Fue entregado al Ejecutivo, a la Corte y al Consejo de la Magistratura
Por Agustín de Beitia
La Prensa
25 de octubre de 2019
En los últimos años, los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del ’70 en nuestro país han sido objeto de crecientes denuncias, empezando por la violación del principio de igualdad ante la ley, ya que solo los militares son perseguidos por esa figura. Hasta la Academia Nacional de Derecho denunció irregularidades. Ahora, un petitorio que lleva reunidas más de 26 mil firmas acaba de ser presentado ante las autoridades para que dispongan una auditoría jurídica de esos procesos en forma urgente, ante la muerte de numerosos presos.
25 de octubre de 2019
En los últimos años, los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del ’70 en nuestro país han sido objeto de crecientes denuncias, empezando por la violación del principio de igualdad ante la ley, ya que solo los militares son perseguidos por esa figura. Hasta la Academia Nacional de Derecho denunció irregularidades. Ahora, un petitorio que lleva reunidas más de 26 mil firmas acaba de ser presentado ante las autoridades para que dispongan una auditoría jurídica de esos procesos en forma urgente, ante la muerte de numerosos presos.
La petición, impulsada por el ciudadano Roberto Rosales bajo el lema “que la ley sea igual para todos”, está dirigida a los presidentes del Poder Ejecutivo, Judicial y del Consejo de la Magistratura. Tres copias fueron entregadas el pasado jueves en las mesas de entradas de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, aunque la recolección de firmas continúa (http://chng.it/ztzTGSvJ).
En concreto, el reclamo es “que un grupo de prestigiosos peritos
jurídicos nombrados por las partes revise todo lo actuado en los
llamados ‘juicios de lesa humanidad’”, a los que son sometidos los
integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas
Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles.
El escrito funda dicho pedido en las numerosas denuncias de abogados
defensores de detenidos, de reconocidos constitucionalistas, de
instituciones y profesionales del derecho “que exponen con mucha
precisión las irregularidades que se han cometido en estos juicios”.
Algunas de esas objeciones y las medidas cautelares interpuestas por
distintas instituciones se presentaron como prueba en uno de los varios
anexos que conforman el cuerpo de la petición, de 1261 páginas.
Así ocurre por ejemplo con dos declaraciones de la Academia Nacional de
Derecho de Buenos Aires, que denuncian la violación de los principios de
legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna,
cosa juzgada y derechos adquiridos.
Según ambas declaraciones, esos principios de nuestro derecho público
constitucional mantienen preeminencia, porque así lo establece la propia
Constitución, ante cualquier tratado internacional al que haya adherido
el país, como la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por más rango
constitucional que le haya reconocido el Congreso en 2003.
Otro anexo incluye las denuncias de los abogados, que han señalado en la
fase de instrucción de las causas desde violaciones a los principios
del Derecho hasta flagrantes atropellos a las garantías
constitucionales.
Entre otras irregularidades se mencionan las prisiones preventivas
permanentes, la negación de excarcelaciones bajo fianza y la elección
del derecho con que el que se va a juzgar a los detenidos.
El cuerpo de la petición contiene además un material audiviosual, el
documental “Será Venganza”, y las firmas de adhesión que abarcan seis
carpetas anilladas.
“He visitado a los militares presos y soy un testigo de la época”,
explica Rosales sobre por qué decidió impulsar esta iniciativa.
“Argentina vivió una violencia muy fuerte y no es justo que persiga a
quienes cumplieron las órdenes impartidas desde los más altos niveles de
la conducción del Estado democrático y de facto”, prosigue.
El 30 de marzo próximo cerrará la petición para elevar un documento
final a las autoridades que hayan sido elegidas este domingo.
Publicado Yesterday por Centro de Estudios Salta
