Gemelos: Lázaro Báez y Cristóbal López
A mediados de la semana en curso, el hedge fund ('fondo buitre', en la óptica de la Casa Rosada) NML Capital interpuso un recurso ante una corte de distrito en el estado americano de Nevada para que un centenar de firmas relacionadas con Lázaro Báez
allí constituídas brinde información detallada sobre sus activos, a
criterio de que se identifique si parte de aquéllos pertenecen, en
rigor, al gobierno de la República Argentina.
A la luz de los pedidos de ejecución interpuestos previamente por la organización del billonario Paul Singer, mandamás de NML
-y teniendo en cuenta que los lineamientos jurídicos que los respaldan
podrían destacar por lo endeble de sus fundamentos-, lo cierto es que el
dato de la incipiente escalada contra Báez no representa un asunto divertido para Cristina Fernández y su entorno familiar. Los detalles que emergen del Lázarogate no solo remiten a un papelón de proporciones para la Administración: sus personeros no han aportado desmentida sólida alguna desde conocida la trama. Peor todavía; aún cuando la sorprendente proposición de NML Capital haya sido calificada de 'poco seria' por analistas locales, Singer y su equipo permiten entrever un recién estrenada faceta de su modus operandi de cara al futuro: el grupo inversor se ha propuesto emprenderla contra la propia Presidente, ni bien el telón de su gobierno comience a bajar.
En el mejor de los casos, el hedge fund de referencia -casi un acérrimo enemigo del gobierno kirchnerista- pretende asestar un golpe directo al entramado 
de relaciones entre la familia presidencial y los turbios negocios del desaparecido Néstor Carlos Kirchner con la obra pública, convenientemente adjudicada a sus amigos en un entretelón desprolijo y de proceder subdesarrollista de lo que los estadounidenses conocen como chrony capitalism. Imposible sería colegir que las sociedades radicadas por Austral Construcciones
en el exterior a través de subsidiarias no especificadas manipulan
dinero del Gobierno Nacional -en el mejor de los casos, tales fondos
remitirían a material evadido del sistema financiero de la Provincia de Santa Cruz por vía del sobrecalentado modelo del fifty-fifty. No obstante, la jugada de Singer apunta con claridad a esmerilar a Cristina y, echando mano del trabajo del periodista-investigador Hugo Alconada Mon, presionar a Lázaro Báez para que, a la postre, blanquee su physique du rôle como ineludible nombre de paja o testaferro de la jefe de Estado argentina, compareciendo eventualmente ante algún Gran Jurado en territorio
soberano de los Estados Unidos de América. La viuda de Kirchner, ante
semejante escenario, necesitaría subterfugios o technicalities -le dicen allí- más expeditos que alegar desconocimiento respecto del origen del dinero. En
igual sentido, tampoco sería útil para la estrategia de Báez clausurar
las firmas comerciales establecidas en Nevada, dado que las mismas
permanecerán durante años en los registros.
de relaciones entre la familia presidencial y los turbios negocios del desaparecido Néstor Carlos Kirchner con la obra pública, convenientemente adjudicada a sus amigos en un entretelón desprolijo y de proceder subdesarrollista de lo que los estadounidenses conocen como chrony capitalism. Imposible sería colegir que las sociedades radicadas por Austral Construcciones
en el exterior a través de subsidiarias no especificadas manipulan
dinero del Gobierno Nacional -en el mejor de los casos, tales fondos
remitirían a material evadido del sistema financiero de la Provincia de Santa Cruz por vía del sobrecalentado modelo del fifty-fifty. No obstante, la jugada de Singer apunta con claridad a esmerilar a Cristina y, echando mano del trabajo del periodista-investigador Hugo Alconada Mon, presionar a Lázaro Báez para que, a la postre, blanquee su physique du rôle como ineludible nombre de paja o testaferro de la jefe de Estado argentina, compareciendo eventualmente ante algún Gran Jurado en territorio
soberano de los Estados Unidos de América. La viuda de Kirchner, ante
semejante escenario, necesitaría subterfugios o technicalities -le dicen allí- más expeditos que alegar desconocimiento respecto del origen del dinero. En
igual sentido, tampoco sería útil para la estrategia de Báez clausurar
las firmas comerciales establecidas en Nevada, dado que las mismas
permanecerán durante años en los registros.
En EE.UU., el lavado se encuentra penado como delito federal:
involucra multas, congelamiento y posterior confiscación de bienes, y
prisión efectiva, computable en función de la repetición y recurrencia
de la maniobra. Los instrumentos jurídicos más conocidos con que cuenta
el gobierno estadounidense 
para
combatir este delito son -provisto que no se trate de operaciones
financieras ilícitas objetivadas en el tráfico de estupefacientes o en
acciones de terrorismo, que conllevan penas más duras-: el Acta de Secreto Bancario (BSA, promulgada en 1970); el Acta de Control de Lavado de Dinero (1986); el Acta Annunzio-Wylie contra el Lavado de Dinero (1992); el Acta de Supresión de Lavado de Dinero (1994); y, el Acta de Estrategias para el combate de Delitos Financieros y de Lavado de Activos (1998). Participan de investigaciones el Departamento de Justicia americano; la agencia federal antinarcóticos (DEA;
lo hace preventivamente, con el objeto de corroborar que el lavado de
activos no tenga relación directa con el narcotráfico); el FBI; el Departamento de Estado; el Departamento del Tesoro; la red FINCEN (Red de Aplicación de la Ley contra Delitos Financieros); OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros); y -solo en situaciones específicas-, el Servicio Secreto y la Agencia Central de Inteligencia, o CIA. Asimismo, las autoridades norteamericanas han inicialado oportunamente convenios con 
sus pares en Suiza
y otros gobiernos, bajo la premisa de que los particulares
eventualmente involucrados se vean imposibilitados de llevar adelante
emprendimientos ni inversiones en el Viejo Continente. Cítese, por
ejemplo, la ponencia ofrecida por un panel de expertos antilavado en
2013 en Buenos Aires bajo auspicio de la sede diplomática de la Confederación Helvética.
Ocasión en la que dos de los conferencistas reconocieron
subterráneamente que los activos de Báez ya estaban siendo examinados
por Berna y por la banca de ese país, conforme trascendiera luego a los
medios de comunicación.
para
combatir este delito son -provisto que no se trate de operaciones
financieras ilícitas objetivadas en el tráfico de estupefacientes o en
acciones de terrorismo, que conllevan penas más duras-: el Acta de Secreto Bancario (BSA, promulgada en 1970); el Acta de Control de Lavado de Dinero (1986); el Acta Annunzio-Wylie contra el Lavado de Dinero (1992); el Acta de Supresión de Lavado de Dinero (1994); y, el Acta de Estrategias para el combate de Delitos Financieros y de Lavado de Activos (1998). Participan de investigaciones el Departamento de Justicia americano; la agencia federal antinarcóticos (DEA;
lo hace preventivamente, con el objeto de corroborar que el lavado de
activos no tenga relación directa con el narcotráfico); el FBI; el Departamento de Estado; el Departamento del Tesoro; la red FINCEN (Red de Aplicación de la Ley contra Delitos Financieros); OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros); y -solo en situaciones específicas-, el Servicio Secreto y la Agencia Central de Inteligencia, o CIA. Asimismo, las autoridades norteamericanas han inicialado oportunamente convenios con sus pares en Suiza
y otros gobiernos, bajo la premisa de que los particulares
eventualmente involucrados se vean imposibilitados de llevar adelante
emprendimientos ni inversiones en el Viejo Continente. Cítese, por
ejemplo, la ponencia ofrecida por un panel de expertos antilavado en
2013 en Buenos Aires bajo auspicio de la sede diplomática de la Confederación Helvética.
Ocasión en la que dos de los conferencistas reconocieron
subterráneamente que los activos de Báez ya estaban siendo examinados
por Berna y por la banca de ese país, conforme trascendiera luego a los
medios de comunicación.
Tangencialmente, subsiste en la Argentina una suerte de refriega
personal entre el empresario de la construcción vinculado al entorno
presidencial y Cristóbal López, autoproclamado zar del juego, inversor en energía y reconocido entrepreneur del espectro de comunicaciones allegado al poder. El circuito informativo underground
presupone que el último intenta diferenciarse de Báez filtrando a
medios de prensa información detallada sobre el carácter fraudulento de
su ingeniería financiera. En cualesquiera de los casos, López no
podría desentenderse de investigaciones futuras de parte del gobierno
federal estadounidense frente a su inversión de US$ 85 millones por vía
de la obscura compañía Ondiss, Corp. en el complejo Dania Casino & Jai Alai, en Dania Beach (Florida). Joint-venture celebrado por el carismático alcalde local Walter Duke (alias 'The Duke'), urgido de la generación de puestos de trabajo para una localidad que aún no encuentra su nicho en el mapa comercial del Estado de las Naranjas. En un colorido acto de desesperación por respaldo testimonial, López invitó al acto de inauguración del Jai Alai a la veterana vedette Susana Giménez -tras padecer el doloroso desprecio de Marcelo Tinelli y, más recientemente, del Gobernador Daniel Osvaldo Scioli. En concreto -y, maniobras de diferenciación mediante-, el Señor del Juego está teniendo serias dificultades para dar a entender a la opinión pública nacional, gobiernos extranjeros -el brasileño, por caso- y a otros interlocutores que lo suyo es en algo diferente a lo de Báez. Quizás impulsado por esta prerrogativa, el businessman cristinista bregó en su momento por una reunión a puertas cerradas con la ex embajadora estadounidense en la Argentina, Vilma Martínez. Báez, por su parte, tampoco gana para disgustos: hace horas se conoció una nueva escucha telefónica en donde Leonardo Fariña -supuesto botones del empresario sureño- se explaya sobre la urgencia de blanquear US$ 80 millones.
En el crepúsculo de la historieta, el Departamento de Estado
americano acaba de emitir su veredicto sobre la Argentina y el lavado de
dinero, en la edición 2013 del informe anual intitulado International Narcotics Control Strategy Report. Allí, puede leerse -textual-:
Observadores argentinos e internacionales expresan preocupación
frente a que el lavado de dinero relacionado con el tráfico de
narcóticos, la corrupción, el contrabando y la evasión impositiva tiene
lugar a lo largo del sistema financiero. Se cree que la mayor parte del
dinero relacionado con operaciones de lavado en la Argentina es
conducida a través de transacciones que involucran centros offshore
específicos. Las operaciones más comunes de lavado de dinero en el
sector no-financiero involucran a transacciones hechas a través de
abogados, contadores, estructuras corporativas, y el sector de bienes
raíces (...) El gobierno argentino (GOA) ha logrado un progreso
sustancial aprobando, al menos parcialmente, numerosas leyes nuevas. Sin
embargo, la efectividad de estas leyes aún no ha sido probada, en
términos de aplicación de la ley y de sentencias.
