UN NUEVO PROYECTO DE LEY DE ABORTO ES PRESENTADO EN EL CONGRESO NACIONAL
Un grupo de sesenta diputados nacionales presentó el día de ayer,
miércoles 9 de abril, un proyecto de ley pro-aborto, para ser debatido
en el Congreso Nacional. Dicho proyecto ha sido elaborado por
trescientas organizaciones reunidas en la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y apoyado por las firmas de
más de sesenta diputados, que fueron quienes lo presentaron ayer al
debate parlamentario. El grupo está conformado por legisladores de
distintos partidos, si bien casi la mitad de ellos pertenecen al Frente para la Victoria,
representante del oficialismo. A pesar de ello, el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, señaló que el tema del aborto no pertenece a la agenda
del Gobierno, que, aseguró, "ni promueve ni impulsa su
despenalización".
La primera iniciativa en orden a obtener la despenalización del aborto
fue llevada por primera vez al Congreso Nacional en el año 2005. El
presente proyecto, concretamente, ya ha sido presentado en cinco
ocasiones, sin registrar avances, aunque es de temer que el éxito
parlamentario no le será negado por mucho tiempo más, a juzgar por la
composición ideológica de las distintas Cámaras, fiel reflejo del
elevado grado de corrupción moral e intelectual que afecta al mundo en
general, y en particular a nuestro país. En efecto, se viene observando
desde hace ya tiempo entre los candidatos una clara orientación hacia
posturas más “abiertas” en relación al tema del aborto.
Bajo el aberrante lema de "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir",
en el que parece sintetizarse el cúmulo de inmoralidades en torno a la
materia que se promueven desde la política, el proyecto busca que se
llegue a permitir el aborto durante las primeras doce semanas de
gestación, y el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica
en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial
previa. Establece, asimismo, que se podría interrumpir el proceso de
gestación si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera
en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales
graves.
Como es sabido, el aborto está (lamentablemente) despenalizado en la
legislación argentina solo en el doble supuesto de que corriera peligro
la vida de la madre, o bien de que el embarazo fuera el fruto de una
violación a una mujer idiota o demente (cfr. Código Penal de la Nación Argentina, art. 86, inc. 1-2).
Sin embargo, ya desde hace años se han multiplicado las autorizaciones
judiciales, una de ellas incluso de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (marzo de 2012), en orden a realizar una práctica que, por lo
demás, se lleva a cabo clandestinamente con frecuencia en los centros de
salud.
Es precisamente con motivo de esta clandestinidad de hecho en que se
practican los abortos que, a la hora de efectuar su reclamo, se apoyan
las organizaciones abortistas, entre otras cosas, en la pretendida base
de que es esa circunstancia la que eleva la mortalidad materna en el
país, en la medida en se calculan (en un cifra grotesca y
deliberadamente inflada) unos 500.000 abortos clandestinos por año.
Pero todos estos pseudo-motivos, alegados con error y engaño, no serían
suficientes sin la cada vez más difundida convicción de que lo que se
halla en juego aquí es el ejercicio de un derecho, vale decir, el
presumido derecho al aborto, un “derecho humano fundamental”, como
afirmó el diputado de la UCR Manuel Garrido, quien también se refirió a
la cuestión como “una de las asignaturas pendientes de estos 30 años de
democracia”, inaugurados estos por su alma mater Raúl Alfonsín.
A despecho de su ignorancia y brutalidad, el legislador confirma
inconscientemente aquello que intuía Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae
acerca de la democracia moderna, a saber, que “no falta quien considera
[el] relativismo como una condición de la democracia, ya que sólo él
garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la
adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas
morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al
autoritarismo y a la intolerancia.” (n. 70)
