Mataron a una testigo que comprometió a Hebe de Bonafini
¿Cuántos muertos más debe haber para que esta causa avance?
El
día 18 de julio pasado murió Marcela Díaz, empleada de la Fundación
Sueños Compartidos, que había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini y
en especial a Rubén Pocho Brizuela, por una serie de delitos y además
por los delitos que específicamente se investigan en la causa, que
tramita muy lentamente el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. A
esta testigo la mato una bala perdida, cuando estaba amenazada, había
realizado la denuncia, no la protegieron y así terminó Sin embargo, la
causa no avanza pese al fallo de la Cámara de Apelaciones que imputa a
los funcionarios. No se sabe qué espera el juez, visto que se pueden
producir más muertes. Si no está en condiciones de continuar, debería
dejar la causa y explicar los motivos.
La causa de las
construcciones de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, está
parada desde hace mas de nueve meses y el juez sigue demorando, sin que
la prensa, ni la oposición, digan ni hagan nada. Salvo honrosas
excepciones, la única preocupación, es como salvar a los K. El estado
actual de la justicia federal llegó a lo más bajo que uno pueda
imaginarse El Congreso de la Nación aprobó la estatización de la
Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgo la
misma, lo que hace su plena vigencia, pretendiendo de esta manera,
encubrir los 2.000 millones de pesos que se pagaron a la Fundación y a
la universidad desde el 2004 a la fecha. Por su parte Sergio Schoklender
pidió su sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los
funcionarios y el juez nada hace.
Comenzaba el 2004, cuando Néstor
Kirchner a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la
Universidad y a la Fundación entre 40 y 50 millones de dólares. A esta
suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para “Sueños
Compartidos” más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación. Ante
estos hechos Martínez Di Giorgi nada dice y en tanto siguen acusándose
por la comisión de delitos Schoklender con Hebe de Bonafini. Ahora se
pretendería con esta nueva denuncia por falso testimonio, parar la
verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios.
El
Gobierno asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones de
pesos, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios que son
el resto. Pero además esta el blanqueo del dinero utilizado con otros
fines que no son precisamente la educación La que no avanza es la causa
penal, en la que todavía no se fijaron indagatorias para los
funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.
Por su
parte, el juez federal Norberto Oyarbide quería salvar a Bonafini y
Julio de Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Así es que fue
correcto el fallo de la Sala I que acumuló esta causa con la que lleva
Martínez Di Giorgi. Es fundamental que el juez actúe, porque tiene
elementos suficientes y corrija el rumbo para que la Fundación deje de
ser damnificada para pasar a ser imputada.
En esta causa se
demuestra una mecánica de corrupción en la que están involucrados varios
organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos. Es
obvio que la inacción actual del juez se vincula con el interés del
gobierno en tapar el tema pretendiendo que el mismo quede en la nada.
Tal es así que, desde que resolvió la Cámara, el juez no tomo una sola
medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y además este
contrato fue rescindido por el propio gobierno. Este le entregó a la
Fundación $ 1.200 millones, pero sólo se terminaron una de cada cinco
viviendas planificadas. Y ahora se encuentra estatizada la deuda de la
Fundación que totaliza 325 millones ¿Cómo no van aplaudir las madres al
gobierno si el pago que reciben es de semejante envergadura? Pero tal
vez el más grande de los ilícitos fue el que se cometió con los sueños
de mucha gente de alcanzar la vivienda propia En realidad, desde el
primer momento, Oyarbide trato por todos los medios de imputar todos los
delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los
funcionarios responsables del Ministerio de Planificación.
Por tal razón, es lógico entender que la acumulación a la causa principal es positiva.
Lo que importa son los funcionarios
A
esta altura de la causa, lo importante son las responsabilidades
penales de los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron
los pagos. Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $
450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40
millones que Néstor Kirchner le dio en el 2004 por intermedio del Banco
Nación, con la colaboración de la ex ministra de economía Felisa
Micheli.
En su momento, el peritaje de la Policía Federal
determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del
programa. Sin embargo, ese “faltante” llegaría a $ 450 millones, ya que
el Gobierno le entregó a los responsables del Programa $1.200 millones
pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000
unidades.
Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de
fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin
la participación y consenso de los funcionarios nacionales.
Y para
arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento
de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada y que debe activar Martínez
Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale
por violación a los deberes de funcionario público y malversación de
caudales públicos contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y
la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables
del programa “Sueños Compartidos”.
Los principales argumentos para
fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido
plan de viviendas registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de
construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la
legislación vigente prohíbe.
En la denuncia se afirma que “el
Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside
Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el
valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación afirma que
las viviendas que construyó la Fundación que lidera Bonafini son en
base a “ planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos
mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de
cemento”..
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del
presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo
Siri, según el cual el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000
por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón de $81.000
por unidad.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas
construcciones.
Otras de las pruebas que presenta es el informe
que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación. Entre sus
conclusiones están las siguientes:
“La Dirección Nacional de
Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de
procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento
escaso y desactualizado”.
“Del análisis de los anticipos
financieros pagados a los contratistas, se observan en varias
jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
“Se
detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para
viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y
solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles sobre
la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras,
cuestiones.
Al afectar directamente fondos públicos, hacen
responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete
Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por
consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian,
en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”
Lo
que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el
Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se
pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la
responsabilidad de los funcionarios nacionales
Schoklender además
dijo ante el juez, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres,
junto con Bonafini y el resto de las autoridades. Un dato a tener en
cuenta es que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada a cuatro
años de prisión en suspenso, confirmó que realizaba aquel trabajo
Todos
sabemos como actuó el Juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no
olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $
1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar
que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.
Claro
que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para
consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y
Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.
La
Cámara Federal, confirmó que la causa aún no se encuentra en
condiciones de ser elevada, que debe pasar a la causa principal y por lo
tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los
Schoklender y a los 44 imputados sino que faltan los funcionarios
públicos. De este modo, el fallo de cámara pone las cosas en claro y
apunta adonde debe ser, es decir, investigar porque se pago y no se
construyó Y además porque se pagaron sobreprecios. Todo esto ya consta
en el juez al que se le derivó la causa que sigue inmovilizada. También
es importante que se investigue a las empresas Meldorek S.A. y Antártida
Argentina SA, que tienen relación con firmas uruguayas. Una de ellas,
P.P.B. Bursátil intervino en el lavado de fondos originados en actos de
corrupción cometidos por dirigentes del Partido Popular de España. El
juez uruguayo Luis Valenti habría detectado estas circunstancias y
además que dichas empresas fueron constituidas por la escribana Marta
Cascales, que es la actual esposa de Guillermo Moreno.
Como si
todo esto fuera poco, con la estatización a los culpables les van a
regalar los 325 millones que debe la Fundación cifra que,
lamentablemente, pagaremos todos Mientras tanto, esperamos que el juez
fije las indagatorias que tenia programadas pero que no las notifica.
Dr. Jorge Vitale
