Griesa podría declarar el desacato antes de fin de mes
Ayer se confirmó un segundo indicio que refuerza lo señalado por este
medio en el sentido de que, a siete días hábiles de tener que realizar
el pago del vencimiento de los Bonos Par, el próximo 30, el Ministerio
de Economía aún no reglamentó el mismo, de acuerdo a lo establecido por
la ley 26.984 de pago soberano.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER EL ARTICULO
Así lo dispone el Decreto 1577/2014, que
dice: “Téngase por Ley de la Nación Nº 26.984 y cúmplase. Desígnase
Autoridad de Aplicación al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS”.
Corroborando la existencia de mar de fondo detrás de esta demora, ayer
se publicó en La Nación un informe del BCRA que cuestiona
seriamente el funcionamiento del nuevo agente fiduciario Nación
Fideicomisos S.A. y la supuesta existencia de graves deficiencias en su
sistema de controles. El hecho no puede dejar de vincularse a la interna
que mantiene con Axel Kicillof el presidente del Banco Central, Juan
Carlos Fábrega.
Algunos especialistas coinciden en opinar que se le va a hacer
difícil a Nación Fideicomisos efectuar miles de transferencias
simultáneas si no cuenta con una infraestructura operativa, programas,
personal entrenado, etc., adecuados para ello. Estimo que intentarán
llegar a un acuerdo con Caja de Valores, que desde hace décadas se
encarga de esa tarea en el país. Acuerdo que dejaría en evidencia la
incapacidad del agente fiduciario para cumplir con la obligación que le
adjudica la nueva ley. Estos datos dejan abierta la puerta para que se
produzcan errores -o demoras- que generarían inmediatas demandas por
parte de los bonistas que sufran los perjuicios.
A todo esto y mientras CFK intenta instalar en N.Y. la teoría de la
conspiración mundial contra su gobierno, el juez Thomas Griesa estaría
calculando el momento en el cual, a la brevedad, finalmente se
pronunciaría. El caso del CITI, por su parte, anticipa que vienen malas
noticias para la Argentina.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el jueves pasado un
pedido de Citibank y Argentina para que no obstruya próximos pagos de
deuda. El 30 de septiembre habrá un vencimiento de US$ 200 millones de
un bono par. Hasta hoy, el país se verá imposibilitado de hacer llegar
el dinero a la cuenta de los tenedores de bonos en EE.UU. porque el
fallo de Griesa así lo impide.
El jueves pasado hubo una audiencia en la Cámara de Apelaciones de
Nueva York, donde tres de sus jueces escucharon los argumentos de los
abogados del Citi, Argentina y NML. La abogada del Citi, Karen Wagner,
dijo que el Citi cumplirá con el fallo Griesa. “Será un desastre total”,
advirtió Wagner, refiriéndose así al hecho de que el banco podría
sufrir consecuencias en Argentina por no cumplir un contrato. El
Citibank había reclamado que se exima de un futuro fallo de Griesa a los
bonos emitidos bajo la ley argentina. Todo en el caso iniciado por los
fondos buitres, que demandan el cobro del 100% de la deuda impaga desde
2002. La casa matriz de la entidad se presentó en el juzgado de Nueva
York para requerir que se clarifique la situación. Es porque un posible
fallo en contra del Estado nacional obligaría a la institución a
incurrir en un delito por incautar fondos que no están regidos por la
legislación neoyorkina.
Cuando el abogado de los demandantes le dijo a Griesa que aceptar el
pedido del Citi abría una puerta para más evasiones, el Juez lo cortó en
seco diciendo que son “apenas 5 millones de dólares”. No obstante eso,
es altamente probable que no conceda el pedido del Citi.
Pollack pondría el punto final
En la cuestión de fondo, es decir el pronunciamiento de Griesa sobre
el incumplimiento por parte de su Argentina que ordena el pago de US$
1330 millones a los fondos NML y Aurelius entre otros, el juez estaría
esperando el informe final del mediador que designara para el caso,
Daniel Pollack. Lo previsible es que este informe señale que la
Argentina se negó a continuar con las negociaciones encaminadas al pago,
con lo cual el juez podría dar por concluida la tarea encomendada a
Pollack, declarar el desacato y pedirle al Poder Ejecutivo que aplique
sanciones a la Argentina. No hay que descartar que esto pueda ocurrir
aún antes de fin de mes. Tal vez casi coincida con el discurso
presidencial del miércoles ante la Asamblea General de la ONU. De ser
así, CFK retornaría al país junto con una declaración de desacato que
sería como nafta al fuego para una nueva corrida cambiaria.
Por otra parte, está circulado el rumor (que el gobierno deja correr
para generar expectativas positivas en los mercados) de que la
Presidente va a dejar mal parados a sus seguidores y que a partir de
enero recomenzará la negociación para pagarles a los fondos buitres.
Este rumor adquirió un poco más de verosimilitud con la aparición en el
proyecto de presupuesto de una partida adicional de U$S 1680 millones
para el pago de deuda externa no especificada. Quizás esta suma sea una
previsión si llegado el momento la Argentina está con la soga al cuello y
apretando. Sin embargo, hay argumentos que indican que, básicamente, la
intención final del gobierno es no pagar. El primero es que, como la
economía avanza inexorablemente hacia una crisis profunda, pagando el
Gobierno no resuelve la crisis y debe asumir la responsabilidad de
haberla generado. En cambio, si no paga, la crisis será supuestamente el
producto de las represalias del Gobierno de USA (que se efectivizarán
muy pronto). El segundo motivo es legal. El Artículo 2º de la Ley 26.886
prohíbe (para siempre y no hasta fin de año) pagarles más a los
demandantes que a los demás bonistas reestructurados. Su texto dice:
“Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser
mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de
deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10.” Esto fue implícitamente
refrendado por el Art. 10 de la ley 26.984.
Por último, la guerra contra los buitres es la única bandera que le
queda al cristinismo, no sólo para justificarse sino para intentar
montar una estrategia electoral que le permita mantener cierta
iniciativa política de cara a las urnas, aun en medio de una economía
que se desmorona.