Cristina y la muerte de Menem junior
15
de marzo de 1995. La noticia conmocionó al país. Carlos Menem junior
había tenido un accidente a la altura de la ciudad de San Nicolás
piloteando un helicóptero. A las pocas horas se confirmó su
fallecimiento. Su madre, Zulema Yoma, siempre dijo que a su hijo lo
habían asesinado. Incluso repitió hasta el hartazgo que no sabe dónde
están sus restos. Con el correr del tiempo varios testigos murieron en
“accidentes”. Luego de muchísimo tiempo Carlos Menem reconoció que para
él a su hijo lo habían asesinado. En las últimas horas Cristina Kirchner
brindó testimonio en la causa penal que investiga este lamentable
hecho.
La ex presidente entregó un escrito en el juzgado federal de Río
Gallegos luego de haber estado dos veces junto a Zulema Yoma, su hija
Zulemita y el abogado Juan Gabriel Labaké. Sostuvo “la opinión, casi la
convicción” de que la muerte de Menem junior no fue un accidente.
Sustentó su afirmación en las informaciones brindadas por la prensa y en los peritajes hechos por la Gendarmería Nacional que hacían referencia al “hallazgo de perforaciones de bala en el fuselaje del helicóptero” que piloteaba el hijo del ex presidente Menem. Esos peritajes nunca fueron desmentidos, destacó Cristina. En la carta la ex presidente dice que “fue un hecho muy impactante, estaba en la residencia de la gobernación, mi marido era gobernador, y entró una de las empleadas de la residencia que estaba escuchando la radio a decirme que se había matado el hijo del presidente, que había tenido un accidente. Luego obviamente accedo a un montón de información a través de los medios de comunicación, que detallaron las circunstancias del caso y la primera vez que tengo contacto con Zulema Yoma a raíz de la muerte de su hijo fue estando de senadora por la provincia de Santa Cruz, y fue en mi despacho, creo que en 1996”. “Luego obviamente leo los diarios, información y también pude leer en distintas publicaciones sobre la presencia de ambulancias en las inmediaciones del lugar que se hicieron presentes casi de inmediato, junto a otras circunstancias que todas juntas crean en quien habla la opinión, casi la convicción, de que no se trató de un accidente y que el hecho que tuviera por víctima al hijo del entonces presidente obviamente lo convierte en un atentado, ya que un homicidio intencional de cualquier ciudadano es un homicidio pero cuando esto tiene como víctima al hijo del primer mandatario, esta circunstancia convierte al hecho criminal en un atentado”.
Cuando le preguntaron a la ex presidente si le había manifestado a la hija de Menem que tanto su progenitor como ella misma sabían que lo de Menem junior había sido un atentado y que se debía a asuntos geopolíticos, respondió que no recordaba haberse expresado de esa forma. El juez de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra recibió el escrito a solicitud del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que tiene la causa en sus manos desde ese trágico 15 de marzo de 1995 y que había solicitado al actual presidente que eximiera de la obligación de guardar secreto de Estado a los ex presidentes De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Caamaño y Duhalde. En 2012 y a raíz de un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de realizar una nueva autopsia y nuevo estudio de ADN, el juez de San Nicolás se vio obligado a reabrir el expediente que había decidido archivar por considerar que se había tratado de un accidente (fuente: “Con la convicción de que fue un atentado”, Página 12, 18/11/016).
En su edición del jueves 18 La Nación publicó un artículo de Hugo Alconada Mon titulado “Un pacto de impunidad”, en el que analiza la impunidad en la que se mueven los narcos en la Argentina. Desde hace mucho tiempo que el círculo rojo, compuesto por políticos, empresarios, banqueros, jueces, fiscales, sindicalistas, dueños de medios y periodistas, goza de impunidad. Lo novedoso es que ahora los narcos, los traficantes de personas y algunos financistas del terrorismo también se benefician de ese sistema que les garantiza impunidad. Así como los tradicionales miembros del círculo rojo utilizan determinados canales para lavar su dinero negro o sacar fortunas del país rumbo a los paraísos fiscales, del mismo modo operan los narcos, quienes sacan provecho de una situación que les resulta inmejorable. Si bien esto puede sorprender a alguien que carece de una completa y genuina información, no resulta ninguna novedad para los miembros históricos del círculo rojo. Ya sea por acción o por omisión, lo saben desde hace tiempo y algunos de ellos, remarca Alconada Mon, son cómplices. Ello explica la enorme cantidad de supuestas mutuales, cooperativas y cuevas financieras que proliferan en el país. Ante semejante panorama lo que hay que preguntarse es si el presidente de la nación está dispuesto a modificar el status quo. Si realmente tuviera la decisión de avanzar en esa dirección cabría preguntarse si el resto de la clase política estaría dispuesta a acompañarlo.
Edgardo Buscaglia es un consultor internacional que asesora a gobiernos de todo el mundo para combatir el crimen organizado. Alude a la existencia de los “vacíos del Estado” que no hacen más que beneficiar a narcos y corruptos. Esos “vacíos” hoy existen en nuestro país. En consecuencia, la Argentina presenta un costo operativo muy bajo para las redes criminales transnacionales. No existen, pues, los controles suficientes para evitar que esas redes entren y salgan del país sin problema alguno. La Argentina no es más que un colador, en suma. Buscaglia considera que cada vez que se apunta penalmente contra este tipo de organizaciones delictivas deberían llevarse a cabo cinco investigaciones simultáneas: “1-la penal-patrimonial, focalizada en los autores materiales; 2-la patrimonial, focalizada en la red criminal que está detrás, con sus empresas y políticos; 3-la financiera, a cargo de la unidad antilavado, que debería quedar bajo control legislativo, por fuera del Ejecutivo; 4-la penal tributaria; y 5-la destinada a la extinción de dominio de los bienes adquiridos por esa red”. Para que estos objetivos se materialicen es esencial que cada juez y cada fiscal tengan a su disposición una serie de herramientas que les permitan desarrollar sus actividades lo más eficientemente posible. Tales herramientas son, por ejemplo, “el acceso en red a los registros de la propiedad (inmueble, automotor, naviero) de todas las jurisdicciones del país”. También deberían implementarse dos auditorías económicas, una a cargo del Poder Legislativo sobre los partidos políticos y otra a cargo de los propios partidos políticos sobre sí mismos, y una auditoría electoral a cargo de la propia sociedad civil. Para luchar eficazmente contra los “vacíos” es muy importante impulsar una ley de financiamiento que blanquee, por ejemplo, el verdadero costo de cada campaña electoral. Buscaglia menciona como leyes aun pendientes de tratamiento la de reasignación social de bienes decomisados, la de extinción de dominio y la del encuadramiento de la corrupción política como delincuencia organizada o asociación ilícita.
El presidente de la nación recibió el jueves 17 en la Casa Rosada al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien le trasladó a Macri su inquietud por la detención de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala. Resulta por demás evidente que el affaire Sala comienza a obstaculizar uno de los pilares fundamentales del gobierno de Cambiemos: el retorno al mundo. Luego del traspié de la canciller Malcorra al haber apoyado explícitamente a Hillary Clinton, el gobierno esperaba sacar provecho de la vista del premier canadiense, quien es conocido por sus posturas feministas y su defensa de los derechos humanos. Lo cierto es que el encuentro fue presentado como una suerte de relanzamiento de la relación de cooperación y amistad entre Argentina y Canadá, centrada en el intercambio comercial, el medioambiente, las políticas de seguridad y de gobierno abierto, etc. Sin embargo, el affaire Sala se metió de lleno en la reunión pese a los esfuerzos del gobierno por no tocar la cuestión. Finalmente ambos mandatarios reconocieron que el tema había sido tratado. Antes de dar comienzo a su gira por Argentina, el premier canadiense había recibido una carta de la organización Amnistía Internacional en la que quedaba de manifiesto su preocupación por la detención de Milagro Sala y la necesidad de dar cumplimiento al reclamo efectuado por el Grupo de Trabajo de la ONU para liberar a Sala por considerar que había sido detenida de manera arbitraria. Previamente también lo había hecho la Organización de Estados Americanos. Al respecto, señaló el premier canadiense: “respecto a la señora Sala, hemos hablado el presidente Macri y yo acerca de esto y hemos hablado de la importancia de la transparencia, la apertura y la importancia del Estado de Derecho. Sabemos que vamos a compartir una respuesta formal a través de Naciones Unidas y yo tengo confianza absoluta en el hecho de que vamos a tratar el tema de manera responsable, abierta y que cumpla con el Estado de Derecho, tal y como hacemos en nuestro país”. Con estas palabras brindó un expreso apoyo al reclamo de Amnistía y de organismos como el CELS, que recurrieron al sistema internacional de derechos humanos para que tome cartas en el asunto. Por su parte, el presidente de la nación manifestó que “le comenté que el viernes vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas y además les hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy, que se están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina” (fuente: Sebastián Abrevaya, “Un obstáculo para la vuelta al mundo”, Página 12, 18/11/016).
El presidente de la nación, en su afán por deskirchnerizar al país, elevó al parlamento un proyecto de ley tendiente a reformar el marco regulatorio del mercado de capitales impulsado por el gobierno de Cristina en 2012, cuyo objetivo era limitar el accionar especulativo de bancos y financieras. Con esta norma Cambiemos pretende afianzar su política de flexibilización del sistema financiero. La ley en vigor le había otorgado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un mayor poder de contralor, además de permitirle una mayor facultad para democratizar y federalizar el acceso a los instrumentos financieros, y resguardar a los accionistas minoritarios de empresas que cotizan en bolsa. Los cambios introducidos por el ministro Prat-Gay apuntan a una flexibilización del control de los delitos económicos y una menor injerencia de la Comisión Nacional de Valores en el control de las acciones de las empresas. Según el proyecto macrista la CNV había adquirido “prerrogativas excesivas”, lo que explica la eliminación del artículo 20 de la ley de Mercado de Capitales (26.831) con lo cual el organismo ya no estará en condiciones para intervenir en casos de que se produzcan denuncias de abuso de parte de accionistas mayoritarios, por ejemplo.
Apenas asumió Mauricio Macri el 10 de diciembre una de sus primeras metas fue captar recursos financieros a través del endeudamiento, para lo cual ordenó la modificación de las regulaciones del sistema para que éste sea más apetecible para los eventuales inversores. Luego de crear las condiciones para la bicicleta financiera-libre flujo de capitales, de compra de divisas y altas tasas de interés-, el gobierno lanza un paquete de medidas tendientes a incrementar la especulación bursátil. Macri y su equipo económico tendrían en mente efectuar reformas a las normas que protegen la participación del Estado en empresas privadas, lo que permitiría, por ejemplo, la venta de acciones de la ANSeS ignorando al Congreso. Lo que busca Prat-Gay es pulverizar el artículo 20 que le había otorgado mayor poder de fuego a la CNV. En efecto, el organismo estaba facultado para intervenir en una sociedad, designar veedores con poder para vetar o remover miembros en caso de denuncia de abuso de parte de la posición dominante. Como era de esperar grandes grupos económicos se valieron de la Justicia para frenar la aplicación de gran parte del articulado de la ley. Con el nuevo gobierno esa molesta norma tiene los días contados. La política de libre mercado exige que los bancos y financieras puedan hacer y deshacer a su antojo. El proyecto señala que “se proponen varias modificaciones a las facultades incluidas en el artículo 20 a los fines de limitar las prerrogativas excesivas de la CNV”. Más claro, imposible. Pero este no es el único cambio propiciado por el gobierno. Tal como lo anunció el nuevo titular de la CNV, Marcos Ayerra, la otra gran modificación se vincula con la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de paquetes accionarios y el tratamiento tributario-exenciones-para la constitución de Fideicomisos Financieros para de esa manera atraer los fondos del blanqueo. El proyecto “sugiere la incorporación a la ley del artículo 62 bis que modifica la regulación del derecho de preferencia de la oferta pública con el objetivo de otorgar agilidad y mejorar las ofertas públicas de acciones”. El proyecto incluye reformas impositivas: “Se proponen cambios en el tratamiento impositivo de los Fondos Comunes de Inversiones cerrados a los fines de gravar la renta percibida por los inversores (personas físicas y jurídicas) en la proporción en que dichas ganancias estén alcanzadas”. Ello significa que el impuesto a las Ganancias ya no recaerá en la administradora de los fondos sino que pasará a ser cobrado a cada inversor particular (fuente: Cristian Carrillo, “Menos controles a la especulación y al abuso”, Página 12, 18/11/016).
El Senado le acaba de dar una alegría al gobierno de Cambiemos al aprobar el proyecto oficial que le otorga amplios beneficios a los contratistas privados de obra pública. 43 senadores aprobaron el proyecto, 15 lo rechazaron y 2 se abstuvieron. A partir de ahora las empresas que inviertan en proyectos de desarrollo podrán litigar en tribunales extranjeros cualquier diferendo con el Estado argentino o asegurarse una rentabilidad mínima sobre sus desembolsos. Lo notable fue que para lograr la aprobación de esta norma el oficialismo contó con el apoyo de un importante número de senadores del Frente para la Victoria. El debate fue de corta duración y hubo pocas intervenciones tanto del oficialismo como de la oposición. En el recinto Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) dijo que “esta ley es algo que a mí me subleva. Esta ley es la derrota, antinacional, una ley más de coloniaje y abuso. Y es un embuste la incorporación de controles por parte de la AGN”. Además, aseguró que nunca hubo evidencia de que la auditoría haya cumplido con su rol de contralor. Lo que más polémica desató fue la posibilidad que tendrán las empresas de acudir a tribunales arbitrales del exterior en caso de desatarse un conflicto con el Estado Argentino. Es un asunto de vital importancia que el oficialismo se negó a discutir y para encubrir su intransigencia decidió incorporar, a solicitud del Bloque Peronista, en Diputados la necesidad de informar al Congreso. A pesar de ello, éste carecerá de toda injerencia en la decisión de aceptar el traslado del litigio a la justicia foránea. Carlos Espínola, presidente de la comisión de Infraestructura, consideró que “se ha hecho un gran trabajo de todos los sectores” (…) “Se buscó aportar transparencia y el fomento del trabajo nacional”. El senador radical Alfredo Martínez aseguró que el proyecto está en sintonía con “uno de los objetivos más grandes que tiene el gobierno, que es el de generar empleo”. Lamentablemente para los intereses de la clase trabajadora, la experiencia internacional enseña que cada vez que se tejen acuerdos público-privados se produce un empeoramiento de las condiciones laborales y la organización colectiva en sindicatos (fuente: Cristian Carrillo, “Los contratistas, de festejo”, Página 12, 17/11/016).
Hernán Andrés Kruse
