CFK camino a perder su segunda guerra contra el Poder Judicial
En su desesperación por asegurarse una impunidad que nada ni nadie
puede garantizarle, el gobierno repitió su error del año pasado, cuando
desató la ofensiva para democratizar la justicia, hasta que primero un
fallo de la jueza federal María Servini de Cubría y luego otro de la
Corte Suprema de Justicia dieron por tierra con la ley para la elección
popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Luego vino una
tregua con la justicia, con la salvedad de la persistencia del juez
Ariel Lijo de profundizar la investigación del caso Ciccone.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULO
La segunda
guerra contra el Poder Judicial la declaró la Casa Rosada cuando envió
al Congreso el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal, que
se convertirá en ley en los próximos días. Esto es, despojar a los
jueces de instrucción de sus facultades más importantes y concentrar el
poder en la Procuración General. Siendo el Ministerio Público un órgano
extrapoder, este vaciamiento de facultades significa así también el
debilitamiento del poder de la Corte Suprema ante una Procuración
General casi todopoderosa. De este modo, la desesperación oficial por
garantizarse un esquema procesal que, de mantenerse, facilitaría la no
investigación de la corrupción de la década K, generó automáticamente
una alianza anti K que, sin el proyecto de nuevo código no hubiera sido
posible. El juez federal Claudio Bonadío es el emergente de una
convergencia objetiva de intereses que reúne a la corporación judicial,
la mayor parte del establishment empresario -amenazado ahora por la
denuncia de la AFIP sobre las 4040 cuentas privadas en Suiza- y un
sector de la oposición -básicamente UNEN- que encuentra en este tema un
trampolín para su crecimiento electoral. Sergio Massa y Mauricio Macri
miran por su parte con cautela la segunda guerra entre el kirchnerismo y
la justicia. Si la actual tendencia se profundiza y el caso Báez hace
que la corrupción pase a ser el tema excluyente de la campaña electoral,
tanto el Frente Renovador como el PRO se encontrarían en un terreno
incómodo, ya que sus planes no pasan por la confrontación abierta con la
Casa Rosada ni mucho menos con promover un mani pulite que sí entusiasma a Elisa Carrió.
En este escenario y con el año casi terminado, uno que sí se favorece
con la nueva guerra es Daniel Scioli. Primero porque, envuelto en su
manto de amianto, las sospechas de corrupción por ahora no lo alcanzan.
Pero sobre todo se fortalece por un hecho simple: a partir de las
investigaciones impulsadas por Paul Singer sobre la ruta del dinero K y
ahora con las pesquisas de Bonadío sobre Hotesur, la presidente ya no
está librando sólo una contienda política. Está sobre todo luchando por
defender a mediano plazo su libertad personal y su patrimonio. La
anulación por cosa juzgada írrita del fallo del juez federal Norberto
Oyarbide, que en diciembre del 2009 sobreseyó al matrimonio Kirchner de
la imputación de sobreseimiento ilícito, implicaría la posibilidad de su
procesamiento a corto plazo. No por nada ayer se supo de la
reactivación de un proyecto de ley que estaba desactivado: el núcleo más
duro del Frente para la Victoria, con el visto bueno del Gobierno,
planea avanzar en forma express con el proyecto que prevé la
incorporación de cambios en el Código Electoral para fijar la elección
de los diputados del Parlamento del Mercosur. Esto es conseguirle a CFK
una boleta electoral propia que le daría inmunidad parlamentaria en un
organismo de existencia poco menos que simbólica con sede en Montevideo.
Así las cosas, uno de los temores del núcleo duro de CFK es que, a
partir de enero, los gobernadores e intendentes del Frente para la
Victoria, dueños de los aparatos electorales locales, empiecen a
peregrinar hacia La Ñata en busca de la bendición del único dirigente
que al menos puede intentar ganar la elección en primera vuelta, porque
si hay ballotage su situación también sería muy comprometida.
Con su escalada de denuncias, a Bonadío, Margarita Stolbizer, los
4040 cuentacorrentistas argentinos en Suiza, etc., el gobierno intenta
hacer valer su mejor recurso, el miedo, para paralizar a la oposición.
Pero no parece percibir que un factor de la realidad ha cambiado:
imponer el miedo exige retener el poder el suficiente tiempo como para
que el temor al castigo sea efectivo. A menos de un año de las
elecciones, cualquier castigo perderá efectividad por falta de tiempo
para aplicarlo. El pedido de inconstitucionalidad de la Ley de
Abastecimiento que el Grupo de los 6 presentará en el fuero contencioso
administrativo indica que el sector más cauteloso, el empresariado,
percibe que las amenazas del gobierno ya no se cumplirían ni aun ganando
Scioli las elecciones, porque éste se negaría a continuar las guerras
de Cristina.
La retirada de Boudou
En su segunda guerra contra la justicia, el cristinismo se prepara
para tomar el toro por las astas en algunos temas centrales. Amado
Boudou, cuestionado por casi todos los senadores de la oposición, habría
acumulado hasta aquí más de 40 cuestiones de privilegio. El artículo
128 del Reglamento del Senado reglamenta el planteo de las “cuestiones
de privilegio” y las define como aquellas que se vinculan con los
privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus
miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro.
Constitucionalistas como Bidart Campos se refieren a estos privilegios
como un punto neurálgico del derecho parlamentario. Este autor sostiene
que “…han sido establecidos en interés del parlamento o congreso como
órgano, y se alega que tienen como finalidad asegurar la independencia,
el funcionamiento y la jerarquía del mismo. Por eso se los llama también
inmunidades, en cuanto preservan al órgano.”
Pues bien, después de haber bloqueado sistemáticamente las cuestiones
de privilegio planteadas contra Boudou, el presidente de la bancada del
FpV, Miguel Ángel Pichetto, acaba de comunicarles a todos los bloques
que se van a tratar aquellas, lo que equivaldría a volver insostenible
la presencia de Boudou en el recinto. Este giro vendría acompañado de
otros indicadores. “Juanchi” Zabaleta, el Secretario Administrativo del
Senado, que es la mano derecha de Boudou, estaría a punto de dejar su
cargo, siendo reemplazado por un funcionario sin perfil político. Esta
inmolación del vicepresidente, que lo llevaría a pedir licencia tal vez
durante toda la campaña electoral, tendría una compensación. El
Secretario de Justicia Julián Álvarez y otros operadores judiciales le
habrían asegurado a la presidente que conseguirán, a más tardar en
marzo, el sobreseimiento de Boudou por la Cámara de Apelaciones. Detrás
de esta versión hay otra bastante más sórdida: que el banquero oficial
Jorge Brito habría finalmente aportado una suma multimillonaria en
dólares para asegurar el sobreseimiento de Boudou y que éste, a cambio,
desaparezca de la escena política y mediática.
Brito estaría preocupado no sólo porque su banco, el Macro, financió
la compra de la ex Ciccone, sino porque en cualquier momento podría
aparecer su vinculación con una parte de la red financiera internacional
que gira en torno a las cuentas de Lázaro Báez.
En este punto, se acerca la hora del supuesto reinicio de las negociaciones con los holdouts
en el despacho de Thomas Griesa. Para CFK las circunstancias han
empeorado notablemente desde que en julio pasado el gobierno pateó el
tablero y proclamó que empezaba “Patria o buitres”. Ahora se sumaron a
los reclamos de NML y Aurelius otros holdouts como el de Kenet Dart, dueño del fondo EM, y si Griesa extiende su sentencia a los me too,
los reclamos ya no serían por U$S 1600 millones sino por 6000. Pero la
principal debilidad del gobierno para volver a sentarse en la mesa de
las negociaciones es que ahora la familia presidencial y el propio
ministro de economía Axel Kicillof están bajo investigación por
sospechas de lavado de dinero proveniente de la corrupción y maniobras
fraudulentas con títulos de la deuda. Una situación tan vulnerable, que
facilitaría el embargo de cualquier activo privado vinculado con los
hechos que se investigan, por parte de Singer y sus aliados, que
invocarían que los fondos originados en la corrupción son públicos.
No sólo la segunda guerra contra la justicia es un error gravísimo de la presidente. El no haber acordado con los holdouts
en julio y a bajo costo fue, por lo menos, igualmente torpe. Ahora,
cualquier acuerdo será mucho más caro, difícil y, tal vez inútil para la
necesidad del gobierno de inyectar dólares en la economía.
