges, padres,
hermanos, etc.- de los golpes de 1966, 1962, 1955, 1952, 1943 por citar sólo
los más recientes y no retrotraernos a tiempos aún más lejanos y donde se
cometieron claros actos sediciosos en nuestra Patria. Todos estos merecen el
mismo tratamiento ante la ley, para no incurrir en arbitrarias prácticas que
terminan discriminando delitos iguales, según sean llevados a cabo por
cuestiones ideológicas, religiosas o de razas. Pero lo importante fue “el debate” que se dio primero en el
Senado de la Nación, donde llegó cambiada la fecha propuesta originalmente
desde Diputados, con expresa finalidad ideológica se fijó el inicio de los
actos a ser reparados con esta Ley el 6 de noviembre de 1974.
Esta fecha no fue elegida al
azar por nuestros diputados y luego debatida por los senadores, sino que por el
contrario se eligió ex profeso porque es en ella donde poder iniciar “el ataque” a la presidencia
constitucional de Juan Domingo Perón y su viuda, por ese entonces a cargo del
Poder Ejecutivo, la Cra. María E. Martínez de Perón. Ataque que viene siendo
llevado a cabo por los exegetas del kirchnerismo más puro y duro, y sus aliados
las Madres de Bonafini y las Abuelas de Carlotto, más la agrupación HIJOS,
contando con la ayuda de grupos tales como el CELS, La Cámpora, Unidos y
Organizados, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y sectores marxistas hoy en
el poder –adláteres de Axel Kicillof, etc.-. No debemos olvidar los juicios a
Isabel llevados a cabo en nuestra justicia, los pedidos de extradición a España
por jueces y fiscales de la Nación o de las Provincias, así como intentos aún
más amplios que nacen a partir de las denuncias de ex montoneros o erpianos
sobre los decretos y las leyes dictadas por el Gobierno Constitucional iniciado
tras la legítima y contundente elección del 25 de setiembre de 1973. Actos
administrativos que “no son judiciables”
pues fueron la consecuencia para reestablecer el orden interno de la Nación
atacada por facciones terroristas que se escudaban tras posturas ideológicas
antiperonistas. Aquel día la viuda de Perón decretó el “estado de sitio” y aplicó la Ley Antisubversiva de setiembre de
1974. Es tal la hipocresía reinante en la sociedad que los senadores nacionales
–representantes de los pueblos de las provincias- para esquivar el bulto
arguyeron “fallas técnicas para modificar
el proyecto”. Unos porque tras 40 años de historia aún ignoran el abrazo
Perón Balbín, y siguen aferrados a un “antiperonismo
ahistórico” y pasado de moda.
Otros porque
desideologizados al máximo no saben cual es su pertenencia ideológica y por lo
tanto partidaria. No saben si son peronistas o del Frente para la Victoria (un
engendro desideologizado donde prima un supuesto “modelo” y un seguidismo personalizado hoy en Cristina Fernández,
ayer en Néstor Kirchner), entonces se da la paradoja que desconocen la
historia, o la tergiversan para que pueda ser el marco de su novedosa identidad
“partidaria”. Y desgraciadamente, los
que se dicen peronistas –en su enorme mayoría- también desconocen la historia
por lo cual no pueden defender actos constitucionales llevados a cabo por un
gobierno popular y nacional (en serio) libremente y ampliamente elegido para
conducir los destinos de la Patria, y en defensa de sus valores es que éste
legisló para contener los ataques sangrientos de una facción sediciosa armada,
denominada aquí y en cualquier parte del mundo como “terroristas”. Si esto no queda claro no podemos llevar adelante el
debate que no se supo o quiso dar, tanto en el senado como en la Cámara de
Diputados que corrigieron el proyecto de ley recibido en revisión por el senado
y lo convirtió en ley en la tarde-noche de ayer, 28 de noviembre de 2013, o sea
a 30 años de haberse instaurado un gobierno democrático.
Hipócritas, porque no puede
definirse de otra manera a quienes para “lavarse
las manos” y no asumir posición respecto de un tema “crucial para el peronismo”, porque aceptar alegremente que un
Gobierno Constitucional está limitado para dictar normas y leyes ajustadas a la
Constitución Nacional en defensa de los intereses de la Patria, es como aceptar
que en esta hora donde el flagelo del tráfico y consumo de drogas en territorio
nacional no requiere de normas, decisiones estratégicas y adaptar la
legislación a esta nueva realidad, imponiendo penas severísimas a los
narcotraficantes y a sus financistas, legislar para adecuar la legislación a
las nuevas realidades del delito y su
punición y lucha. Esconderse bajo la cama y explicitar “fallas técnica” acordando lo increíble dejando la fecha tope en el
10 de diciembre de 1983 y el inicio “con
fecha indefinida” Son tan hipócritas
y cobardes, unos y otros que cuando se dieron cuenta de donde se estaban
metiendo, y no sabiendo como salir decorosamente utilizaron la del avestruz de
esconder la cabeza. Y aquí pasamos a la segunda gran ilegitimidad de esta ley
de reparación para los ex terroristas y de los cientos de presos que quizás no
estaban integrando los sectores guerrilleros. Pero legislar para otorgar
pensiones de por vida para ellos o sus herederos, cuando a las víctimas y
familiares de Cromañon o de la tragedia de Once se les va a dar, como se les
dio a los de Cromañón, apenas por cinco
(5) años. Un beneficio equivalente a categoría D nivel 0 del personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) por $ 6 mil mensuales siendo la
Secretaría de Derechos Humanos el organismo de aplicación. ¡¡¡Está tan mal
parido este proyecto !!!
Es tal el despropósito de
esta ley que un insigne diputado del Frente para la Victoria dijo “también por una cuestión económica, que
había que analizar. Pero ya habían viajado muchos compañeros e incluso del
exterior” dejando en claro que muchos de los requirentes ni siquiera viven
en el país. Un verdadero y total despropósito que sólo puede ser convalidado –“o sea, participar de ésta barbaridad
jurídica cobrando estas mal llamadas pensiones vitalicias”- por traidores o
peor aún por aquellos (o sus familiares y deudos) que anteponen sus intereses
personales a los intereses sagrados del pueblo sufriente que no cuenta con
educación, salud o vivienda dignas, mientras otros, ”ellos” anteponen mezquinos intereses personales y dinerarios por
sobre el “bien colectivo” . Estos
personajes no son dignos de llamarse argentinos y mucho, pero mucho menos “Peronistas de Perón, Evita e Isabel”
(por mucho que a algunos les moleste ésta última inclusión). Es más, el pasado
miércoles 27 de noviembre iba a tratarse solamente en el diputados la Ley por
la regulación de responsabilidad del Estado (otra aberración jurídica preparad
ex profeso para resguardar a funcionarios de la administración cristinista) tal
como expresara un diputado del Frente para la Victoria. El proyecto había quedado afuera del temario
por las “diferencias” que se
mantenían en el propio bloque oficialista. “También
por una cuestión económica, que habías que analizar. Pero ya habían viajado
muchos compañeros e incluso del exterior” explicaba un diputado
cristinista, para intentar justificar en estas presencias (como no iban a estar
presentes si esos esperaban este espurio dinero que le van a robar al pueblo
con esta Ley) la urgencia de la Ley; organizaciones de ex presos políticos –los
mismos que atestiguan falazmente en los juicios a oficiales de las FFAA y de
SS, ya que una enorme mayoría nunca estuvieron presentes durante los hechos por
los que atestiguan, y otros lo hacen “de
oídas de terceros”-, festejaron desde las gradas del recinto.
Fue la diputada bonaerense
del FpV, y jefa del bloque de ese Frente, Juliana Di Tulio quien interrumpiendo
la sesión, pidió la palabra en el recinto para incluir esta “supuesta y falsa reparación” en el orden
del día, logrando que se aprobare la mencionada Ley de Reparación de ex Presos
Políticos. Díaz Roig celebraba ruidosamente este disloque al estimar en cerca
de 2 mil los potenciales solicitantes, aunque cifras mucho más realistas y
menos cristinistas calculan en cerca de 10 mil los beneficiarios. Es tal el
mamarracho que a las propuestas de “limitar
el resarcimiento, a quienes tuvieren un ingreso inferior a cierta suma”,
los diputados oficialistas se negaron a todas y cada una de ellas. Es más, es tal la desfachatez de estos
nefastos personajes de la vida argentina, que con sorna el diputado Roig
exclamó: “Ni Kunkel, ni yo vamos a cobrar, eso fue una chicana. Los que estamos
dentro del sistema de seguridad no entramos” Este verdadero robo al pueblo
argentino, fue votado por el oficialismo y la oposición lográndose un insólito
número de 176 votos favorables, dos negativos –los peronistas disidentes Assef,
y Brown- y una abstención, la del macrista Tonelli, es también cierto que
algunos legisladores para no convalidar esta Ley prefirieron retirarse como
hizo la radical Patricia De Ferrari. Junto a los cristinistas y peronistas
opositores festejaban increíblemente la mayoría de la UCR pidiendo en su
antiperonismo rabioso, que la Ley se denomine “Ley Ricardo Scalet” en homenaje al ex titular de la Asociación de
ex Presos Políticos, muerto en Marzo.
Aprovechando esta Ley de
reparación de ex Presos Políticos –erpianos, marxistas y montoneros-, el ¿periodista?
Marcelo Larraquy en Clarín tituló un recuadro como “¿Cuándo comenzó el horror?”. En este panfleto sesgado y
panfletario él se pregunta arteramente: “La
pregunta es un problema para la historia del peronismo en la década del
setenta”, desconociendo abiertamente la historia argentina verdadera, no la
escrita panfletariamente por montoneros, erpianos y marxistas sobrevivientes
–la historia algún día deberá preguntarse como algunos lograron zafar de
aquello que ellos denominan el “terrorismo
de Estado”, ¿habrán botoneado y entregado a sus camaradas?—de aquellas
luctuosas y bárbaras jornadas tales como Magario, Bonasso, etc. En aquella
historia, investigada, confrontada y escrita por profesionales de la Historia,
deberán dilucidarse causas, efectos, momentos históricos, legislaciones “no judiciables” por emanar de períodos
constitucionales, actos sucedidos en abierta violación a las leyes y decretos
de parlamentos y ejecutivos legales y constitucionales, de otros llevados a
cabo por civiles y militares que contradecían cada una de aquellas, es por este
motivo que el panfleto de Larraquy es tendencioso y falta a la verdad abierta o
encubiertamente. “es el 6 de noviembre de
1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando se decretó el
Estado de sitio, fue el punto de partida para la cesión de las “pensiones
graciables” para ex presos políticos, daba por sentado que el gobierno
justicialista había vulnerado los derechos civiles y políticos de miles de
personas que habían permanecido en sus cárceles, a quienes se mantuvo detenidos
sin juicio ni garantías constitucionales. Una responsabilidad política –no sólo
histórica- que también podría derivar en una nueva inculpación penal por
secuestros y desapariciones perpetradas durante el gobierno 1973-1976.”
Se necesita agregar algo a
lo escrito por Larraquy, es totalmente claro el planteo no sólo de él, sino de
la enorme mayoría de los comunicadores sociales del multimedio Clarín, La
Nación y Perfíl; en ellos se intenta burdamente implicar en ilegalidades,
secuestros y torturas no al Gobierno Isabel, sino en realidad al Gobierno Juan
Perón y su continuidad luego del fallecimiento el 1º de Julio de 1974 del
Gobierno Constitucional, arteramente atacado por la izquierda apátrida y
genocida, esa izquierda que intentó y no pudo infiltrar al Movimiento Nacional
Justicialista, sus cuadros gubernamentales (nacionales y provinciales) y los de
las fuerzas de seguridad y armadas no cooptadas por aquellos ni por las
derechas cavernícolas que querían hacer de la Argentina la “punta de lanza de su intromisión en el subcontinente Sudamericano”.
Aquellos personeros que no lograron sus fines
en los 70 del siglo XX, arremeten hoy, desde los medios de comunicación
–opositores y oficialistas (que tendencian sus presentaciones)-, las Cámaras
legislativas nacionales y provinciales y hasta aparatosamente la propia “Justicia, en especial la Federal y penal
argentinas”, quienes se prestan –cuando no lo interpretan- a las falacias
de sudo juicios a supuestos represores (que los hubo, y de los cuales deberán
seriamente ocuparse para obtener “justicia
y verdad” pero no venganza). Aprendamos de nuestros vecinos y hasta de nuestra historia que supieron
poner “Límites a estos juicios, y estas
averiguaciones históricas”, para dejar el pasado y mirar emprendedoramente
el futuro. Por eso es importante conocer “el
pensamiento” profundo de estos artífices del odio y la venganza, atrasados
y fuera de todo momento histórico.
Ellos .oficialistas,
opositores o seudo opositores, todos “vienen
descaradamente por el Dogma y la Doctrina del peronismo”, y para esto es
necesario incorporar en el imaginario colectivo que el peronismo de los 70 del
siglo XX, estaba emparentado con la dictadura, los atropellos ciudadanos y el “terrorismo de Estado”, y en esto el
panfleto de Clarín es, como lo fuera en infinidad de otras oportunidades la
punta de lanza, y así el personero abiertamente expresa “Pero ayer en la Cámara de Diputados, para mantener la situación
histórica –la de ellos no la real y verdadera- en la nebulosa, se prefirió no colocar la fecha, y dejar que la
autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos, decida
caso por caso. De este modo, el comienzo de las detenciones sin juicio ni
garantía constitucional quedan inmersas en un cono de sombras. La pregunta de
“cuando empezó el terror” prefiere no asumirse ni ponerse en discusión”. La
verdad histórica, y no la verdad sesgada es que solo a partir del 24 de marzo
de 1976, existió el terror, las detenciones
y los desaparecidos sin juicios ni garantías constitucionales. Desde el
6 de noviembre de 1974 hasta aquel fatídico 24 de marzo de 1976, siempre y en
todo momento imperó la Ley y las garantías constitucionales, esas que definen
hasta la implantación ante el ataque al poder y las instituciones de la
declaración y puesta en vigencia legal del “Estado
de sitio” . Como bien indica Larraquy, existen más allá de los debates
políticos los “hechos históricos”,
hechos que no pueden ser tergiversados ni sesgados de manera alguna. Desde los
inicios de 1974, Perón y María Estela Martínez, como presidentes “constitucionales, amplia y democráticamente
electos por una mayoría incuestionable”, y con el aval del Partido
Justicialista en el Parlamento, ante el rompimiento del orden democrático y
constitucional por parte de facciones sediciosas, fueron sancionadas una serie
de normativas –leyes y decretos leyes- represivas que penaban y definían la
represión de atentados y ataques a las instituciones y al pueblo mismo, que es
cierto “incluso más rigurosas que las del
Gobierno de facto del General
Lanusse”, que se asentaban en el accionar novedoso y desconocido en la
Patria de la lucha armada para “derrocar
y tomar el poder” a las autoridades legalmente electas.
No existió en la historia
del siglo XX, una actividad terrorista y genocida pasible de ser parangonada
con las guerras civiles del siglo XIX, por lo cual fue imperioso y necesario
adoptar rígidos criterios represivos por parte del Estado legal y
constitucional de la República. Larraquy, miente y tergiversa los hechos tanto
como la historia, y es mucho más hipócrita que aquellos otros que nos contaron “sus versiones de los enfrentamientos de
facciones de los 70 del siglo XX”. Unos cuentan “su verdad” que saben no es “la
verdad histórica” pero la cuentan desde su propia identidad, no como
aquellos que se escudan tras una supuesta “comunicación
social” que intenta desentrañar “la
verdad histórica”. Demasiado reciente para ser abordada objetivamente, La “Ley antisubversiva” de setiembre de
1974, fue la consecuencia lógica y última imprescindible para hacer frente a los
desmanes y el desgobierno reinante, producto de los arteros y cobardes ataques
llevados a cabo contra el Gobierno Constitucional de aquella época. Y es una
verdadera barbaridad jurídica que aquellos civiles, militantes o incluso
guerrilleros –confesos y abiertamente participantes de hechos delictivos-
alzados en armas contra el gobierno constitucional, que haya sido “legalmente detenido” por tribunales
civiles en virtud de aquella ley votada por el Parlamento pueda hoy,
increíblemente, “reclamarle al Estado su
pensión. También sus herederos”
¡Increíble, ahistórico y
verdaderamente vergonzante, esa es la Ley de Reparación de las detenciones,
aprobada increíblemente por este nuevo Parlamento!
Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2013.
Arq. José M. García Rozado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL –
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