El país donde la mentira no paga
por Agustín Laje •
La verdad es un valor que resulta inseparable del sistema
democrático. No porque la democracia asegure el prevalecer de la verdad,
sino porque, simplemente, aquélla pone en manos del pueblo los
instrumentos necesarios para hacer pagar a quienes hacen de la mentira
su principal recurso político.
Una democracia sana, basada en la verdad, implica altos costos para
los políticos mentirosos. “¡El pueblo quiere saber de qué se trata!”
constituyó una frase anónima inmortalizada en nuestra historia nacional,
que corresponde a tiempos de la Revolución de Mayo y que puede bien
representar la sed de verdad de un espíritu democrático. “¡El pueblo
quiere más relato!” es una frase inexistente en la historiografía de
nuestro país, pero que bien podría resumir hoy día, al contrario de
aquélla, el espíritu de un pueblo subyugado por la demagogia populista.
¿Quién determina en una democracia, entonces, en qué grado la mentira
tiene o no un costo político? Pues no otro que los ciudadanos; aquellos
que, periódicamente, tienen el derecho de amonestar en las urnas a los
mentirosos. Pero como todo derecho, el mismo puede ser o no ser
ejercido; y cuando no se ejerce en este sentido, los costos políticos de
la mentira van decreciendo hasta desaparecer. Los políticos
sencillamente no encuentran que las mentiras afecten su caudal de votos
sino que, probablemente, ocurra todo lo contrario.
Esta y no otra cosa es lo que ha sucedido en la Argentina desde el
regreso de la democracia y, en especial, en los últimos doce años de
populismo kirchnerista. La licencia para mentir fue otorgada a los
políticos por el propio pueblo que premió en las urnas, una y otra vez,
la mitomanía política de su dirigencia. Y tras esa mitomanía, el
derrumbe democrático resultó inevitable, pues no puede haber democracia
sin transparencia.
Así, ahora nos enteramos que Argentina es el país que está por debajo
del 5% de pobreza según la Presidenta de la Nación y su jefe de
Gabinete −encontrándose en una situación más auspiciosa incluso que
países como Alemania−, aunque el Observatorio de la Deuda Social
Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) haya revelado hace
no mucho que, según sus estudios, la pobreza en nuestro país asciende al
27,5%, al tiempo que para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas
(IPyPP) el 36,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.
Así, Argentina es también el país en el cual “la inseguridad es una
sensación” según el inefable Aníbal Fernández, aunque los datos que
maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indiquen
que nuestro país es el más peligroso de todo América Latina en términos
de cantidad de robos por habitante (973,3 asaltos cada 100.000
habitantes), y aunque los datos oficiales sobre la cantidad de
homicidios anuales se hayan dejado de publicar desde 2009 por su marcada
tendencia ascendente.
Así, Argentina es también el país del INDEC, ese instituto
gubernamental dedicado a la mutilación estadística, hazme reír del mundo
entero, que durante tantos años ha tratado de tapar el sol con la mano,
alegando guarismos inflacionarios completamente absurdos que cualquier
ama de casa mes a mes podría refutar, y llegando a afirmar que los
argentinos podían comer con tan sólo $ 6 diarios.
Así, Argentina es también el país de Cristina Fernández de Kirchner,
esa Presidenta cuya fortuna declarada asciende a los $ 55.304.793 y que,
en una tomada de pelo colectiva, nos explicó a todos los argentinos que
había amasado semejante cantidad de dinero gracias a haber sido “una
abogada exitosa”, aunque es sabido por testimonio del ex vicegobernador
de Néstor Kirchner, Eduardo Ariel Arnold, que en el estudio jurídico de
su esposo Cristina no obraba como abogada sino simplemente como
procuradora; y es sabido, además, que Cristina pasó la mayor parte de su
vida laboral trabajando en la función pública.
Así, Argentina es también el país de los Derechos Humanos y el
negociado setentista; es el país donde la desocupación se esconde detrás
de subsidios, planes sociales y empleo público improductivo, que es
algo así como esconder los síntomas de una grave enfermedad con un
analgésico; es el país del “cepo cambiario” que no es “cepo”, a pesar de
que la venta y compra de dólares esté reservada, como un privilegio,
sólo a los que más tienen; es el país de la recesión que no es recesión,
sino “desaceleramiento del crecimiento”; es el país de los inconclusos
casos de CICCONE, de Skanska, de las valijas de Antonini Wilson, de
Sueños Compartidos, de la tragedia de ONCE, de la “ruta del dinero K”,
del fiscal que asesinaron por investigar un presunto pacto
argentino-iraní, entre tantos otros casos que ya ni recordamos.
Así, Argentina es el país donde la mentira no tiene costo político. Y
no lo tiene no porque su dirigencia política sea intrínsecamente
mitómana. No lo tiene porque el pueblo ha avalado la mentira como forma
de hacer política en las urnas. La pregunta que queda planteada es:
¿Seguiremos aprobando la mentira en octubre del corriente año?
Director del Centro de Estudios LIBRE
