SIN ARMAS NI IDEAS
El pasado miércoles, un día antes de que la provincia de Salta recibiera al presidente boliviano, Evo Morales, una avioneta tocó tierra cerca de la localidad de Anta, en la finca San Severo, próxima al paraje 25 de Junio, de ese departamento en un aterrizaje forzoso. La suerte no acompañó a sus tripulantes.PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULO
El avión se estrelló e incendió con ellos adentro.
Al referirse a la avioneta que se cayó con más de 200 kilos de droga, el ministro de Seguridad de Salta, Alejandro Cornejo, dijo: "Hay problemas de tráfico ilegal por tierra, en Aguas Blancas y Salvador Mazza. Y después la problemática en lo aéreo, con las avionetas".
El fallido aterrizaje de este avión de narcos, hizo recordar el secuestro de 400 kilos de cocaína lanzados desde una aeronave del mismo tipo el pasado 26 de abril del corriente.
La frontera permeable es un problema que excede a la provincia de Salta y compete a la Nación. Es cierto que la provincia puede tener una política y una estrategia interna respecto a las drogas, pero de allí a pensar que puede controlar el flujo del narcotráfico que opera desde Bolivia, es algo distinto. Aunque aún en lo interior poco se hace. No hace muchos meses la Policía de la provincia reconoció haber registrado y fichado alrededor de 6.000 ciudadanos colombianos dentro del territorio, por distintas razones de faltas y delitos menores. ¿Qué hacen 6.000 colombianos en Salta? Nos preguntábamos entonces.
Cornejo no dio fechas, sólo señaló que la Nación les prometió radares para la frontera. La pregunta que uno se hace es: ¿Para qué? Porque con los radares el ministro podrá saber qué rumbo tenían los aviones ese día, pero no al día siguiente.
Tampoco podrá saber dónde bajaron ni de dónde salieron.
Los radares sólo serían efectivos contando con aviones interceptores que pudieran hacerlos aterrizar o – ante la negativa de acatar órdenes – los neutralizasen por fuego aéreo. Aunque, lamentablemente, eso no se puede sin una ley de derribo y un compromiso del Estado nacional de hacer respetar las fronteras.
Pero sobre este tema ya se ha hablado mucho, no sólo en los medios sino en el Congreso y también desde estas columnas.
El Gobierno no tiene ningún interés en dotar a las fuerzas armadas y de seguridad de una ley de derribo. Importa más la vida y buena salud de los narcotraficantes que la de la sociedad.
Esto no es un conflicto de políticas, es un conflicto de intereses.
Mientras la inseguridad sea una política de estado el Estado seguirá siendo socio de quienes la producen.
editorial@diariocastellanos.
