Sería inminente que Bonadío cite a Lázaro Báez a declaración indagatoria
El juez federal Claudio Bonadío ya tiene en su poder las
declaraciones juradas de Néstor, Máximo y Florencia Kirchner, de la
presidente, de Lázaro Báez, su hijo Martín y el “Bochi” Osvaldo
Sanfelice. Éste es el socio de Máximo en la inmobiliaria Sanfelice,
Sancho y Asociados de Río Gallegos.
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Pero la clave del caso Hotesur es la
citación a declaración indagatoria a Báez, el socio e íntimo amigo del
fallecido presidente. Si esto ocurre, quedaría en una situación
comprometida otro juez federal, Sebastián “tortuga” Casanello, quien
tiene una causa caratulada con Báez y todavía no lo llamó siquiera como
testigo, aunque procesó a sus lavadores amigos Leonardo Fariña y
Federico Elaskar. Ellos sí están procesados por lavado de dinero, pero
por ahora la idea judicial es que los fondos provienen de Juan Suris, el
supuesto narcotraficante y dueño de usinas de facturas truchas que
utilizaba el propio Báez. En la resolución por la cual procesó a Fariña y
Elaskar, Casanello dice que no tiene pruebas de que el dinero provino
de Báez y así cumpliría con el pedido de los operadores judiciales del
cristinismo. Hay indicios de que, si es citado a declarar, Báez podría
derrumbarse psicológicamente. La docilidad de Casanello obedece a que le
debe su nombramiento al cristinismo y a Mauricio Macri, quienes lo
hicieron juez para que el jefe de gobierno zafe del juicio oral por las
escuchas telefónicas ilegales. Dijimos en notas anteriores
que la empresa Austral Construcciones, de Báez, se presentó hace cinco
meses a la licitación para la construcción de las represas santacruceñas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, integrando una UTE junto a IECSA, la
ex empresa constructora de Franco Macri y ahora de los hermanos
Calcaterra, primos del jefe de gobierno. También participa una empresa
china vinculada a Franco Macri. Estas sociedades explican por qué
Sebastián Casanello zafó a Mauricio Macri y a Báez.