DERECHOS HUMANOS, DINERO, PODER Y CORRUPCIÓN
Bajo la supuesta
defensa de los valores supremos del hombre, se han desviado fondos públicos y
se han pagado indemnizaciones sin mínimos controles
El jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, propuso terminar con "el curro" asociado a la
política de derechos humanos de la era kirchnerista. El candidato presidencial
Sergio Massa invitó a "cerrar bien
una etapa de los derechos humanos y abrir otra nueva". Julio César
Strassera, ex fiscal del juicio a las juntas militares, "aplaudió" lo que dijo Macri reconociendo la existencia
de abusos y también Graciela Fernández Meijide, ex legisladora y madre de un
desaparecido, puso distancia entre sus principios éticos y los escandalosos
negociados del programa Sueños Compartidos, llevado a cabo por la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y el gobierno kirchnerista.
El juez de la Corte
Suprema, Raúl Zaffaroni, respondió a Macri y a Massa, invitándolos a confrontar
ideológicamente, pues aquellas expresiones implicarían "ideologías inhumanas". En cambio, el flamante secretario
general de la Presidencia, Aníbal Fernández, descalificó a Massa, tratándolo de
"bruto e ignorante", y a
Macri, tildándolo de ser "una
bestia".
Hablar de derechos
humanos es hablar de valores supremos de la condición humana. Lograr su
efectiva vigencia, en todo el planeta, es el mayor desafío que pueden
plantearse las naciones. La otra cara de la moneda es que toda política de
derechos humanos debe ser administrada en forma límpida e intachable.
En la Argentina, el
debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de
subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años setenta,
olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el
esfuerzo colectivo hacia el futuro.
La Corte Suprema
estableció que sólo son delitos de lesa humanidad aquellos cometidos por
organismos del Estado a través de una política sistemática que vulnere derechos
de la sociedad civil o de un grupo determinado de ésta. Tal definición
restrictiva, que sólo incluye la violencia ejercida por acción estatal, se
diferencia de la doctrina internacional y excluye a los terroristas de su
alcance (beneficiándolos con la prescripción, entre otros muchos principios del
derecho penal) y también a sus víctimas inocentes, quienes no pueden acogerse a
las leyes de reparación.
Es tan grave la
responsabilidad que se atribuye al Estado por el uso abusivo de su poder en
materia de "lesa humanidad",
que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente
herramienta institucional, en provecho de fines subalternos. Investigar
eventuales desvíos no afecta ni daña los pilares de la doctrina, sino que los
fortalece, evitando que el poder y el dinero los corroan, los debiliten y los
destruyan.
¿Quién habría de "rasgarse las vestiduras" al
insinuarse abusos en el manejo pecuniario o político de esa doctrina, si el
Gobierno no ha demostrado manejo transparente en casi ninguna de sus gestiones
públicas? Hemos visto la valija de Antonini Wilson, la bolsa de Felisa Miceli,
la imprenta de Amado Boudou, los aviones de Ricardo Jaime, los fondos de Santa
Cruz, el asesoramiento a Formosa, las obras públicas de Lázaro Báez, los
casinos de Cristóbal López y, ahora, los hoteles de la Presidenta[1],
entre muchísimos otros escándalos.
Las irregularidades
de la sociedad de la familia presidencial Hotesur constituyen sólo la punta de
un gran iceberg de corrupción, al que no es ajena una particular concepción del
poder vinculada al uso de la función pública como medio de enriquecimiento. La
propia jefa del Estado ha dicho públicamente en alguna oportunidad que a Néstor
Kirchner lo obsesionaba el dinero, porque sin él no era factible dedicarse a la
política.
La jerarquía superior
de los derechos humanos configura el cuadro perfecto para que la política y el
dinero hagan de las suyas, fuera del radar de las auditorías, las sindicaturas
y los periodistas. Algo así como asaltar un banco y luego ocultarse en una
Iglesia, detrás del altar mayor.
La política mostró
una de sus peores hilachas con el caso de Felipe y Marcela, los hijos adoptivos
de Ernestina Herrera de Noble. En 2002, las Abuelas de Plaza de Mayo
denunciaron a la directora de Clarín como "apropiadora"
de hijos de desaparecidos, llegando a lograr su detención. Años después, con la
persecución que sufrieron los medios periodísticos por parte del Gobierno, el
proceso judicial fue impulsado por organismos de derechos humanos, con medidas
que fueron calificadas como "tortura
psicológica y daños personales". En definitiva, luego del examen
realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quedó probado que
Felipe y Marcela no eran hijos de los querellantes, ni tampoco de personas
desaparecidas en 1975 y 1976, año este último en que nacieron los hermanos.
El dinero también
suele ser una motivación irresistible para el desvío del poder estatal. Este
diario ha pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y a la
Secretaría de Derechos Humanos información, que por su naturaleza debiera ser
pública, para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares
percibieron indemnizaciones conforme a las leyes de reparación, pero no hubo
respuestas. En total, el Estado habría pagado entre 1700 y 1900 millones de
dólares en casos que rondarían los 220.000 dólares cada uno. Por curioso que
parezca, en esos trámites no interviene la Justicia.
El Poder Judicial
investiga actualmente indemnizaciones irregulares a parientes de guerrilleros
que, en realidad, murieron mientras atacaban comisarías y cuarteles durante los
gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976. También investiga
irregularidades en indemnizaciones y pensiones de por vida a personas detenidas
desde 1955 en situaciones que no configuraban delitos de lesa humanidad.
Uno de los casos más
escandalosos donde el poder y el dinero se han conjugado de la peor forma ha
sido el citado programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de
Mayo y gerenciado por Sergio y Pablo Schoklender. El "sueño" consistía en obtener fondos públicos para
construir 4757 viviendas por 1295 millones de pesos y ejecutar sólo el 30% de
ellas utilizando el 70% de las sumas recibidas. Este pase mágico habría sido posible
mediante un festival de pagos sin control. La Auditoría General de la Nación
detectó transferencias a distintas personas por un monto de unos 52 millones de
pesos. De dichos pagos, Sergio Schoklender recibió unos 23 millones de pesos,
su empresa constructora Meldorek S.A, 4 millones, y su hermano Pablo, algo más
de 13 millones. Además de pagos sistemáticos con cheques inferiores a 50.000
pesos cobrados por ventanilla, por un monto total de 30.000.000 de pesos. Una
sola persona cobró la suma de 4 millones mediante 85 cheques.
También habrían
compartido los sueños de los Schoklender varios funcionarios públicos, quienes
debían controlar y aprobar las obras realizadas por la fundación. Alejandra
Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, tampoco se privó de hacer negocios con
Meldorek y se encuentra investigada por ello.
Para salvarse de la
quiebra, en 2011 se constituyó un fideicomiso con el propósito de blindar los
bienes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo "para que pueda continuar con su obra". De ese modo, la
radio AM 530, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, el Espacio
Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) y la fábrica de paneles para viviendas
quedaron bajo ese paraguas legal. Pero no fue suficiente, y, hace un par de
meses, el kirchnerismo tuvo que estatizar la fundida Universidad para evitar un
escándalo mayor.
La defensa de los
derechos humanos no se agota con la condena a los crímenes de lesa humanidad y,
mucho menos, con el pago sin control de cifras millonarias a quienes militan en
el partido gobernante.
Esa defensa obliga a
investigar a quienes pudieron haberse aprovechado de esa doctrina, para
mantenerla impoluta. Y a recordar que los derechos humanos no son solamente un
espejo retrovisor para juzgar el pasado con una perspectiva parcial y
revanchista, sino que configuran una agenda de acción pública destinada a
erradicar el hambre, dar vivienda digna, educar a las nuevas generaciones,
asegurarles la salud, la seguridad personal, el acceso a la justicia y
oportunidades de empleo genuino, sin dádivas ni clientelismo. Es decir, un país
en serio, pero en serio de verdad.
FUENTE:
http://www.lanacion.com.ar/1755830-derechos-humanos-dinero-poder-y-corrupcion
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
Recientemente la presidente de la Nación, a consecuencias de la adquisición de joyas por más de un millón de dólares anuales y en negro, ha sido denunciada por: Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Estafa, Abuso de Autoridad, Administración Fraudulenta y Malversación de Caudales Públicos, Asociación Ilícita, VIOLACION DE LA ETICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA, al art. 172, 174, 176, 210, 248, 253, 265, 266, 268 (1), 268 (2) 268 (3), 305 y 3006, del Código Procesal Penal de la Nación.
