Presentan nuevos amparos en contra de la reforma previsional
El Centro de Excombatientes de Malvinas de La
Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Berisso llevaron adelante
ayer acciones judiciales. Lo mismo ocurrió con otro caso en Córdoba.
Polémica por el magistrado que concentra todas la presentaciones.
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Dos nuevas presentaciones judiciales fueron realizadas en la
jornada de ayer en contra de la ley de reforma previsional por
considerar que su carácter es “inconstitucional” y que es “regresiva” la
nueva fórmula de movilidad.
Por un lado, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La
Plata (Cecim) en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra de
Berisso (Cevecim) presentaron un amparo en el Juzgado Federal nº 2 de La
Plata.
Mario Volpe, referente del Cecim, señaló que “la
presentación busca declarar inconstitucional la reforma”. “Venimos por
los excombatientes, que se ven totalmente dañados y vulnerados
nuevamente por una norma que no cumple con los tratados internacionales,
que no es progresiva”, agregó.
En este marco, Volpe destacó que la ley “puede causar una posguerra,
como pasó en estos últimos años, con más de 400 excombatientes
suicidados que tenían problemas de salud. Es un colectivo vulnerable que
se ve nuevamente afectado”.
Según precisaron en el recurso, con la aplicación de la ley, “se
quitarán del bolsillo, para marzo del año próximo, más de 1.989 pesos
por excombatiente”.
Por otro lado, en los Tribunales Federales de la capital de Córdoba, los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet realizaron una presentación como patrocinadores del jubilado Julio César Spidialeri.
Los letrados solicitaron que hasta que se resuelva su planteo de
inconstitucionalidad de la ley, se mantenga vigente la actual 26.417 de
Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público.
“La nueva fórmula de movilidad es regresiva y en consecuencia
inconstitucional. Representa un claro retroceso y una violación del
principio de progresividad previsto en los pactos internacionales
suscritos y ratificados por nuestro país”, indicaron los abogados.
Cuestionamientos sobre el magistrado
Tras la sanción de la ley que modifica la fórmula previsional y ante
las demandas que acusan a la medida de “inconstitucional”, la Anses
solicitó que las acciones judiciales se centralicen en un solo juzgado.
La polémica se instaló luego de que el magistrado elegido para
concentrar todas las presentaciones sea el juez subrogante Fernando Strasser, quien ya recibió dos pedidos de recusación.
Según indicaron desde Anses, el pedido tiene por objetivo que se dé
cumplimiento a un planteo de la Corte Suprema, que buscó evitar que haya
sentencias contradictorias con respecto a un tema sobre el cual, en
última instancia, terminará decidiendo el tribunal supremo.
Sin embargo, los cuestionamientos hacia Strasser apuntan hacia su
condición de subrogante, ya que depende de los senadores de Cambiemos y
del PJ en el Senado para que aprueben su designación como juez titular.
Es decir, su estabilidad como magistrado responde de una cuestión
política.
Otras actuaciones en marcha
El abogado previsionalista
Christian D’Alessandro fue uno de los que el miércoles pasado
presentaron un amparo colectivo. Esa misma jornada, otro especialista en
la materia, Miguel Ángel Fernández Pastor, realizó lo propio, pidiendo
la inconstitucionalidad de la Ley nº 27.426 y del Decreto 1.058/17, por
afectar derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y
de los Instrumentos de Derechos Humanos incorporados a ella con más de
70 carillas de fundamentación.
En tanto, 24 horas antes a las
acciones de D’Alessandro y de Fernández Pastor, el intendente de San
Martín, Gabriel Katopodis, llevó a cabo la presentación de un amparo
judicial en nombre de todos los jubilados para que la reforma
previsional sea declarada inconstitucional.
“Lo presentamos junto a centros
de jubilados de San Martín en representación de todos los adultos
mayores de nuestra ciudad, entendiendo que hay una violación a
principios básicos del sistema de seguridad social”, explicó el jefe
comunal.
Al mismo tiempo, en Catamarca
otro amparo fue presentado en forma colectiva para tratar de evitar que
la ley se lleve a cabo. La asociación Bienaventurados los Pobres
(Be.Pe), junto a la Agrupación de Abogados Populares vehiculizaron la
medida en contra de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
Pedidos de recusación y sospechas
El abogado previsionalista
Miguel Ángel Fernández Pastor solicitó el miércoles que se declare la
inconstitucionalidad de la reciente ley y del DNU del bono
compensatorio. En ese marco, agregó un pedido de recusación al juez
Fernando Strasser por “enemistad manifiesta”. Considera que el
magistrado es un subrogante cuyo nombramiento depende de la firma de
Mauricio Macri, por lo que lo acusa de imparcial.
Por otra parte, Juan Grabois,
representante legal de la CTEP, también formuló un pedido de recusación
por llevar una “conocida vida social del ámbito del PRO”. Grabois
consideró que el juez “está presionado” y que “tiene vínculos muy
estrechos con el gobierno de turno y no debe ser la persona que analice
los amparos contra la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso”.
“Ya tuvo dos fallos
escandalosos, uno habilitando el uso del fondo de sustentabilidad de la
Anses y, el peor de todos, planteando que el Ministerio de Desarrollo
Social había hecho muy bien en recortar las pensiones a los
discapacitados”, agregó el letrado.
En la misma línea se manifestó
Jerónimo Guerrero Iraola, abogado que representa al Cecim de La Plata,
quien, en diálogo con este medio dijo: “Nos vamos a someter a las normas
respecto de lo que son los procesos colectivos, pero vamos a poner
reparos en los mecanismos de selección de los jueces”.
“Lo que sucedió con el juez nos
parece al menos extraño, primero porque es un juez subrogante, nos
parece que no reúne las condiciones necesarias como para abordar el
tema. Más allá de que conocemos las acordadas de la Corte respecto a lo
que son los procesos colectivos y sabemos que funciona una suerte de
atracción para que todos los pedidos se tramiten en un solo lugar,
entendemos que la resolución del juez es de dudosa legitimidad y, a
partir de eso, estamos evaluando qué decisiones vamos a tomar en caso
de que nos remitan el amparo allí”.
“Hay manejos que no son claros,
ya lo expuso el titular de la CTEP, Juan Grabois y nosotros vamos por
esa línea también. Ante lo extraño de los hechos, ante la celeridad con
la que se buscan encorcetar las acciones judiciales, nosotros estamos
pensando estrategias alternativas”, manifestó Guerrero Iraola.
“Entendemos que no podemos ser
sustraídos del juez natural, las organizaciones que han promovido estas
acciones legales son de La Plata y de Berisso, por lo cual el juzgado de
La Plata es el que debe entender”, agregó.
En el mismo sentido, los
letrados cordobeses que representan al jubilado de esa provincia, Julio
César Spidialeri, exigieron que su demanda sea resuelta por el juez
natural.
