Juicios de lesa comodidad – Por Cecilia Pando
La guerra y los conflictos armados no son un acto ético, ni justo,
ni económico, ni siquiera militar. Son hechos socio-políticos y, en ese
plano, se desatan o se concluyen. Los militares sólo actúan en el
combate, que es el síntoma, la cara visible de un conflicto anterior.
Pero la clase política actual, a diferencia de la de los ‘80, prefirió
eludir su responsabilidad y encargarle la tarea íntegramente al Poder
Judicial.Han pasado ya diez años desde la reapertura de esta clase de
juicios, englobados en lo que se ha llamado la “política de derechos
humanos” del gobierno, por lo que resulta oportuno entonces hacer un
balance de ella: se mantiene bajo proceso a 1.795 personas, lo que
significa el juzgamiento de menos del 3 % de los elementos empleados por
las autoridades constitucionales y de facto de la Nación, para combatir
el terrorismo guerrillero de los años 70. El promedio de edad es de
72,4 años, pero hay muchos de más de 80 y hasta 90 años. El 95% lo
constituyen quienes, hace más de treinta años, eran jóvenes oficiales de
las fuerzas armadas. El 98% de los presos no ha cometido delitos en los
últimos treinta y cinco años. El 20% de los detenidos son
suboficiales, civiles y ex conscriptos, tanto de las fuerzas armadas
como de seguridad. Más del 60% no tiene aún condena.
En esta situación
ya han muerto procesados o en prisión 237 personas. Hay quienes ya han
recibido dos y tres cadenas perpetuas y siguen siendo juzgados en nuevos
procesos una y otra vez. Se han gastado cientos de millones de pesos
en estructuras edilicias especiales para estos juicios, cientos de
nuevos contratos, sobresueldos, ocupación y sobre empleo de fuerzas de
seguridad y organismos científico periciales, convenios especiales y
nuevas Secretarías, mientras se devengan millonarias sumas en honorarios
de abogados y futuras indemnizaciones que se sumarán a las cuantiosas
ya abonadas por el Estado.
Como en la época de los hechos los delitos no existían con la
calificación de “lesa humanidad” que, con sus gravísimas consecuencias,
rige hoy día, para poder reabrir esta clase de juicios, un fallo de la
mayoría de nuestro más alto tribunal debió desconocer –al comienzo sólo
para los militares- el principio de legalidad, uno de los pilares de la
civilización occidental, que establece que nadie puede ser juzgado sino
por una ley, con todas sus consecuencias, dictada con anterioridad a los
hechos del proceso.
Paralelamente se derrumbó, al comienzo sólo a ellos, la
prescripción, la cosa juzgada, las amnistías y los indultos, y más tarde
se les negaron las excarcelaciones, el principio de la ley más benigna,
la educación en las prisiones, las salidas transitorias, la detención
domiciliaria a mayores de 70 años. Los únicos de esa edad y más que
tiene el Servicio Penitenciario son personas sometidas a esta clase de
procesos. Los primeros jueces que otorgaron beneficios legales a estos
acusados, recibieron de parte de miembros del gobierno, pedidos de
juicio político. Y los que no encarcelaban, recibieron “escraches” en
sus domicilios. La Corte Suprema, enrolada expresamente según su
Presidente en esta “política de Estado”, ha cerrado la posibilidad del
juzgamiento de los guerrilleros.
Nacimos como Nación suprimiendo toda prerrogativa de sangre o de
nacimiento, no reconociendo fueros personales ni títulos de nobleza. Por
obra de estos juicios, ya no somos iguales. La discriminación legal de
un solo argentino, es una verguenza tan grande para nosotros como
sociedad, como la tolerancia a la persecución racial o religiosa.
La consecuencia de la derogación de esa colosal barrera contra la
tiranía que significa el principio de legalidad, ha permitido ahora la
extensión de la persecución a los dueños de medios de prensa, civiles
que participaron del gobierno en los ’70, empresarios, sindicalistas y
hasta sacerdotes considerados enemigos del gobierno, acusados por
conductas inciertas o inventadas ocurridas hace 40 años. Han detenido a
ancianos presuntamente miembros de organizaciones que combatieron a la
guerrilla antes del golpe militar, y a Fiscales y Jueces que los
encarcelaron. Hoy puede verse con toda nitidez que sólo están presos
aquellos que combatieron a las organizaciones guerrilleras o que son
considerados por algunos miembros del gobierno, sus enemigos.
La “Justicia” –término que usamos comúnmente para denominar al
Poder Judicial- es incapaz de resolver equitativamente hechos que por su
propia naturaleza, número de participantes y el tiempo transcurrido, la
superan con toda evidencia. “Justicia” es una palabra que le queda
demasiado grande a cualquier Poder Judicial del mundo. Los hombres
hemos acordado llegar a aquella sólo a través de la ley. Si la Junta
Militar abandonó la legalidad para lograr la victoria sobre el
terrorismo, abandonarla en democracia, para alcanzar lo que algunos
entienden como “justicia”, significa la negación misma del sistema, sus
valores y sus beneficios. La política es –en este caso- la única que
puede llevarnos soluciones más justas, más convenientes, compasivas para
todas las víctimas del conflicto, y fraternas para los habitantes de
una misma Nación. Pero es ardua, incómoda, y requiere de almas grandes.
El colosal presupuesto destinado al juzgamiento de estos hechos
ocurridos hace cuarenta años, se hace ocupando las Fiscalías y
Tribunales que debieran estar combatiendo el narcotráfico, los crímenes
que asolan nuestras calles, y la corrupción. Pero enfrentar estos
flagelos es difícil y peligroso. El poder ha caído en el peor de sus
defectos: ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. La política de
“derechos humanos” ha sido la del prestidigitador, agitando una mano
para llamar la atención del público, mientras la otra se lleva las
monedas de los apostadores. La gente seria y honesta que se ha
preocupado siempre por una verdadera política de derechos humanos, lo
sabe perfectamente. Basta entonces de elogiarla, ha sido hasta ahora la
más irresponsable, e ineficaz, de todas las que se hayan implementado.
Fuente: http://afyappa.blogspot.com.ar/
