Esperan 10.000 firmas en rechazo a nueva ley de semillas en Argentina
Argentina – El Movimiento
Nacional Campesino Indígena, junto a Amigos de la Tierra y la
organización GRAIN, aspiran a llegar a las 10.000 firmas en su campaña
en rechazo de la modificación de la Ley de Semillas en Argentina.
“En este momento llegamos a 8.500. El
año pasado se entregaron al Ministerio de Agricultura las 3.500 que
llegamos a juntar. Cuando lleguemos a las 10.000 se presentarán
nuevamente”, explicó Carlos Vicente, representante del movimiento Acción por la Biodiversidad. En declaraciones a La Gran Época, destacó que además cuentan con las adhesiones de más de 500 organizaciones sociales y que trabajan a nivel latinoamericano.
Este año, el ministro de agricultura Norberto Yauhar anunció
que es un hecho la modificación de la Ley de semillas argentina, que
está vigente desde 1972 y cuyas reformas se vienen dilatando desde el
año pasado.
De esta manera, el Gobierno nacional enviará al Congreso, antes de fin del 2013, el proyecto para modificar la ley.
En una conferencia de prensa, el
Ministro explicó que la aprobación en el Congreso de una nueva Ley de
Semillas se pasó para después de las elecciones de octubre pasado, para
evitar que “se manche de contenido político”.
“Le faltaba un capítulo a nuestro
entender, que es lo que sucedía con las economías familiares y los
movimientos campesinos, por la utilización de las patentes”, resaltó.
Sin embargo, distintas organizaciones y
movimientos exponen que tal modificación equivale a “privatizar las
semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a
las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas
mejoradas y patentadas”.
Además rechazan la modificación,
alegando que viola un derecho de los agricultores de “seleccionar,
mejorar e intercambiar las semillas libremente”, al intentar prohibirse
la reutilización de los simientes que los productores obtienen de sus
propias cosechas.
En el petitorio de firmas,
las organizaciones sociales denuncian que la nueva ley está teñida de
“secretismo”, porque se está llevando adelante a “puertas cerradas” y
únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a
conocer al público ni posibilitar la participación de toda la sociedad
en el debate.
Asimismo, manifiestan que crea
condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras
transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de
variedades vegetales, incluso al aplicarse la ley a todas las especies
nativas, son susceptibles de transformarse en propiedad de empresas
extranjeras.
Del mismo modo, declaran que la nueva
ley “atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro
país” y pone en riesgo su “soberanía alimentaria”, a través de la
concesión de nuevos privilegios a las empresas transnacionales que están
en el negocio agrícola.
Proyecto de Ley
Según el documento que se filtró con el texto del anteproyecto y que circula por internet, el título propuesto es “Ley de semillas y creaciones fitogenéticas” y está consensuado con la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.
En el documento, se aclara que la ley
tiene como objetivo “promover una eficiente actividad de producción y
comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la
identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad
de las creaciones fitogenéticas”.
La ley explica que se entiende por
“Creación Fitogenética” al cultivo obtenido por “descubrimiento o por
aplicación de conocimientos científicos, al mejoramiento heredable de
las plantas”.
Debido a esto, las denuncian que la
modificación de la ley es fruto de la presión que ejerce Monsanto sobre
el gobierno para que éste le garantice una “seguridad jurídica” a sus
inversiones en transgénicos.
En el año 2012, en una conferencia de
prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo
Vaquero, Presidente de Monsanto por Latinoamérica, anunció la aprobación
y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida).
Yahuar y Vaquero hablaron de la
modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por
“los grandes gastos que tienen”, mencionando su presentación al Congreso
hacia fines del año pasado.
Entretanto se aprueba la ley, Monsanto
obliga a los compradores de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” a
firmar un “contrato de regalías extendidas”, según informa en su portal
del movimiento Acción por la Diversidad.
“Los productores que deseen optar, a su
criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la
tecnología Intacta RR2 PRO deberán suscribir con Monsanto una licencia
limitada de uso de la tecnología”, explicita Monsanto en la licencia del producto en su portal web.
Según una investigación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud
(REDUAS), este nuevo evento, “Intacta”, tiene dos genes injertados
ajenos al genoma del maíz, que le darán la capacidad de sobrevivir al
herbicida glifosato.
Además será resistente a un segundo
herbicida: el glufosinato de amonio, “que comenzará a llover sobre los
12 millones de personas que viven en las zonas de cultivos transgénicos
del país”, agregaron los investigadores.
La resistencia contra las acciones de la transnacional Monsanto tiene sus referentes, como el caso de Sofía Gatica, de “Madres de Barrio Ituzaingó” y los vecinos de la “Asamblea Malvinas Lucha por la Vida” que se encuentran bloqueando, desde hace más de dos meses, la Planta que Monsanto está intentando construir allí.
Del mismo modo, los vecinos de “Río Cuarto sin agrotóxicos”
en el rechazo de la instalación de una “planta de experimentación” en
la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en la cual el propio intendente firmó
un decreto para que no se habilite la obra, que comenzó a construirse
sin los permisos correspondientes.
Igualmente se están emprendiendo
distintas campañas a nivel nacional como internacional para resistir el
accionar de la transnacional y además para “generar conciencia”, como
consignan en el grupo abierto “Millones contra Monsanto“.
