Denuncia contra el juez Bonadío
Uso
indebido de información privilegiada. Abuso de autoridad. Violación a
la ley de acceso a la información pública. Obtención de información en
forma clandestina.
- La presidente Cristina Fernández de Kirchner, valiéndose de su posición de poder, y violando la ley de acceso a la información pública, dio a conocer en Twitter información que obtuvo fuera de los canales institucionales habilitados (y que a cualquier ciudadano de a pie la autoridad competente le hubiera negado, o por lo menos tornado burocrático su obtención) que una empresa de la que el juez federal Claudio Bonadio tendría el 20 por ciento del capital accionario debería los balances por los ejercicios de 2012 y 2013, “igualito que Hotesur S.A.” El juez Bonadío que allanó la empresa que administra el hotel Alto Calafate y la sede de la Inspección General de Justicia (IGJ), hace una semana, tendría, según los datos obtenidos fuera de los canales institucionales habilitados para la ciudadanía, acciones en una sociedad que está en las mismas condiciones. A su vez, el senador Marcelo Fuentes (FPV) presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Y el mismo Senador Nacional Fuentes se basó, para formular esa misma denuncia, en la obtención por parte de la Presidente de la República de un caudal de información de datos que a cualquier ciudadano común le hubiese demando varias semanas o más tiempo aun.
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- “¿Algún legislador o legisladora denunciará? ¿Algún juez allanará? ¿Qué dirá la prensa independiente?”, escribió la Presidenta, tras el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. En su discurso dijo que “a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos”. Poco después informó a través de sus tuits que la empresa Mansue S.A., dedicada a la explotación de estaciones de servicio, debe los mismos balances que Hotesur y no es objeto de investigaciones judiciales. Lo cierto es que la Presidente obtuvo esa información en tiempo record y fuera de los canales institucionales que la Ley de acceso a la información pública (y su decreto reglamentario) exigen para cualquier ciudadano de a pie.
- Siguiendo la misma lógica aplicada por la señora Presidente, vale preguntar: ¿Algún ciudadano de a pie denunciará la clara violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad que supone tanto para quien ejerce la primera magistratura del país como para un Senador Nacional hacer uso oficial de información privilegiada obtenida fuera de los cauces institucionales correspondientes?
- La Presidente, desde su posición de poder, recordó el comunicado de la IGJ en el que se informó la existencia de 319.626 sociedades comerciales, de las que sólo estaban activas 150.855 al 31 de octubre de este año. De las activas, “83.319 presentaron declaraciones juradas, mientras que 67.536 permanecen pendientes”. Ese comunicado “informaba que Hotesur S.A. se encontraba entre las activas que han presentado declaración jurada y cuya documentación se encuentra en etapa de análisis”, recordó la mandataria. Aquí también se advierte un uso indebido de información privilegiada, más allá de la publicidad genérica que surge del comunicado de la IGJ a la que aludió la señora Presidente.
- Entre las sociedades que tienen pendiente la tramitación de las declaraciones juradas también se encuentra Mansue S.A., la empresa que preside Carlos Alberto Bonadío –titular del 40 por ciento de las acciones–, y de la que el juez de Comodoro Py tiene el 20 por ciento. Otro 20 por ciento está en poder de Fernando Luis Climent, y el 20 por ciento restante Alejandro Vicente Climent. “Se ve que se trata de una sociedad de familia. ¿Y sabés qué? Deben los balances por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2012 y al 31/12 del 2013”, tuiteó la presidenta. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿Cómo obtuvo la señora Presidente esa información tan rápidamente? ¿La solicitó acaso por la vía formal ante la respectiva autoridad de aplicación? ¿Cumplió con los requisitos burocráticos que marca la legislación específicamente vigente? ¿Quién se la suministró?
- Según el legislador Marcelo Fuentes, el juez tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma “Mansue S.A.”, dedicada a la venta de combustible. “Sugestivamente, el accionista mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadío, quien posee el 40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent que completan el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno”, detalló.
- De acuerdo a lo que se especifica en la denuncia, Bonadío no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
- En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadío no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012. Fuentes consideró que “al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado”.
- A esto se suma, según el Senador Nacional Fuentes, además, que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadío ( vale aclarar que el señor juez federal lleva como nombre de pila Claudio y no Carlos Alberto) en otra empresa denominada “Gas Lanús S.A.”, que al igual que “Mansue S.A.” se dedicaría a la venta de combustible.
- En este contexto, el Senador Nacional Fuentes, solicitó que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. Por último, en la denuncia se solicita, entre otras medidas, la intervención de la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
- Es de esperar que algún legislador o legisladora también formalice una formal denuncia criminal ante la obtención clandestina de información privilegiada a la que tan solo puede accederse, por imperio de la ley, a partir de una petición formalizada en forma fundada, ante la cual recién entonces la autoridad de aplicación, en el uso de sus potestades discrecionales, puede optar entre abrir o no dicha información a cualquier particular que así lo solicite. ¿Habrán cubierto estas formalidades tanto la doctora Fernández de Kirchner como el Senador Nacional Fuentes?
Ex juez en lo Penal Económico
