“Tal
como suele suceder con los escándalos en Washington, no es el escándalo
inicial lo que deposita a los involucrados en un mundo de problemas,
sino el encubrimiento posterior.” Tom Petri, legislador estadounidense.
A pocos meses del magnicidio del fiscal Alberto Nisman, la portentosa
maquinaria de propaganda del oficialismo ha redoblado esfuerzos para
demoler la imagen de la víctima. La maniobra -al menos en el terreno
operacional- ha devuelto resultados interesantes para Cristina
Fernández, en su momento sindicada como ‘asesina’ por gran parte de los
cientos de miles de personas que tomaron parte de las marchas del 18 de
febrero próximo-pasado. En este caso -y más allá de las necesidades
estratégicas de su agenda-, el kirchnerismo volvió a echar mano de la
misma táctica de ensañamiento que la empleada contra la humanidad de
Enrique Olivera, Juan Carlos Blumberg y otros tantos (merecedores,
siempre en la óptica del poder, del desahucio y de la portación del mote
de ‘enemigos del Estado’).
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En tal sentido, los analistas dedicados full-time al estudio profundo
del impacto de la propaganda política en la psicología de masas no
pueden menos que admirar -haciendo a un lado toda consideración
deontológica- la pertinaz eficiencia del aparato de expresión
verticalista conducido por la viuda de Néstor Kirchner. Tras el
estrepitoso fracaso comunicacional derivado del enfrentamiento del
gobierno contra el campo en 2008, Cristina comprendió la necesidad de
potenciar, en el futuro, los alcances del propio mensaje; este episodio
dio lugar a un rediseño completo de la transmisión de contenidos desde
el poder, que precisaba contar con un multimedio bajo su tutela.
Sobrevendría, pues, la construcción de espectros mediáticos que solo se
dedicarían a desparramar el interés sesgado de Balcarce 50, a tiempo
completo. La administración del miedo a cuentagotas pudo más: desde
entonces, el temor a quedar bajo fuego de Página 12, C5N, Revista 23,
678 y demás canales oficiales condiciona la acción política, judicial y
de prensa en la ex República. Complementariamente, el surgimiento de
estos subsistemas de propaganda compartiría un beneficio adicional, a
saber, la creación de un soterrado esquema de retención de fondos
originados en el Estado Nacional, en donde staff permanente y
contratados para comunicar la agenda del gobierno deben dejar a sus
mandantes un porcentaje del salario percibido.
La barroca acción psicoterrorista corporizada en canales oficiales
remata su efectividad con el complemento de la intimidación o el
atentado contra periodistas y comunicadores non sanctos, bajo el formato
del hurto violento perpetrado por motochorros (hechos que, en la
práctica, pocos podrían distinguir de la sintomatología lindante con el
delito común de ocurrencia diaria).
Así las cosas, del proceso global de destrucción sistemática de la
figura de Nisman, participan actores tan disímiles como el ignoto
Abogado Juan Gabriel Labaké, un Jefe de Gabinete bien entrenado en el
stand-up como Aníbal Fernández, operadores judiciales subterráneos de
Daniel Osvaldo Scioli o ex oficiales de Inteligencia del Ejército
Argentino de César Milani (estos últimos, convenientemente posicionados
como merodeadores de señales de cable de bajo rating para abonar la
hipótesis del suicidio). El metamensaje es contundente: la ciudadanía no
debería llorar a un ex funcionario judicial cuyo norte se identificaba
más con el libertinaje que con sus obligaciones en la búsqueda de la
verdad en el ámbito tribunalicio.
Irónicamente, la dinámica fogoneada por el Gobierno Nacional de cara
al magnicidio se obsequia un atisbo de tranquilidad: el llamativo y
súbito silencio de parte de referentes en la oposición comienza a
comprenderse, por cuanto aquellos que heredarán el desbarajuste
institucional, político y económico de la Nación en 2016 en modo alguno
desean una acentuación anticipada de la crisis. De lo que se trata es
-para ellos- de no vérselas de frente y antes de tiempo con el explosivo
que se apresta a detonar. Así, pues, gana empuje la antipropuesta de Su
Santidad Francisco sobre ‘cuidar a Cristina’. Proposición que debería
leerse, acaso, en forma algo diferente: no adelantar la explosión;
luego, se verá qué hacer. Muy a pesar de que, mientras Usted lee estas
líneas, ciertos actores de reparto –connaisseurs de los
prolegómenos del grotesco asesinato de referencia- estén negociando sus
propios salvoconductos con autoridades de terceros países, ante los
cuales relatan todo lo que saben; portadores ellos de un temor
irracional no se sabe ante quién o quiénes (y que serían, ni más ni
menos, que los ideólogos y ejecutores del desaparecido funcionario).
Pero las problemáticas de fondo terminan siendo postergadas. En la
práctica, el corrimiento del eje de la discusión sobre el aniquilamiento
del ex fiscal y la triple apuesta de Cristina conducirán,
invariablemente, hacia la evaluación de circunstancias poco agradables
para la clase dirigente. En efecto, las consecuencias del Caso Nisman
chocarán de frente contra la seguridad jurídica futura; para abandonar
el atolladero, a la Argentina no le será suficiente -en 2016- con
recurrir a una revisión meramente superficial de los incontables
desperfectos. No habrá otra salida que promocionar un revisionismo
íntegro y, fundamentalmente, radical de lo actuado por el antiguo
régimen en retirada; se asistirá a la imposibilidad fáctica del
reciclaje, por cuanto las soluciones cortoplacistas le impedirán al país
retomar la senda del crédito internacional y, por ende, reconvertirse
en una entidad funcional y creíble. La trama del ajuste por venir -aún
cuando se presente edulcorada con el desfile de presos notables del
kirchnerismo- se volverá intolerable para la sociedad, a no ser que la
dirigencia política y los cabecillas de la corporación judicial se
autodepuren, con prisa y sin pausas. Cualquier otro desenlace solo
contribuirá a reiterar los clásicos procesos de crisis cíclicas,
corroborados cada diez o quince años.
La República Argentina del 2016 se parecerá mucho a la Europa
devastada legada por la caída del telón de la Segunda Guerra Mundial. No
habrá reconstrucción sin depuración político-judicial; no habrá Plan
Marshall sin depuración. Sin depuración real, no habrá más república.
