A llorar a la capilla…
por Jorge Mones Ruiz •
Salvo
el gobierno nacional, “La Cámpora”, “Unidos y Organizados”, “La
Kolina”, “Justicia Legítima”, “Vatayón Militante”, “Los Barras Bravas”,
“Los Monos de Rosario” y uno que otro grupúsculo político o social, gran
parte de los argentinos no han ahorrado elogios hacia la figura del
miembro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Fayt, víctima, entre
otros, de los embates del poder kirchnerista para terminar de
prostituir a uno de los pilares de la República, el Poder Judicial, más
allá de Zaffaroni (alternando en la OEA) y Oyarbide, que se
prostituyeron solitos y que ya ejercían desde antes.
Hoy se reconoce al Dr. Fayt como una eminencia intelectual y jurídica de fuste y un referente ético y republicano casi sin par.
Sin embargo nadie, y muchos menos los políticos, rescataron o
apoyaron la postura del Dr. Fayt y sus disidencias cuando se opuso a la
anulación de las leyes de Punto final y Obediencia Debida para
“enjuiciar” (léase “ejercer venganza”) y condenar a militares, miembros
de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, además de civiles -entre ellos
jueces probos- por supuestos delitos cometidos durante la guerra
revolucionaria. El entonces anciano Juez, pero con la fresca sabiduría
de su edad y el sumo prestigio ganado en el aula, la academia y el
estrado, no se permitió vulnerar la Constitución y sus leyes. Hoy la
sigue defendiendo con 97 años de edad, frente a los mercenarios de la
“toga” y la vulgaridad de los tartufos de la política nacional.
En estos días, cruje el sistema judicial, porque ahora siente en la
nuca lo que hace años no sentía o disimulaba, al menos la mayoría de sus
miembros: el aliento avasallador, patotero y totalitario del régimen
kirchner-maoísta.
Debemos recordar, entre otros, que los hoy “perseguidos” Dres. Luis
M. Cabral y José M. Campagnoli -cuyos nombres lucen en las marquesinas
de este circo-país como víctimas del poder- no fueron los primeros en
soportar el avance del terrorismo jurídico. Es más, callaron o brillaron
por su ausencia cuando otros colegas suyos defendían la independencia y
la majestad de la Justicia.
Con fecha 23 de diciembre de 2008 un conjuez, el Dr. Martín Francisco
Gutiérrez tuvo que excusarse como consecuencia de la “violencia moral y
psíquica” que lo embargaba, producto de las declaraciones y amenazas
surgidas desde el mismo seno del Estado Nacional.
En su denuncia sostuvo que, debido a la sentencia dictada por la Sala
II de la Cámara Nacional de Casación Penal disponiendo el cese de la
prisión preventiva de imputados por delitos de lesa humanidad, la propia
Presidente de la Nación como el Secretario de Derechos Humanos de la
Nación (Eduardo L. Duhalde), la Ministro de Defensa de la Nación (Nilda
Garré) y la Diputada Diana Conti, entre otros funcionarios públicos y
legisladores, fueron contestes en señalar, entre varias otras
expresiones, que quienes tienen la responsabilidad de entender -como el
Sr. Juez nombrado- en los procesos en los que se investigan delitos de
lesa humanidad, y, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las
pretensiones -condenatorias o de medidas de seguridad- perseguidas por
el Estado Nacional, comparten la ideología represiva”, “favorecen a los
represores del genocidio”, deben ser, sometidos a jury de enjuiciamiento
o a procesos por delitos comunes (blog diario Liberalismo Militante).
En la edición impresa del Diario “La Nación” del día jueves 16 de
abril de 2009, el periodista Paz Rodríguez Niell, escribe: “La Comisión
Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la
Corte Suprema y coordinada por las ministras Elena Highton y Carmen
Argibay, recibió ayer una dura denuncia contra el Gobierno: 74 jueces
nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que
promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de
Casación.
“Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial”,
dicen los magistrados en su escrito. Acusan al Gobierno de haber montado
una “persecución” contra los jueces denunciados, que funciona además
como una “franca amenaza” a quienes deban resolver casos similares, y de
haberse atribuido “la potestad de imponer los únicos fundamentos
válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son
sometidas a los jueces”.
Finaliza el artículo: “El 19 de febrero pasado (2009), el secretario
de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al Consejo de la
Magistratura que iniciara el proceso de destitución de Guillermo
Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo
Tragant, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación, el
máximo tribunal”
Ayer, 28 de junio de 2015, el ex Juez Guillermo J. Tiscornia publicó en “El Informador Público“ un artículo “El que a hierro mata, a hierro muere“,
por demás valiente y elocuente. Refiriéndose a la medida contra el juez
Dr. Luis M. Cabral, sostiene el ex magistrado: “El que hierro mata, a
hierro muere, dice el refrán. En los tiempos en que el kirchnerismo
estaba políticamente fuerte (hoy están en franca salida), el doctor Luis
M. Cabral (…), hoy pasa a ser víctima de la perversidad intrínseca del
sistema que él mismo se encargó de alimentar durante la década del
kirchnerato”.
Continúa el Dr. Tiscornia: “Al respecto, se recuerda su silencio
cómplice allá por el año 2006, cuando el kirchnerismo atacó públicamente
(y forzó la renuncia) del honorable juez de la Casación -doctor Alfredo
Bisordi-; allí el doctor Cabral, de buenas migas con la Consejera
Diputada Nacional Diana Conti, se calló bien la boca; no se escuchó
ninguna voz que saliera en la defensa pública del doctor Bisordi,
vituperado por Aníbal Fernández. Cabral también se calló la boca por ese
entonces; ídem cuando, desde el Consejo de la Magistratura (que el
doctor Cabral también integró), se montaron alevosas maniobras
desestabilizadoras contra el ex juez federal de Mendoza -doctor Luis
Leiva- (por atreverse a afectar los intereses del empresario Raúl
Moneta); ídem respecto de los ex jueces Néstor Narizzano y otros
magistrados más”.
Finaliza: “Y ni que hablar cuando, en 2007, quien suscribe fue
eyectado virulentamente de su cargo judicial (por la cadena oficial) por
la propia Presidente Cristina Fernández a poco que -por denuncia de la
Aduana Nacional del mismo gobierno kirchnerista- tuviera la mala
ocurrencia de citar a indagatoria a la por entonces Ministra de Defensa
-doctora Nilda Garré- por contrabando agravado a partir de una
exportación subfacturada de fusiles FAL y FAP a EEUU; allí también el
doctor Cabral, desde su poltrona en el Consejo de la Magistratura
(¿Magistraburra?), acompañando a Carlos Kunkel y a Diana Conti, avaló mi
suspensión preventiva en clara maniobra de salvataje urdida en favor de
la doctora Garré (cfr. La Nación, 20/07/2007)”. Hasta aquí lo que nos recuerda el ex juez Tiscornia.
Ahora… señores jueces, fiscales, políticos y resto de los ciudadanos
preocupados o temerosos por los “logros” del progresismo nacional y
popular… ¡A llorar a la capilla! …si fuera a la Sixtina, quizás logren,
aprovechando a Francisco conocido por todos, que, por lo menos, les
sequen las lágrimas.
