Pacto social: Diocleciano, Gelbard, Martínez de Hoz, Grinspun, Sourrouille…Por Roberto Cachanosky
Alberto Fernández manifestó que en caso
de llegar a la presidencia convocará a un pacto social para durante 180
días recomponer los salarios sin que esa recomposición signifique
aumento de la inflación. Por la afirmación, parece estar pensando que
los incrementos de salarios generan inflación en tanto que la emisión
monetaria y la demanda de moneda poco tendrían que ver con el fenómeno
inflacionario.
Por su parte, Cristina Fernández de
Kirchner sostuvo que había que controlar los costos y los márgenes de
utilidad de las empresas, algo que ya se intentó en sus dos mandatos
presidenciales con escaso éxito. En definitiva, la fórmula Frente de
Todos está pensando en controlar la inflación interviniendo en los
precios, sea con acuerdos entre las empresas, gobierno y sindicatos o
bien mediante regulaciones que controlen los costos de producción, como
si los costos determinaran los precios en vez de entender que son los
precios que están dispuestos a pagar los consumidores por los bienes y
servicios, los que determinan los costos de producción en que puede
incurrir una empresa.
Vale la pena recordar que el emperador
Diocleciano, luego de asumir el trono en 284, atribuyó la inflación
enteramente a la &»avaricia&» de mercaderes y especuladores y
por eso sancionó los famosos edictos de Diocleciano para combatir la
inflación. Los gastos militares que generaban las continuas guerras
llevaron a degradar el denario de plata que fue sustituido por el
denario de cobre produciendo el proceso inflacionario que heredó
Diocleciano e incluso incrementó la degradación de la moneda. Un ejemplo
más para ver a los políticos negar que el problema inflacionario es un
fenómeno puramente monetario. Lo cierto es que fijó los precios
máximos a los cuales podían venderse la carne, granos, huevos, ropa y
otros artículos (y también los salarios que podían recibir todo tipo de
trabajadores) y prescribió la pena de muerte para cualquiera que
dispusiera de sus bienes a cifras superiores (4000 años de Controles de Precios y Salarios de Shuettinger y Butler, Editorial Atlántida).
Pero Diocleciano no solo castigaba con
pena de muerte al que cobrara un precio superior al establecido, sino
que también había pena de muerte para el que no abasteciera el mercado a
esos precios: &»de esa culpa tampoco será considerado libre
aquel que, teniendo los bienes necesarios para alimento y uso, haya
pensado después de esta disposición que deban ser retirados del mercado;
ya que la penalidad (la muerte) debería ser más grave para aquél que
causa necesidad que para el que hace uso de ella contrariamente a los
estatutos&».
“No se sabe exactamente cuánto
tiempo permaneció vigente el Edicto; se sabe, sin embargo, que
Diocleciano, citando las presiones y las cargas de gobierno que le
perjudicaban la salud, abdicó cuatro años después que el estatuto sobre
salarios y precios fuera promulgado. Ciertamente se convirtió en letra
muerta con la abdicación de su autor. Menos de cuatro años después de la
reforma monetaria asociada con el Edicto, el precio del oro en términos
denarios había crecido 250 por ciento. Diocleciano había fracasado en
su intento de engañar al pueblo y en suprimir la habilidad de éste para
comprar y vender como les pareciera conveniente. El fracaso del Edicto y
de la &»reforma&» monetaria llevaron a un retorno de la
irresponsabilidad fiscal tradicional y para el año 305 el proceso de
degradación de la moneda había comenzado de nuevo” (obra citada).
El citado libro tiene infinidad de
ejemplos sobre el fracaso de los controles de precios y salarios
aplicados a lo largo de la historia en infinidad de países.
Si
vamos a nuestro caso, solo quiero recordar la famosa inflación cero de
Gelbard, quien en 1973, con Cámpora en el gobierno, llevó a cabo una
política de ingresos llamada Pacto Social que se llevó a cabo entre la
Confederación General Económica, la CGT y el Estado. La correspondiente
Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y
Justicia Social firmada el 30 de mayo de 1973, tenía una vigencia
original de 2 años, pero durante la gestión de Gelbard el acta fue
modificada un par de veces (La Economía Argentina, Juan Carlos De
Pablo). Recordemos que ese famoso Paco Social con sus controles de
precios desembocó en el rodrigazo de 1975 y en las crisis económicas
posteriores.
Pero atención que Martínez de Hoz
también recurrió a acuerdos de precios con la famosa Tregua en marzo de
1977, cuya política gradualista también terminó siendo un fracaso. Decía
en marzo de ese año, Martínez de Hoz: “Se ha empezado a trasladar a
los precios la inflación futura…Hoy, a un año de distancia del comienzo
del Proceso, y en circunstancias distintas, debemos recurrir a otro
tipo de terapia. En este acto hago una formal convocatoria a los
empresarios para que absorban el aumento salarial de marzo y mantengan
su nivel de precios de fines de febrero, sin trasladar en forma
generalizada nuevos aumentos de precios de sus productos durante un
período transitorio, que estimativamente podrá ser de unos 120 días,
quizás menos…” (De Pablo, obra citada)
Con esa tregua no se resolvió el
problema de la inflación y por eso, a fines de 1978 se estableció la
tablita cambiaria para desindexar la economía, tablita que iba a
terminar en otro de los tantos desastres de controles de precios.
Otro
caso es el de Grinspum, primer ministro de Economía de Alfonsín, que se
lanzó a aplicar un amplio control de precios. Recuerdo que Campero, su
secretario de comercio, tuvo el dilema de si establecía o no el control
de precios para las empanadas de atún durante las pascuas (esto ocurrió
efectivamente, no es un chiste). Lo cierto es que se dispuso que las
empresas productoras podrían modificar sus precios de venta en función
de la exacta incidencia de la variación de costos y de la rentabilidad
que a tales efectos establezca la secretaría de Comercio, no pudiendo
sin autorización expresa modificar su rentabilidad histórica.
Obviamente que la estrategia
antinflacionaria de Grinspun falló y vino el plan austral, que también
incluía un congelamiento de precios en forma transitoria. El plan
austral fue bien presentado e incluso empezó a hablarse de bajar el
gasto público y privatizar, algo que nunca ocurrió y el plan austral
terminó en otro fracaso.
La cantidad de ejemplos que podrían
darse de pactos sociales y acuerdos de precios y salarios que fracasaron
en Argentina y en el mundo es gigantesca. Solo el hecho de escuchar
estas propuestas para enfrentar un gasto público gigantesco, un sistema
tributario disparatado, una legislación laboral que espanta a cualquiera
que quiera contratar personal y la tradición confiscatoria de nuestros
gobiernos, hace pensar que como nadie se anima a afrontar el problema de
fondo, los políticos seguirán jugando a acuerdos de precios y salarios,
pactos sociales y cosas por el estilo como una especie de analgésico
que nos hacen tomar hasta la próxima crisis económica.
Francamente muy poco imaginativos nuestros políticos a la hora de resolver los problemas que sembraron décadas de populismo.
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