La historia trágica de los Aigo: muerte mapuche con amparo K y festejo de Jones Huala.
El conflicto en la Patagonia
José Aigo era policía. En 2012 fue
baleado por dos indígenas chilenos que se reivindicaron "guerrilleros".
El hijo de un intendente y la protección de Oscar Parrilli.
La frase es alarmante: “Hay guerrilleros en la Patagonia”. Hay más, dichas por la misma voz: “Son células terroristas”. Hablan de comunidades aborígenes radicalizadas en el sur austral, dedicadas a la violencia política. Más frases:
“No hay dudas de que estas organizaciones clandestinas operan a ambos
lados de la cordillera con apoyo logístico en nuestra región”.
¿Quién lo dijo? ¿La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿La
Sociedad Rural Argentina? ¿Los Benetton? ¿Voceros de las policías de Río
Negro, Chubut, Neuquén? ¿Sebastián Piñera, candidato a Presidente de
Chile? ¿Mauricio Macri? ¿Aldo Rico?
Quienes hicieron esas declaraciones, hace
ya un lustro, en el 2012, fueron los miembros de una familia de Junin de
los Andes, los Aigo. Son mapuches. Sangre originaria del Sur. Uno de
ellos, José Aigo, trabajaba de policía. En un control de ruta en el que
estaba chequeando los vehículos junto a un compañero, a la altura de
Paraje Pilo Lil, a 50 kilómetros de Junín de los Andes, paró a una
camioneta para revisarla. Buscaban cazadores furtivos. Trabajos de
policías en la Patagonia. Diferentes a los de conurbano bonaerense,
paradójicamente más salvaje.
Aigo no lo sabía, pero a medida que se acercaba a esa camioneta Mitsubishi L 200, su vida iba terminándose. La
camioneta era manejada por Juan Marcos Fernández, hijo del entonces
intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, del Frente
para la Victoria.
Lo acompañaban dos personas hacia un
destino aún desconocido. Esos dos pasajeros furtivos fueron los que
acribillaron a balazos a Aigo. Su compañero policía, de apellido
Guerrero, logró resistir. E intentó ayudar a Aigo, que manchaba la ruta,
la camioneta, desangrándose. Sangre mapuche. Aigo murió en el Hospital
de Junin de los Andes.
El hijo del intendente fue demorado e
imputado en una causa como partícipe del crimen. Los dos asesinos
huyeron. Eran chilenos. "Guerrilleros". Así se identificaron una vez que
llegaron a su país por un pase fronterizo clandestino.
Hasta emitieron un comunicado admitiendo
su crimen. Reivindicándolo. El 12 de junio del 2012, Jorge Antonio
Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres difundieron sus creencias
escribiendo así: “Ni hubo reacción precipitada o antojadiza, ni menos
premeditada, sino un incidente enmarcado en el histórico conflicto
social y de clases del cual somos parte. Intentamos una reducción de
ambos policías y conminarlos a tirar sus armas y rendirse… todo se
frustró porque el sargento Aigo se resistió y se produjo un
enfrentamiento prolongado con las consecuencias conocidas”.
Ambos eran buscados en Chile por
acciones similares, vinculadas a una ideología basada en la no creencia
del Estado de Derecho. Ellos, que firmaron ese comunicado atroz
reivindicándose como guerrilleros, narraron cómo fue que escaparon de la
búsqueda de las fuerzas de seguridad argentina. La vinculan con su
lucha por la restauración del dominio total de la Patagonia por parte de
la comunidad mapuche, algo que sólo se llevará a cabo, consideran,
mediante el uso de la violencia armada.
Esto dijeron los todavía prófugos de la Justicia, Salazar Oporto y Cortés Torres:
“La primera noche la caminamos hasta el
amanecer, cuando decidimos escondernos en un acantilado, donde nos
atrincheramos. Nunca llegaron a ese lugar, a pesar de que veíamos el
gigantesco despliegue policial por tierra y aire, cómo rastrillaban la
zona y revisaban con binoculares”.
Y agregan, explicando lo que piensan y
lo que pensaban en esa noche clandestina y sangrienta: “Aún no
sospechábamos lo que nos tocaría vivir en todo ese tiempo: una odisea y a
la vez un verdadero viaje místico por nuestro wallmapu (nación mapuche)
El juicio por el asesinato de Aigo quedó
impune. Los dos guerrilleros chilenos nunca fueron capturados. El
asistente irreductible de la senadora electa Cristina Fernández, el
neuquino Oscar Parrilli, apoyó políticamente al intendente Fernández y a
su hijo.Y después avaló la entrega de tierras a mapuches radicalizados
de San Martín de los Andes.
Los Aigo hoy siguen desolados.Y ven y
sufren por la violencia aborigen, mínima entre las comunidades
originarias de la zona, identificada con la Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM) y cada vez más violenta, con más muertos recientes, con su
muerto ya olvidado y que jamás tuvo mucho eco mediático en Buenos
Aires.
Los mapuches radicalizados que no creen
en el Estado Nacional son una minoría total, pero sus acciones van
creciendo en cuanto a relevancia, aunque no representan a quienes dicen
representar. La mayoría de las grandes comunidades mapuches de Río
Negro, Neuquén y Chubut rechazan los métodos de la RAM para replicar sus
reclamos a los centros urbanos, a la Capital Federal, a los medios, al
mundo.
Uno de los referentes de esa rama
violenta es el preso con espera de pedido de extradición a Chile,
Facundo Jones Huala, quien está acusado en ese país de incendiar una
casa con sus habitantes adentro. Murieron. Jones Huala, desde su
encierro carcelario, dio una entrevista a Canal 13 y habló del policía
mapuche Aigo.
“Uno hace elecciones en la vida, es
muy triste que la mayoría de los mapuches sean policías. El eligió
defender los intereses de los capitalistas, es triste, evidentemente una
persona pobre que no tiene comprensión, no tienen análisis y tampoco
tiene ganas de trabajar, porque para mí los policías son vagos, no son
capaces de agarrar una pala y se meten de policías, nosotros hemos
vivido mucha pobreza y yo prefiero hacer cualquier cosa antes que
meterme de uniformado”. Es coherente, el señor Jones.“Cualquier cosa”, para él, es “cualquier cosa”.
En otro reportaje aseguró que Nicolás
Maduro había dicho que sería un “honor ser sancionado por el
capitalismo”, y que para él, entonces, “sería un honor ser considerado
terrorista por el capitalismo”.
Esa supuesta valentía no se traduce en
hechos. Desde la cárcel, manda a sus seguidores de la RAM a protestar en
forma violenta por su libertad, pelea judicialmente para no ser
extraditado a Chile, donde se lo juzgará, si es que llega a ocurrir esa
instancia judicial, como terrorista.
El problema de la RAM en el Sur argentino
no es nuevo.No son nuevos los muertos que produce ese fenómeno complejo.
Y el Gobierno nacional deberá intentar usar la política, y no las
armas, para comprenderlo y negociar con miembros de una agrupación, la
RAM, que no tiene interés en negociar con ninguna autoridad política
porque directamente no cree que existan las leyes argentinas.
Sea quien fuere el responsable de matar en
medio de esta situación, algo debería cambiar para que la violencia en
esos parajes de paraíso natural no sean más escenas de homicidios
evitables.
La Prefectura Naval, acepta de forma
informal el Gobierno Nacional, podría haber matado de un balazo de una 9
milímetros al joven Rafael Nahuel durante un desalojo de tierras en el
parque nacional de Villa Mascardi, Bariloche.
La familia de Nahuel busca Justicia.
Pero el juez que debe intervenir para dilucidar si fueron las fuerzas
policiales las que lo mataron, no puede llegar al lugar del crimen
porque la RAM se lo impide. Paradojas patagónicas.
Los Aigo siguen esperando que el asesinato
de su hijo no sea olvidado tras la impunidad del juicio sobre el caso,
que quedó en la nada. Facundo Jones Huala, de la Justicia, intenta
escapar.
