La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XVII)
CAPÍTULO XVII
SOBORNOS EN EL SENADO
Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es. Joseph Fouché
1. Absolución de los imputados[1]
a) Fueron absueltos Fernando De la Rúa y los otros siete acusados
La Justicia Federal entendió que
no se probaron los pagos por la ley de reforma laboral en 2000; además
del ex presidente, fueron liberados de los cargos Alberto Flamarique,
Fernando De Santibañes, Mario Pontaquarto y otros cuatro ex senadores.
La justicia federal absolvió hoy
al ex presidente Fernando De la Rúa y a los otros siete acusados en la
causa por los presuntos sobornos para la tramitación en el Senado de la
reforma laboral, en 2000.
Así lo entendieron los jueces del
Tribunal Oral n° 3, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez,
que consideraron que no se probó el presunto pago los $5 millones de
pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, a pesar de la
confesión del secretario parlamentario Mario Pontaquarto, que también
fue absuelto.
Tampoco se pudo probar la reunión
en la Casa Rosada donde, según la acusación, De la Rúa autorizó el pago
de coimas con la frase: “Eso arréglenlo con De Santibañes”. Así lo
había declarado en un primer momento Pontaquarto, pero luego el
“arrepentido” incurrió en contradicciones.
El fallo también absolvió al ex
ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Secretaría de
Inteligencia Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores peronistas:
Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
La fiscal Sabrina Namer había pedido que De la Rúa fuera condenado a seis años de prisión.
El ex presidente, en su alegato
final ante los jueces, había pedido: “Dicten una sentencia
ejemplarizadora, que al absolverme restablezca mi dignidad y la
confianza en la Justicia”.
Los familiares de De la Rúa,
entre ellos su mujer, Inés Pertiné y su hijo Aito, aplaudieron el fallo y
se abrazaron al conocer la absolución de culpa y cargo de todos los
imputados.
b) Al consejo de la magistratura
De la Rúa, Flamarique, De
Santibañes y Pontaquarto estaban acusados de cometer el delito de
“cohecho” en su modalidad “activa” −pagar coimas−, mientras por la misma
figura penal, pero de forma “pasiva” −recibirlas− fueron imputados los
ex senadores. Hoy, después de 13 años y tras más de 14 meses, el juicio
oral llegó a su fin.
El Tribunal Oral nº III envió hoy
al juez instructor de la causa por supuestas coimas en el Senado, el
juez Daniel Rafecas, al Consejo de la Magistratura, para que investigue
el modo en que encaminó el expediente, en particular el testimonio de
Mario Pontaquarto.
c) El inicio de la causa
El expediente se había iniciado
cuando el ex secretario parlamentario Pontaquarto confesó que retiró de
la ex SIDE dos bolsos con cinco millones de pesos/dólares para pagar
sobornos a senadores para que aprueben en abril de 2000 la ley n° 25.250
de flexibilización laboral y que las coimas fueron autorizadas por De
la Rúa en una reunión en Casa de Gobierno.
“Eso arréglenlo con De
Santibañes”, dijo Pontaquarto que había manifestado De la Rúa en una
reunión en la Casa de Gobierno para coordinar el pago de los sobornos ya
que los senadores peronistas pedían “algo más” para aprobar la ley.
2. Opinión de Hugo Moyano[2]
a) “Acordaron impunidad para ahora y para el futuro”
Tras el fallo absolutorio en la
causa por los sobornos en el Senado, el líder de la CGT opositora
denunció “un pacto” entre el kirchnerismo y el radicalismo; “Se veía
venir desde que De la Rúa estuvo en la Casa Rosada en los festejos por
los 30 años de democracia”, dijo.
Hugo Moyano denunció un pacto entre el kirchnerismo y el radicalismo.
El secretario general de la CGT
opositora, Hugo Moyano, denunció “un pacto” entre el kirchnerismo y “una
parte del radicalismo” para garantizar la “impunidad”, luego de que se
conociera el fallo que absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y
todos los acusados en la causa por los sobornos en el Senado.
“Esto ya se veía venir desde el
día que De la Rúa estuvo en la Casa Rosada en los festejos por los 30
años de democracia. Eso ya adelantaba que acá había un acuerdo previo y
que este juicio iba a terminar cómo terminó”, afirmó Moyano, durante una
entrevista con el diario Clarín.
b) Un fallo que despierta muchas suspicacias
“Entiendo que hubo un pacto
político en el que el kirchnerismo se quiere garantizar impunidad para
el futuro. ¿Qué otra cosa puedo pensar si en un hecho tan relevante
absolvieron a todos los acusados?”, agregó el líder del sindicato de
Camioneros.
Moyano fue quien le atribuyó al
ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, la famosa frase (“para los
senadores tengo la Banelco”) sobre el supuesto pago de sobornos a
legisladores peronistas para lograr la sanción de la reforma laboral,
durante el gobierno de De la Rúa.
“En un momento el ‘Bocha’
Palacios le dijo que en Diputados la Alianza tenía mayoría y seguramente
lograría aprobar la ley de flexibilización laboral, pero que en el
Senado los peronistas eran mayoría y que por ahí no pasaría. Entonces
Flamarique le contestó: ‘Para los senadores tengo la Banelco'”, recordó
el sindicalista.
Los jueces del Tribunal Oral
Federal nº 3, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez,
absolvieron el lunes a De la Rúa , a varios funcionarios de su gobierno y
a cuatro ex senadores justicialistas en la causa en que se los
investigaba por el presunto pago de millonarios sobornos para aprobar
una ley laboral, en el año 2000.
“Nadie puede creer en esta
sentencia. Pero más allá de este fallo lo que importa es la condena
social del conjunto de los involucrados. Ninguno de los senadores
peronistas acusados fue reelecto nunca más. Desaparecieron de la vida
política. La condena social la sufrieron de manera inmediata”, afirmó
Moyano.
3. Opinión de De la Rúa[3]
a) “Es imposible que haya impunidad después de 12 años de juicio”
El ex presidente dijo que el
fallo absolutorio de anteayer en el caso por sobornos en el Senado
“rescata la verdad”; “Espero las disculpas de los que repitieron la
infamia de Pontaquarto”, afirmó
El ex presidente Fernando de la
Rúa, quien fue absuelto el lunes por la Justicia en la causa por los
sobornos en el Senado, aseguró que es “imposible que haya impunidad
después de 12 años de juicio”.
En diálogo con Radio La Red, el
ex mandatario dijo que “la investigación se agotó” y que lo “reivindica
la verdad que surge de la sentencia”.
b) “Ahora pidan disculpas”
Además, durante una entrevista
con el diario Clarín, De la Rúa reclamó a quienes dijeron “las peores
cosas” sobre su persona que “ahora pidan disculpas”.
En ese sentido, pidió “un gesto
de grandeza” de su ex vice, Carlos “Chacho” Alvarez. “Es falso que
renunció (a la vicepresidencia en 2000) por este motivo de las supuestas
coimas”, apuntó.
“Desde el punto de vista de la
responsabilidad política, aspiro a que alguien diga que me equivoque y
pida disculpas. Espero, por ejemplo, que los diputados que derogaron la
ley de flexibilidad laboral y dijeron las peores cosas de mí, ahora
pidan disculpas. También de aquellos que repitieron la infamia de
Pontaquarto, llevando engaño a la sociedad”, enfatizó.
Anteayer, todos los acusados en
la causa por el supuesto pago de sobornos en el Senado en el año 2000,
encabezados por De la Rúa, fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal
(TOF) 3, que entendió que no había ningún elemento para corroborar que
esos hechos hubieran existido.
En ese marco, De la Rúa insistió
con su teoría conspiratoria. “El tribunal oral es muy claro y ordena
investigar lo que pasó. Fundamentalmente, cómo fue la organización de la
declaración de (Mario) Pontaquarto. El tribunal considera que el ex
secretario parlamentario fue un embaucador. Esto punto de partida de un
complot”, señaló.
“Se pone de manifiesto que
provocaron una crisis institucional primero y luego mi caída. Esto
denuncia fue una pieza muy importante en el complot”, afirmó De la Rúa.
“Creo que el mayor valor del
fallo es que rescata la verdad. La condición humana es tan proclive a la
mentira y por eso la verdad es un valor”, indicó.
Y agregó: “Todo fue una infamia.
La denuncia, insisto, fue el inicio de un complot. Con una gran actitud
de respeto a la Justicia, sufrí diez años de miserabilidad”.
4. Opinión de Joaquín Morales Solá[4]
a) La Argentina impune
La Justicia envió ayer una pésima
señal a jueces y fiscales: los hechos de corrupción política no deben
ser investigados ni castigados penalmente. La absolución de Fernando de
la Rúa, de sus funcionarios y de los senadores de su época por el
escándalo de sobornos en el Senado para que se aprobara la ley de
reforma laboral, y, en el mismo día, el rechazo a un pedido del fiscal
Campagnoli para ser repuesto en su cargo marcan una sombría perspectiva
para los casos más resonantes de inmoralidad pública del kirchnerismo
que se conocen en estos momentos.
El tribunal oral que juzgó los
sobornos de hace trece años tomó casi todos los argumentos de la defensa
de los procesados y cuestionó seriamente al juez que investigó y dictó
los procesamientos, Daniel Rafecas; a los fiscales que actuaron, y a la
propia Oficina Anticorrupción, que también había pedido la condena.
“Los hechos no existieron”, dijo
el tribunal. ¿No existieron? Los dos fiscales iniciales, Federico
Delgado y Eduardo Freiler (hoy, juez de la Cámara Federal), llegaron a
la conclusión de que sí habían existido. Rafecas hizo luego su propia
investigación, que incluyó un innumerable cruce de llamadas telefónicas,
y la decisión de éste fue confirmada por una Cámara que revisó el
expediente. En el medio, actuaron dos fiscales más, el de la Cámara y el
del tribunal oral. Ambos confirmaron las pruebas del delito.
b) Convicción de los periodistas de que los sobornos existieron
Los periodistas que teníamos
entonces la convicción de que esos sobornos existieron (y que la
tenemos) nunca escuchamos hablar, al principio al menos, de una orden
directa del entonces presidente De la Rúa.
Varias fuentes hablaron del uso
de fondos reservados, pero no de una intervención presidencial, que
surgió mucho más tarde, cuando circuló un memorándum anónimo en el
Senado.
Los funcionarios radicales de
entonces comenzaron señalando que el pago de sobornos a los senadores no
había sido del gobierno, sino de importantes empresarios, interesados
en que esa ley saliera.
Cuando dejaron el gobierno, la
defensa cambió: los sobornos no habían existido de ninguna manera. Era,
desde ya, una estrategia para unificar las defensas de los ex
funcionarios radicales y de los senadores, peronistas la mayoría, todos
encerrados en el mismo brete.
En el largo camino de más de una
década, dos testigos cruciales dejaron de ser accesibles para la
Justicia. Uno de ellos es el ex senador Emilio Cantarero, un peronista
clave en el Senado de los años 90, que le confirmó a la periodista María
Fernanda Villosio, de La Nación, que se habían pagado y cobrado las
supuestas coimas.
Cantarero está afectado por una
enfermedad cerebral y perdió la memoria. La otra fue la ex esposa del
arrepentido Mario Pontacuarto, quien, según dijo éste, era la única
persona que, junto con él, había visto el paquete con cinco millones de
dólares para pagar los sobornos. El Tribunal Oral que dictó ayer la
absolución decidió no convocarla como testigo privilegiado de lo que
afirmaba su ex esposo.
Los jueces parecen haber hecho
propio el criterio defensivo de los ex funcionarios radicales, que
atribuyeron todo a una enorme conspiración. ¿Política, acaso?
¿Peronista, entonces? Está comprobado en la historia que Fernando de la
Rúa sufrió el acoso de un peronismo que entonces ya padecía el síndrome
de abstinencia del poder. Pero ningún peronista que se precie de tal
haría una conspiración autoinculpándose ante la Justicia.
Los radicales delarruistas
tomaron como argumento, para denunciar esa conspiración, las intensas
gestiones que hizo el entonces senador Antonio Cafiero para establecer
la veracidad de los hechos.
Cafiero publicó luego un libro en
el que relató sus comprobaciones sobre la existencia de los sobornos,
pero muchos senadores peronistas de entonces, y algunos radicales,
vieron definitivamente arruinada su carrera política. Una generación de
senadores peronistas y radicales desapareció de la vida pública.
¿Eran empresarios, tal vez, los
autores de la conspiración? Nadie en la vida pública argentina aspiraba
con tanta obsesión, como los empresarios, a que la ley de reforma
laboral fuera aprobada. ¿Por qué destruirían lo que querían que
existiera?
Es cierto que De la Rúa sentía la
presión del mundo de los negocios y la del propio Fondo Monetario
Internacional para que esa ley fuera sancionada por el Congreso. Y es
igualmente veraz que el sistema de cobros de “remuneraciones
extraordinarias” a los senadores (una simulación verbal propia de Jorge
Capitanich) para que aprobaran las leyes más sensibles del Poder
Ejecutivo había empezado en el gobierno de Carlos Menem.
Durante gran parte del menemismo,
fue habitual el intercambio de dinero por la aprobación de leyes en el
Senado. La diferencia es que el método menemista era mucho más
disimulado y eficiente que la forma chambona que eligieron los
oficialistas del radicalismo.
c) La renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez
El caso de los sobornos provocó,
incluso, la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho”
Álvarez, presidente natural del Senado, quien creyó siempre que el
tráfico de dinero espurio había existido.
También se rompió de hecho la
alianza que había ganado el gobierno en 1999. El posterior reproche
político de la sociedad a Chacho Álvarez no fue porque él estaba
convencido del delito, sino porque renunció en lugar de quedarse para
combatir la corrupción desde adentro.
¿Semejante descalabro político,
con un vicepresidente y muchos senadores eyectados del escenario
público, con una coalición gobernante hecha trizas, sucedió por algo que
nunca ocurrió?
d) Llamativa reprimenda al Juez Rafecas
Llama la atención, además, la
dura reprimenda del Tribunal Oral al juez Rafecas, al que le pidió un
proceso en el Consejo de la Magistratura. Rafecas fue el tercer juez en
el caso de los sobornos.
El primero fue Carlos Liporace,
quien llegó a afirmar que “hubo sobornos”, pero luego no pudo explicar
la compra de la costosa casa en la que vivía. Lo siguió el juez Gabriel
Cavallo, que en ese momento estaba ternado para su ascenso a camarista.
Rafecas fue el primer juez que decidió hacer una investigación propia
del caso y llegó a la conclusión de que los sobornos habían existido.
Rafecas es también el juez que
autorizó todas las medidas iniciales que le pidió el fiscal Carlos
Rívolo para investigar al actual vicepresidente, Amado Boudou, en el
caso Ciccone.
También por esa causa Rafecas
está siendo juzgado por el Consejo de la Magistratura por un error
cierto que cometió, aunque no dañó el material probatorio que él mismo
ayudó a acumular.
Hace poco, el fiscal Campagnoli
estaba investigando a Lázaro Báez cuando la jefa de los fiscales,
Alejandra Gils Carbó, lo suspendió en el cargo. Campagnoli pidió una
medida cautelar para ser repuesto en el cargo, pero el juez federal
Pablo Cayssials rechazó, ayer también, la solicitud del fiscal y
ratificó su suspensión en el cargo.
Un día, en fin, de sucesivas victorias para la Argentina impune.
5. Los sobornos más notorios[5]
a) Una Justicia politizada
Puesto que, según los jueces del
Tribunal Oral Federal nº 3, no hubo pruebas contundentes de que, en el
2000, el entonces presidente Fernando de la Rúa haya ordenado el pago de
cinco millones de dólares para que senadores de la oposición aprobaran
una reforma de la ley laboral, no tuvieron más alternativa que la de
absolver a los ocho acusados de participar del asunto, pero aun así la
decisión, luego de 13 años de audiencias, ha dejado un sabor amargo en
la boca de muchos.
Si bien virtualmente nadie
pensaría en incluir a De la Rúa entre los mandatarios más corruptos del
país, el que la Justicia haya llegado a la conclusión de que no sucedió
nada en un caso tan resonante como el de “los sobornos en el Senado” no
podrá sino contribuir a difundir la impresión de que políticos
vinculados con el peronismo y el radicalismo se sienten por encima de la
ley porque están acostumbrados a nombrar a los que, andando el tiempo,
podrían juzgarlos.
Asimismo, la sentencia alentará a
los muchos que desean minimizar la importancia de los delitos
atribuidos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el
vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios del gobierno actual.
Aunque hay un diferente orden de
magnitud entre lo imputado a De la Rúa, Fernando de Santibañes, Alberto
Flamarique y demás miembros del gobierno de la Alianza por un lado y,
por el otro, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y sus amigos,
los más beneficiados por la convicción de que todos los políticos son
corruptos siempre son los peores.
b) Consenso general de la habitualidad de los sobornos parlamentarios
De ser más confiable y menos
politizada la Justicia, De la Rúa tendría razón al afirmar que “la
absolución reivindica mi dignidad” pero, desafortunadamente para él,
siempre habrá algunos, tal vez muchos, que lo creerán culpable de haber
repartido dinero entre los “padres de la patria” a fin de facilitar un
trámite parlamentario que de otro modo le hubiera supuesto una nueva
frustración.
No es que lo consideren una
persona especialmente inescrupulosa conforme a las pautas locales sino
que dan por descontado que en nuestro país es habitual que los políticos
operen así, aunque no necesariamente de manera tan flagrante como la
planteada por los responsables de las acusaciones.
Por lo común, los presidentes se
limitan a comprar los votos de legisladores provinciales financiando
obras públicas en sus distritos, lo que, mal que bien, suele ser
perfectamente legal.
No se trata de una particularidad
argentina; en Estados Unidos es normal que el mandatario de turno
distribuya obras federales de acuerdo con criterios que tienen más que
ver con sus propios intereses políticos que con las necesidades
económicas o sociales; en la jerga política norteamericana, las coimas
así disfrazadas se llaman “carne de cerdo”.
Aunque en comparación con las
denuncias que han tenido que afrontar mandatarios como Carlos Menem,
Néstor Kirchner y, desde el día en que inició su gestión, Cristina, la
que causó tantos dolores a De la Rúa y varios miembros de su gobierno
fue apenas anecdótica, el asunto tuvo repercusiones muy fuertes.
Entre otras cosas, dio al
vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez un pretexto para renunciar,
debilitando así a un gobierno ya tambaleante; más tarde, Álvarez se sumó
al kirchnerismo, de tal modo echando dudas sobre su presunto compromiso
con valores éticos superiores a los de su exjefe.
El affaire de los presuntos
sobornos en el Senado desprestigió no solo a la Alianza sino también, a
ojos de ciertos peronistas por lo menos, la idea misma de que en
circunstancias determinadas al país le conviniera un gobierno de
coalición. Asimismo, si bien hubiera sido poco probable que De la Rúa
sobreviviera al cataclismo económico que le aguardaba aun cuando su
gobierno hubiera permanecido intacto, la renuncia principista de Álvarez
lo dejó inerme frente a sus adversarios peronistas y radicales
supuestamente progresistas que no vacilaron en asestarle el golpe de
gracia. A muy pocos les preocupaban los rumores acerca de los sobornos
que, de todos modos, afectaron a los senadores peronistas presuntamente
sobornados, pero en aquel momento estaban decididos a aprovechar
cualquier cosa que pudiera servirles para privar al gobierno de la
autoridad necesaria para hacer frente a una crisis que, al estallar,
dejó a medio país por debajo de la línea de pobreza.
[1] Fuente de información: La Nación, 23/12/13, “Coimas en el Senado”, http://www.lanacion.com.ar.
[2] Fuente de información: La Nación, 26/12/13, “Hugo Moyano: acordaron impunidad para ahora y para el futuro”, http://www.lanacion.com.ar.
[3]
Fuente de información: La Nación, 25/12/13, “Fernando De la
Rúa: “Es imposible que haya impunidad después de 12 años de juicio”, http://www.lanacion.com.ar.
[4] Fuente de información: La Nación, 24/12/13, “La Argentina impune”, http://www.lanacion.com.ar.
[5] Fuente de información: Río Negro com.ar, 6/1/14, “Los sobornos más notorios”. http://www.rionegro.com.ar.
