La decadencia de los viejos referentes de organismos de DDHH. Por Darío Lopérfido
En
la Argentina ya casi no hay verdaderos organismos de DDHH, si se
entiende por este tipo de organismo a los que velan por los DDHH de
todos, sin importar la procedencia ideológica o política. Eso se
percibe cuando referentes de esas instituciones se pronuncian a favor de
temas que comprenden su universo de ideas, pero hacen silencio o son
cómplices cuando hay gente, organizaciones o países que violan
sistemáticamente estos derechos. Además, figuras autoritarias y
dirigentes políticos corruptos reciben el beneplácito de estos
referentes que, al mismo tiempo, condenan fuertemente a las personas por
ejercer la libertad de expresión (por supuesto, cuando no pertenecen a
su tribu política).
La intolerancia se ha hecho
carne y el que piensa distinto es el enemigo para gente como Estela de
Carlotto, Hebe de Bonafini o Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
Todos
ellos adolecen de la mínima autocrítica cuando hay temas de corrupción
que los involucran, como la estafa en la construcción de viviendas en el
programa “Sueños Compartidos” o las denuncias judiciales sobre
indemnizaciones mal dadas. Tal fue el caso de las víctimas del ataque
terrorista (en democracia) que llevó adelante Montoneros en Formosa
(octubre de 1975) y que constituye un ejemplo acabado del mundo al
revés: los terroristas fueron honrados por haber sido incorporados a un
listado de “víctimas del terrorismo de Estado” y las familias de esos
atacantes recibieron indemnizaciones millonarias. Por otro lado, las
víctimas (civiles que hacían el servicio militar obligatorio) de ese
ataque no fueron homenajeados y sus familias no recibieron nada. La
denuncia judicial está en el juzgado de Rafecas y la presentó Jovina
Luna, hermana de uno de los conscriptos asesinados por Montoneros (en
democracia). Habría que ver cuántos casos de estos hubo. Lejos de hacer
lo que sería una sana autocrítica, pareciera haber una virulencia en los
ataques cuando alguien marca lo que, finalmente, son actos de
corrupción; algo así como amenazas que pretenden amedrentar a los que no
siguen sus postulados. Cuando este año el gobierno decidió asistir a la
conmemoración de ese ataque y varios de sus funcionarios hicieron
declaraciones en ese sentido, provocaron la furia y las advertencias de
algunos de estos referentes. Estela de Carlotto dijo por esos días (por
supuesto en un acto de apoyo a la candidatura Fernández- Fernández de
Kirchner): “están mintiendo” y sugirió que “van a tener que rendir
cuentas luego de las elecciones”, “van a tener que rendir cuentas cuando
se sepa que ha ganado la democracia” (quitándole la condición
democrática al que piensa distinto). También sostuvo que se estaba
alimentando la “teoría de los demonios” cuando se habla de un caso en el
cual terroristas mataron civiles durante un proceso democrático.
Pareciera ser un mensaje mafioso.
Al mismo tiempo, Pérez Esquivel
actúa por pedido del juez Ramos Padilla e investiga, desde la “Comisión
provincial de la memoria”, en una causa a varios periodistas
(principalmente Daniel Santoro) y afirma, entre varios disparates, que
“no hay que confundir libertad de prensa con delito” e insinúa que
el periodismo hace “operaciones de acción psicológica” desde las notas.
Todos esos actos de impronta totalitaria los realiza al mismo tiempo que
acompaña la campaña de Fernández- Fernández de Kirchner y firma una
solicitada cuya párrafo final dice “Todos y todas con Venezuela y su
gobierno revolucionario y constitucional”.
Sin embargo, nunca se le escuchó
expresar la mínima solidaridad con los asesinados, presos y exiliados
que provocó la dictadura criminal de Chávez- Maduro. Para esta gente
hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Acusan a la parte más
republicana de la sociedad que piensa que toda dictadura es mala y que
la violencia política no debe justificarse nunca.
Siempre la condena es para el que piensa distinto y la extorsión para disciplinar al que se atreva a desafiar su autoritarismo. Cuando
tuve la campaña en mi contra por decir que en la Argentina “no hay 30
mil desaparecidos” para luego tratar de explicar a hordas de fanáticos
que hay un registro oficial (CONADEP) que está publicado y es abierto
(si aparecen nuevos casos se agregan) y que sólo me apegaba a ese
registro oficial (contra el número “militante”), me tocó vivir un
episodio curioso. Recibí una notificación de demanda judicial que era antecedida por una mediación judicial.
Me representó mi abogado y la mediación fue con Mabel Careaga, entre
otros, que se presentaron en condición de familiares de víctimas de la
dictadura. Entre los pedidos que hacían para no llegar a la instancia
de juicio había uno que consistía en que yo les pagara 300.000 pesos en
carácter de “resarcimiento” (ese dinero en 2016 representaba mucho
más que ahora). De más está decir que no acepté y mi abogado informó que
iríamos a juicio ya que yo no aceptaba las demandas. No pago ni he pagado nunca por hacer uso de mi libertad de expresión. Siempre
me resultó curioso ese pedido de dinero. Quizá pensaron que tendría
miedo y pagaría para evitar el escarnio público. Después de eso, nunca
prosiguieron con la acción judicial.
Todo el que disiente con alguna consigna de ellos será amenazado, advertido o extorsionado. Es
muy doloroso, ya que personas ejemplares en la defensa de los derechos
humanos, como Graciela Fernández Meijide, han sufrido críticas y
difamaciones por parte de estos sectores radicalizados.
Es realmente una pena porque estos dirigentes fueron mutando durante el kirchnerismo y perdieron la legitimidad que tenían al comienzo de la democracia,
donde sectores que no pertenecían a su universo ideológico respetaban
su lucha. El kirchnerismo no dejó cabida para los moderados. Después de
los 70 necesitábamos muchos Mandelas y nos quedamos, en cambio, con una
secta que sólo responde a una fracción política y desconoce que los que
no piensan como ellos también tienen derechos humanos.
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