Diciembre al rojo vivo: los jueces federales anti K investigarían a la cúpula de La Cámpora
El allanamiento dispuesto por el Juez Claudio Bonadío de la sede de
Hotesur S.A., una firma propiedad de la familia presidencial en
situación irregular ante la AFIP, terminó de convencer al entorno
presidencial de que en Comodoro Py se está ejecutando un plan para
demostrar que el fuero federal toma distancia velozmente del poder
político y se dispone a enjuiciarlo. En el caso de Bonadío, el
Secretario de Justicia Julián Álvarez calificó su última actuación como
una “operación escudo” para defenderse de las acusaciones que el
kirchnerismo le prepara en el Consejo de la Magistratura para removerlo.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULO
La llamada “causa de los hemofílicos” sería la elegida por el
kirchnerismo para avanzar contra el juez en el organismo. El caso es que
el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para
hacerlo. De hecho, todavía no están conformadas las comisiones en las
que se divide el cuerpo, a raíz de la reciente asunción en sus cargos de
quienes ejercerán como consejeros durante los próximos cuatro años.
Apenas hubo una polémica reunión plenaria en la que se eligió presidente
del organismo a la jueza Gabriela Vázquez, con el apoyo de los
consejeros oficialistas. Pero las aguas siguen divididas en la
institución. Y el resto de los consejeros no concurrió a un encuentro
posterior en el que se removió al administrador general, Germán Krieger,
cercano al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El
bloque oficialista tiene seis votos sobre trece, y en la reunión de la
semana pasada logró la mayoría simple con la ayuda de Vázquez. Los casos
de aprobación de un juicio político a un magistrado necesitan dos
tercios de los votos, no la mayoría simple. Y tal como viene el asunto,
no parece fácil que el kirchnerismo los consiga. Si el Consejo aprobara
el enjuiciamiento de Bonadío, éste sería automáticamente suspendido y en
los seis meses siguientes el tribunal de enjuiciamiento de magistrados
debe hacer el correspondiente juicio y decir si es culpable o inocente.
Las inquietudes en la Casa Rosada apuntan ahora a otros magistrados
que hasta hace poco eran considerados confiables. Para empezar, Rodolfo
Canicoba Corral, y siguiendo con Luis Rodríguez, que llegó a su juzgado
de la mano del miembro de la Auditoría General de la Nación y operador
cristinista Javier Fernández, y que lleva, entre sus causas importantes,
la del presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, el
segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la
presidencia.
El cuarto sospechado es Ariel Lijo, el juez de la causa Ciccone,
cuyas visitas al despacho de Ricardo Lorenzetti serían cada vez más
frecuentes, aumentando la preocupación del cristinismo. El hecho que
cuatro de los doce jueces federales porteños estén ya hoy considerados
como enemigos potenciales del gobierno es todo un indicador. Ayer
Cristina, en su reaparición luego de tres semanas de ausencia por
razones de salud, no se privó de decir que no les tiene miedo a los
“caranchos judiciales”.
Una reacción que crece
De acuerdo a la versión trascendida ayer en Comodoro Py, el creciente
grupo de jueces y fiscales dispuestos a avanzar en la investigación de
la corrupción oficial habrían coincidido en que, a partir de
febrero-marzo, la actuación de la justicia en este campo quedaría
neutralizada por la campaña electoral. Con los medios de comunicación
volcados a este tema, el kirchnerismo se defendería fácilmente de
cualquier imputación diciendo que los magistrados quieren hacerle perder
las elecciones. Esta realidad estaría impulsando que se ponga en marcha
una fuerte ofensiva judicial en los próximos días, para que durante
diciembre se amplíe la brecha que va separando al gobierno de la
justicia federal. De las reuniones reservadas que se vienen realizando,
surgiría que podrían abrirse varias causas contra dirigentes de primera
línea de La Cámpora, en particular contra los que más influyen sobre la
presidente. La lista incluiría, en primera línea, a Andrés Larroque,
Eduardo “Wado” de Pedro, Julián Álvarez y Axel Kicillof. En el caso de
este último, en las últimas horas se conoció, a través de una página web
de los fondos buitre, que Kicillof le habría dado información
privilegiada al financista argentino Diego Marynberg para la compra de
títulos de la deuda externa argentina por 200 millones de dólares.
También se especula con que esa asociación con Marynberg habría sido uno
de los motivos ocultos del despido del ex presidente del Banco Central
de la República Argentina (BCRA) Juan Carlos Fábrega, el 1° de octubre
pasado.
En vistas del nuevo escenario que se está planteando en la justicia
federal, no habría entonces que descartar que el caso Marynberg fuera la
base para la apertura de un proceso en Buenos Aires. De llegarse a
esto, el tema podría tener una proyección extra, porque ser imputado por
manejos ilícitos en materia de deuda pública dejaría a Kicillof
pésimamente ubicado para sentarse a renegociar con los holdouts, a partir del próximo enero, en el despacho de Thomas Griesa.
Obviamente, como trasfondo de estas tensiones que van en aumento,
está también la necesidad de los jueces de montar una reacción
importante ante la inminente sanción de la reforma procesal penal, que
los despoja de buena parte de su poder para concentrarlo en la figura
del Procurador General, en este caso Alejandra Gils Carbó.
