Malvinas: la Cancillería se negó a que avance un juicio por crímenes de guerra
En un escrito de 110 páginas, la Cancillería rechazó la posibilidad de avanzar en un juicio contra Gran Bretaña
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Martín Dinatale
Martes 08 de noviembre de 2016
En
un escrito de 110 páginas que constituirá una pieza histórica para la
jurisprudencia argentina, la Cancillería rechazó la posibilidad de
avanzar en un juicio contra Gran Bretaña que inició en 1987 la Comisión
de Familiares de Caídos en las islas Malvinas por crímenes de guerra y
por el hundimiento del Crucero General Belgrano.
Según
la respuesta que ofreció el 24 de agosto pasado el Ministerio de
Relaciones Exteriores a los abogados de las víctimas de torturas de la
guerra de Malvinas
y a los familiares de los muertos en el buque General Belgrano, el
Gobierno descartó de plano la posibilidad de avanzar en un juicio contra
el gobierno británico que causó esas lesiones y muertes. El escrito de
la Cancillería, al que tuvo acceso LA NACION, justificó el rechazo
jurídico bajo un argumento político: se amparó en que no puede
declararse la inconstitucionalidad de la declaración de Londres y Buenos
Aires firmada en 1989 (conocido como acuerdo de Madrid) que fijó un
paraguas para el tema de la soberanía con el fin de que ambos países
avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en las
islas. Es que allí se acordó que ninguna de las partes impondría una
demanda contra la otra.
En el caso del juicio por el hundimiento
del crucero General Belgrano la abogada Ximena Bruzzone de la
Cancillería sostuvo en el escrito que "esa es competencia del Ministerio
de Defensa" por lo que delegó cualquier reclamo judicial ante esa
cartera.
A
la vez, en cuanto al caso del prisionero de guerra Raúl Vallejos que
fue detenido y maltratado bajo el mando británico y perdió una pierna,
la Cancillería no dio lugar al reclamo de "Acción Declarativa de
Certeza" al entender que una declaración de "inconstitucional" del
acuerdo de 1989 sería "perjudicial" en el restablecimiento de las
relaciones políticas, diplomáticas, consulares, tecnológicas y de
cooperación con el Reino Unido". Por ello, la Cancillería entendió que
"menoscabar la integridad jurídica de la Declaración de 1989 ..tendría
una connotación negativa para la política exterior de la Argentina no
solo en su relación con el Reino Unido sino en cuanto a la posición que
se desarrolla en en el marco de la Cuestión Malvinas".
De este
modo, la Cancillería evaluó que interponer un recurso judicial por las
víctimas de la guerra y declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de
1989 para avanzar en un juicio contra Londres "sería muy negativo el
impacto" para ese acuerdo sellado entre la Argentina y Gran Bretaña
durante el gobierno de Carlos Menem ya que "pondría en riesgo la
continuidad de la totalidad del instrumento y por ende el de la cláusula
de soberanía". Se entiende: este mismo acuerdo volvió a aparecer en el
comunicado conjunto que en septiembre pasado firmaron la canciller
Susana Malcorra y el vicecanciller inglés Alan Duncan para relanzar las
relaciones de la Argentina y el Reino Unido.
Para
los abogados Graciela Borro y Oscar Gil, el Acuerdo de 1989 "vulnera
tanto nuestra Constitución como el Derecho Internacional Humanitario
ambas partes contratantes se comprometen a que no habrá reclamaciones ni
contra el otro Estado ni contra los ciudadanos del otro Estado".
Para
los abogados de Vallejo y de otras diez víctimas más de tortura en la
guerra de Malvinas, la Convención de Viena está por encima del acuerdo
de Madrid, lo que permite a los particulares afectados por crímenes de
lesa humanidad enjuiciar al Estado productor del daño para lograr una
reparación.
Para la defensa de los damnificados por el hundimiento
del crucero Belgrano y aquellos soldados torturados siendo prisioneros,
la demanda no contiene reclamo económico alguno contra el Estado
nacional sino que se exige una declaración de certeza que permita
ocurrir por ante la Nación que ocasionó el daño, para solicitar las
reparaciones .
En el escrito de la Cancillería se alerta sobre un
"riesgo en cuanto al mantenimiento de relaciones comerciales de declarar
la inaplicabilidad de dicha cláusula a los actores" y que podría ser
entendido como una denuncia general del tratado, lo que los abogados
Borro y Gil consideraron "desproporcionado y falso".
Desde la
Cancillería, fuentes calificadas explicaron a LA NACION que el
Ministerio de Relaciones Exteriores no se niega a que los demandantes
avancen con un juicio por su cuenta contra Londres. Pero detallaron que
no se puede ir en contra de un acuerdo internacional de dos Estados
comprometidos en no agredirse mutuamente. A la vez, en la Cancillería
avalaron todo tipo de demandas contra Londres desde un punto de vista
particular. ¿Pero cómo puede avanzar un juicio si el Estado argentino no
torga una declaración de certeza de los hechos?
Vallejos fue
prisionero de guerra y al ser torturado perdió una pierna. Hoy vive en
La Plata y espera un juicio contra sus captores. Junto con él demandaron
a Gran Bretaña ex tripulantes del Crucero General Belgrano como el
Coronel Juan Manuel, José María Gomez, Juan Roberto Vera, Domingo
José Leal y los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido afuera
del área de exclusión de la guerra.
"Aspiramos a que esta causa
sea un modelo para la búsqueda de Verdad y Justicia en favor de aquellos
que como nuestros combatientes dieron por sus compatriotas todo lo que
en el momento del conflicto el Estado les podía reclamar; y que más allá
del conflicto mismo fueron sorprendidos por el comportamiento inhumano
de las tropas y/o del propio Estado contendiente sin que pudiesen
obtener un reconocimiento y reparación por el crimen durante todos estos
años" , coincidieron ante LA NACION los abogados Borro y Gil que llevan
adelante el caso.
Por otra parte, aclararon que esta causa "es
también un intento de recorrer el camino del reconocimiento del ser
humano como razón de ser de toda representación política nacional o
internacional y para que cuando quienes, pudiendo decidir, se atrevan a
una aventura bélica comprendan que el límite de todos los intereses se
encuentra en el hombre, y que éste podrá reclamar justicia y verdad
cuando la acción de los estados o de sus representantes se aparte de los
valores esenciales que hacen a la convivencia entre los pueblos."
Larga espera en los tribunales
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