Corrupción: una causa que acorrala a Scioli
Se trata de la adquisición ilícita por la Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman S.A.
Una denuncia presentada tiempo atrás contra el gobernador Daniel
Scioli por “fraude al Estado” a raíz de la supuesta adquisición ilícita
de una fábrica en quiebra, podría ser la herramienta elegida por el
ultracristinismo para dejarlo fuera de la carrera presidencial. Esto,
según fuentes de Olivos, podría ocurrir en caso de que CFK opte
finalmente por un candidato presidencial de su absoluta confianza o
negocie con Sergio Massa.
La denuncia, de prosperar, podría derivar en un pedido de juicio
político contra el propio gobernador. En la presentación judicial están
involucrados, además, el ex ministro de Producción, Martín Ferré -actual
titular de la cartera de Desarrollo Social-, el ex fiscal de Estado,
Ricardo Szelagowski -ya fallecido-, y el ministro de Justicia Ricardo
Casal, por cuanto en la operación habría intervenido el estudio
“Caporal, Citara y Casal”, relacionado con el funcionario.
Se trata de la denuncia realizada por el abogado Luis Caro, del
Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la presunta adquisición
ilícita por parte de la Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman SA,
concursada en 2003 y sin disposición de sus bienes.
La presentación fue hecha ante la Fiscalía N° 8 de La Plata, y
entiende en la causa el juez César Melazzo. Caro denunció al gobernador
Scioli por los delitos de “fraude al Estado provincial”, “incumplimiento
de los deberes de funcionario público” y “asociación ilícita” en
perjuicio de la provincia de Buenos Aires en el marco de la expropiación
de la empresa, que había sido recuperada por sus trabajadores.
El caso fue una primicia exclusiva de NOVA hace más de 3 años, en
octubre de 2010. En aquella oportunidad, este medio informó que el
gobernador Scioli “ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101
millones de pesos”.
La compra de esa cooperativa, ordenada por el mandatario mediante un
“decreto extractado” -el 717/2010-, generó preocupación en ámbitos
políticos y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden
de hacer frente a un pago que ascendió a 101 millones de pesos cuando
la valuación fiscal era de 20 millones.
Ahora el escándalo estalló y amenaza con “llevarse puesto” a más de uno.
Ferré fue electo diputado por la Séptima Sección en las elecciones
del año pasado, pero dejó su banca para asumir en la cartera de
Desarrollo Social, luego de ver frustradas sus intenciones de ser jefe
del bloque del FpV o detentar algún cargo de autoridad en el cuerpo. En
su lugar asumió Mario Caputo, un hombre que responde al ministro del
Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Según analizaron fuentes legislativas, si Martín Ferré regresara a su
escaño acosado por la Justicia, Randazzo estaría perdiendo a uno de los
suyos en la Legislatura bonaerense. Un claro retroceso en el armado del
hombre de Chivilcoy, que no resigna sus aspiraciones en el territorio
provincial.
Sin embargo, todas estas alternativas serían minucias al lado de la
posibilidad, concreta, de que el propio gobernador Scioli sea sometido a
juicio político por este caso de presunta corrupción. Pero, como toda
historia, ésta también tiene un comienzo.
El “relato”
Todo comenzó en 2002, durante la gobernación de Felipe Solá, cuando
el Estado bonaerense decidió declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble y las respectivas instalaciones de propiedad de
la firma “Ignacio Wasserman SA”.
La firma era un centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas,
flejes y tubos de acero con una producción promedio de nueve mil
toneladas mensuales. La Provincia decidió expropiarla y adjudicarla en
propiedad a título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo
“Los Constituyentes Limitada”.
Sin embargo de acuerdo a la información suministrada a NOVA en su
momento por funcionarios bonaerenses, la “verdadera historia” es que, en
1995, en plena recesión industrial, Ignacio Wasserman decidió firmar un
contrato para alquilar la planta temporalmente a los empleados, quienes
ya habían conformado la cooperativa, para que pudieran seguir
trabajando por su cuenta y así evitar, además, sus despidos.
La empresa seguía pagando impuestos y deuda pero, para desgracia de
Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con
fuerte influencia en la Legislatura, que dictó la Ley 12.996 de
expropiación de la fábrica y la entregó a los trabajadores.
En el año 2004, ya fuera de su empresa, Ignacio Wasserman decidió
iniciar un juicio de expropiación inversa en el Juzgado de primera
instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de San Isidro. Así, tras largos
procedimientos judiciales, formuló una propuesta transaccional ante la
Fiscalía de Estado por la suma de 130 millones de pesos.
Finalmente, en enero de 2010, tras las intervenciones de la Asesoría
General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia (con la firma
de su jefe, Carlos Machiaroli) el Ministerio de la Producción a cargo
de Ferré y la Secretaría Legal y Técnica, se autorizó al fiscal de
Estado, Ricardo Szelagowski, a efectuar el acuerdo transaccional.
El acuerdo consistió en que la Provincia aportó 101 millones de pesos
con bonos de cancelación de deuda, mientras que la cooperativa “Los
Constituyentes Limitada” se comprometió a abonar 20 millones en cuotas
semestrales de 600 mil pesos.
En rigor de verdad, el Estado bonaerense pagó 101 millones de pesos
por una cooperativa en la que trabajan 60 personas y produce no más de
cuatro mil toneladas mensuales. Toda esta información es la que hoy
cuenta el juez Melazzo y que puede ser el arma secreta del circulo
presidencial si se decide finalmente prescindir del ex motonauta.
