"EL ORDEN NATURAL"
Carlos Alberto Sacheri
"MUERTO POR DIOS Y POR LA PATRIA"
PARTES
24- LA RECIPROCIDAD EN LOS CAMBIOS
25- LA EMPRESA
26- LAS ASOCIACIOES PROFESIONALES
24, LA RECIPROCIDAD EN LOS CAMBIOS
La ley de reciprocidad, en los cambios es la que permite fijar las condiciones del intercambio de bienes y servicios económicos, según criterios de justicia.
Su primera formulación fue establecida por Aristóteles en la Etica a Nicómaco (libro V), al determinar los principios y alcances de la justicia conmutativa, que es precisamente aquella forma de justicia que regula las transacciones entre los particulares. A lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina aristotélica fue profundizada por los teólogos bajo el nombre de justo precio de los bienes.
Su primera formulación fue establecida por Aristóteles en la Etica a Nicómaco (libro V), al determinar los principios y alcances de la justicia conmutativa, que es precisamente aquella forma de justicia que regula las transacciones entre los particulares. A lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina aristotélica fue profundizada por los teólogos bajo el nombre de justo precio de los bienes.
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Trátase de un principio fundamental de la economía social, de universal vigencia, por cuanto cada miembro del cuerpo social reviste simultáneamente dos funciones económicas: la de productor y la de consumidor. En efecto, cada ciudadano realiza una actividad económica habitual cuyo producido intercambia por aquellos bienes y servicios indispensables para su subsistencia y la de su familia. La aplicación efectiva de la ley de reciprocidad en los cambios le garantiza el mantenimiento de su status social, sin variaciones excesivas. De ahí que esta ley constituya el más eficaz correctivo y regulador de la ley de la oferta y la demanda. Cuando esta última rige el mercado en forma exclusiva, su propia dinámica la lleva a .las peores distorsiones, pues la falta de todo elemento regulador no puede sino traducirse en la despiadada opresión de los grupos más poderosos sobre los más débiles, imposibilitados de hacer respetar sus legítimas exigencias frente a los monopolios y kartels.
El proceso de “compensación” se verifica igualmente en el orden de la economía nacional, pues los distintos sectores socioeconómicos que participan en el intercambio de bienes (obreros, industriales, productores agropecuarios, comerciantes, etc.), deben poder mantener la posición social que a cada uno corresponde en justicia. En caso contrario, si uno de los grupos participantes en el intercambio de bienes se enriquece y mejora excesivamente su propia posición, ello no puede provenir sino de un empobrecimiento proporcional de alguno de los demás sectores sociales, lo cual afecta el equilibrio del conjunto. Así, por ejemplo, los comerciantes que perciben ganancias desmesuradas con relación a los beneficios de los productores industriales o agropecuarios, o los grupos financieros que presionan injustamente al sector empresario imponiéndole elevados intereses, so pena de reducir el giro de las empresas o de tener que cerrarlas.
El error liberal
Dichos desequilibrios constituyen la causa de un sinnúmero de tensiones y conflictos de interés entre grupos, dificultando el normal funcionamiento del cuerpo social.
El liberalismo capitalista ha negado sistemáticamente el principio de reciprocidad en los cambios, con su desmesurado afán de lucro, invocando absurdamente la utopía de que los egoísmos individuales se armonizan espontáneamente; lo cual traducido en buen romance equivale a sostener que cien mil injusticias individuales engendran automáticamente un orden social justo.
Olvida el liberalismo capitalista que la riqueza económica de un pueblo no depende solamente de la abundancia global de bienes, sino también y “principalmente de su efectiva distribución entre todos los sectores, según normas de justicia” (Mater et Magistra). La malicia del liberalismo económico ha quedado definitivamente denunciada por Pío XI en Quadragesimo Armo, en términos de excepcional vehemencia: “Salta a la vista que en nuestros tiempos no se acumulan solamente riquezas, sino también se crean enormes poderes y una prepotencia económica despótica en manos de muy pocos. Muchas veces no son éstos ni dueños siquiera, sino sólo los depositarios y administradores que rigen el capital a su voluntad y arbitrio.
Estos potentados son extraórdinariamente poderosos; como dueños absolutos del dinero, gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto. Diríase que administran la sangre de la cual vive toda la economía y que de tal modo tienen en su mano, por así decirlo, el alma de la vida económica, que nadie podría respirar contra su voluntad. Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi originaria de la economía contemporánea, es el fruto que naturalmente produjo la libertad infinita de los competidores, que sólo dejó supervivientes a los más poderosos, que es a menudo lo mismo que decir los que luchan más violentamente, los que menos cuidan su conciencia. A su vez, esta concentración de riquezas y de fuerzas produce tres clases de conflictos: la lucha se encamina primero a alcanzar ese predominio económico; luego se inicia una fiera batalla para lograr el predominio sobre el poder público y, consiguientemente, de poder abusar de su fuerza e influencia en los conflictos económicos; finalmente, se entabla el combate en el campo internacional, en el que luchan los Estados pretendiendo usar de su fuerza y poder político para favorecer las utilidades económicas de sus respectivos súbditos, o por el contrario, haciendo que las fuerzas y el poder económico sean los que resuelvan las controversias originadas entre las naciones” (n. 105-108).
i Tres aplicaciones básicas
El respeto de la ley de reciprocidad en los cambios constituye la única posibilidad de poner término efectivo a los intereses ilegítimos de los distintos grupos y personas. Todo el orden económico debe estar regido por este principio fundamental. Pero dentro de la economía contemporánea existen tres niveles principales que reclaman su urgente aplicación.
En primer lugar, las relaciones entre el sector obrero y el sector patronal. Al respecto cabe reconocer que la institución de las convenciones colectivas, el desarrollo de la legislación laboral y la difusión de los distintos sistemas de seguridad social, constituyen progresos importantísimos en la línea de un real entendimiento entre patrones y asalariados. Mucho queda por hacer, sin embargo, sobre todo en la actividad agropecuaria y en la minería.
En segundo lugar, y en el plano de la economía nacional, las relaciones entre el sector agropecuario, el sector industrial y el sector financiero. Hoy se ha tomado amplia conciencia del desequilibrio existente entre el sector agropecuario y el sector industrial, al desmejorarse progresivamente la situación del primero con relación al segundo por una serie de factores que concurren a limitar los beneficios de aquél, mientras los de este último crecen en proporción constante. Pero se habla demasiado poco de la común sumisión de ambos sectores frente al sector financiero que los domina cada vez más. Anteriormente, el sector industrial coincidía con el financiero, como lo evidencia la crítica marxista al capitalismo, crítica constantemente dirigida al empresariado. Hoy en día, el sector financiero se ha independizado progresivamente del industrial y tiende a dominarlo por las constantes necesidades crediticias de éste y la enorme movilidad de desplazamiento de las inversiones, que pueden cambiar de una empresa a otra, de un sector a otro y de un país a otro mediante un simple télex, siempre al acecho de rendimientos óptimos.
Finalmente, las relaciones entre economías subdesarrolladas y economías desarrolladas, tema analizado en Mater et Magistra y en Populorum Progressio y que traduce, al nivel de la economía internacional, el desequilibrio antes señalado a nivel nacional. La desproporción entre ambos tipos económicos se traduce en el deterioro progresivo de los países más pobres, deterioro que terminará por alterar la economía de los mismos países desarrollados (cf. Gunnar Myrdall, Solidaridad o desintegración, FCE).
El roI del Estado
Precisamente en este triple nivel de relaciones económicas debe asumir el Estado su función esencial: la de árbitro supremo entre los distintos sectores en conflicto. Como realizador del bien común político, por encima de banderías e intereses sectoriales, el Estado debe asumir dicho arbitraje a fin de dar vigencia práctica al principio de la reciprocidad en los cambios. De este modo, la legítima persecución del bien particular que cada grupo procura para sí, se verá contenida dentro de márgenes equitativos, respetando el bien propio de los tres grupos. Así, por ejemplo, una legislación tendiente a reprimir monopolios y trusts en tal o cual rama de la producción o de la comercialización, obrará como eficaz defensa de productores y consumidores. La función de arbitraje se verá considerablemente facilitada en la medida en que las distintas profesiones se organicen y vayan asumiendo el rol vital que deben desempeñar en una economía social.
25. LA EMPRESA
Concepto de Empresa
Puede decirse que, así como la familia es la célula viva del orden social, la empresa constituye la célula primaria del dinamismo económico. La actividad productora de bienes y servicios se inicia a través de la empresa, para luego canalizarse a través de múltiples instituciones de complejidad, recursos y funciones diferentes.
En líneas generales, puede decirse que es la institución en la cual concurren el trabajo y el capital para la producción y/o distribución de bienes y servicios económicos. Esta concurrencia del trabajo y del capital ha revestido y reviste diversas, formas en la actualidad, desde la empresa familiar hasta la sociedad anónima, los trusts o los “fondos” internacionales.
En esta perspectiva, el concepto de empresa no está necesariamente vinculado al sistema capitalista. El régimen capitalista, en su sentido técnico, supone que quienes aportan su trabajo o su capital no son los mismos individuos. En este sentido, la empresa familiar, la empresa artesanal, las sociedades cooperativas, etc., son ejemplos de empresas no capitalistas. Estas formas se mantienen vigentes en la actualidad, pese a que la tónica general de la economía moderna haya consistido en lá proliferación de sociedades en comandita o anónimas que sí responden al concepto de empresa capitalista, pues los dueños del capital o accionistas no son por lo general quienes trabajan efectivamente en la producción de los bienes.
Comunidad de trabajo
Dado su carácter de institución básica de la economía, la empresa se caracteriza por concertar diversas competencias, oficios y capacidades con miras a la producción de bienes. Superando el esquema marxista, según el cual sólo el obrero es reconocido como productor, la mentalidad actual reconoce con unanimidad que hay una serie de actividades que concúrren, cada cual en su plano e importancia, a la producción empresária: trabajo del obrero que maneja los materiales y la maquinaria trabajo de capataces, técnicos e ingenieros que controlan y dirigen la producción; trabajo del personal administrativo, que lleva los aspectos contables y financieros de la empresa; trabajo del empresario o de los directivos, que asumen las grandes decisiones con relación a todas las actividades empresarias, tanto internas como del mercado al cual concurren sus productos.
La empresa es, por lo tanto, una comunidad de trabajo en la cual se coordinan diariamente un sinnúmero de acciones, competencias, iniciativas y responsabilidades para asegurar el bien común de la empresa que es su producción. Esta realidad fundamental se verifica en toda empresa, desde las más pequeñas hasta las socieda des multinacionales.
Comunidad de vida
Pero esta institución no es sólo una comunidad de trabajo, sino que es al mismo tiempo una comunidad de vida.
En efecto, la mentalidad liberal redujo la actividad económica al mero aspecto productivo, como si la producción de bienes fuera un valor absoluto en sí mismo, olvidando la realidad humana que ha de expresarse siempre a través de todo trabajo. Ello condujo a toda clase de excesos, ya denunciados en notas anteriores.
La concepción cristiana de la empresa afirma el carácter personal del trabajo humano. En consecuencia, si la empresa implica trabajo, necesariamente ha de ser por encima de todas las cosas una comunidad de personas, que se vinculan libre y responsablemente para sumar sus esfuerzos y competencias en el logro de una finalidad común.
Este carácter personal, a la vez que comunitario, tiene enormes consecuencias prácticas, tanto en lo que respecta al nivel de las remuneraciones de cada miembro de la empresa, como a las condiciones en que cada uno desarrolla su labor y el grado de participación responsable que se acuerde a cada uno en los distintos aspectos de la tarea común. En este sentido, ya Pío XI declaraba en Quadragesimo Anno que resultaría gravemente injusto atribuir ya sea al solo capital, ya sea al solo trabajo, lo que es fruto de ambos mancomunadamente. Ambos factores concurren a hacer posible esa realidad compleja y tan dinámica que es la empresa. Ambos, por lo tanto, han de participar equitativamente en la retribución de la actividad común.
De modo similar, el carácter esencial de comunidad de personas debe reflejarse en las relaciones humanas cotidianas. La paradoja del mundo contemporáneo consiste en que a pesar de las anteojeras liberales o marxistas que aún pretenden tener vigencia, la cruda prueba de los hechos confirma la eficacia que acompaña indefectiblemente a los principios de justicia. A despecho de la tecnocracia, del taylorismo, etc., las modernas técnicas han descubierto (!) las ventajas de acordar a todos y cada uno de los integrantes de la empresa el mayor margen posible de iniciativa, libertad creadora y responsabilidad. Aun las experiencias de “autogestión” en Yugoslavia, son una prueba elocuente de la vigencia del orden natural, desconocido por los apriorismos comunistas.
Empresa y sociedad
Realidad eminentemente dinámica, la empresa debe adaptarse constantemente a las nuevas exigencias del cambio tecnológico, del mercado, de la competencia, de las decisiones del poder político, del contexto internacional, etc. Sólo sobreviven las empresas que mantienen un nivel de calidad, de productividad, de eficiencia y de precios tal que pueda competir airosamente con otros productos o servicios similares.
La robustez de una economía se mide por la capacidad y estabilidad de sus empresas. Pero esta estabilidad puede verse comprometida por una serie de factores, muchos de los cuales escapan a las posibilidades, previsiones y actitudes de la empresa misma. De ahí que padezcan de cierta fragilidad, cuyas repercusiones sociales pueden ser muy graves, no sólo para sus integrantes sino aun para toda una rama de producción o para la misma economía nacional.
Esta constatación supone el concurso de dos factores esenciales: la organización profesional de la economía y la función directiva del Estado. Las empresas han de organizarse agrupándose en las distintas ramas de la producción que constituyen las profesiones, en el interior de las cuales se armonizan los intereses de productores, comerciantes y consumidores, y del sector financiero y crediticio. Por su parte, el Estado está llamado a realizar una función positiva al dirigir, alentar, controlar y proteger a cada uno de los sectores vitales de la economía, para que cumplan adecuadamente su función al servicio del bien común político.
26. LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
Necesidades
Si hay un punto clave en el pensamiento pontificio en materia económica es precisamente éste: de qué manera recomponer el tejido social destruido por la mentalidad liberal, para hacer reinar en la vida económica los principios de justicia. A esta pregunta el Magisterio ha respondido en forma categórica y con una perfecta coherencia a través de los años, desde Rerum Novarum hasta la reciente encíclica Populorum Progressio, con el especial hincapié en Quadragesimo Ano, que constituye el documento central en la materia. No hay ni habrá un recto orden económico mientras no se proceda a desarrollar la organización profesional como base del mismo. No habrá una superación efectiva del actual clima de lucha de clases que el mundo conoce, sino a través de la instauración de un ordenamiento orgánico que una a patronos y obreros.
La trama compleja del orden económico presenta tres realidades fundamentales que se conjugan permanentemente en la realización de sus funciones propias: el oficio, la empresa y la profesión. El oficio reúne al conjunto de individuos que cumple una misma tarea productiva, como ser mecánicos, herreros, cajeros, docentes, viajantes de comercio, etc. La empresa reúne en su seno una pluralidad de oficios que se complementan recíprocamente en la unión del trabajo con el capital, al servicio de una actividad productiva dentro de una de tantas ramas de la producción de bienes o servicios.
El fin propio de la asociación profesional consiste en asegurar la concertación de todos los participantes en una rama de la producción, obreros, patronos, productores, comercializadores, etc., de bienes o de servicios, asegurando las condiciones materiales requeridas para el desarrollo de su vida espiritual y cultural. Con miras a la obtención de este fin común, los distintos grupos deben asociarse en forma cada vez más íntima, multiplicando las tareas comunes y, con el tiempo, llegando a establecer relaciones interprofesionales.
La existencia de las diversas profesiones o asociaciones profesionales responde a una exigencia esencial de la naturaleza humana. Si el hombre es un ser social por su propia esencia, ha de reunirse con otros individuos y grupos para lograr en común aquellos bienes que la mera actividad individual no puede procurar. Esto tiene cabal cumplimiento en el plano de la economía, por cuanto existen intereses que ligan legítimamente a los hombres y los grupos. La defensa de tales intereses comunes requiere la constitución de instituciones aptas para asumirla; para ello no bastan los diferentes oficios ni las empresas (especialmente para la protección de los sectores menos poderosos). Hacen falta asimismo que los oficios y empresas que colaboran dentro de una misma rama productiva se vinculen entre sí en forma estable, para asegurar sus intereses comunes y la mejor realización de sus fines específicos.
Tal es la razón de ser de las profesiones u organizaciones profesionales, también llamadas corporaciones profesionales. De su vigor y estabilidad dependen directamente la prosperidad de los pueblos y la vigencia de criterios de justicia en la distribución de la renta nacional a todos los sectores sociales. Pío XII, en su mensaje navideño de 1956, afirmaba con vigor: “La religión y la realidad del pasado nos enseña que las estructuras sociales tales como la familia y el matrimonio, la comunidad y las corporaciones profesionales, la unión social en la propiedad personal, son otras tantas células esenciales que aseguran la libertad del hombre y, de este modo, su papel en la historia. Ellas son, pues, intangibles y su sustancia no puede estar sujeta a arbitrarias revisiones.”
La insistencia del Magisterio romano sobre la organización profesional de la economía se funda en las exigencias primarias del derecho natural, en la medida en que la reconstitución del cuerpo social a través de sus grupos intermedios representa la posibilidad más realista y concreta de facilitar a cada persona y a cada familia su más elevado desarrollo y plenitud a través del libre ejercicio de su capacidad, su iniciativa y su responsabilidad, según se ha dicho anteriormente. ¿Cómo legitimar entonces una acción vertical, “de arriba hacia abajo”? El más elemental buen sentido:comprende que sólo una reconstrucción “de abajo hacia arriba”, puede tener sentido: de las personas a los grupos primarios, de éstos a asociaciones más vastas y así sucesivamente, hasta culminar en una serie de organismos al nivel regional y nacional.
Reforma del Estado
No podemos volver a las células básicas del orden social y, especialmente, a las asociaciones profesionales, sino en la medida en que el propio Estado siga una nueva política, durante la cual, y por largos años, tienda a personalizar y no a socializar, no a confiscar poderes sino a descentralizarlos, no a expropiar o nacionalizar indiscriminadamente sino a restaurar en forma paulatina y perseverante los cuerpos intermedios en sus legítimas autonomías, subordinados siempre a las trascendentes exigencias del bien común nacional. Trátase de una obra de restauración. Restauración de un orden social pulverizado por el individualismo. Restauración de competencias reales. Restauración de una concreta representatividad de intereses legítimos. La restauración de las libertades y las responsabilidades básicas sin las cuales no hay sociedad, ni libertad, ni -en última instancia- convivencia pacífica.
Toda esta lenta acción transformadora culminará cuando se acuerde a las distintas organizaciones profesionales existentes y en plena actividad un estatuto legal de derecho público por el cual se les reconozca un triple poder: reglamentario, fiscal y disciplinario.
Experiencias
En tal sentido, la experiencia extranjera nos brinda múltiples ejemplos de acción fecunda y progresiva. Retendremos tres de ellos, cada uno con modalidades bien diferenciadas. En Canadá se ha procedido lentamente, instituyendo “comités paritarios” y “comisiones de aprendizaje”, pasando luego a la creación de un “Consejo superior del trabajo.” En Francia, la acción restauradora culminó con un “Consejo económico social”, convertido en una de las cuatro asambleas previstas por la constitución de 1947, con carácter estrictamente consultivo. En Holanda, la Ley de asociaciones profesionales del 14-2-50, una de las más interesantes y dúctiles en su género, ha sometido a la reglamentación profesional, los salarios, la desocupación, el aprendizaje técnico, la racionalización de las empresas, la competencia y otros aspectos. Diríase que la intención del legislador ha sido primordialmente asegurar los puntos básicos que hacen más directamente a la dignidad de la persona humana y a la calidad de los bienes producidos.
Basten los antecedentes consignados para ilustrar la actitud a seguir y la variedad de modalidades que podrán adoptarse de hecho. Entretanto, lo que importa es que la concertación profesional se vaya plasmando en la práctica, a partir de las realidades ya existentes, como son los colegios profesionales, las comisiones paritarias, en las cuales se da un principio de acuerdo obrero-patronal sobre puntos mínimos, las convenciones'colectivas, las diversas Cámaras de comercio, industria, etc.
Para lograrlo no hay' sistemas, ni fórmulas mágicas ni recetas precocinadas... Lo importante es comenzar con cosas concretas y conocidas. Ello requiere tan solo un esfuerzo de lucidez, de imaginación y de perseverancia. Sin esperar pasivamente a obtener un es tatuto constitucional que no siempre es necesario, el esfuerzo de pequeñas élites responsables irá favoreciendo la constitución de Consejos profesionales, fundados en las actividades y organizaciones existentes.
