¿Qué es discriminar y cuándo es injusto hacerlo?
Hay un grave prejuicio al afirmar que toda jerarquía es ilegítima y arbitraria, por que cualquier distinción implicaría tratar mal al inferior
1. Sentidos de la palabra “discriminación”
Discriminar viene del latín discrimen, derivado de discernere,
separar, dividir. María Moliner, en su Diccionario de Uso del Español, señala que la primera acepción es “diferenciar, discernir, distinguir. Apreciar dos cosas como distintas o como desiguales”. Por tanto, quien
separar, dividir. María Moliner, en su Diccionario de Uso del Español, señala que la primera acepción es “diferenciar, discernir, distinguir. Apreciar dos cosas como distintas o como desiguales”. Por tanto, quien
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raciocina, discierne, distingue u ordena, necesariamente discrimina.
Ese sentido originario fue siendo substituido por otro peyorativo,
como explica María Moliner: “acepción recientemente aceptada por la Real
Academia para la inclusión en el Diccionario (…) Específicamente, dar
trato de inferioridad en una colectividad a ciertos miembros de ella,
por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”
2. ¿Cómo evolucionó este concepto de discriminación?
Así, el criterio de “no-discriminación” dejó de ser objetivo: la
existencia de cualquier jerarquía es considerada como un intento de
disminuir a otros; renace la idea socialista según la cual toda
diferencia hace sufrir al inferior, aunque éste sea tratado dignamente;
y, para evitar tal sufrimiento, habría que suprimir toda desigualdad.
Daniélle Lochak, de la Universidad de Nanterre, proclama este
prejuicio al afirmar que toda jerarquía es ilegítima y arbitraria, pues
cualquier distinción implica tratar mal al inferior: “Discriminar, en el
lenguaje corriente, ya no es más simplemente separar, sino separar
jerarquizando, tratando más mal a aquellos que precisamente serán
llamados víctimas de una discriminación. El adjetivo ‘discriminatorio’
designa, así, exclusivamente un comportamiento o un acto que tiende a
distinguir un grupo humano o una persona de los otros, en su detrimento
La discriminación es la distinción o la diferencia de trato ilegítima:
ilegítima porque arbitraria, y prohibida por ser ilegítima”.[1]
Según eso, los menos favorecidos son discriminados por el nacimiento o
por la vida, y la sociedad debe corregir tal desventaja. Lo afirma
Michael Banton, del Comité de la ONU para la eliminación de la
discriminación racial: “La desventaja es frecuentemente transmitida de
una generación a la otra. Puede crear imágenes desfavorables de ciertos
grupos y éstas pueden, a su vez, ser causa de una desigualdad de trato.
Habrá entonces discriminación, aunque no sea percibida como tal”.[2]
3. Las nuevas minorías privilegiadas
Se cuentan también entre las víctimas quienes son excluidos de los
“espacios simbólicos”, o sea, de los valores culturales aceptados por la
sociedad, por practicar estilos de vida “alternativos”, contra las
normas vigentes: drogadictos, travestíes, homosexuales, prostitutas,
etc. [3], a quienes entonces se procura promover.
Tal criterio absurdo de “no-discriminación” que favorece a esos
“grupos minoritarios”, para compensar la desventaja de que serían
víctimas, en el fondo los transforma en una clase privilegiada, no en
razón de sus méritos, derechos, necesidades o roles en la sociedad, sino
por causa de sus desviaciones morales, transformándolos en agentes de
la degradación.
4. Pascal Allende y la nueva lucha de clases
Así, el concepto marxista de “explotado” va siendo sustituido por los
de “postergado”, “excluido” y “marginado”, los cuales incluyen a todos
los que de algún modo se creen menos beneficiados por la sociedad, por
encontrarse en una posición inferior, aunque sea digna.
Es lo que señala Andrés Pascal Allende: “estamos empezando a vivir un
proceso en que se va a producir una confluencia de organizaciones
sociales, políticas que van a tender a generar una nueva corriente de
movimientos revolucionarios en Chile (…)”. [4]
5. La nueva “lucha de clases” promovida por la Concertación
Jorge Arrate: “Una sociedad sin discriminación es una utopía, pero hay que intentar acercarse a ella”
En este marco de la nueva lucha de clases, se entiende por qué el
diputado Nelson Ávila dijo en la Cámara que la existencia de colegios
particulares pagados constituye una discriminación, puesto que por
razones de tipo económico no todos pueden acceder a ellos. En el mismo
sentido se pronunciaron los diputados Velasco (DC), Valenzuela (PS),
Gutiérrez (DC) y Letelier (PS) [5]. Para ellos, aunque todos los niños
estudien, si algunos reciben una educación mejor, es una discriminación
intolerable.
Asimismo, para Jaime Aymerich, profesor del Departamento de
Sociología de la Universidad de Chile, la jerarquía social tradicional
revelaría un “racismo de la desigualdad”, que “asociado a la división de
la sociedad en clases sociales y sus modalidades de estratificación
social”, “genera prejuicios de raza fuertemente imbricados con los
prejuicios de clase”.[6]
El mismo rechazo a la existencia de una clase tradicional aparece en
las palabras de Jorge Arrate, ex Ministro Secretario General de
Gobierno, en uno de los Foros sobre discriminación: “Una sociedad sin
discriminación es una utopía, pero hay que intentar acercarse a ella. Y
una de las cosas que hay que hacer es desenmascarar. Por ejemplo, un
país donde según las encuestas se discrimina a los que no son rubios y
que, por lo mismo, discrimina a la mayoría, [es] un país que se
discrimina a sí mismo. Lo que indica que unos pequeños grupos de
personas imponen una hegemonía en el modo de ser, en la manera de
pensar, con cosas tan absurdas como preferir a mujeres rubias y no
morenas para un trabajo. Tenemos que propender a sancionar las
discriminaciones por edad, las de clase social, las de género, las de
lugar de residencia que se dan muy fuertes en el mercado de trabajo”.[7]
Igual retórica usa Francisco Estévez, para quien “en Chile el racismo
asocia el color de la piel a un status socioeconómico”, pues “a las
personas que están cerca del biotipo nórdico las oportunidades les
resultan más asequibles que a quienes, en sus rasgos fisionómicos, se
aproximan al biotipo indígena”[8], mientras el diputado Navarro afirma
que “en Chile hay discriminación, pero no como la de Europa”, pues “aquí
es oculta, inconsciente, silenciosa”.[9]
Como se ve, pese al fracaso mundial de la utopía socialista, quienes
la impulsaban no renunciaron al igualitarismo radical, pues en toda
forma de distinción, aunque sea legítima y proporcionada, ven un
perjuicio o una injusta discriminación.
6. La “no-discriminación” niveladora es contraria a la doctrina católica
El Papa Pío XII
Ese igualitarismo radical es contrario a la doctrina católica
tradicional, la cual propicia una armoniosa jerarquía entre las clases
sociales. En efecto, Pío XII afirmó la legitimidad de las desigualdades
de cultura, riquezas y situación social, que derivan de la naturaleza
misma de las cosas, e indicó que ellas “lejos de menoscabar en modo
alguno la igualdad civil, confieren a ésta su legítimo significado”; y
agregó que “cada ciudadano tiene el derecho de vivir honradamente su
propia vida personal en el puesto y en las condiciones en que los
designios y las disposiciones de la Providencia le han colocado”.[10]
A su vez, San Pío X enseñó que “en la sociedad humana, es conforme a
la ordenación de Dios que haya gobernantes y gobernados, patronos y
empleados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos, los
cuales, unidos todos por un vínculo de amor, se ayuden mutuamente a
conseguir su último fin en el Cielo y, sobre la tierra su bienestar
material y moral”.[11]
Ese vínculo de mutua caridad es contrario a la envidia y la lucha de
clases, como Juan Pablo II denunció en su discurso a los estudiantes de
Belo Horizonte (Brasil): “Aprendí que un joven comienza peligrosamente a
envejecer, cuando se deja engañar por el principio fácil y cómodo de
que ‘el fin justifica los medios’, cuando pasa a creer que la única
esperanza para mejorar la sociedad está en promover la lucha y el odio
entre grupos sociales, en la utopía de una sociedad sin clases, que se
revela bien temprano en la creación de nuevas clases”. [12]
Además, Juan XXIII afirmó que “quien osa negar la diversidad de las
clases sociales contradice el propio orden de la naturaleza” y que “los
que se oponen a esta colaboración amistosa y necesaria entre las clases
buscan, sin duda, perturbar y dividir la sociedad para mayor daño del
bien público y privado”.[13]
El bien común exige, pues, que se asegure a todos los habitantes sus
derechos esenciales y condiciones de vida suficientes, dignas y
estables, y que los más capaces tengan, además de aquello que produjeron
o recibieron de sus mayores, la preeminencia y autoridad que les
corresponde. La constitución desigual de la sociedad favorece
decisivamente el progreso de ésta y cohibirla acarrea el estancamiento y
la decadencia general.
Pío XI enseñó que “así como en un organismo viviente no se atiende
suficientemente a la totalidad del organismo si no se da a cada parte y a
cada miembro lo que éstos necesitan para ejercer sus funciones propias,
de la misma manera no se puede atender suficientemente a la
constitución equilibrada del organismo social y al bien de toda la
sociedad si no se da a cada parte y a cada miembro, es decir, a los
hombres, dotados de la dignidad de persona, todos los medios que
necesitan para cumplir su función social particular”.[14]
De esa reciprocidad de servicios entre la sociedad y las personas,
familias y clases que la forman, resulta una desigualdad proporcionada
de deberes y privilegios: quienes ocupan posiciones superiores, que son
los que más dan a la sociedad y al Estado, deben recibir mayores honras y
medios proporcionados para cumplir su tarea; y los que ocupan
posiciones inferiores deben ser especialmente protegidos por los
primeros.
No es, por tanto, una discriminación ilegítima que, en función de la
diversidad de posiciones, haya desigualdad de derechos accidentales
entre los miembros de la sociedad. Así lo enseña Pío XI, al advertir que
“es errónea la afirmación de que todos los ciudadanos tienen derechos
iguales en la sociedad civil y no existe en el Estado jerarquía legítima
alguna”.[15]
Podemos comprender, pues, que la “democratización cultural” promovida
por la Concertación es profundamente injusta y contraria al orden
natural, y que tiende a transformarse en un factor permanente de
conflicto social. Ello se volverá aún más evidente en los próximos
capítulos, al analizar en detalle los diferentes proyectos legislativos
en curso.
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[1] Daniélle Lochak, “Réflexions sur la notion de
discrimination”, in Droit Social, N° 11, Noviembre de 1987, pág.
778 [2] Coloquio ” Exclusión, igualdad ante la ley y no
discriminación”, Secretariado General del Consejo de Europa, p. 34[3]
Consejo de Estado francés, Informe Sur le principe d’égalité, La
Documentation française, 1997, pág. 45[4] Revista “Rocinante”, Año III,
N° 19, Mayo 2000, pág. 17.[5] Legislatura 341, 5 de Octubre de 1999[6]
Seminario ¿Intolerantes y discriminadores? Diálogo académico y social,
Ministerio Secretaría General de Gobierno “ División de Organizaciones,
Departamento de Estudios, Santiago, Enero 1999, pág. 25[7] Ibídem, pág.
16
[8] Revista ” Mensaje”, N° 483, Octubre de 1999, pág. 481-33
[9] Legislatura 341, Sesión 51, 11 de Mayo de 2000.
[10] Doctrina Pontificia “ Documentos Políticos, Ed. BAC, Madrid, 1958, pág. 876
[11] San Pío X, Fin dalla prima nostra enciclica, Doct. Pontificia “ Docs. sociales, Ed. BAC, Madrid., 1964, p. 402-403.
[12] Insegnamenti, Vol. III, 2, p. 8 in “Nobleza y Elites Tradicionales Análogas ” Plinio Corrêa de Oliveira, Madrid 1993
[13] Juan XXIII, Enc. Ad Petri Cathedram. Parte II, n° 24 – wwwvatican.va
[14] Pío XI, Divini Redemptoris, Parte IV, n° 51 – http://www.vatican.va/.
[15] Pío XI, Divini Redemptoris, Doc. Pontificia “ Docs. sociales, Ed. BAC., Madrid., 1964, p. 779.
