El resurgimiento de la independencia judicial cambia el escenario electoral
La estabilidad del kirchnerismo en el poder estuvo desde un primer
momento fundada en la absoluta subordinación de los poderes Judicial y
Legislativo al Ejecutivo. No por nada la primera operación política de
Néstor Kirchner como presidente fue usar la cadena nacional para
reclamar las cabezas de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Este equilibrio acaba de romperse y CFK sólo controla ahora dos poderes.
La justicia está comenzando a funcionar como poder independiente y las
consecuencias políticas de este hecho pueden cambiar el curso del
proceso electoral.
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Dos procesamientos dictados en las últimas horas
marcan la tendencia. El juez Rodolfo Canicoba Corral, titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 dispuso el
procesamiento, sin prisión preventiva, de Enrique Omar Suárez, alias “el
Caballo”, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU), en una causa por entorpecimiento del transporte. Por su parte,
El juez Marcelo Martínez De Giorgi -hasta ahora de bajo perfil- llamó a
declarar al ministro de Justicia por su actuación como director de
Aerolíneas Argentinas antes de la estatización de la empresa. Se sabe,
por otra parte, que, antes de que el 1° de enero empiece la feria
judicial, el jefe del Estado Mayor del Ejército podría ser citado en una
de las causas que se le siguen por corrupción. A esta altura, el
cristinismo empieza a vislumbrar con absoluta claridad las alternativas a
un año vista. Sólo conservando el poder o una enorme cuota del mismo,
conseguiría evitar que la presidente y tal vez varios cientos de
funcionarios y ex funcionarios sean procesados por actos de corrupción.
Los efectos políticos de este nuevo escenario empiezan a sentirse. Para
empezar, Daniel Scioli se ve favorecido por la creciente angustia del
funcionariado K, que ahora ya dedica parte de su tiempo a consultar los
estudios de los penalistas amigos. Una forma de eludir la cruda
realidad: cuando se pierde el poder, es imposible ganar en Tribunales.
La renuncia de Rafael Folonier, titular de la Unidad Presidencial y
parte del Gobierno desde la gestión de Néstor Kirchner, y su pase al
sciolismo tienen un significado especial. Folonier no sólo era el
canciller en las sombras de los Kirchner sino el nexo más directo con
Fidel y Raúl Castro, así como con las FARC y parte del régimen
venezolano. Que un operador de este perfil se suba a la ola naranja
podría significar que el diálogo entre el gobernador y la cúpula de La
Cámpora se está profundizando. Éstos y otros síntomas, más el evidente
deterioro de su salud, hacen que el correr del calendario le reste todos
los días algo de poder a la presidente. La reacción a este proceso no
se hizo esperar y es la inminente sanción de la ley para establecer la
elección de los representantes al PARLASUR. CFK, a la búsqueda ya
desesperada de fueros, encabezaría la boleta del FpV, tal vez la primera
de la sábana, es decir la más visible. En este punto es donde alrededor
de Scioli retorna un clima de angustia: es que la aparición de la
presidente como candidata la convertiría en el centro de la campaña
electoral y hasta existe la posibilidad de que la elección se convierta
en un plebiscito sobre su gestión. De ser así, el horizonte electoral
del oficialismo se achicaría a medida que crezca el protagonismo de
ella. Para Sergio Massa, Mauricio Macri y UNEN, la boleta con el
apellido Kirchner en caracteres gigantes es un alivio, porque los tres
principales sectores de la oposición le temen a la imagen neutra y
moderada de Scioli, que en este caso se vería arrastrado por el destino
trágico de su jefa.
Una segunda consecuencia del resurgimiento de un Poder Judicial
independiente es que la campaña electoral puede quedar anclada al debate
sobre la corrupción, aun por encima de la inflación y la recesión. De
ser así, ni Massa ni Macri estarían en su escenario ideal, que es la
crítica a la economía cristinista. Sí crecería, en cambio, la línea más
dura de UNEN, expresada por Elisa Carrió.
Un tercer efecto a considerar tiene que ver con las expectativas
reales del kirchnerismo. En tanto en la Casa Rosada se crea posible un
triunfo en primera vuelta, el oficialismo se movería con cierta cautela
para mantener la situación económica bajo control. Nadie puede decir qué
decidirían, en cambio, CFK y su núcleo duro si llegan a la conclusión
de que habrá segunda vuelta y que en ella sufrirán una derrota
aplastante, porque el electorado independiente se volcaría masivamente
hacia Massa, Macri o quien fuere el candidato opositor. No hay que
descartar que, en ese caso, el kirchnerismo opte por incendiar el país,
dejando una economía arrasada y condiciones de ingobernabilidad
alarmantes.
Una última consecuencia a analizar sobre el resurgimiento de la
justicia independiente son sus proyecciones sobre los socios empresarios
del kirchnerismo durante más de una década. En las últimas semanas,
representantes de una de las principales centrales empresarias del país
sondearon a varios camaristas federales sobre qué alcances puede llegar a
tener la apertura de causas de corrupción. El fantasma del caso Skanska
está latente y en varios de los principales grupos económicos se
empieza a instalar el nerviosismo. Hábil capitalizadora de las
debilidades ajenas, CFK percibe este fenómeno y lo usa para extorsionar
al empresariado. La denuncia sobre las supuestas 4040 cuentas de
argentinos en Suiza contiene un claro mensaje: “si nosotros nos caemos,
ustedes también”.
De paso, el enorme operativo de apriete montado por Ricardo
Echegaray, el titular de la UIF, José Sbatella, el director del BCRA,
Pedro Biscay, y el jefe de la PROCELAC, fiscal Carlos Gonella, también
tiene otro objetivo: cerrarles las puertas del financiamiento a los dos
sectores de la oposición más débiles económicamente: Sergio Massa y
UNEN. Cada vez más, el gobierno está concibiendo la próxima campaña
electoral como una batalla logística donde sólo el PRO, administrador
del tercer presupuesto del país, estaría en condiciones de hacer frente
eventualmente a tres elecciones generales nacionales. Es decir, las
PASO, la primera vuelta y el ballotage, si lo hay.
El gatillo de Singer
En este proceso sumamente dinámico, un disparador importante de las
reacciones del gobierno está en los EEUU. Los abogados de NML Elliott
cierran el cerco sobre las empresas atribuidas a Lázaro Báez y Cristóbal
López en el Estado de Nevada, Estados Unidos. Podrían obtener mañana
acceso a documentos clave que relacionan a los empresarios con fuga de
dinero supuestamente vinculada a la corrupción en Argentina. Paul Singer
insiste en que las empresas deben entregar documentación que les
permita vincular el dinero negro a un entramado de sociedades en
Seychelles, Suiza, Estados Unidos y Uruguay -entre otros países- creadas
desde el estudio Mosseck Fonseca en Panamá. Los buitres aseguran que
cuentan con más información “que une” al estudio “con el esquema de
malversación de fondos de Báez”. En particular, mencionaron datos
provistos por bancos de Nueva York, que trazan una línea entre el
empresario santacruceño con la empresa suiza Helvetic, sociedad que está
en el centro de las sospechas de lavado. El juez Cam Farenback, a cargo
del caso, citó a una audiencia para el próximo viernes 12 de diciembre
en la que se espera una respuesta a los pedidos del fondo, que ganó el
caso por la deuda argentina en Nueva York. El proceso se enmarca en las
iniciativas con las que Singer espera obtener fondos de la corrupción
como parte de pago. Está claro que el montaje realizado por Singer y sus
socios apunta a sentarlo a Axel Kicillof en la mesa de las
negociaciones y obligarlo a que pacte un acuerdo de pago sobre la
sentencia de Thomas Griesa, a la cual se le van sumando los reclamos de
otros fondos, hasta llegar a los U$S 6000 millones. Si las revelaciones
sobre el caso Báez estallan en USA, se produciría una sinergia con la
rebelión judicial en Buenos Aires. La presidente empezaría a correr el
riesgo de ser requerida, junto a sus hijos, por un tribunal de los EEUU
y, a la vez, los jueces federales locales que ya rompieron relaciones
con el gobierno, empezando obviamente por Claudio Bonadío, estarían
obligados a conectar el caso Hotesur con la causa Báez y las
revelaciones sobre las 123 sociedades de aquél en Nevada. Entonces, el
impacto político de la globalización de la corrupción K sería aún mucho
mayor.
